–Su gestión como Secretario Permanente del SELA tuvo la particularidad de abarcar el período fundamental de la crisis de la deuda externa de América Latina. ¿Cómo se reflejó esa singularidad en el ámbito del SELA?

–Cuando asumí el SELA, en octubre de 1983, se había generado toda una situación nueva para América Latina en relación con el tema fundamental de la deuda externa. Existía, también, un importante acervo en materia de consulta y concertación latinoamericana que se reflejaba en una significativa conciencia regional que heredé de mis dos antecesores, Jaime Moncayo y Carlos Alzamora.

Fue precisamente Carlos Alzamora, como Secretario Permanente del SELA, quien advirtió a fines de los 70 sobre la gravedad del problema de la deuda e inició una serie de acciones que incluyó la única reunión de ministros de finanzas efectuada en la región, en la que hubo una primera aproximación al tema.

Cuando estalló la crisis mexicana, en 1982, la problemática de la deuda se exacerbó y gracias a la preparación y al ambiente que se habían creado en la región los países estaban, en cierta forma, mejor preparados para reaccionar. Fue entonces cuando el presidente de Ecuador, Oswaldo Hurtado, convocó a una reunión de jefes de estado de América Latina y el Caribe para considerar el documento "Bases para una respuesta de América Latina y el Caribe a la crisis económica internacional", que había sido encargado al SELA y a la CEPAL, el cual contenía una serie de propuestas concretas para abordar la problemática económica regional desde la perspectiva del desarrollo.

 La Conferencia de Quito se efectuó en enero de 1984 con una nutrida asistencia de jefes de estado y de gobierno o de sus representantes, además de cancilleres y ministros de comercio. Fue una respuesta masiva que evidenció en ellos la profunda preocupación sobre el futuro de sus países y las consecuencias de la crisis de la deuda. Inclusive había cierta aprensión sobre los resultados de la Conferencia de Quito, pensando en las posibles represalias que podía ocasionar por parte de los acreedores. De todas maneras, de esa reunión surgieron la Declaración y el Plan de Acción de Quito que fueron una respuesta ejemplar y una demostración de lo que puede llegar a ser el esfuerzo de concertación de América Latina.

–Sin embargo, a pesar del consenso y de la rigurosidad técnica de las propuestas acordadas, los países nunca aplicaron lo aprobado en Quito. Esta falta de consistencia ¿no reflejaba una debilidad política en los esfuerzos de concertación? ¿Por cuáles razones no fueron tomados en cuenta la Declaración y el Plan de Acción de Quito?

–No creo que hubiera debilidad política. Las cuestiones financieras siempre fueron un tema en donde la cooperación y la concertación resultaban muy delicadas. Se temía que pudieran ser mal vistas por los organismos financieros internacionales, como el Fondo Monetario y el Banco Mundial y también por los gobiernos de los países más poderosos. De modo que siempre existía el temor a que los acreedores pensaran que se estaba preparando una especie de conspiración o que se iban a radicalizar las posiciones. Y los países latinoamericanos y caribeños eran conscientes de que todavía estaban muy débiles para pronunciarse de una manera consistente. De todas formas y a pesar de los matices que se introdujeron a lo largo del debate en Quito, el resultado fue realmente contundente. Recuerdo que pocas semanas después emprendí una gira por los países para presentar una propuesta de la Secretaría Permanente del SELA en materia de deuda externa con base en la Declaración y el Plan de Acción de Quito y, al visitar al presidente cubano Fidel Castro, nunca olvidaré su frase al referirse a lo ocurrido en Quito: "Es la rebelión de los gobiernos latinoamericanos", dijo. Y en verdad fue una respuesta apropiada, en momentos en que los países se encontraban muy indefensos, desasistidos, sin capacidad de propuesta. No niego que había matices en las posiciones y lo ideal hubiera sido alcanzar una mayor concreción en la respuesta, una especie de contraoferta efectiva a los medios financieros internacionales sobre cómo tratar el tema de la deuda, pero de todas formas es importante destacar el consenso de América Latina y el Caribe frente a un documento que reflejaba claramente la situación económica y social de sus países y asomaba vías para su solución.

