Eventos virtuales

Los servicios basados en el conocimiento (SBC) son actividades dinámicas, con potencial de crecimiento y capacidad de atraer inversiones, incrementar las exportaciones, generar empleo de calidad y contribuir al desarrollo regional. Esto ha motivado a muchos países a implementar políticas para promoverlos. El potencial y atractivo de estas actividades se acentuó en el contexto de la pandemia de COVID-19 como consecuencia de la aceleración de la transformación digital, la “economía de la distancia”, la necesidad de reconfigurar cadenas de valor y la posibilidad que ofrecen los SBC de contribuir a una recuperación más rápida de la economía. El desempeño y relevancia de estas actividades en las prioridades de política ha sido heterogéneo entre los países de América Latina (LATAM). A pesar de estas diferencias, en todos los casos existen retos y oportunidades relevantes. Estas economías cuentan con ventajas importantes como el huso horario y la similitud cultural e idiomática para exportar a Estados Unidos, Latinoamérica y Europa occidental. En algunos casos también se destaca la disponibilidad de capital humano calificado a costos competitivos, buena infraestructura de conectividad, así́ como la existencia de distintos mecanismos de apoyo para estos sectores. Sin embargo, surgen grandes desafíos para la inserción internacional de los SBC. En los casos donde el desarrollo de estas actividades es incipiente suelen existir limitaciones en materia de capital humano, financiamiento, infraestructura y apoyo institucional, entre otros aspectos relevantes. En los países con mayor presencia de estos servicios los retos se vinculan a dificultades para escalar, la necesidad de adecuaciones regulatorias y los cuellos de botella de capital humano en algunos segmentos, entre otros. Asimismo, existen desafíos comunes para gran parte de LATAM. Ejemplos de ello son el escaso desarrollo del comercio intrarregional y el bajo aprovechamiento de las oportunidades vinculadas a la exportación indirecta, es decir la incorporación de SBC a otros bienes y servicios de exportación.

Nota de la Secretaria Permanente De conformidad con el numeral 2 del artículo 15 del Convenio de Panamá, es atribución del Consejo Latinoamericano elegir al Secretario Permanente. El Secretario Permanente es electo por un período de cuatro años. El actual titular del cargo, Embajador Javier Paulinich, fue elegido por aclamación en junio de 2017 y asumió el 1° de agosto del mismo año. En este sentido y de acuerdo con la Agenda de esta reunión, el Consejo Latinoamericano en su XIII Reunión Extraordinaria a realizarse el próximo 21 de junio de 2021 (presencial y virtual) deberá proceder a elegir a un nuevo Secretario Permanente para el período 2021-2025. La Secretaría Permanente cumple con informar a los Estados Miembros que, hasta la fecha, sólo se ha recibido la candidatura del Dr. Walter Clarems Endara Vera, para el cargo de Secretario Permanente, presentada por el Ministro de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia, mediante Nota VRE.DGRM-UPOI-Cs_508/2021 del día 1 de junio de 2021. El presente documento recoge los artículos del Convenio de Panamá relativas a la elección de Secretario Permanente, así como la nota de postulación del Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia del Dr. Walter Clarems Endara Vera.

