Santo Domingo, 09 de marzo. (El Caribe).-La propuesta para una nueva ley de compras y contrataciones públicas plantea un régimen especial para las micro, pequeñas y medianas empresas, que va desde la asignación de un 30% de la demanda estatal hasta la indemnización al suplidor por pagos tardíos de parte del contratante.

Bajo el concepto de “Pago priorizado”, la propuesta expresa que las administraciones contratantes efectuarán el pago a las micro y pequeñas empresas en un plazo no mayor de 45 contados a partir de la entrega de las facturas o documentos homólogos. Y manda que en los casos en los cuales el plazo para el pago sea sobrepasado por la administración contratante, ésta deberá en adición al monto adeudado pagar la tasa de interés indemnizatorio aplicable para los casos de mora contemplado en el Código Tributario.

También la propuesta de ley dispone que las administraciones contratantes otorguen un anticipo de 30% al momento de suscribir el contrato u orden de compra correspondiente, en todas las contrataciones con micro, pequeñas y medianas empresas.

Referencia presidencial

En su discurso de rendición de cuentas el pasado 27 de febrero, el presidente Danilo Medina se refirió a que el Gobierno promueve un anteproyecto de ley para hacer aún más transparente el proceso de compras públicas. Sobre el particular, la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) mostró su apoyo y esta semana dio a conocer el borrador de un anteproyecto de ley que reposa en la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, elaborado por comisión de técnicos, juristas e instituciones. Esa propuesta en la actualidad se está discutiendo en distintos sectores profesionales, empresariales e instituciones del Estado.

Según afirma Finjus en un documento explicativo, es uno de los aspectos más interesantes y que podrá generar mayor fortalecimiento institucional; se trata de la estructuración más completa del régimen de inhabilidades e incompatibilidades para la contratación pública.

Seguridad jurídica y fortaleza económica

De acuerdo con la valoración de la Fundación Institucionalidad y Justicia, un aspecto esencial en el marco de la competitividad nacional, la seguridad jurídica y el fortalecimiento económico son las reglas especiales con las que contarán las micro, pequeñas y medianas empresas en la norma. En las compras y contrataciones exclusivos a Mipymes, se priorizarán las contrataciones a los proveedores domiciliados en el municipio, dice la propuesta en estudio.