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Panorama digital de las MiPymes en América Latina
Panorama digital de las MiPymes en América Latina
Las Micro, Pequeñas y Medianas empresas (MiPymes) son un componente fundamental del tejido empresarial en América Latina y el Caribe, lo que se manifiesta en su participación en el número total de empresas; la región cuenta en la actualidad con alrededor de 12,9 millones de MiPymes distribuidos en 17 países, así como en la creación de empleo, ya que estas son responsables de más del 60% del empleo formal, según estudios de la CEPAL. La comparación con la Unión Europea es significativa, en los países que forman parte de esa comunidad de Estados, las MiPymes constituyen un componente fundamental, dinámico e integrado de la estructura productiva. Además, las políticas implementadas para esas empresas han sido consideradas, en más de una oportunidad, una referencia de buenas prácticas para las estrategias de fomento en el mundo. La estructura productiva heterogénea y la especialización en productos de bajo valor agregado, que caracterizan a América Latina y el Caribe, influyen de manera decisiva en el desempeño de estas empresas y se manifiestan en la brecha de productividad y en una baja participación en las exportaciones. Adicionalmente, factores como el alto nivel de informalidad, el precario o nulo acceso a financiamiento y la baja digitalización, son los principales obstáculos para el desarrollo de las Pymes. Estos rezagos representan uno de los aspectos de la elevada heterogeneidad estructural de las economías de la región (CEPAL, 2010). Dicha heterogeneidad es también una de las causas de la aguda desigualdad social a nivel regional. De esta manera, las elevadas diferencias de productividad (entre sectores y entre empresas) reflejan y refuerzan las brechas en lo que se refiere a capacidades, incorporación de progreso técnico, poder de negociación, acceso a redes sociales y opciones de movilidad ocupacional ascendente a lo largo de la vida laboral. La pandemia del COVID-19 colocó en evidencia la necesidad de acelerar el proceso de transformación digital[1] de las empresas, con el objetivo de adaptarse al entorno adverso y poder seguir con su funcionamiento. En este contexto heterogéneo, cabe preguntarse ¿Cuál es el estado de este proceso de transformación digital en las MiPymes de la región?, para luego pensar en cómo ayudar a que este proceso se mantenga y potencie en el tiempo. En este sentido, el SELA en su misión de impulsar la cooperación y la integración entre los países de América Latina el Caribe a través de estrategias económicas y sociales que favorezcan a la región, firma un acuerdo de cooperación con Gia Consultores para colaborar en la realización de un estudio sobre madurez digital de las MiPymes de América Latina. El propósito de esta alianza estratégica fue medir el nivel de madurez digital de las empresas, a través de un conjunto de indicadores agrupados en dos grandes conceptos: el primero se refiere a Capacidad digital, que es la fuerza de la base digital de la organización. Este aspecto va más allá de la infraestructura de tecnología física, abarca todos los aspectos de la organización que le permiten obtener valor de la tecnología y así crear una cultura ágil e innovadora. El otro concepto es el vinculado con Impacto digital, que va referido a cómo se aprovechan las tecnologías digitales para responder a la demanda de los consumidores y los cambios en el mercado a través de mejores ofertas de productos y servicio. Cabe señalar que, este estudio es un paso necesario para conocer las fortalezas y debilidades del proceso de transformación digital regional y así poder avanzar en el diseño de políticas que ayuden a su consolidación. [1] El Índice de Digitalización DiGiX 2020 de BBVA Research, que mide el grado de digitalización en 99 países del mundo, da cuenta de la mejora de algunos países de la región respecto a 2019, ubicándose en la posición 42 con Chile, seguido de Uruguay (53), Costa Rica (54), México (65) y Brasil (64).