La economía del comportamiento es una perspectiva dentro de la ciencia económica que estudia la gestión de recursos para el logro de bienestar mediante la extensión del conocimiento económico convencional con los fundamentos sobre el comportamiento humano derivados de disciplinas como la psicología, la sociología y la neurociencia[1]. En este sentido, este enfoque se concentra en analizar los factores conductuales que hacen que los individuos tomen decisiones que parecieran irracionales, según la teoría económica convencional, pero que en realidad resultan coherentes con la forma en que las personas piensan y se relacionan en su cotidianidad. Para tales efectos, la economía del comportamiento hace uso del conocimiento existente en otras áreas científicas que estudian el comportamiento humano y centra los esfuerzos de investigación en el estudio empírico de las decisiones económicas mediante métodos experimentales o cuasiexperimentales[2]. Las investigaciones en economía del comportamiento han brindado resultados con implicaciones interesantes para las políticas públicas en general. En primer lugar, este enfoque señala nuevas herramientas de política, como el cambio de opciones preestablecidas o el replanteamiento de incentivos en términos de pérdidas, que pueden emplearse para incentivar a los individuos a tomar ciertas decisiones que conduzcan a una mejora en su bienestar. En segundo lugar, al incorporar los rasgos reales de conducta de las personas, la economía del comportamiento brinda mejores predicciones respecto al impacto de cualquier tipo de políticas que los gobiernos se encuentren realizando. Por último, esta perspectiva destaca nuevas implicaciones sobre el bienestar social al identificar las brechas de utilidad resultantes de ciertos sesgos típicos en la conducta de las personas[3]. Este enfoque se ha estado introduciendo en América Latina y el Caribe a través organizaciones como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial (BM), el Behavioral Government Lab en conjunto con MineduLAB del Ministerio de Educación de Perú, el Instituto Mexicano de Economía del Comportamiento (IMEC), entre otros. En el mandato del SELA está implícito contribuir a los esfuerzos existentes en materia de difusión y formación en economía del comportamiento para mejores políticas públicas en América Latina y el Caribe. Por tal motivo, la Secretaría Permanente del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe se ha planteado la realización de este taller, enfocándose en los conceptos e instrumentos necesarios para llevar a cabo mejores políticas económicas en la región.   [1] Ian M. McDonald, «Behavioural Economics», Australian Economic Review 41, n.o 2 (junio de 2008): 222-28, https://doi.org/10.1111/j.1467-8462.2008.00503.x. [2] Nick Wilkinson y Mathias Klaes, An Introduction to Behavioral Economics, 2.a ed. (Palgrave Macmillan, 2012). [3] Raj Chetty, «Behavioral Economics and Public Policy: A Pragmatic Perspective», American Economic Review 105, n.o 5 (mayo de 2015): 1-33, https://doi.org/10.1257/aer.p20151108.  

Las emergencias y desastres por peligros naturales o de origen antrópico pueden generar la interrupción de las operaciones de las instituciones públicas y de la sociedad, poniendo de manifiesto lo vulnerable que son las operaciones del gobierno, la prestación de servicios públicos esenciales tales como agua, electricidad, comunicaciones, entre otros, y la protección a los más vulnerables. En este contexto, la pandemia del COVID-19 reforzó la necesidad de perfeccionar los planes estratégicos y operacionales ante posibles eventos catastróficos de esta naturaleza. En circunstancias de esta índole, se aspira a que los países cuenten con políticas públicas dirigidas a manejar estas situaciones adversas, garantizar la estabilidad y permanencia de las instituciones públicas y suministrar servicios esenciales a la población afectada y en situación de vulnerabilidad. Los costos económicos y sociales que deben asumir los países producto de los daños por desastres son una carga muy pesada para sus economías. El desarrollo económico y social de la región podría verse obstaculizado a causa de los desastres si no se adoptan las medidas preventivas necesarias para mitigar su impacto negativo. Los conceptos de Continuidad de Operaciones y Continuidad de Gobierno se plantean como políticas de Estado útiles para mitigar los efectos de los escenarios de riesgo. Con el principio de Continuidad de Gobierno (COG) se establecen protocolos, procedimientos y legislación que facilita a los países garantizar sus operaciones esenciales en casos de acontecimientos catastróficos. Mientras que la Continuidad de Operaciones (COOP) contribuye a garantizar que el trabajo de las instituciones públicas y de la sociedad no sea interrumpido ante la ocurrencia de una crisis, o en su caso, facilita el inmediato restablecimiento de las actividades sustantivas. La experiencia demuestra que en la región de América Latina y el Caribe es necesario fortalecer los protocolos, los procedimientos y la legislación para asegurar la continuidad de gobierno