El decreto 13-2020 fue publicado en el Diario de Centroamérica (oficial) únicamente, sin que el mandatario diera a conocer a la población las razones de su decisión y los objetivos de la misma.

Los municipios objetivo del estado de excepción son El Estor, Morales y Livingston, en Izabal; en Alta Verapaz se tomó la decisión para los municipios de Panzós y Santa Catarina La Tinta.

Según el texto del decreto, la consideración del Ejecutivo para actuar de esta forma se debe a problemas de inseguridad. En dichos municipios existen “indicios fundados de actos violentos y ataques contra las fuerzas de seguridad, acciones realizadas, posiblemente, por instigación de grupos criminales que tienen por objeto desestabilizar a la autoridad departamental y municipal, entre otros”.

El decreto asegura que “las acciones realizadas por estos grupos generan violencia e ingobernabilidad, riesgo a la vida y la libertad”; Además indica que “afecta la justicia, desarrollo social, paz y seguridad e los habitantes de esa región y que es necesario que ese tipo de conductas no continúen”.

El estado de sitio, que debe ser ratificado por el Congreso, durará 30 días y le da autoridad al Estado para prohibir movimientos de la población. Además de diluir cualquier organización o manifestación y detener a uno o más habitantes sin mandamiento judicial, entre otras disposiciones.