I. El contexto regional e internacional

 

A fines de 1987, la región de América Latina y el Caribe venía sufriendo una recesión y estancamiento de enormes proporciones por séptimo año consecutivo. Si bien se registraron cambios en algunos aspectos, este contexto sombrío nos acompañó básicamente durante cuatro años al frente de la Secretaría Permanente del SELA.

 

El mismo se caracterizó por un crecimiento promedio del producto regional desde el inicio de la década de apenas 1.2% frente a tasas históricas de 6% entre 1961-80, con el consiguiente impacto negativo sobre las posibilidades de desarrollo de la región.

 

Asimismo, la crisis del endeudamiento externo agravó los complejos desequilibrios estructurales preexistentes a la misma, convirtiendo a la región en un exportador neto de capitales. Los flujos de financiamiento para el desarrollo habían prácticamente cesado e invertido su signo. Desde 1982 hasta finales de 1989, América Latina y el Caribe transfirió a los países industrializados cerca de 250 mil millones de dólares americanos por concepto de servicio de la deuda.

 

A pesar de este enorme drenaje de recursos al mundo desarrollado, la deuda regional había crecido, en el mismo período, aproximadamente en 100 mil millones de dólares, ascendiendo a 434 mil millones de dólares, monto que representaba el 300 por ciento del valor de las exportaciones realizadas por el conjunto de los países de la región en dicho año y significaba el 51% del Producto Bruto Regional.

 

A esta transferencia de recursos se sumaban los bajos niveles de inversión que habían caído del 23% a sólo 16% del PIB; la contracción de las importaciones y del nivel de consumo; el aumento de las tasas de interés internacionales; el atraso en los pagos de intereses por concepto de deuda externa por parte de nuestros países; el incremento sostenido de la inflación; el aumento del desempleo; la caída de los salarios reales y el deterioro de servicios sociales públicos, especialmente en educación y salud.

 

En materia de comercio, la región se enfrentaba a un persistente y grave deterioro del sistema multilateral de comercio amparado en el GATT; a un creciente proteccionismo para las exportaciones de sus productos más sensibles; a las nuevas e irritantes formas de discriminación y a la ampliación del comercio administrado.

Este deterioro en las condiciones económicas y sociales de nuestros países coincidía con una expansión democrática sin parangón histórico en América Latina y el Caribe, postergando la satisfacción de expectativas largamente acumuladas, creando tensiones sociales y políticas y cuestionando su sustentabilidad.

 

Pero quizás el elemento más destacable sea que la profunda crisis económica vivida en la década de los ochenta, puso totalmente al desnudo la vulnerabilidad externa de nuestros países. Demostró la debilidad de nuestros gobiernos, agobiados por la condicionalidad implícita en las políticas de estabilización y ajuste inducidas por los organismos financieros internacionales y por la consiguiente pérdida de autonomía en el manejo de sus políticas nacionales, de dar respuestas que pudiesen asegurar el desarrollo y bienestar de su población. Demostró, asimismo, la incapacidad de respuestas dinámicas de nuestras estructuras productivas y las dificultades de nuestros países para insertarse competitivamente en un mundo sujeto a tremendos cambios de toda índole. Subrayó nuestro atraso tecnológico y los peligros crecientes para la región de quedar cada vez más marginalizada. Finalmente, y quizás como único aspecto positivo de todo este complejo y frustrante panorama, obligó a tomar conciencia de que las soluciones a los acuciantes problemas que vivíamos no iban a llegar de afuera. Para superar exitosamente los retos que enfrentaba, la región debía contar con sus propias fuerzas, su imaginación, su perseverancia, su visión de largo plazo y, sobre todo, reconocer que la necesidad de actuar conjuntamente frente a problemas comunes a todos los países estaba en el centro de una solución posible.

 

Definir las orientaciones, enfoques y estrategias para que el SELA pudiese aportar un apoyo a nuestros Gobiernos frente a este complejo y difícil panorama, no fue tarea fácil.

 

Si bien no se partía de cero, visto el importante patrimonio y legado heredado de mis predecesores en el cargo y del trabajo realizado por la organización desde su creación, la crisis había contribuido a un replanteo de nuestros gobiernos sobre el papel, vigencia y relevancia de toda la institucionalidad regional, incluyendo por supuesto al SELA.