cuando se afecten la cadena de mando y la gobernabilidad, así como la prestación de servicios públicos esenciales. Es igualmente importante la cooperación y coordinación que se deben realizar al interior de cada país y hacia afuera con los países vecinos para garantizar el buen funcionamiento de las instituciones gubernamentales, el apoyo que deben recibir las instituciones del sector privado, y la atención a los ciudadanos para garantizarles todos los servicios públicos necesarios, especialmente, los servicios de salud. Con la continuidad de gobierno se pone de relieve la importancia de la preparación y la respuesta ante un desastre como las labores de rescate, salvamento y atención médica de las víctimas. Asimismo, se acentúa la necesidad de rehabilitar servicios públicos críticos y esenciales y el mantenimiento de la seguridad y el orden público, para lo cual es determinante contar con un nivel de continuidad de operaciones e institucionalidad que permitan que las organizaciones, tanto públicas como privadas, se mantengan funcionando, evitando el colapso en el funcionamiento del Estado y sus instituciones públicas, y garantizando que el sector privado pueda apoyar y complementar las labores de recuperación. Esos escenarios demandarán la existencia de protocolos que garanticen que las autoridades y los funcionarios estén disponibles para asumir sus roles durante la emergencia, puedan anticipar locaciones alternativas, dotación de equipos, el acceso expedito a la tecnología y a las comunicaciones requeridas, y la protección de información gubernamental vital, entre otros. La preparación de las instituciones de protección social, así como de las instituciones de seguridad social, ante situaciones catastróficas es imprescindible para garantizar un nivel de protección y bienestar mínimo entre la población. Es así como los planes y protocolos de COG y COOP necesariamente deben incluir a las instituciones a cargo de prestaciones y servicios sociales que favorezcan la rápida recuperación económica y social de un país afectado por catástrofes naturales.   Las respuestas a los escenarios de emergencia y desastre deben ser integrales. El proceso de planeación, estrategia y atención requiere estrategias que faciliten y garanticen la continuidad operativa e institucional de los actores sociales y las instituciones para enfrentar los riesgos. Elementos que se plasman en protocolos o planes operativos de planeación. Con los protocolos se garantiza que las instituciones estén en capacidad de identificar sus funciones críticas o tareas esenciales; que las autoridades y los funcionarios estén disponibles para asumir sus roles durante la emergencia, que conozcan sus interdependencias con otras organizaciones, particularmente del sector privado; o, cuáles puestos tendrán autoridad delegada por el liderazgo de la institución para propósitos de emergencia específicos. Los procesos de planeación garantizan además la funcionalidad de un país, protegen su estabilidad económica, y ofrecen un nivel de seguridad integral a la población. Por su parte, la previsión social intenta garantizar que las personas puedan seguir satisfaciendo sus necesidades mínimas proporcionándoles, a tal efecto, recursos financieros o determinados servicios. El fin último de toda institución de seguridad social es la protección de la población y garantizar comunidades seguras y resilientes, capaces de enfrentar, operar y reponerse ante escenarios adversos, lo cual es posible en la medida de la preparación de este sector clave. En conclusión, las instituciones gubernamentales deben mantener su capacidad de respuesta ante escenarios catastróficos. De allí la importancia de establecer políticas públicas que incorporen la previsión anticipada y la disminución del factor sorpresa en los incidentes desfavorables, principalmente en el sector de la protección y seguridad social, estrechamente vinculados a los gobiernos, así como al sector privado. Entre mejor preparada se encuentre la institución con programas o protocolos, mejores serán sus condiciones para responder a las situaciones de desastres.

Más de cien años desde los primeros adelantos en plásticos, éstos se han hecho ubicuos en nuestras vidas: Bolígrafos de plástico y tijeras con mangos de plástico vienen empacados en plástico, los llevamos a casa en bolsas de plástico, y allí los colocamos junto a una computadora y un teléfono cuyas coberturas de plástico protegen una tabla de circuitos también de plástico. En gran parte de nuestro planeta hoy en día, es difícil mirar en cualquier dirección sin hallar algo hecho de plástico. Este material es extremadamente útil. También es, desafortunadamente, un gran peligro para nuestra salud, nuestro sustento económico, nuestro sistema alimentario y nuestro ambiente natural—y un peligro cada vez mayor, al acumularse un siglo de basura en nuestros vertederos, nuestros mares y nuestras calles. Una nueva investigación realizada por la UNCTAD nos ha ayudado a entender la escala del problema: Más de 336 millones de toneladas de plástico fueron comerciadas globalmente tan sólo en 