16 de septiembre de 2021

Taller: La seguridad social frente a los desastres
Taller: La seguridad social frente a los desastres
Las redes de protección social son un conjunto de políticas públicas dirigidas a proteger a la población ante contingencias sociales que se presentan a lo largo del ciclo de vida. Es así que tienen el potencial de resguardar el bienestar social y económico por medio de transferencias monetarias, a manera de prestaciones económicas que están sujetas al tipo de régimen de seguridad social y a manera de programas focalizados y/o condicionados, además de transferencias en especie y servicios sociales. Para muestra, ante la actual pandemia por COVID-19 las redes de protección social materializadas en programas dirigidos a proteger los ingresos de los hogares mediante bonos de emergencia, la ampliación de la cobertura de servicios de salud, la exención de pagos de servicios sociales, entre otros, han sido clave para la resiliencia de los hogares en la región. América Latina y el Caribe están expuestos a múltiples amenazas de origen natural. En las últimas dos décadas se registraron 1 302 desastres por fenómenos naturales que han dejado un saldo aproximado de 155 millones de personas afectadas.1 Es urgente potenciar la resiliencia ante fenómenos naturales en la región debido a sus altos índices de desigualdad y pobreza, asociados con mayores vulnerabilidades y exposición a amenazas. En este sentido, es fundamental impulsar y consolidar las redes de protección social en toda la región latinoamericana y caribeña, además de ampliar las contingencias sociales a los impactos de los fenómenos naturales y los eventos vinculados con el cambio climático. Para ello, se requiere de instituciones preparadas para operar y responder en situaciones de emergencias y desastres, en correspondencia con las prestaciones y servicios que brindan. Las instituciones de seguridad social son primordiales para las redes de protección social en caso de desastres. El Marco de Sendai 2015-2030 establece como prioridad el invertir en la reducción del riesgo de desastres para la resiliencia, lo que implica promover el desarrollo de redes de protección vinculadas a programas de mejora de los medios de vida. En tanto, la cobertura de seguridad social se mantiene reducida en los países de la región, así, por ejemplo, casi la mitad de las personas trabajadoras no cotiza al sistema de pensiones,2 no obstante, la cobertura se amplía en el caso de los programas universales de pensiones, de servicios de salud, educación, transferencias monetarias y en especie, dirigidos a hogares en situación de pobreza y pobreza extrema, mujeres embarazadas, niños, niñas, y personas con discapacidad. Es decir, que los diferentes esquemas de redes de protección se complementan, y la seguridad social requiere adaptarse ante el riesgo de desastres. Por consiguiente, el desarrollo de redes de protección social entraña la generación de capacidades técnicas y logísticas para asegurar, en principio, la entrega en tiempo y forma de las prestaciones y servicios en todo momento. La resiliencia social y económica de la región depende, en cierta medida, de que las instituciones de seguridad social se preparen mejor frente a los desastres con base en la continuidad de las operaciones, la priorización de funciones sustantivas, y la puesta en marcha de los programas emergentes para proteger a la población afectada y en situación de vulnerabilidad.

