Caracas, 13 de junio de 2011.- El Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA) dió a conocer un estudio denominado “La Integración fronteriza en el Marco de la convergencia de América Latina y el Caribe”, con el objeto de promover que las regiones fronterizas jueguen un papel más activo para el mejor aprovechamiento de sus potencialidades, mediante esfuerzos compartidos entre los propios Estados limítrofes, con el acompañamiento activo de los correspondientes esquemas de integración subregional.

En el Informe elaborado por el SELA, se proponen un conjunto de principios y acciones con miras a que la integración fronteriza sea tomada como una política de integración regional de América Latina y el Caribe, tendiente a la eliminación de las asimetrías estructurales y a la promoción de la cohesión social, con el objeto de reducir la pobreza característica de las regiones fronterizas y conformar un espacio regional latinoamericano y caribeño en permanente crecimiento.

Es pertinente señalar que en 20 países de la región se contabilizan 33 fronteras terrestres las cuales, en muchos casos, conforman espacios marginales, periféricos, débilmente integrados o carentes de integración a la economía y a la sociedad de cada país. El poco peso demográfico, la falta de organizaciones sociales que los representen y la distancia y poca accesibilidad respecto de los centros políticos o económicos se reflejan en el hecho que muchas fronteras están en situación mucho más crítica que muchas áreas rurales o los “bolsones de pobreza” del interior.

En América Latina y el Caribe están vigentes numerosos procesos de integración fronteriza, con distinto grado de avance, orientaciones o énfasis. En el marco de los procesos de integración, la Comunidad Andina y el MERCOSUR cuentan con mecanismos y programas de integración fronteriza.

Asímismo, los países de la región están descubriendo la importancia de las ciudades fronterizas y su papel en el fortalecimiento de la integración bilateral, las cuales requieren la constitución de un régimen jurídico y administrativo propio para la conformación de “ciudades binacionales”.