Así lo expresó la ministra de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) de Perú, Magali Silva, quien anunció el cierre de una nueva ronda de negociaciones para lograr un Acuerdo de Comercio de Servicios (TISA, por sus siglas en inglés) con importantes avances. 

“Hasta el momento se ha logrado un avance importante en la negociación, por lo que se espera concluir este proceso hacia fines de este año”, dijo Silva. 

La funcionaria peruana explicó que el Perú cuenta con Tratados de Libre Comercio (TLC) con varios de los 23 miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) que negocian el TISA, con lo cual adelantó que se mejorará el acceso que actualmente gozan los exportadores de servicios a esos mercados. 

“Asimismo, esperamos que con el TISA nuestros exportadores peruanos de servicios comiencen a beneficiarse de la eliminación de restricciones en los 10 nuevos mercados con los que no tenemos TLC”, destacó. 

El TISA es un acuerdo que “busca garantizar la no imposición de restricciones al comercio de servicios”, precisó Silva. El acuerdo toma como base el Acuerdo General sobre Comercio de Servicios (AGCS) de la OMC y busca establecer compromisos que eliminen las restricciones y barreras en todos los sectores de servicios, incluyendo profesionales, de transporte, financieros y telecomunicaciones, entre otros. 

Las negociaciones para cerrar el TISA se caracterizaron por la lentitud de conversaciones y la polémica que generó a partir de las filtraciones de Wikileaks advirtiendo sobre uno de los objetivos del acuerdo: liberalizar aún más el sector financiero. 

Cabe mencionar que las negociaciones del TISA son impulsadas por los integrantes de la OMC, principalmente por Estados Unidos y la Unión Europea (UE), y solo podrán incorporarse nuevos países una vez que el acuerdo esté concluido.   

Hoy, el acuerdo está siendo negociado por 23 países que incluyen a México, Perú, Chile, Costa Rica, Paraguay y Panamá. Uruguay resolvió retirarse de TISA en 2015 por decisión del presidente Tabaré Vázquez apoyado en una resolución de la fuerza política mayoritaria. 

Sin embargo, varios funcionarios uruguayos manifestaron su desacuerdo con la medida considerando que Uruguay podría perder posibilidades de empleo en el sector.