07 al 09 de septiembre de 2021

Incidencia de la corrupción en la estructura productiva y el desarrollo socioeconómico de América Latina y el Caribe
Incidencia de la corrupción en la estructura productiva y el desarrollo socioeconómico  de América Latina y el Caribe
La corrupción es un fenómeno social, político y económico que afecta a todos los países del mundo, realidad de la que no escapa la región de América Latina y el Caribe (ALC).  Sus graves consecuencias afectan la estructura productiva y el desarrollo socioeconómico de los países, así como la estabilidad de las instituciones democráticas y el estado de derecho. En muchos países de ALC la corrupción es vista como consecuencia inevitable del ejercicio de poder.  Causas de este mal endémico son variadas, pero sobresalen la debilidad institucional, la opacidad en el manejo de los recursos por parte del sector público, y la apatía de la población en la defensa de sus intereses.   En los últimos años la corrupción ha alcanzado niveles alarmantes y diversas formas de manifestarse. Sus modalidades penetran a los sectores público y privado en forma de prácticas de soborno, fraude, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, desvío de recursos, nepotismo, hasta el uso de información privilegiada para fines personales, entre otras.  En el caso del sector público se presenta principalmente en las áreas de contratación pública; infraestructura pública; empresas estatales; administración de aduanas; y servicios públicos, de acuerdo con el Banco Mundial (BM).[1]  Los impactos de la corrupción son universalmente conocidos, pero al abarcar a sectores del Estado, como contrataciones e infraestructura públicas, sus implicaciones son más graves para los países de bajos ingresos por su incidencia en el Producto Interno Bruto (PIB).  Los contratos sin licitaciones, la ausencia de competidores, los sobrecostos excesivos de tiempo y dinero, el poco o ningún mantenimiento, obras monumentales sin concluir, y la baja calidad de las obras finalizadas terminan afectando negativamente el crecimiento económico, el alivio a la pobreza, y la inversión privada, en particular las inversiones de las empresas multinacionales cada vez más sometidas a la competencia internacional. Consecuencias graves también se generan del trato preferencial por parte del Estado. Se abusa del manejo de fondos para subsidios directos e indirectos, amortizaciones de deudas y exenciones fiscales y compensaciones para llevar a cabo objetivos no comerciales, que pueden ser desviados para beneficio personal o político. Como el caso de las empresas estatales en quiebra que suelen disfrutar del fácil acceso a préstamos sin fines de lucro por parte de bancos estatales para mitigar los daños causados. La corrupción en las aduanas no es diferente. Se afecta la capacidad de un país para beneficiarse de la economía global al haber retraso en el procesamiento de las importaciones y exportaciones. Igualmente actúa como desincentivo para los inversores extranjeros al aumentar los costos de hacer negocios, y reducir la competitividad de las empresas. No menos importante son los efectos de la corrupción en la prestación de servicios que deberían estar garantizados por el Estado. Se erosiona la gestión pública y el funcionamiento administrativo del Estado cuando se altera el normal cauce de los trámites administrativos para la obtención de un servicio público debido a un soborno.  La complejidad de este flagelo demanda respuestas integradas. La comunidad internacional ha hecho esfuerzos en este sentido al adoptar primeramente la Convención Interamericana contra la Corrupción (1996), primer instrumento jurídico internacional en este campo que reconoce la trascendencia internacional de la corrupción y la necesidad de promover y facilitar la cooperación entre los Estados.  Posteriormente, fue adoptada la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (2003), instrumento internacional anticorrupción jurídicamente vinculante. Sin embargo, las aristas de la corrupción son tan diversas que estas herramientas no han sido suficientes para el logro de una solución duradera.  Se necesita algo más que redoblar la cooperación internacional para ejecutar satisfactoriamente las principales áreas de dichos instrumentos como son: prevención de la corrupción, penalización y aplicación de la ley, cooperación internacional y recuperación de activos. Más allá de identificar las buenas prácticas de algunos países que contribuyen al diseño de estrategias globales y al fortalecimiento institucional de la capacidad de respuesta a este problema mejorando el papel y la eficacia de las agencias anticorrupción, las administraciones tributarias y de auditoría y los sistemas de justicia, los gobiernos están obligados a implementar políticas públicas que ataquen la raíz del problema y sus devastadores efectos en la estructura productiva y en la sociedad.  Son muchos los desafíos que enfrentan los gobiernos al abordar la corrupción, entre ellos identificar qué instrumentos tienden a funcionar y por qué.  No sólo se trata de contar con instituciones sólidas y la creación de marcos legales dirigidos a perseguir y penalizar a los que hacen un uso indebido de los recursos públicos sino también en lograr una mayor transparencia pública, mejor gestión gubernamental, participación ciudadana e inclusión social. De igual importancia es dotar de herramientas tecnológicas a los gobiernos para que apunten a reformas dirigidas a sentar las bases de una gestión gubernamental con un espíritu de transparencia, integridad, inclusión y colaboración.  