 

Como consecuencia, enfrentábamos dudas y cuestionamientos y una severa crisis de identidad. Los mismos se habían traducido en una persistencia cada día más grave de importantes dificultades de orden financiero, debidas al reiterado incumplimiento por parte de varios Estados Miembros de sus contribuciones al organismo. Esto a su vez perturbaba severamente la acción y posibilidades de la Secretaría Permanente de cumplir normalmente con los mandatos encomendados por los Estados.

 

El punto de partida de nuestra reflexión sobre el futuro del SELA ante tales circunstancias, fue asegurar prioritariamente la relevancia de nuestros trabajos. Nuestras labores debían concentrarse en los temas más álgidos y urgentes para la región. Eso exigía ser selectivos en nuestro enfoque. Era imperativo desarrollar una capacidad de análisis y sobre todo de respuesta, frente a las preocupaciones que conformaban la agenda de nuestros países miembros.

 

Para el logro de dicho objetivo era necesario que nuestros trabajos estuviesen respaldados por una seriedad y rigor técnico indiscutibles. Sólo así atraerían la atención de los gobiernos, demostrarían la utilidad y relevancia del organismo y fortalecerían la credibilidad y confianza colectiva de la organización.

 

Presentamos al primer Consejo Latinoamericano lo que considerábamos eran las ideas fuerza u orientaciones básicas para la acción. Las mismas fueron respaldadas por el Consejo y se constituyeron en los ejes fundamentales para el programa de trabajo de la Secretaría.

 

Ellas reposaban sobre algunos conceptos fundamentales que la región debía fortalecer para vencer las dificultades de ese momento y volver a la senda del desarrollo: la organización y el ejercicio del poder de negociación regional; el fortalecimiento de la integración regional concebida como un proyecto político y como la más promisoria y verdadera respuesta a la crisis; el enfoque unificado entre las acciones de cooperación hacia adentro de la región y la coordinación y consulta hacia fuera de América Latina y el Caribe y la participación plena de todos los organismos regionales en la formación de opinión y mandatos y actividades del SELA, de manera tal de coordinar y racionalizar actividades, evitar duplicaciones de recursos y esfuerzos y poder dar conjuntamente, dentro del ámbito de las competencias de cada uno, una respuesta más efectiva a las necesidades y prioridades de los países.

 

En el contexto tan dramático en el que navegábamos, sólo una persistente voluntad política de concertación y cooperación regional podía dotar a nuestros países de la capacidad y fortaleza negociadora para librar la dura batalla que mejoraría las condiciones presentes y sus perspectivas futuras.

 

El poder de negociación regional, en cualquiera de las áreas en que América Latina y el Caribe enfrentara una negociación, dependía básicamente de la concertación entre nuestros países. Esta depende de la convicción política de que constituye un instrumento imprescindible para que cada uno de ellos alcance mejores resultados a través de este proceso, que los que lograría individualmente. En ausencia de tal convicción no haríamos sino repetir los errores y fracasos que pautaron nuestra debilidad y dificultades para actuar conjuntamente. Por lo tanto, no se trataba de determinar si ese poder de negociación era grande o pequeño, sino de determinar la voluntad política de ejercerlo, y las modalidades e instrumentos más idóneos para facilitar ese esfuerzo. El afianzamiento de nuestra identidad y presencia en el concierto internacional estaba entonces en directa correspondencia con la confianza en nosotros mismos y en nuestra capacidad para articular nuestros intereses y traducirlos en posiciones y acciones conjuntas. Esto significaba la habilidad y empeño de nuestros países para reconocer sus interdependencias e identificar los denominadores comunes, antes que exacerbar sus diferencias y antagonismos –muchas veces de larga data– y que han perdido vigencia y sentido frente a la magnitud de los problemas que nos acucian. Este desafío no era menor, si juzgamos que la reacción de nuestros países frente a la crisis había sido una de dispersión, atomización y de privilegio de acciones individuales sobre las colectivas.

 

Es justo reconocer que las mismas respondían a las enormes presiones ejercidas sobre nuestros países por los gobiernos acreedores y los organismos financieros internacionales, y por temores de que cualquier acción colectiva hubiese sido interpretada como una posición de confrontación. Sin embargo, estas posiciones desconocían los elevados precios que significaban estas posturas, que eran incompatibles con sus objetivos y necesidades de crecimiento y de desarrollo.

 

II. Análisis de algunas experiencias

 

Nuestra labor en la Secretaría Permanente se desarrolló en diversos campos, según las prioridades de la región y los mandatos del Consejo. En todos ellos, tanto en el marco de las relaciones externas como en el de integración y cooperación regional, se generaron muy valiosas experiencias, tanto en el éxito como en el fracaso, que es importante analizar para extraer lecciones de utilidad para el futuro.

