SELA abordó en seminario virtual la incidencia de la corrupción en América Latina y el Caribe

Con el propósito de plantear estrategias que propicien el fortalecimiento de la capacidad institucional y el Estado de derecho en los países de la región, la Secretaría Permanente del Sistema Económico Latinoamericano y Caribeño (SELA) y en colaboración con el Centro Latinoamericano de Administración Pública para el Desarrollo (CLAD), llevó a cabo el primero de septiembre, el seminario virtual: “Incidencia de corrupción en la estructura productiva y el desarrollo socioeconómico de América Latina y el Caribe”.

En la sesión inaugural del webinar el Secretario Permanente del SELA, Embajador Clarems Endara descrito que el organismo decidió abordar el tema de la corrupción por ser un flagelo que atenta contra el desarrollo económico, social, autosostenido e independiente de los países; pilares fundamentales de la naturaleza y propósitos de la organización que representa.

“Por ello, desde esta Secretaría, hacemos lo que esté a nuestro alcance para contribuir a la eficiencia de las economías y mejorar el clima de negocios de nuestras naciones con miras a mejorar el crecimiento y, en consecuencia, aumentar la calidad de vida de nuestras sociedades ”, afirmó.

Señaló que el fenómeno de la corrupción ha contribuido a exacerbar la crisis económica y social en las que están sumergidos en muchos países de la región “impidiendo la tan necesaria reactivación”.

"Es un hecho que la apropiación y el desvío de fondos públicos en beneficio de particulares y de pequeños grupos son distorsiones con un efecto devastador en la calidad de vida de los ciudadanos al generar menos servicios con baja calidad", dijo.  

La máxima autoridad del SELA, resaltó que la institución consideró pertinente que se examine y reflexione sobre los daños y consecuencias que genera el flagelo en diversos ámbitos y “que trabajemos en la tarea de promover acciones y procedimientos para su prevención”.

“Especial atención debemos dar al alto costo que representa para la sociedad. No solo crea el terreno propicio para que germine la inmoralidad y la falta de ética de muchos servidores públicos, sino que también genera un perjuicio para el consumidor. Los contribuyentes terminan pagando por la ausencia de calidad en la prestación de servicios en sectores claves como salud, educación e infraestructura por mencionar algunos”, agregó.

Por su parte, el Secretario General del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD), Francisco Javier Velázquez señaló que “las cuestiones relativas al fortalecimiento de las instituciones y entre ellas la lucha contra la corrupción son esenciales, por ello en la institución impulsamos el Índice de Gobernanza Iberoamericano”.

“El fortalecimiento de las instituciones es una de las mejores luchas contra la corrupción porque se trata de una actividad que combinada con una justicia activa no la impide, pero si la persigue y la minimiza”, agregó.

Resaltó que un ejemplo claro de esta problemática es la situación actual de Afganistán, “la corrupción es uno de los elementos que ha posibilitado que los talibanes hayan tomado el control de ese país”.

Velásquez dijo que, para evitar este tipo de situaciones hay unas formulas claras, estas son: “una función pública profesional por personas con mérito y capacidad, un sistema de justicia activo formado por profesionales que persiga y sancione estos episodios, unos sistemas en los que los funcionarios cuenten con unos salarios adecuados y finalmente los dirigentes políticos deben dar el ejemplo al perseguir y no permitir la corrupción”.

“Si vemos que nuestros líderes, Presidentes, ministros y responsables se enriquecen a costa de los ciudadanos es muy difícil perseguir el flagelo.

Cifras alarmantes en la región

Manuel Villoria Mendieta, Catedrático de Ciencia Política de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), aseguró que “cuando hablamos de datos podemos hablar de un cierto fracaso, según Transparencia Internacional en los países de América Latina y el Caribe (ALC) no se ha avanzado en la lucha contra la corrupción gubernamental y la percepción sobre el fenómeno sigue siendo muy alta”.

“En la encuesta realizada en los últimos doces meses, más del 50 por ciento así lo cree. Asimismo, indica el Índice de Soborno que más de 1 de cada 5 personas que utilizaron un servicio público en los últimos 12 meses pagaron una coima. Lo que equivale a unos 56 millones de personas toda la ALC. Esto afecta a los Derechos Humanos y fomenta la discriminación. En la región más del 50 por ciento de la población cree que los líderes políticos son corruptos”, precisó.

Villoria aseguró que la corrupción no es solo un problema de racionalidad económica sino un fenómeno sociológico e ideológico para poder entenderla. “Sus variables de análisis culturales -éticos: el desarrollo moral, la trampa social (creencias sobre el comportamiento ajeno), particularismo-universalismo y los cambios sociales. Otras variables son: la desigualdad, los monopolios, inflación y el capital social”.

