Santiago de Chile.– Chile inició, el lunes 27 de febrero, un despliegue militar en puntos que considera críticos de la frontera con Perú y Bolivia, medida que durará 90 días y busca aumentar el control del ingreso irregular de personas migrantes que afecta la zona.

«Chile lleva largo tiempo sin hacer lo que debe hacer para tener un buen control. Este no es solo un tema de que faltaba la presencia militar; faltaban muchas cosas», señaló la ministra del Interior, Carola Tohá, desde Colchane, epicentro de una creciente migración.

A casi 3.700 metros sobre el nivel del mar, cientos de personas, en su mayoría familias venezolanas, regatean los escasos controles de Colchane a diario con el objetivo de llegar a Iquique para luego dar el salto hacia la capital chilena, Santiago.

«Hay que preguntarse por qué en el país el Gobierno del presidente Boric se encontró con las aduanas con tan poco equipamiento; por qué se encontró con las policías instaladas en la frontera en unas garitas que se sujetan en pie con unos palitos que amarran; por qué nos encontramos con un Servicio de Migrantes recién constituido con una lista de espera de miles de miles de miles de personas», apuntó la secretaria de Estado.

La medida del Gobierno chileno se aplicará en zonas críticas de la frontera norte en las regiones de Arica y Parinacota, Antofagasta y Tarapacá.

Estos peligrosos pasos siguen formando la principal ruta de ingreso irregular a Chile que, pese a la pandemia y la crisis social de 2019, sigue siendo uno de los países más atractivos para migrar dentro de América Latina por su estabilidad política y económica.

Si bien las comunidades locales apuntan a que, en su mayoría, el ingreso está protagonizado por venezolanos, en las últimas semanas se ha reportado la llegada irregular de colombianos y salvadoreños.

En total, hay 1,4 millones de migrantes en el país latinoamericano, lo que equivale a más del 7 % de la población, y los venezolanos son los más numerosos, seguidos de peruanos, haitianos y colombianos.