Se debe profundizar en la digitalización global de gobiernos y ciudadanos para cambiar el rostro de la gobernanza del sector público y sus efectos en la lucha contra la corrupción.   El acceso a la información y una mejor colaboración entre el Estado y la sociedad son herramientas claves para el logro de tal propósito. La falta de información sobre el presupuesto y la gestión administrativa de los recursos públicos impide la contraloría social sobre las actividades y resultados de los gobiernos facilitando así las condiciones para el surgimiento de corruptelas.   En este contexto, el desarrollo económico y social de América Latina y el Caribe requiere de estrategias que promuevan la participación ciudadana y su colaboración activa en la formulación de políticas públicas específicas y que atiendan a sus necesidades.  El progreso que se alcance en estas áreas dependerá de las herramientas que se adopten. El fortalecimiento de la capacidad institucional y el Estado de derecho de la región son elementos indispensables en la lucha contra la impunidad de los actos de corrupción.  La promoción de la adopción de tecnología y la innovación para el monitoreo de los recursos públicos, así como el aumento de la movilización de recursos de las entidades financieras internacionales pueden hacer la diferencia en este sentido. El uso de las tecnologías de la información y la comunicación también son herramientas de monitoreo que fortalecen la noción de la transparencia y la rendición de cuentas al favorecer la simplificación administrativa reduciendo las oportunidades de corrupción al evitarse el contacto con funcionarios públicos con un comportamiento discrecional en los procesos administrativos.  En conclusión, las consecuencias sociales y económicas de la corrupción afectan de forma negativa el desarrollo de los países. Por una parte, generan pérdidas en el crecimiento productivo como consecuencia del mal uso de los recursos públicos o la concentración de estos fondos en manos corruptas.  Por otra, producen desigualdad social, en la medida que son favorecidos sectores de la población vinculados a las altas esferas políticas con acceso a la administración de los recursos del Estado.    Entre los impactos de la corrupción en las diversas estructuras de los países, destacan los siguientes: Socavamiento de las inversiones y agravamiento de la pobreza. Distorsión de incentivos a la inversión privada local o extranjera lo cual reduce la eficiencia económica y en consecuencia la producción a largo plazo. Exceso de inversión gubernamental en proyectos de capital por la facilidad de captar las rentas de la contratación pública y reducir el retorno de la inversión. Deterioro del ambiente de negocios en el sector privado. Se prefiere invertir en actividades de ganancias rápidas y excesivas en corto tiempo en lugar de las netamente productivas. Falta de visión e innovación en el sector empresarial. La producción de las empresas no depende de su competitividad sino de su capacidad de influencia en los tomadores de decisiones respecto a la regulación o el destino de su actividad productiva. Desarrollo de estructuras monopólicas u oligopólicas en los mercados en el sentido que por lo general el mismo grupo de empresas es el favorecido en la asignación de contratos. Fuga de capitales en la medida en que los beneficios de actividades corruptas son depositados en el extranjero, o están asociados con procedimientos relajados contra el lavado de dinero. Provisión de infraestructura deficiente, lo que aumenta los riesgos de accidentes y costos de desgaste, así como el pago de impuestos adicionales sobre los ciudadanos. Freno a la innovación y el desarrollo creativo al desproteger la propiedad intelectual. Las empresas al pagar sobornos para mantener su competitividad, ya sea con la reducción o exención arancelaria o créditos subvencionados, dejan de invertir en patentes o permisos de funcionamiento. Distorsiones sociales y políticas. Las sociedades pueden enfrentar una pérdida de valores al ver como natural este tipo de actividad. Asimismo, pueden ver seriamente afectados sus sistemas políticos al ser penetrados en la búsqueda de cómplices. Desviación de recursos. Parte del gasto público se destina, ya sea para la lucha contra la corrupción o para el aprovechamiento de actividades corruptas, en lugar de actividades con fines socialmente más productivos como la educación y salud. Disminución significativa de la recaudación de ingresos del gobierno. El BM estima que entre el 30%-50% de los ingresos fiscales totales en países en desarrollo se ven comprometidos por las prácticas corruptas. Afectación de las administraciones aduaneras en cuanto a la facilitación del comercio y protección de las fronteras incluyendo la puesta en riesgo de requisitos de seguridad para el tráfico de mercancías ilícitas, incluyendo armas y narcóticos. Alto costo para la sociedad. El contribuyente que se somete al pago de sobornos paga por la ineficiencia en la prestación de servicios, y varias veces por el mismo servicio. Perjuicio para el consumidor. Cuando la corrupción se vuelve necesaria para adquirir un insumo productivo o evitar controles de calidad mínima, los mercados reciben bienes y servicios en cantidades insuficientes, de menor calidad o más costosos. [1] (http://documents.worldbank.org/curated/en/986521600118147288/Executive-Summary)  