No es exclusiva del sector público

Según la economía la corrupción se refiere a un comportamiento poco ético que se caracteriza por el mal uso del poder público u organizacional. “La evidencia que tenemos sobre los efectos de la corrupción son muy negativos, persistentes y significativos con reincidencias que son bastante dramáticas. Es un problema muy clave”, refirió Raimundo Soto, Profesor de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

“Esta reduce el desarrollo económico, causa problemas de confianza pública, pobreza y debilita a las instituciones. Empeora la calidad de las inversiones, la calidad de la institución, causa problemas de infraestructura, destruye los sistemas políticos y viene de la mano con el populismo”, explicó.

Afirmó el académico que según los estudios la gente corrupta es menos adversa al riesgo, “pareciera estar todo confinado a las relaciones entre el sector público y privado, este último se beneficia de la corrupción del primero y viceversa. Sin embargo, hay problemas que no involucran al sector privado como en Chile. Esto cambia muchísimo entre un país y otro”.

Al respecto, Roberto de Michele, director Especialista del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aseguró que las encuestas realizadas en América Latina y el Caribe lo evidencian como “un problema serio, hay poca confianza en los actores políticos y también en los privados”.

“Esto debido a una fuerte incidencia de la burocracia y la corrupción que afectan el clima de negocios con trámites innecesarios, engorrosos, basados en formatos físicos y que generan oportunidades para la corrupción”, agregó.

Dijo que hay una correlación fuerte entre indicadores de corrupción y riesgos soberanos, “es más caro ser corrupto. El país paga una prima por serlo, cuando emite bonos incluyen un análisis sobre su capacidad institucional, la compra de la corrupción y promoción de su transparencia. Hay una relación entre el Índice de Riesgo Soberano y el Índice de Riesgo Privado, en general es que ningún privado puede tener un índice superior a la jurisdicción donde está operando”.

El especialista afirmó que el problema “consume la confianza de los ciudadanos, de los inversores y se genera una atracción de un tipo de capital que no es el que uno quiere en su país y genera distorsiones en la gobernabilidad democrática”.

Es bidimensional

Refirió Alejandro Estévez, Director del Centro de Estudios sobre el Estado y las Organizaciones Públicas (CEDEOP) de la Universidad de Buenos Aires que “la corrupción en la definición tradicional es el abuso de lo público en beneficio de lo privado, no es unidimensional, tiene estrategias propias”.

“La concentración del poder y profundización de las desigualdades; el comportamiento tecnocrático, el pragmatismo extremo; la baja institucionalización (autoridades con baja calidad, democracias imperfectas); las capacidades estatales no están acorde al fenómeno que tendrían que compartir; el egoísmo versus el individualismo; las transiciones, crisis y el cambio son todos factores estructurantes que interactúan en el fenómeno”, señaló.

No obstante, Estévez expresó que la responsabilidad no atañe sólo las autoridades, “los mecanismos no están solo en el mal funcionario o empresario, también en el ciudadano porque el 80 por ciento está dispuesto a dar una coima para obtener un beneficio que responda a sus intereses “.

“El problema tiene una profunda lectura social, es bidimensional: tanto son los valores individuales como las estructuras organizacionales que la encubren”, recalcó.

El catedrático consideró que esto podría mejorar si las sociedades empiezan a optar por una política preventiva y de consensos. “Elegir una democracia participativa antes que la democracia restringida. Preferir mayor institucionalización antes que ejecutividad. Señalar los buenos ejemplos individuales y colectivos”.

“Advertir a la población que la crisis genera mayores incentivos a la corrupción, por lo tanto, quien conoce un problema debe saber que es administrable y puede hacer algo al respecto”, afirmó.

Hay esperanzas

Durante su presentación, Roberto de Michele del BID también consideró que hay razones en la actualidad para ser optimista ante el panorama regional sobre la corrupción debido “a la reforma regulatoria, el acceso a la información y acelerado uso de la tecnología”.

“Producto de la captación de mejores recursos humanos y profesionalización, la mejora en las reglas de transparencia focalizada sobre cómo están funcionando ciertos mecanismos y el uso acelerado de la tecnología de información por la pandemia”.

Destacó que, en este sentido, otro aspecto a favor más a mediano y largo plazo, “es la reforma administrativa y digitalización en ese ámbito; así como el dar transparencia a la forma en que el Estado asigna beneficios económicos o derechos ”.