Además de migrantes por problemas políticos y económicos, también hay miles que se desplazan de países de Latinoamérica por los múltiples problemas de medio ambiente que afrontan en sus lugares de origen: desde serias amenazas a la agricultura por efectos de cambios climáticos hasta contaminación por explotaciones mineras y forestales.

Un estudio del Banco Mundial predice que en el año 2050 las personas que deben migrar dentro de sus propios países debido a los efectos del cambio climático alcanzará entre 9,4 y 17,1 millones en Latinoamérica, lo que representa hasta el 2,6% de la población total de la región.

En 2020, al menos 1,5 millones de personas fueron desplazadas en Centroamérica como consecuencia de desastres relacionados con el medio ambiente, incluidos los huracanes Eta e Iota: 937.000 en Honduras, 339.000 en Guatemala y 232.000 en Nicaragua, según cifras de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC).

Mucho menos visible es el desplazamiento de migrantes vulnerables a procesos de degradación lenta, como la subida del nivel del mar o la sequía y desertificación.

Los migrantes climáticos no están reconocidos por la ONU como refugiados, aunque se conoce la conexión entre los desastres naturales y la migración.

Según la ONU, los refugiados son personas que se encuentran fuera de su país de origen por temor a la persecución, al conflicto, la violencia generalizada, u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público y, en consecuencia, requieren protección internacional.

“A nivel internacional hay un reconocimiento amplio sobre la intersección que existe entre el cambio climático y la migración, se ha reconocido en una serie de resoluciones e instrumentos que hasta ahora han sido no vinculantes, no le imponen a los estados obligaciones, pero se han hecho esfuerzos por generar una categoría de protección internacional y así llamarlos migrantes climáticos o refugiados climáticos”, explicó Betilde Muñoz-Pogossian, Directora del Departamento de Inclusión Social de la Organización de Estados Americanos Unidos (OEA), en un panel sobre migración climática organizado por la Fundación VOLO.

En América Latina algunos países reconocen que las personas migran no sólo por crisis políticas. “Hasta la fecha un esfuerzo importante ha sido la aplicación de lo que se conoce como la Declaración de Cartagena, un documento en donde varios estados de Latinoamérica reconocen que existen otras razones, más allá de las persecuciones políticas o étnicas, para dar el reconocimiento de refugiado a personas que migran por los eventos climáticos extremos”, apuntó Muñoz Pogossian.

Inclusive algunos estados hacen esfuerzos para proteger a estos migrantes. “La OIM, Organización Internacional de Migraciones, también ha generado una definición de lo qué es un migrante climático y hay algunos esfuerzos a nivel nacional en países como Perú y Honduras donde se está empezando a establecer una categoría de migrante climático que permita dar protección a estas poblaciones”, apuntó la directora del Departamento de Inclusión Social de la OEA.

No hay un consenso y hay mucho que trabajar para crear un marco de protección para estas personas. “El problema principal es que hasta hoy no tenemos ese reconocimiento compartido por todos los países. Ese es un esfuerzo y un trabajo que tenemos todavía que hacer para lograr esas protecciones porque hablando en un lenguaje común y entendiendo los conceptos de forma consensuada vamos a poder diseñar políticas públicas y respuestas que efectivamente puedan dar protección a las personas que se vieron forzados a irse de sus lugares de origen víctimas de los efectos del cambio climático, además de la falta de preparación para responder a estos eventos extremos”, finalizó Muñoz-Pogossian.