01 de septiembre de 2021

Estrategias comerciales para la reactivación económica de las Pymes
Estrategias comerciales para la reactivación económica de las Pymes
La pandemia por COVID-19 trajo consigo un cambio en la dinámica comercial de las empresas, la paralización de la actividad económica mundial, producto de las medidas de contención propició la perdida de numerosas plazas de empleos, cierres de empresas, reducción de los flujos comerciales y de inversión. En este sentido, es necesario la aplicación de medidas y estrategias por parte del sector público para mitigar los efectos negativos de esta dinámica a nivel económico y social. La pequeñas y medianas empresas de la región enfrentan múltiples obstáculos para su funcionamiento y desarrollo. Entre ellos, destaca el limitado acceso al financiamiento, poco valor agregado en su producción, reducidos niveles de capacitación en materia empresarial, altos niveles de informalidad y limitado acceso a mercados internacionales (exportaciones). En este sentido, el diseño e implementación de políticas públicas que atiendan estas necesidades son requeridas con mayor premura. La post pandemia se vislumbra como un escenario con significativas restricciones presupuestarias donde deben existir medidas de contingencia para los sectores más vulnerables y las pymes son uno de ellos. En efecto, la selección de hacia cuáles sectores deben dirigirse los recursos y acciones sigue siendo una prioridad en la agenda pública regional. El SELA en el marco de su Programa para la promoción y desarrollo de las Pymes en América Latina y el Caribe, continúa desarrollando asistencias técnicas a los países de la región. La metodología de identificación de nichos productivos potenciales se ha transformado en una herramienta de trabajo que facilita el diseño de políticas públicas que promuevan el fortalecimiento del ecosistema empresarial. En esta oportunidad, el SELA presentará los resultados de mapeos de nichos obtenidos por Paraguay, así como un diagnóstico de rutas comerciales basados en complementariedades productivas de los países de la región. De esta manera, la Secretaría Permanente brindará un espacio de discusión para evaluar las potencialidades comerciales de las Pymes a nivel regional.