 

Resulta de especial interés, para los fines de este artículo, efectuar un repaso de lo ocurrido en relación con tres temas: Ronda Uruguay, endeudamiento externo e Iniciativa para las Américas. Es importante señalar que, en los tres casos, el trabajo de la Secretaría Permanente fue similar en términos de prioridad otorgada y de la intensidad con que fueron encaradas las labores correspondientes. Se realizó un análisis a fondo de los temas, se produjo una buena documentación analítica sobre los mismos y se presentaron propuestas viables y pragmáticas para la consideración de los Estados Miembros.

 

Asimismo, resulta importante destacar que, más allá de las perceptibles heterogeneidades de situaciones e intereses y la existencia de especificidades reales entre los países de la región, en cualquiera de los tres casos seleccionados (lo que siempre ha sido un argumento de peso empleado por los países industrializados para impulsarnos a la acción individual), nuestros trabajos mostraban la posibilidad para los países de la región de definir plataformas y marcos de referencia común que respondían a los intereses de todas las partes, y que podían superar las desventajas de la atomización.

 

1. Ronda Uruguay

 

En el caso de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales en el ámbito del GATT nos enfrentamos con una negociación en curso, cuyos objetivos habían sido acordados, y con un "terreno de juego" definido e, inclusive, con plazos establecidos para su finalización.

 

Los países de América Latina y el Caribe no tenían homogeneidad de intereses y posiciones en todos los temas. En particular, la inclusión del tema de los servicios en las negociaciones fue uno de los catalizadores de esa división.

 

Para poder tener influencia en el proceso negociador, la Secretaría Permanente del SELA tuvo que reconocer que existía, en el marco del GATT, un foro formal, establecido y reconocido institucionalmente de coordinación y concertación entre nuestros países, que era el Grupo Latinoamericano y Caribeño en Ginebra (GRULAC), del cual participaban directamente los negociadores. Esa era una realidad, por más inoperante que sus acciones parecieran hasta la fecha.

 

La presencia regular del SELA en Ginebra, sin ningún afán protagónico más que el de apoyar la causa latinoamericana, su colaboración con el GRULAC, mediante documentos técnicos sobre la negociación en curso, examinando posiciones y formulando propuestas, mostrando los intereses comunes y destacando la necesidad de actuar juntos para lograr peso y respeto en la negociación, fueron determinantes para ganar la confianza del GRULAC y para que se nos aceptara como el organismo idóneo (junto a la UNCTAD), para brindar el apoyo técnico en las negociaciones de la región.

 

El impacto político de esta toma de decisión no tardó en hacerse presente en el proceso de negociación. Primero, en Montreal en diciembre de 1988, donde fiel a las decisiones tomadas en la Reunión de Consulta y Coordinación del SELA de noviembre del mismo año, en la cual los Ministros hacían un llamado de atención a las asimetrías y desequilibrios existentes entonces en el proceso de negociación, cinco países de la región, ante la sorpresa del resto del mundo, bloquearon un acuerdo que hubiera permitido avanzar en todas las áreas de negociación excepto las cuatro que los Ministros no pudieron resolver y que eran de fundamental importancia para Latinoamérica (agricultura, textiles, propiedad intelectual y salvaguardias) Gracias a la acción de estos países y actuando con el respaldo de los demás, se paralizaron las negociaciones en curso y se aseguraron que se restableciera un relativo equilibrio y que las cuestiones vitales no quedaran relegadas por la rigidez de las posiciones de una u otra potencia comercial. Esta acción latinoamericana no tenía precedentes en el GATT o en negociaciones celebradas bajo sus auspicios. Demostró que la región podía tener influencia y gravitación constructiva cuando se actúa en forma conjunta y concertada.

 

Otro tema en el cual la Secretaría Permanente estuvo particularmente activa y apoyó sin duda resultados positivos fue sobre el comercio de servicios. Sobre esta materia, la región había tenido desde el inicio de las negociaciones posiciones divergentes, lo cual le había impedido participar plenamente en el proceso de negociación, que seguía avanzando impulsado por las posiciones de los países industrializados, que no contemplaban la dimensión del desarrollo de ese sector en los países en desarrollo. El SELA presentó a la consideración de la región, fruto de un exhaustivo trabajo realizado, un enfoque sobre la estructura y contenido de un Marco Multilateral sobre el Comercio de Servicios que contemplaba plenamente y por primera vez, los objetivos e intereses de la región en ese campo. La misma fue endosada por los países de la región. El texto latinoamericano y caribeño fue bien acogido, aún por aquellos participantes que tenían enfoques discrepantes. Por su enfoque y seriedad se convirtió en un referente necesario en las negociaciones, las que entonces pudieron continuar desenvolviéndose en forma más equilibrada y menos discriminatoria para los países en desarrollo.

