Cuba está flexibilizando las restricciones a pequeñas empresas en momentos en que busca estimular una economía dominada por el Estado en medio del azote de la pandemia de COVID-19, la implosión de su aliado Venezuela y el reforzamiento de las sanciones que le aplica Estados Unidos.

La isla caribeña, dependiente de importaciones, se está reabriendo luego de controlar la propagación del nuevo coronavirus en la mayoría de las provincias y colocarlo bajo la lupa en La Habana.

El presidente Miguel Díaz-Canel, hablando a principios de este mes, dijo que Cuba enfrentaba una crisis internacional y que implementaría una serie de reformas para aumentar las exportaciones, reducir las importaciones y estimular la demanda interna.

Expertos proyectan que la economía local se contraerá este año poco menos del 10%, siguiendo la tendencia negativa de la región.

Economistas en Cuba y en el extranjero sostienen que el Gobierno ha prometido igualdad en el tratamiento durante una década, por lo que si bien respaldan las nuevas medidas, están por ver si se implementarán realmente de manera efectiva.

Las nuevas medidas incluyen más autonomía para empresas estatales, agricultores y gobiernos locales, así como la dolarización en algunos intercambios internos.

Díaz-Canel insistió en «el perfeccionamiento del trabajo del sector no estatal, con prioridad inmediata en la ampliación del trabajo por cuenta propia (y) de quitarle trabas».

El sector no estatal, excluyendo la agricultura, está integrado principalmente por pequeñas empresas privadas y cooperativas; sus empleados, artesanos, taxistas y comerciantes, todos bajo la rúbrica de trabajadores por cuenta propia. Según cifras oficiales, unos 600.000 estaban inscritos antes de que la pandemia dejara sin trabajo un estimado de un 40% vinculado al turismo y transporte público.

Un obstáculo ya eliminado para el sector no estatal es el derecho a importar y exportar, aunque a través de empresas estatales.

«Queremos poner en igualdad de condiciones a todas las formas de gestión», dijo el ministro de Comercio Exterior, Rodrigo Malmierca, en una intervención en la televisión local.

Economistas en Cuba y en el extranjero sostienen que el Gobierno ha prometido igualdad en el tratamiento durante una década, por lo que si bien respaldan las nuevas medidas, están por ver si se implementarán realmente de manera efectiva.

La tarea es desalentadora debido a que el Gobierno admite que tiene pocas divisas para comprar alimentos, combustible y otros suministros en el extranjero.