31 de agosto de 2021

Una hoja de ruta para la recuperación de las Mipymes de la región en la post-pandemia
Una hoja de ruta para la recuperación de las Mipymes de la región en la post-pandemia
Previo a la situación de emergencia por el COVID-19, el desempeño económico de los países de América Latina y el Caribe manifestaba visibles signos de desaceleración como resultado del estancamiento de los niveles de productividad, el deterioro de la competitividad y un inestable contexto internacional. Con la irrupción de la pandemia, los desafíos se han multiplicado y la región se encuentra frente a la peor crisis de su historia contemporánea. Así lo demuestran las cifras de los organismos internacionales, que además proyectan para 2021 una recuperación inferior al promedio mundial y alertan sobre las amenazas de una nueva década perdida para América Latina y el Caribe. En sus esfuerzos por contener los efectos inmediatos de la recesión, los países han combinado acciones económicas y sanitarias haciendo uso de sus limitados recursos disponibles. No obstante, para evitar la materialización de sus consecuencias a largo plazo será necesario emprender sin demora una agenda de reformas estructurales que sean el resultado de nuevos pactos económicos y sociales. En el marco de estas transformaciones, favorecer la recuperación de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) constituye una tarea de primer orden para reconstruir el tejido empresarial e impulsar un crecimiento inclusivo. Estas unidades productivas son un componente central en el entramado económico y social de la región. Constituyen la gran mayoría de las empresas, son proveedoras de una porción significativa de bienes y servicios, generan la mayor proporción del empleo, y son la principal fuente de ingresos de los hogares. Así mismo, las MIPYMES amplían el abanico de opciones para la fuerza laboral con bajos niveles de capacitación y menores oportunidades, convirtiéndose en un mecanismo para acelerar la movilidad intergeneracional, reducir la pobreza, y fortalecer la cohesión social. En virtud de esta relevancia, las empresas de menor tamaño han sido una clara prioridad en el proceso de formulación de estrategias para impulsar el rendimiento económico de la región. Sin embargo, los resultados no han sido los esperados y las brechas con las grandes empresas se han ampliado como señal de que persisten barreras que limitan su nacimiento y desarrollo. Al respecto, vale la pena enfatizar en tres de los principales retos que enfrenta la región. El primero de ellos, es la creciente informalidad que afecta con mayor vehemencia a los más vulnerables. Su persistencia, tiene fuertes implicancias sociales al restringir el acceso a los sistemas de protección social, y notables efectos económicos al reducir la recaudación fiscal y la eficiencia de los factores productivos.  El segundo, se halla en sus dificultades para acceder a fuentes formales de financiamiento. Con ello, se impide la ejecución de emprendimientos con amplio potencial de éxito, se obstaculizan las decisiones de innovación y exportación, y se reducen las oportunidades de sobrevivencia de las empresas durante períodos de crisis como los actuales. Finalmente, se requiere apoyar la transformación digital de las MIPYMES como factor catalizador de la productividad y de su inserción en las cadenas de valor. La adopción de tecnologías digitales puede ser especialmente útil en la modernización de los procesos, la ampliación de los vínculos comerciales y el incremento en las escalas de producción. Trabajar en la superación de estas limitaciones es un paso en la dirección correcta y redundaría en grandes dividendos económicos y sociales para la región. No obstante, alcanzarlo exigirá un mayor trabajo colaborativo y la formulación de un renovado cuerpo de argumentos y recomendaciones que orienten las acciones. En este sentido, y en el contexto de estos tres desafíos, la Secretaría Permanente del SELA emprende la organización de esta reunión con el objetivo central de construir una hoja de ruta que guíe los esfuerzos de apoyo a las MIPYMES en el corto y mediano plazo, fortaleciendo la sinergia y la coordinación entre los actores que hacen vida en la región.

