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El golpe de estado hondureño revela la fragilidad de la democracia latinoamericana

Por Odeen Ishmael, Embajador de Guyana en Venezuela*
Montreal, 23 de julio de 2009.- La fragilidad de la democracia en América Latina se puso de manifiesto a fines del mes pasado cuando el Presidente hondureño, José Manuel Zelaya, elegido democráticamente, fue depuesto y mandado al exilio a la vecina Costa Rica por el ejército. Significativamente, este golpe que también sacó por la fuerza al gabinete de Zelaya, fue apoyado por gran parte de los miembros del Congreso, incluyendo a muchos del propio partido del presidente, así como a jueces de la Corte Suprema. Sin embargo, fue firmemente rechazado por la mayoría de las clases más pobres hondureñas, compuesta por los campesinos y trabajadores urbanos, quienes han realizado manifestaciones de masas en apoyo a su depuesto líder.

El desalojo del poder de Zelaya fue el primero en América Central desde 1993 cuando los militares obligaron a renunciar al Presidente guatemalteco Jorge Serrano. En el caso de Honduras, los militares dominaron la vida política hasta mediados de los años 80, pero a pesar del fin de la era de los clásicos golpes de estado como medio para lograr cambios políticos, evidentemente nunca abandonaron el hábito de la intervención militar. Esta ruptura de la democracia hoy en día es aberrante en el hemisferio americano, y sobre todo en la América Latina donde los regímenes dictatoriales fueron reemplazados por gobiernos democráticamente elegidos desde comienzos de los años ochenta. Aun Haití, donde el Presidente Jean-Bertramd Aristide fue derrocado por un golpe en septiembre de 1991, vio la restauración de su presidente y el gabinete tres años después mediante las esfuerzos de colaboración de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA).

Luego, en septiembre de 2001, los 34 miembros activos de la OEA procedieron a implementar la Carta Democrática Interamericana, la cual fijó las sanciones contra la remoción de gobiernos legítimos en la región por medios inconstitucionales. De acuerdo con la Carta el principio de la democracia estipula que los gobiernos (y también los jefes de gobiernos) son escogidos por el electorado para gobernar mediante elecciones periódicas libres y limpias; y el mismo electorado tiene el derecho de cambiar (quitar a esos gobiernos y sus líderes por medio de elecciones sucesivas.

En el caso del golpe en Honduras las Naciones Unidas (ONU) actuó rápidamente al negarle reconocimiento al régimen de facto y exigir la restauración del presidente. La Unión Europea también condenó el golpe de estado contra Zelaya.

El 5 de julio, la OEA dio un pasó más al suspender a Honduras de la organización hemisférica por quebrantar las condiciones expresas de la Carta Democrática Interamericana. Esta medida merece mencionarse ya que la organización no tomó una acción parecida cuando fue depuesto de nuevo en al 2004 el democráticamente electo Presidente Aristide.

Curiosamente, por allá en 1991, tanto la ONU como la OEA reconocieron al entonces gobierno haitiano en el exilio, el cual continuó ocupando oficialmente su puesto en dichos organismos. Con base en este precedente, algunos observadores políticos creen que ha debido de seguirse la misma norma en el caso de Honduras.

Posterior a la medida de la OEA, el Presidente Oscar Arias, de Costa Rica ha estado mediando entre Zelaya y el “Presidente interino” Roberto Micheletti para facilitar la restitución de Zelaya en la presidencia. Zelaya ha dicho que su restitución en la presidencia no es negociable, y hasta está de acuerdo con la formación de un gobierno nacional pero Micheletti ha insistido en que el regreso del presidente al poder es “una imposibilidad.” Por lo tanto, el éxito de la mediación de Arias dependerá de hasta dónde están dispuestos a ceder los líderes golpistas. Pero si el proceso de mediación se alarga quizás no habrá solución posible hasta después de las elecciones generales del 29 de noviembre en las cuales se elegirá al nuevo presidente. Sin embargo, Estados Unidos ha dado a entender que quizás no reconozca esas elecciones si son realizadas por el gobierno de facto.

Es de advertir que el régimen de facto hondureño y la Corta Suprema del país insisten en que Zelaya violó la constitución nacional, lo cual provocó su destitución. Sin embargo, si realmente el presidente violó la ley, muchos analistas políticos insisten que el Congreso ha debido seguirle juicios largas para acusarlo, en lugar del ejército haberlo sacado de cama y llevárselo en secreto en plena noche.

¿Cuál fue el “delito” de Zelaya? De acuerdo a sus opositores, él planeaba realizar un referéndum el 28 de junio para saber si el pueblo quería que se postulara para la elección a un segundo período, en vez de un período único como lo establece la presente constitución. La Corte Suprema, el ejército y gran parte del Congreso, han sostenido que dicho referéndum fue una violación de la constitución del país.

Pero la verdadera pregunta del frustrado referéndum rezaba: “Cree Ud. que en las elecciones generales del 2009 debe de incluirse una cuarta urna para que se tome una decisión acerca de la creación una Asamblea Nacional Constituyente la cual aprobaría una nueva constitución ?”

No había absolutamente nada en la pregunta que indicara que Zelaya buscaba un segundo periodo.

Este tema fue claramente explicado por Mark Weisbrot, Director del Centro de Investigación de Políticas Económicas, con sede en Washington, que escribió lo siguiente en la edición del 8 de julio de 2009 del London Guardian: “No había ninguna manera de Zelaya extender su autoridad aun cuando se hubiera realizado y aprobado el referéndum, y aun si hubiera ganado un referéndum vinculante en la votación de noviembre. El referéndum del 28 de junio no era otra cosa que una consulta no vinculante al electorado, en la que se le preguntaba a los votantes si querían que se incluyera una urna para un referéndum no vinculante en noviembre para hacer un muevo borrador de la constitución del país. Si hubiese sido aprobado y de haberse realizado el referéndum de noviembre (lo cual era muy improbable) y hubiese sido aprobado también, la misma votación hubiese elegido un nuevo presidente y Zelaya hubiese tenido que renunciar en enero de 2010.”