 

De la misma manera, las consultas y coordinación previas en el marco del SELA determinaron que los resultados que se perfilaban en las áreas de mayor interés para nuestros países, antes de la reunión de Bruselas, eran totalmente insatisfactorios, insuficientes y desequilibrados. América Latina fue la única región que llevó al encuentro de Bruselas una evaluación completa y detallada. El fracaso de Bruselas demostró una vez más el peso y poder de negociación que habían adquirido los latinoamericanos.

 

Consideramos que el proceso de coordinación y consulta latinoamericano y caribeño que tuvo lugar en el marco de la Ronda Uruguay fue altamente útil y exitoso. Nuestros países se presentaron unidos, con iniciativa y claridad de propuestas y tuvieron, sin lugar a dudas, peso, incidencia y gravitación en los resultados finales de dicha Ronda.

 

2. La Deuda Externa

 

Desde el estallido de la crisis de la deuda, nuestros países se habían mostrado reticentes ante cualquier posibilidad de desarrollar acciones conjuntas. En todo momento se evidenció una excesiva sensibilidad sobre la posibilidad de que la acción conjunta tuviera elementos de confrontación que perjudicara las negociaciones individuales. Ello condujo a aceptar la estrategia de los acreedores y dibujó un esquema paradójico de acreedores unidos en todos los planos y deudores totalmente desunidos.

 

Si bien debe reconocerse que esos temores y prudencia estuvieron presentes en las mentes de los gobiernos durante todo el proceso que condujo a la adopción, en el marco del SELA, en junio de 1990, por parte de los Ministros de Hacienda y Economía de la región, de la "Propuesta de América Latina y el Caribe para una solución de la deuda externa", hubo una serie de factores que motivaron esa decisión.

 

Por un lado, una creciente convicción de que los efectos negativos de los ajustes impuestos vinculados al servicio de la deuda estaban paralizando virtualmente las economías latinoamericanas y caribeñas. La deuda era impagable bajo tales condiciones. Ello señalaba la necesidad de acudir a nuevas orientaciones para atacar el problema. Visto el fracaso de las soluciones aportadas por los países acreedores, la banca comercial o los organismos financieros internacionales, América Latina debía plantear sus propias iniciativas con un enfoque que permitiese arribar a soluciones políticas, justas y duraderas.

 

Por otro lado, el reconocimiento del carácter político del tema y la necesidad de que, sobre la base del principio de la corresponsabilidad entre acreedores y deudores en la gestación como en la solución del problema, se lograse una solución equitativa y definitiva al problema.

 

Pero quizás el factor más importante fue la naturaleza, alcance y los méritos intrínsecos de la propia propuesta elaborada por la Secretaría Permanente del SELA. La misma era el resultado de un largo y arduo trabajo técnico donde participaron distintos y muy calificados expertos de la región quienes, a título personal, contribuyeron en tal proceso. Asimismo, durante todo el período de elaboración de la propuesta, la Secretaría realizó un profundo trabajo de concertación política con todos los países de la región. La propuesta tenía asimismo una serie de características novedosas. Entre ellas vale destacar:

 

–  Se trataba de una iniciativa propia que abarcaba y conjugaba los objetivos e intereses de todos los países de América Latina y el Caribe, fuesen éstos grandes, medianos o pequeños.

 

–  Se refería a los cuatro tipos de deuda que enfrentaba la región: con la banca comercial, con los gobiernos acreedores,con organismos financieros multilaterales y finalmente nuestra propia deuda intraregional, y proponía medidas y modalidades concretas y viables para cada una de ellas.

 

–  Contenía principios y elementos concertados para facilitar la acción regional frente a los acreedores, sin excluir la aplicación caso por caso que tomara en cuenta las características de cada país.

 

–  La concertación de un planteamiento común buscaba romper con la excesiva selectividad, voluntariedad, limitaciones e insuficiencias que caracterizaban hasta entonces los procesos de renegociación de la deuda.

 

–  La propuesta reafirmaba la voluntad de la región de concertación con los acreedores para una solución duradera y equitativa del problema.