2018, representando alrededor de 1 billón de dólares, un importante 5% del comercio mundial. Un problema clave es que el 75 % del plástico producido en la historia se ha convertido en basura. Además, a menos que esto sea detenido, se espera que la producción de plástico de cuadruplique en los próximos treinta años, principalmente debido al crecimiento de la industria en África, el Medio Oriente, y la Asia en vías de desarrollo. Esto problemas afectan a las zonas costeras de manera particular, debido a su dependencia en sectores como el turismo y la pesca—sectores especialmente afectados cuando botellas de plástico puntúan playas hermosas, cuando bolsas plásticas y redes de pesca ahogan valiosos peces y reducen la biodiversidad marina, y cuando microplásticos introducen toxinas al sistema alimenticio marino (e incluso al terrestre). Los países isleños y costeros son especialmente vulnerables a estos peligros, entre otras razones, debido a su espacio limitado para disponer de la basura. Ahora bien, hay una oportunidad de que los países de la región, al reducir su dependencia en los plásticos y desarrollar las nacientes industrias de alternativas a los plásticos, puedan proteger a los países de estos peligros medioambientales a los que son especialmente vulnerables, proteger sus principales fuentes de sustento económico, y simultáneamente crear empleos y desarrollo económico. Ya existen algunas alternativas que podrían ser buenas oportunidades para el desarrollo sostenible de los países de Latinoamérica y el Caribe. Éstas incluyen el vidrio, las cerámicas, las fibras naturales (coco, palma), la pulpa (papel, cartón), e incluso ciertos desechos orgánicos como el bagazo y las cáscaras de maíz. Además, nuevas alternativas están constantemente en desarrollo que podrían ofrecer a la región la oportunidad de entrar a la producción de materiales completamente nuevos basados en las anteriores materias primas. Puede que estas alternativas no se desarrollen a menos que el liderazgo político sea ejercido con este fin. Para que se desarrollen con éxito industrias de alternativas a los plásticos (sean materias primas o productos terminados), serían beneficiales políticas de comercio coherentes, circularidad industrial, políticas efectivas para el manejo de desechos, e incentivos que promuevan la producción de sustitutos sostenibles. La coordinación de la empresa privada, la sociedad civil y de todos los niveles de gobierno, además de la coordinación global, es necesaria si las naciones de la región esperan unirse al mercado de alternativas a los plásticos. Conscientes de los peligros que enfrentan y las oportunidades disponibles, algunos países de la región ya han implementado medidas que contribuyen a la transición de sus economías hacia las alternativas a los plásticos. Por ejemplo: Barbados prohibió ciertos objetos de plástico de un solo uso incluyendo contenedores, pajitas y cubiertos, así como ciertos tipos de bolsas de plástico; Belice emitió regulaciones respecto a las bolsas de plástico, pajitas y contenedores de poliestireno expandido; Guyana prohibió la importación y uso de objetos de poliestireno expandido. Medidas de este tipo ayudan a crear condiciones donde el desarrollo de alternativas se hace necesario, de ese modo propulsando actividad económica hacia la búsqueda y desarrollo de sustitutos. Aquellos países que escojan este camino podrían descubrir que al unirse tempranamente a el movimiento global hacia una economía circular hallarán una oportunidad para su prosperidad y buen vivir.

Las tecnologías digitales han transformado la vida económica y social de la humanidad. Los modelos de negocios, los mercados de trabajo, los medios de comunicación y la acción de los gobiernos, han sufrido vertiginosos cambios guiados por los avances de la digitalización, a tal punto que para disponer de los servicios más esenciales y apropiarse de los beneficios del proceso de desarrollo, es determinante un acceso de calidad a las redes de conectividad. Estas tecnologías tienen un enorme potencial para propiciar una mayor inclusión social y motorizar el crecimiento económico. Su uso extendido, en especial la masificación en el acceso a internet, ha sido un factor habilitante para el surgimiento de nuevos sectores productivos, la reducción significativa de los costos de transacción y la creación de condiciones para una mayor participación ciudadana en su relación con el Estado. Con la irrupción de la pandemia de la COVID-19 sus bondades han sido aún más evidentes, facilitando la generación de capacidades para reducir la propagación del virus y contener sus costos económicos y sociales. Sin embargo, y pese a todos los avances en materia de acceso y calidad de la conectividad, esta coyuntura también ha dejado al descubierto las enormes brechas digitales que impiden a una significativa porción de la población mundial insertarse en la nueva normalidad del teletrabajo y la teleeducación. Cifras del Banco Mundial revelan que sólo 40% de la población global tiene acceso a internet, apenas 20% tiene conexión banda ancha de alta velocidad y poco