Solo Brasil, Colombia, Jamaica, Panamá, Trinidad y Tobago y Uruguay han adoptado este tipo de medidas, mientras que Argentina, Antigua y Barbuda, Bahamas, Costa Rica, Dominica, El Salvador, Haití, México, Paraguay, Perú y Surinam, están en proceso de articular una estrategia.

«La mayoría de los países no están preparados, solo uno de cada cinco lo está, mientras que en 30 de los 32 países estudiados los ciudadanos no están suficientemente informados de los riesgos de privacidad y seguridad en el ciberespacio», explicó el presidente del BID, Luis Alberto Moreno, en la presentación del estudio.

«Esto es una llamada de alerta para nuestra región, esperamos que el estudio anime a tomar medidas, que sea una herramienta de diagnóstico para saber dónde se necesita actuar», agregó.

El informe evalúa el estado de preparación de 32 países de la región en función de 49 indicadores de política y estrategia, cultura y sociedad, educación, marco legal y tecnología.

Además, analiza elementos clave como el estado de las legislaciones y la capacidad de los países de responder a incidentes. Se trata, según sus autores, de «la primera radiografía profunda» del nivel de preparación de América Latina y el Caribe ante la creciente amenaza del cibercrimen.

Uruguay, Brasil, México, Argentina, Chile, Colombia y Trinidad y Tobago se encuentran en un «nivel intermedio de madurez pero lejos de países avanzados como Estados Unidos, Israel, Estonia y la República de Corea».

Dos de cada tres naciones de la región no cuentan con un centro de comando y control de seguridad cibernética, mientras que la gran mayoría de las fiscalías no tiene capacidad para perseguir los delitos cibernéticos, entre otras carencias.

Además en 16 países la capacidad de respuesta a incidentes no es coordinada y solo seis naciones cuentan con un programa estructurado de educación en seguridad cibernética, que incluye estabilidad presupuestaria así como mecanismos de investigación y transferencia de conocimiento.

«La situación de nuestra región es peligrosa, nos deja expuestos a consecuencias potencialmente devastadoras», consideró Nestor Méndez, secretario general adjunto de la OEA, que representó en la presentación al titular del organismo, Luis Almagro.