 

El hecho de que la propuesta fuera aprobada por todos los países de la región en una Conferencia Ministerial, en junio de 1990, con altísimo grado de participación de los actores reales involucrados en el tema, es decir, ministros de hacienda, finanzas o economía, autoridades de bancos centrales y negociadores de deuda, es un hecho de singular importancia que debe ser destacado. Asimismo, era también importante que la propuesta estuviese acompañada de acuerdos sobre los mecanismos de seguimiento para su instrumentación, como una manifestación del propósito de ejecutar la acción concertada regional prevista en la propuesta frente a los acreedores.

 

Sin embargo, debe reconocerse que, paradójicamente, esa manifestación de clara voluntad política de nuestros países, prácticamente se paralizó una vez finalizada la Conferencia Regional y cumplidos los pasos formales de la distribución de los documentos adoptados.

 

Los esfuerzos del SELA por difundir y defender la propuesta en todas las instancias y foros pertinentes se enfrentaron con la carencia de un decidido apoyo por parte de los mismos países que la habían aprobado, como si ninguno se sintiera comprometido con ella. Se volvió de inmediato a la estrategia individual de manejo del problema de la deuda y persistieron las resistencias a manejar la posibilidad de acciones conjuntas de ningún tipo. Simplemente, una vez finalizada la Conferencia, parecería que se dio por terminado el ejercicio, como si eso hubiera bastado para resolver el problema.

 

3. La Iniciativa para las Américas

 

Esta iniciativa de Estados Unidos, impulsada por el presidente George Bush a fines del 90, provocó oleadas de entusiasmo en los países de América Latina y el Caribe y fue recibida con muchos aplausos y pocos análisis.

 

Desde el primer día de lanzada la Iniciativa, la Secretaría Permanente manifestó que la veía como un marco de referencia positivo para establecer un nuevo diálogo con los Estados Unidos, sobre nuevas bases, que contemplaran los beneficios mutuos. Enfatizamos, sin embargo, que esa nueva asociación entre las dos regiones sólo podía establecerse a través del diálogo, la consulta y la negociación.

 

Visto el peso fundamental que Estados Unidos tenía sobre las relaciones comerciales y financieras de la región, como su más importante mercado, como una de las principales fuentes de inversión y como país sede de sus más importantes acreedores bancarios, la Secretaría Permanente dedicó tiempo, recursos y esfuerzos en el análisis de la propuesta y en una serie de sugerencias para mejorarla, con el fin de que respondiera mejor a los intereses de la región. Se convocó finalmente una Reunión de Consulta para definir conjuntamente la respuesta de la región frente a esta Iniciativa. Debe destacarse que la definición de posiciones regionales en este caso, no significaba en modo alguno una limitación para adoptar acuerdos y entendimientos de carácter bilateral o por agrupaciones de países. Hay que diferenciar claramente las ventajas y legitimidad de un diálogo regional colectivo con los Estados Unidos sobre criterios, lineamientos, reglas de juego y el propio contenido de los elementos y temas a considerar en la Iniciativa, de las de una negociación colectiva de dimensión regional, que vistas las circunstancias vigentes entonces, tanto en la región como en los Estados Unidos, no resultaba viable.

 

De esa reunión de consulta, y a pesar de que la Iniciativa había sido formulada con carácter global, surgieron interrogantes sobre las posibilidades reales de acción conjunta con relación a esta Iniciativa. Los consensos a los que se llegó fueron generales y se procuró que los mismos no se convirtieran en compromisos que pudieran limitar el margen de maniobra individual de los países en el futuro.

 

A medida que fue transcurriendo el tiempo surgieron algunas voces a favor de un diálogo que permitiera eventualmente modificar o complementar algunos de sus términos, en particular sobre los temas de deuda e inversiones. Sin embargo, las propuestas de la administración estadounidense ya habían llegado al Congreso para su consideración y aprobación. Asimismo, debe destacarse que la Iniciativa fue siempre concebida por el Gobierno de nuestro vecino del norte como una contribución unilateral y no una base de discusión con los países de la región. En ausencia de una reacción conjunta por parte de los países latinoamericanos y caribeños era díficil visualizar cualquier posibilidad de diálogo para incorporar nuestros intereses en la misma.

 

III. Reflexiones finales

 

Si bien las actividades de la Secretaría Permanente durante los años 1987-91 fueron amplias y multifacéticas, hemos considerado útil limitarnos a estas tres experiencias para sacar algunas conclusiones que nos parecen relevantes tanto para las estrategias futuras de la región como para las del SELA como organización.