más del 27% no posee un celular. El panorama es aún menos alentador para los hogares de menores ingresos donde más del 71% carece de conexión a internet y 21% no tiene acceso a un teléfono móvil. En el contexto de América Latina y el Caribe, estadísticas de CAF (2020) muestran que 32% de la población no tiene acceso a internet. De estos, cifras de la CEPAL dan cuenta de una mayor afectación en las zonas rurales, donde 77% de los hogares no cuenta con conexión, mientras en las áreas urbanas esta proporción se reduce a 23%. Adicionalmente, IICA, BID y Microsoft (2020) señalan que sólo la mitad de los países de la región cuentan con una agenda de digitalización y 67% de las escuelas no disponen de una velocidad de conexión suficiente. A razón de este patrón de acceso a la digitalización, los efectos de la tecnología en la productividad, en la generación de mejores oportunidades para la superación de la pobreza y en la estabilidad política, han sido menores a los esperados. Las brechas han erosionado los dividendos digitales de las poblaciones con menores ingresos y ubicada en áreas remotas. En el caso particular de las zonas rurales, mejorar el acceso a las redes de conectividad puede redundar en cambios significativos en los niveles de vida de sus habitantes, permitiendo avances en materia de productividad, mayor provisión de servicios sociales, incrementos en las capacidades del sector público, y empleos de mayor calidad. Para hacer realidad todos los beneficios de la digitalización, la región deberá enfrentar una variada gama de desafíos que incluyen: a) masificar el acceso a las plataformas de conexión en condiciones de asequibilidad y calidad con un mayor despliegue de la infraestructura, b) actualizar los marcos normativos para impulsar el desarrollo de le economía digital, c) acelerar la implementación de agendas digitales, y d) impulsar la formación en habilidades digitales para el uso intensivo de las herramientas. El futuro será más digital. Más aún luego de la pandemia. Frente a ello, los países de la región deben activar los mecanismos de cooperación internacional, la integración regional y la colaboración público-privada como plataformas para la construcción de estrategias conjuntas, y el aprendizaje de prácticas exitosas. Esta reunión constituye un aporte en esta dirección. 

La atención a los impactos sociales de los riesgos por peligros naturales implica una constante evaluación de los planes de acción y, a su vez, del modelo de gestión predominante. Los peligros naturales son afrontados habitualmente con medidas para salvaguardar la vida de las personas y reordenar el territorio. Es así como el modelo de gestión tradicionalmente ha contado con dos pilares: la protección civil, y los sistemas nacionales y regionales de gestión del riesgo, que han desarrollado e implementado medidas efectivas de prevención, preparación y respuesta. Sin embargo, con la finalidad de contribuir al resguardo de la vida digna de las personas resulta conveniente reconsiderar el papel de las redes de protección social, que incluye a la seguridad social, entre los pilares del modelo de gestión del riesgo. De igual forma, la participación de los sectores estratégicos y la coordinación multisectorial alrededor del modelo de la gestión del riesgo es objeto de continua evaluación. En América Latina y el Caribe, el tratamiento de las condiciones de exposición a las amenazas de origen natural, principalmente hidrometeorológicas, así como de las condiciones de vulnerabilidad ante el riesgo de desastres por pobreza, desigualdad y acceso diferenciado a los servicios sociales abarca la participación y coordinación del sector salud, vivienda, educación, transporte, sector social, sector privado, y más.        En este sentido, los organismos internacionales, a través de los mecanismos de cooperación, cuentan con la capacidad y responsabilidad de promover el análisis del modelo de gestión del riesgo imperante en la región de América Latina y el Caribe. Es por ello que la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS), el Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe, y la Presidencia Pro Témpore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), ostentada por México, han unido sus esfuerzos para celebrar el seminario “Repensando el modelo de gestión del riesgo de desastres en ALC: riesgos sociales y vulnerabilidad” Este seminario es un espacio para el análisis del modelo actual de gestión del riesgo de desastres a partir de la mitigación de los riesgos sociales en América Latina y el Caribe. Los impactos de los peligros naturales afectan desproporcionadamente a las personas en situaciones de vulnerabilidad, debido a que suelen estar más expuestas a los riesgos y cuentan con menos activos para recuperarse. Es de particular interés la respuesta de protección social de los países y a nivel regional ante la crisis sanitaria por COVID-19. A su vez, este seminario es un espacio para identificar las experiencias regionales en la materia, y el nivel de preparación ante futuras crisis por rebrotes epidémicos y otros peligros naturales.

