SELA aprueba establecimiento del Observatorio de Políticas Públicas para PYMES

Durante la XLIX Reunión Ordinaria del Consejo Latinoamericano, los Estados Miembros del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA) aprobaron el establecimiento del Observatorio de Políticas Públicas para PYMES como una plataforma desarrollada por el SELA.  

El Observatorio tiene el propósito de realizar seguimiento y actualización de las políticas públicas dirigida a PYMES en la región, desarrollar reportes anuales sobre los avances y actualizaciones en materia normativa en la región y en otras regiones relativas a PYMES, así como otras acciones de apoyo que puedan solicitar los países miembros del SELA.

A través de esta herramienta, la Secretaría Permanente del Organismo procurará fomentar espacios para el análisis y el intercambio de información para el beneficio de las PYMES de la región.

Esta decisión, tomada en el marco del establecimiento del Índice de Políticas Públicas de América Latina y el Caribe (IPPALC) como bien público regional, cuenta con el objetivo de aportar en el crecimiento económico de la región y el fortalecimiento del sector de las PYMES, que concentran el 80% de las fuentes laborales en la región de América Latina y el Caribe; y atiende la necesidad del fortalecimiento de las estructuras institucionales regionales para el fortalecimiento del sector emprendedor, especialmente en lo que se refiere a MYPYMES.

El Índice de Políticas Públicas de América Latina y el Caribe (IPPALC), iniciativa desarrollada por el SELA, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y CAF-banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, permite la aplicación de esta herramienta para la elaboración de un análisis renovado que responda a las necesidades de los países y se convierta en un marco de referencia para el desarrollo de instrumentos de apoyo para las diversas empresas, como motor de crecimiento inclusivo y sostenible.

El IPPALC es una valiosa herramienta de análisis construida para optimizar la acción pública en beneficio de las pequeñas empresas a través de un proceso de consultas entre actores públicos, privados e internacionales y recomendaciones de políticas basadas en la evidencia y en las buenas prácticas internacionales.