22 de julio de 2021

Taller-Capacitación: Libre Competencia en Organismos Públicos. Herramientas de Compliance y Gestión
Taller-Capacitación: Libre Competencia en Organismos Públicos. Herramientas de Compliance y Gestión
En el ejercicio de sus potestades públicas, los organismos de la administración del Estado están sujetos a la legislación de libre competencia de los países. Si bien, las actuaciones de los organismos públicos que están expresamente normadas por ley, no constituyen un ilícito anticompetitivo per se, no están exentos del escrutinio legal en situaciones donde exceden sus atribuciones adoptando decisiones que pueden afectar la libre competencia en los mercados.  A su vez, en el ejercicio de sus funciones, los servicios públicos tienen una constante e importante interacción con los agentes económicos, por lo que muchas de sus decisiones pueden tener repercusión en la competencia de los mercados en que dichos agentes participan. De esta manera, es de vital importancia discutir la razonabilidad de los elementos que fundamentan las decisiones de los organismos públicos, así como los potenciales efectos que aquéllas puedan tener en el buen desempeño del proceso competitivo. Asimismo, los organismos del sector público deben cautelar que sus actuaciones (normativas o actos administrativos) no distorsionen la libre competencia en los mercados, por lo tanto, garantizar que las fundamentaciones de sus decisiones estén basadas en criterios de libre competencia así como adoptar medidas preventivas suficientes para comprender y gestionar los riesgos de libre competencia en el sector público. La Libre competencia en el sector público  responde a: Los Órganos de la Administración del Estado u organismos del sector público en el ejercicio de sus facultades y en cumplimiento de los fines para los que fueron creados interactúan con los mercados.  Estas interacciones pueden adoptar diversas formas –actuando como agente económico (por ejemplo, comprando bienes o servicios para su operación), en la ejecución de planes y programas propios de sus funciones, o en el ejercicio de su potestad normativa y regulatoria–las cuales dan lugar a una constante y esencial influencia sobre las decisiones de otros agentes económicos. Por ello, las actuaciones de los Órganos de la Administración del Estado generalmente tienen efectos sobre la competencia en los mercados. En determinadas situaciones, estas actuaciones pueden afectar negativamente la competencia y, por esta vía, afectar el bienestar de los consumidores, el ambiente competitivo y la sociedad en general. Por esto, es especialmente importante que en el ejercicio de sus funciones, los Órganos de la Administración del Estado consideren los potenciales impactos de sus decisiones en la libre competencia. Así, surge la necesidad de unificar esfuerzos entre el Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA)  y el Programa  de Libre Competencia de la Pontificia Universidad Católica de Chile para capacitar a organismos públicos cuyas decisiones inciden directamente en mercados de suma importancia para la sociedad (e.g., telecomunicaciones, salud, infraestructura pública). Para ello, se propone una capacitación online a directivos de organismos públicos de todo Latinoamérica y el Caribe.

15 y 16 de julio de 2021

Taller de Servicios Basados en el Conocimiento (SBC)
Taller de Servicios Basados en el Conocimiento (SBC)
Los servicios basados en el conocimiento (SBC) son actividades dinámicas, con potencial de crecimiento y capacidad de atraer inversiones, incrementar las exportaciones, generar empleo de calidad y contribuir al desarrollo regional. Esto ha motivado a muchos países a implementar políticas para promoverlos. El potencial y atractivo de estas actividades se acentuó en el contexto de la pandemia de COVID-19 como consecuencia de la aceleración de la transformación digital, la “economía de la distancia”, la necesidad de reconfigurar cadenas de valor y la posibilidad que ofrecen los SBC de contribuir a una recuperación más rápida de la economía. El desempeño y relevancia de estas actividades en las prioridades de política ha sido heterogéneo entre los países de América Latina (LATAM). A pesar de estas diferencias, en todos los casos existen retos y oportunidades relevantes. Estas economías cuentan con ventajas importantes como el huso horario y la similitud cultural e idiomática para exportar a Estados Unidos, Latinoamérica y Europa occidental. En algunos casos también se destaca la disponibilidad de capital humano calificado a costos competitivos, buena infraestructura de conectividad, así́ como la existencia de distintos mecanismos de apoyo para estos sectores. Sin embargo, surgen grandes desafíos para la inserción internacional de los SBC. En los casos donde el desarrollo de estas actividades es incipiente suelen existir limitaciones en materia de capital humano, financiamiento, infraestructura y apoyo institucional, entre otros aspectos relevantes. En los países con mayor presencia de estos servicios los retos se vinculan a dificultades para escalar, la necesidad de adecuaciones regulatorias y los cuellos de botella de capital humano en algunos segmentos, entre otros. Asimismo, existen desafíos comunes para gran parte de LATAM. Ejemplos de ello son el escaso desarrollo del comercio intrarregional y el bajo aprovechamiento de las oportunidades vinculadas a la exportación indirecta, es decir la incorporación de SBC a otros bienes y servicios de exportación.

24 y 25 de junio de 2021