La comunidad internacional ha desplegado una amplia red de cooperación multilateral en respuesta al terremoto de magnitud 7,4 que impactó el departamento del Chocó y el occidente de Colombia el pasado 10 de agosto. Diversos organismos regionales, multilaterales y de financiamiento para el desarrollo formalizaron su solidaridad y activaron mecanismos de auxilio financiero, evaluación de daños y asistencia en el terreno.

El balance oficial del Gobierno colombiano reportó 281 fallecidos, 3.824 heridos y 379 desaparecidos. La actualización de cifras se enmarca en el proceso de recuperación de las zonas más afectadas por el evento telúrico.

La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) manifestó su total respaldo a las labores de búsqueda, rescate y recuperación en el país, expresando sus condolencias por las pérdidas humanas y ratificando la voluntad de los Estados miembros de colaborar de forma individual y colectiva.

«La CELAC lamenta profundamente la pérdida de vidas humanas, transmite sus más sinceras condolencias a los familiares de las víctimas y extiende su solidaridad a las personas y familias afectadas», suscribe el comunicado. Asimismo, el organismo multilateral permanecerá atento y acompañará de cerca la evolución de la situación humanitaria en el territorio colombiano.

Asimismo, los países que conforman el Mercado Común del Sur (Mercosur), a través de un pronunciamiento oficial emitido por la Cancillería de Uruguay, expresaron su profunda solidaridad con el pueblo y Gobierno colombiano, transmitiendo condolencias a las familias afectadas y reafirmando su plena disposición para colaborar en las tareas de asistencia, rescate y reconstrucción.

Igualmente, “transmiten su plena disposición para colaborar con las autoridades colombianas en las acciones de rescate, asistencia y recuperación. Finalmente subrayan, una vez más, la importancia de una respuesta unida y solidaria ante emergencias y catástrofes en la región, y expresan que acompañarán de cerca la situación humanitaria provocada por el terremoto”, señala el comunicado del bloque integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay y que tiene a Colombia entre sus Estados asociados.

Por su parte, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) puso a disposición del Gobierno colombiano su capacidad técnica especializada. A través de su Secretario Ejecutivo, José Manuel Salazar-Xirinachs, la CEPAL ofreció su metodología formal para la evaluación de daños y pérdidas por desastres naturales (DALA), con el fin de dimensionar el impacto del evento sísmico y orientar la toma de decisiones institucionales.

El sector financiero ha movilizado recursos significativos para garantizar la liquidez operativa del Estado colombiano:

El presidente del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn, confirmó la disponibilidad de hasta US$ 300 millones en financiamiento contingente para emergencias. Adicionalmente, aprobó US$ 500 mil en recursos no reembolsables destinados a la asistencia humanitaria directa y a la estimación de daños en el terreno.

El Grupo Banco Mundial activó una respuesta integral que incluyó el desembolso de US$ 200 millones el pasado 13 de agosto. Asimismo, puso en marcha la Evaluación Global Rápida de Daños por Terremotos (GRADE) para proyectar el impacto económico y canalizar financiamiento técnico hacia el sector público y privado colombiano, con foco en vivienda, PYMES y salud pública.

Desde el ámbito extra-regional, la Unión Europea (UE) activó una respuesta inmediata mediante el Servicio de Gestión de Emergencias de Copernicus para cartografía satelital en tiempo real, facilitando la ubicación de áreas críticas y las tareas de rescate.

La Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció la asignación de dos millones de euros en fondos de emergencia tras la activación del Mecanismo de Protección Civil de la UE, mientras que la Alta Representante para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, ratificó el apoyo financiero a través de la Cruz Roja y la puesta en marcha de los protocolos consulares de crisis para atender a los ciudadanos afectados.