San Juan.- El Gobierno de Puerto Rico solicitó hoy a la Junta de Supervisión Fiscal que controla sus finanzas que presente un recurso de quiebra ante los tribunales correspondientes para proteger de esa forma los recursos del país de las demandas de los acreedores. 

Según Roselló, esta acción no evitará que continúen las negociaciones con los acreedores y se logren acuerdos con algunos de estos. 

El Gobierno puertorriqueño dio este paso tras el vencimiento de la moratoria que por ley del Congreso de Estados Unidos se estableció contra las acciones judiciales de los acreedores.  

Dicha moratoria venció en la medianoche del 1 de mayo y de inmediato se produjo un aluvión de demandas contra el Gobierno por parte de acreedores que reclaman el pago de lo adeudado. 

En esa fecha entró también en vigor la posibilidad de que el Gobierno de Puerto Rico se acoja al Título tres (3) de la Ley «promesa»»(Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act) que opera como mecanismo de quiebra para proteger los activos del País.  

El gobernador anunció que se solicitará la protección de ese mecanismo para varias de las corporaciones públicas, aunque no adelantó cuales serán esas entidades. 

La deuda pública de Puerto Rico asciende a cerca de 69.000 millones de dólares y fue declarada impagable en sus términos actuales, por lo que se intentan negociar acuerdos con acreedores y la protección del tribunal contra aquellos que no acuerden voluntariamente una reestructuración de esa deuda.