Colombia: Gobierno buscará 'plan B' para convalidar títulos de venezolanos

Una de las barreras más fuertes para la integración socioeconómica de la población migrante y refugiada venezolana en el país pareciera alcanzar una solución. El Gobierno nacional está muy próximo a concretar un mecanismo alternativo de apostilla de los documentos y títulos de educación superior de los venezolanos radicados en Colombia, para que estos puedan realizar el proceso de convalidación ante el Ministerio de Educación.

Así lo informó Carlos Alberto Parra, asesor de la Gerencia de Fronteras de la Presidencia de la República, en un debate virtual organizado por el Proyecto Migración Venezuela, en el que también participaron María Lucía Méndez; directora del área de empresas y construcción de paz de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), y María Olave; coordinadora de Migraciones de la Organización Internacional del Trabajo para los Países Andinos.

En relación con este anuncio, Parra precisó que los migrantes venezolanos tienen muchas dificultades para legalizar y apostillar sus títulos de educación superior debido a que no hay relaciones consulares entre Venezuela y Colombia. Por consiguiente, afirmó que a través de la Embajada del Gobierno interino de Juan Guaidó en Colombia, y la Cancillería están próximos a tener un mecanismo alterno de legalización de documentos y títulos profesionales. "El trámite será totalmente en línea, y gratuito. Esto va a facilitar que esa barrera de la convalidación de títulos sea eliminada", dijo el asesor de la Gerencia de Fronteras. 

Algunos de los pasos concretos que está dando el Gobierno colombiano para integrar a los migrantes venezolanos tiene que ver con la identificación de sectores estratégicos potenciales de vinculación laboral, con apoyo del BID y el Banco Mundial. Parra detalló que desarrollaron una metodología de identificación de vacantes de difícil ocupación, sin tener que hacer desplazamiento de mano de obra colombiana. 

Por su parte, María Olave, representante de la Organización Internacional del Trabajo, apuntó que el sector público y de la cooperación internacional aún podría aportar mucho más en los países de acogida de migrantes y refugiados en los países de América Latina. 

Coincidió con los demás panelistas en que los migrantes y refugiados venezolanos no solo demandan atención humanitaria, sino que son contribuyentes de impuestos, consumidores de servidios y emprendedores de negocios.

"Desde la OIT promovemos el diálogo social. Nosotros valoramos y estamos convencidos de que la confianza se construye desde el diálogo social a través del reconocimiento de todos los actores para la inclusión productiva de esta población", dijo Olave durante la conversación. 

La directora del área de empresas y construcción de paz de la FIP, María Lucía Méndez puso en el tapete de la discusión el tema de la confianza del sector empresarial hacia la población migrante y refugiada. "Necesitamos el diálogo. No existen muchos espacios de diálogo entre los sectores. Los espacios de construcción colectiva para generar confianza son escasos", acotó. 

La investigadora de la FIP está convencida de que para lograr una inclusión más efectiva se debe generar información pedagógica que verdaderamente llegue a los migrantes radicados y para los que van llegando. En este sentido alertó que la población migrante tampoco tiene acceso a los lugares para la búsqueda de empleo. "Las cifras son alarmantes. Muy pocos migrantes acceden a empleos por bolsas de empleos o por los clasificados", concluyó Méndez.