El Gobierno de Bolivia promulgó una nueva ley de emergencia sanitaria para enfrentar, con nuevas regulaciones, pandemias como la de COVID-19.

En medio de amenazas de paro del sector salud, el presidente boliviano, Luis Arce, dio luz verde a la medida legal sancionada en la Asamblea Legislativa el 4 de febrero, la cual, entre otros aspectos, prohíbe la suspensión de la atención médica y regula la contratación de personal médico y los costos de los servicios en clínicas privadas en casos de COVID-19.

«No podrán ser interrumpidos los servicios del Sistema Nacional de Salud durante el tiempo de vigencia de la declaratoria de emergencia sanitaria», señala la medida.

Además, se podrá abreviar plazos y simplificar requisitos y procedimientos para la contratación del personal profesional y técnico de salud, egresados y/o estudiantes de medicina y médicos jubilados, quedando habilitado a contratar profesionales médicos que hubieran concluido sus estudios en Bolivia o en el extranjero, siempre y cuando no exista la disponibilidad de recursos humanos en el país y en otro caso haya predisposición de profesionales bolivianos a prestar servicios al Estado.

De acuerdo con la normativa vigente, sin mediar reglamento alguno, no se podrá exigir depósitos previos, garantías o cualquier tipo de cobro anticipado en los establecimientos de salud del subsector privado para la atención a pacientes con coronavirus.