La Secretaría Permanente del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA) tiene entre sus actividades de trabajo promover el  desarrollo en América Latina y el Caribe de capacidades negociadoras en la gobernanza del ciberespacio. Para cumplir con esta meta organiza, conjuntamente con el Instituto de Estudios Europeos Internacionales (IEEI), dos cursos de capacitación centrados en la  Ciberdiplomacia y la Techplomacia.  Por la innovación del planteamiento se inició un programa de capacitación con una sesión informativa sobre Ciberdiplomacia y una aproximación a la relación entre la diplomacia y la tecnología. Para posteriormente examinar la aplicación de la diplomacia a los problemas políticos y geopolíticos que surgen con los sectores de las tecnologías digitales. En este sentido, en una primera oportunidad, se realizó el Curso de Especialización sobre Ciberdiplomacia orientado a describir la aplicación de la diplomacia a los problemas políticos y geopolíticos que han surgido en el ciberespacio.  En una segunda etapa se abordará el Curso de Especialización de Techplomacia  dirigido a describir la interactuación entre los Estados y las grandes empresas del sector tecnológico y cómo estas cambian tanto el escenario geopolítico como el mundo empresarial. La referida capacitación continuará con el Curso de especialización en Techplomacia, el cual se presenta a continuación. 

La llegada de COVID-19 ha planteado un reto de enormes proporciones para el mundo en general y en particular para la región de  América Latina y el Caribe.  De acuerdo con el Informe  de la ONU sobre  impacto del COVID en la región, antes de la pandemia, el modelo de desarrollo de la región ya enfrentaba graves limitaciones estructurales: elevados niveles de desigualdad, limitaciones de las balanzas de pagos y exportaciones concentradas en sectores de baja tecnología, crisis cambiarias y de deuda recurrentes, bajo crecimiento, altos niveles de informalidad y de pobreza con  lo que esta crisis sanitaria ha exacerbado la situación profundizando las desigualdades y disparidades. Ya se estima que la pandemia del COVID-19 será la causa de la mayor crisis económica y social de la región en décadas, con efectos muy negativos en el empleo, el combate a la pobreza y la reducción de la desigualdad. Los gobiernos de la región se vieron obligados a hacer frente a la pandemia que afecta a todos los sectores de la sociedad a través de medidas de contención para evitar la propagación del virus y medidas de mitigación para manejar el impacto y mitigar sus efectos. Reaccionaron frente a la emergencia en todos los ámbitos, redefiniendo planes y reencausando recursos para responder a la crisis sanitaria, económica, social y ambiental, tomaron medidas para reforzar las capacidades de los sistemas de salud, proteger a los más vulnerables y apoyar la economía para evitar el colapso. Tal como lo señala el trabajo realizado por OCDE “Panorama de las Respuestas de los gobiernos a la crisis”, la magnitud de este efecto y la posible recuperación en los próximos años dependerán de la capacidad de los gobiernos de reactivar sus economías mitigando al mismo tiempo los desafíos sanitarios. La pandemia ha puesto de manifiesto las crónicas deficiencias de la acción del Estado y constituye una gran oportunidad para fortalecer la capacidad de respuesta de la región y corregir las disfunciones existentes.  Un año después del inicio de esta gran crisis, es necesario evaluar los resultados y plantearse políticas a largo plazo. Es por ello por lo que la OCDE y el SELA han considerado importante realizar un seminario online, para exponer la respuesta de la región ante la crisis del COVID-19, en el ámbito social, económico, sanitario, de gobernanza, que pueda servir de punto de inicio para un análisis de lo que se hizo, lo que se dejó de hacer, lo que se hizo bien, lo que se debe mejorar. Asimismo, se abordará el tema que hoy ocupa el centro de la atención de todos: las vacunas. Cómo se han planteado los países de la región el acceso a las vacunas y cómo se plantean  hacerla llegar a todos sus habitantes. La recuperación dependerá de la capacidad de los gobiernos para reactivar sus economías mientras atienden la crisis de salud pública, lo cual implica que la vacuna sea accesible a todos.