La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha denunciado este viernes los reiterados ataques que se han producido en los últimos años contra pueblos indígenas en Nicaragua para expulsarlos de sus tierras, al tiempo que ha instado a las autoridades a investigarlos para llevar a los culpables ante la justicia.

«Estamos muy preocupados por los repetidos ataques contra los pueblos indígenas en Nicaragua, la falta de protección de sus derechos y la impunidad de los crímenes cometidos contra ellos», ha dicho la portavoz de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Marta Hurtado, en un comunicado.

Desde 2015 unos 40 indígenas han sido asesinados y otros 47 han resultado heridos, mientras que 44 han sido secuestrados y otros cuatro han desaparecido, todos «en casos relacionados con invasiones de tierras», de acuerdo con el Centro para la Justicia y los Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (CEJUDHCAN).

Hurtado ha señalado que «la mayoría de la violencia se ha llevado a cabo por parte de colonos que pretenden expulsar a los pueblos indígenas de sus hogares ancestrales y usar sus tierras para la tala y la ganadería ilegales.

El incidente más reciente tuvo lugar el pasado 29 de enero cuando decenas de hombres armados atacaron la comunidad mayangna, en la reserva de la biosfera de Bosawás, «una remota zona protegida» ubicada en la costa caribeña, 300 kilómetros al norte de Managua.

Hurtado ha señalado que «la mayoría de la violencia se ha llevado a cabo por parte de colonos que pretenden expulsar a los pueblos indígenas de sus hogares ancestrales y usar sus tierras para la tala y la ganadería ilegales.

Cuatro miembros de la comunidad alal, en el territorio de los sauni as, murieron, otros dos resultaron heridos y 16 casas fueron quemadas obligando a cientos de personas de esta y otras localidades cercanas a huir. La Policía apareció al día siguiente.

«Los mayangna habían denunciado públicamente el pasado mes de noviembre que habían recibido amenazas de muerte de colonos pero dijeron que no habían recibido la protección adecuada», indica Hurtado.

Además, el 4 de enero, Mark Rivas, un líder indígena miskitu, fue encontrado muerto de un disparo en Bilwi, en la misma región. También había denunciado que había recibido amenazas de muerte anónimas tras acusar al partido gobernante de crear divisiones entre las comunidades nativas.

Para la oficina de Michelle Bachelet, esto demuestra que, a pesar de que el Estado nicaragüense adoptó en 2003 una ley para proteger los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras, que representan un 31 por ciento del territorio nacional, «siguen enfrentándose a desafíos y presiones debido a las recurrentes invasiones de colonos».