 

Como pudo notarse, estas tres vertientes de la acción del SELA tuvieron desarrollos distintos y culminaciones diversas.

 

El caso de la Ronda Uruguay parece demostrar que, configuradas ciertas condiciones, los países de la región son capaces de identificar sus intereses comunes, diseñar una estrategia para defenderlos y pasar a la acción poniendo en juego su poder negociador, con lo cual obtienen resultados más auspiciosos que los que hubieran obtenido por la acción individual.

 

En el caso de la deuda, luego de un extraordinario proceso de coordinación y definición de una propuesta regional seria y viable, parecería que se agotaron los ánimos a mitad de camino, cuando quedaban etapas muy importantes por navegar. En el análisis y evaluación de este tema, no se pueden desconocer, por cierto, las enormes presiones que los países acreedores, banca comercial y organismos financieros internacionales ejercieron sobre los países deudores para desalentar cualquier intento de negociación en grupo. Sin embargo, una serena autocrítica de lo acontecido no puede dejar de lamentar que, después de los enormes esfuerzos desplegados, rompiendo con el concepto tradicional de la región de no actuar coordinadamente en materia financiera, y el logro de una propuesta consensuada que aportaba una solución definitiva al dramático problema que los agobiaba, se haya decidido dejar de lado todo este proceso, desvirtuando al mismo tiempo la seriedad y credibilidad de nuestras posiciones conjuntas. Esto se ve reforzado cuando, paradójicamente, con el correr del tiempo, distintos elementos de la propuesta del SELA comenzaron a ser aceptados por los países industrializados e incorporados en sus negociaciones (con carácter de novedosos) con varios países deudores, demostrando su conveniencia y viabilidad, y dejando planteada la pregunta de cuántos otros elementos podrían ser incorporados a la negociación de cada uno de nuestros países, si se plantearan conjuntamente.

 

Con relación a la Iniciativa de las Américas, los acontecimientos y el fracaso posterior de la misma demostraron que ni la región, ni Estados Unidos, estaban maduros como para tejer una positiva asociación que contemplara los intereses de ambos. La propuesta se encuadraba dentro del concepto tradicional de planteos anteriores por parte de Estados Unidos en su relacionamiento externo, es decir, en una relación de donante a receptor. En tales circunstancias, nuestra capacidad para organizarnos y plantear un diálogo adecuado a nuestros propios intereses y necesidades hubiese seguramente tenido un impacto marginal. Afortunadamente, los tiempos han cambiado y parecería que se han aprendido las lecciones. La negociación en curso tendiente al establecimiento del Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA), donde se dialoga y negocia en un pie de igualdad, confirmaría esta tendencia.

 

No quisiera terminar estas reflexiones sin expresar nuestra satisfacción por los avances que se han registrado en materia de integración en la región. Las orientaciones generales que guiaron nuestra labor en el SELA fueron concebidas y ejecutadas a partir del supuesto básico de que la integración sería adoptada como eje fundamental de las políticas nacionales de desarrollo. Reiteradamente destacamos nuestra convicción de que la integración regional, concebida y ejecutada como un gran proyecto político, constituye una parte esencial de la respuesta de América Latina y el Caribe a los desafíos del futuro. Asimismo, no podía hallarse un camino más idóneo para potenciar el poder de negociación externo de la región que la integración. El fortalecimiento de los diversos procesos de integración regional registrado en los últimos años es indicio cierto de que hemos sabido asimilar las experiencias y extraer de ellas conclusiones positivas.

 

Resumiendo, podríamos decir que durante nuestro período al frente de la Secretaría Permanente, el SELA realizó un gran esfuerzo para convertirse en un instrumento de apoyo eficaz para nuestros países en las difíciles instancias y negociaciones internacionales de las que debía participar.

 

Procuramos promover el diálogo realista y constructivo entre los países miembros del SELA, buscando el siempre difícil equilibrio entre lo necesario y lo posible. Tratamos de fortalecer el rigor técnico de nuestros trabajos y orientar nuestras actividades hacia la elaboración y puesta en práctica de propuestas concretas, consistentes y viables.

 

Esta labor partió de la convicción de que América Latina y el Caribe deben afrontar sus problemas a través de enfoques propios, dirigidos a sus necesidades, dificultades e intereses fundamentales. En otros términos, que la región debe desarrollar y aplicar su propio pensamiento para desempeñar un papel decisivo en la construcción de su futuro.