Los simpatizantes de Zelaya son firmes en cuanto que su derrocamiento se debió a su posición ideológica izquierdista y estrechos vínculos con el Presidente venezolano Hugo Chávez y otros líderes del ala izquierdista de la región. Ganó la presidencia con una ideología de centro-derecha pero hizo que se alejaran muchos de sus aliados en el Partido Liberal al cambiar el rumbo del país hacía la izquierda.

Esto, al parecer, alarmó a la oligarquía derechista hondureña, la cual condenó los planes de Zelaya para introducir cambios en la constitución y lo cual, vieron-ilógicamente- como su intención de quedarse en el poder por un segundo período. También da pie para creer que si Zelaya no se hubiera movido hacia la izquierda, no se hubiera dado golpe.

Como crítico abierto del golpe el Presidente Chávez insiste que la derecha en Latinoamérica ahora ha substituido la palabra “chavismo” por “comunismo” como el mayor factor de miedo añadiendo que “ahora Chávez es una amenaza y el culpable de todo.”

Los Estados Unidos, que condenó con firmeza el golpe, han presionado al régimen de facto, y le ha advertido que se expondrá a sanciones severas si Zelaya no es restituido en el poder. Desde entonces ha interrumpido el programa de asistencia militar a Honduras de $16,5 millones y otros $180 millones podrían estar en riesgo. Sin embargo, todavía no ha amenazado con interrumpir el comercio o las remesas, medida ésta que rápidamente podría desestabilizar la economía de la nación. La Unión Europea también ha presionado anunciando la suspensión de ayuda de $93, 1 millones (65.5 millones de euros). También el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo han congelado los programes de asistencia al país.

En vista de que estas sanciones económicas serán muy perjudiciales, los simpatizantes de Zelaya, por otra parte, están pidiendo sanciones económicas dirigidas a los jefes del golpe y sus partidarios comerciantes para obligar al régimen interino su regreso en vez de medidas más duras que podrían perjudicar a los ciudadanos más pobres.

Sin duda que el golpe de estado hondureño pone de relieve el hecho de que la democracia en la región latinoamericana aún no está establecida sobre bases sólidas. El Presidente Lula da Silva, del Brasil lo describió como un peligroso precedente para América Latina y el Caribe.

Desde que se promulgó la Carta Democrática, algunos países latinoamericanos y caribeños han presenciado conmociones y algunos reveses en el proceso democrático. Chávez mismo fue desalojado del poder por un golpe en abril de 2002 y fue restituido luego por acciones de las masas venezolanas.

A principios de la presente década, las manifestaciones de calle en Perú, Ecuador, Argentina y Bolivia también hicieron caer a mandatarios electos. Además, aún existen algunos grupos que no están preparados para aceptar los resultados de elecciones democráticos. La agitación política de grandes multitudes las ha llevado en algunas ocasiones a cometer actos brutales en otras partes, como en Guyana cuando turbas de manifestantes de calle tumultuosa, dirigida por la oposición, invadieron la oficina del presidente en julio de 2002. Y en septiembre de 2008, Bolivia tuvo que enfrentar las amenazas separatistas de sus provincias orientales controladas por la oposición derechista, y luego que ocurrieron actos de violencia, la Unión de Naciones de Suramérica, (UNASUR), actuando como mediadora logró una solución incierta.

Se puede razonar que la democracia es mucho más que la realización de elecciones; que se trata también de impulsar el proceso democrático, entre otras cosas, mediante una amplia consulta nacional, inclusivo la participación, luego de realizadas esas elecciones. Quizás el ritmo sea más lento en algunos países debido a varios factores políticos e históricos, pero eso no debería ser excusa para desalojar a un gobierno por medio de golpes militares. Ciertamente el ejercito no tiene no debe tener el “derecho divino” de decidir en contra del poder del electorado misional.

Sin embargo, a pesar de los avances a niveles mayores de la democracia en el hemisferio, muchos de los gobiernos elegidos libremente siguen enfrentando serias amenazas de grupos que fomentan la remoción del presidente por medios inconstitucionales. Algunos de esos grupos fueron beneficiarios de los regimenes dictatoriales desacreditados en el pasado y detestan el haber perdido sus privilegios ante las democracias en pleno desarrollo actualmente en la región. De hecho, estos grupos no ven como correcta el condenar vigorosamente el golpe hondureño.

Es interesante recordar que, hace cincos años el ex Ministro de Exterior de Argentina, Dante Caputo entonces director del proyecto regional de la ONU sobre el desarrollo democrático en América Latina, escribió como introducción de una encuesta de ese organismo. La democracia en 18 países latinoamericanos, lo siguiente: “Hemos presenciado el más profundo y amplio avance de la democracia desde la independencia de nuestros pueblos. Pero lo que se ha ganado de ninguna manera está seguro. Parece que la democracia está perdiendo su vitalidad. ¿Si la América Latina se desconecta de ella, podrá resistir los nuevos peligros?”

Indudablemente que los peligros tienen que ser enfrentados y todas las fuerzas democráticas, dentro o fuera del gobierno, tienen que aplicar políticas y acciones positivas para deshacerse de la fragilidad del proceso democrático en la región.

*Las opiniones expresadas son exclusivamente del autor

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