–Dos meses después de la aprobación de la Declaración y el Plan de Acción de Quito, la Secretaría Permanente del SELA presentó una propuesta sobre deuda. ¿Cuáles eran los planteamientos básicos?

–La propuesta de la Secretaría Permanente del SELA sobre deuda fue preparada con el apoyo de connotados especialistas financieros estadounidenses y latinoamericanos. Consistía básicamente en establecer una relación entre el pago del servicio de la deuda y la capacidad de exportación de los países, tomando en consideración los plazos. No se trataba del "no pago de la deuda", sino de que el pago anual por el servicio no representara más del 25 por ciento del ingreso de los países por exportaciones. Esta propuesta tenía mucho basamento tomando en cuenta que la proporción del 25 por ciento era el criterio que habían seguido por años los organismos multilaterales para el financiamiento de los países en desarrollo. No era algo descabellado ni irreal y si se hubiera aplicado se habrían ahorrado muchos sacrificios a los países latinoamericanos y caribeños.

–¿Plantear un porcentaje del 25 por ciento no era utópico cuando el promedio de los países estaba pagando un estimado del 65 por ciento de las exportaciones?

–La propuesta creaba un marco general y flexible. Jugaba con los plazos y con sus proporciones para ajustar los programas de cancelación de la deuda a las posibilidades de cada país. La proporción del 25 por ciento era una referencia técnica aplicada por los propios organismos internacionales de crédito. No era una propuesta radical ni aspiraba a crear un supuesto "club de deudores", como la calificaron los acreedores en un intento de estigmatizarla. Era una propuesta sensata y entendíamos que en el caso de muchos países de la región de menor desarrollo relativo y altamente endeudados estaba prevista la consideración de plazos más largos y alivios efectivos. El tratamiento tendría que ser incluso más suave, pues ya un 25 por ciento significaba un sacrificio importante, en el límite de lo factible. Sin embargo, esto permitía, por una parte, que los países cumplieran con sus compromisos y, por la otra, que pudieran aspirar a recuperar sus procesos de desarrollo porque el problema principal era la necesidad de continuar creciendo. Los países se encontraban en un túnel sin salida. No había ninguna perspectiva de poder crecer en esas circunstancias y por lo tanto era previsible que se produjeran situaciones conflictivas en todos los ámbitos.

Iniciamos inmediatamente la divulgación de la propuesta del SELA sobre deuda en diversos foros internacionales y comenzamos a percibir, particularmente en los mayores deudores, una cierta reticencia a un tratamiento conjunto del tema. La eclosión de solidaridad, que se había producido en Quito dando lugar a ese formidable consenso, comenzó a debilitarse y empezó a mostrar fisuras.

–¿Cuáles fueron los mecanismos de concertación y de seguimiento que planteaba la propuesta para que pudiera ser instrumentada?

–Tenían que haberse reunido los gobiernos para aprobar la propuesta como una Decisión del Consejo Latinoamericano del SELA. Pero esto no se produjo jamás. No aceptaron siquiera que se incluyera en la agenda de discusión. ¿ Por qué? La razón es muy sencilla. Ante la eventualidad de que los planteamientos del SELA tuvieran un mayor asidero, los grandes deudores organizaron una reunión que los llevó a segregarse del resto de América Latina y el Caribe. Las gestiones fueron iniciadas por México, Argentina y Brasil, que buscaron otros apoyos significativos. Obtuvieron el respaldo político del presidente colombiano Belisario Betancurt –único país de la región que no tenía problemas de deuda– y luego de Venezuela que, en un primer momento, no quiso involucrarse pero luego se sumó al grupo. Colombia ofreció la sede y la reunión se efectuó el 21 de junio de 1984 en la Ciudad de Cartagena de Indias, congregando a los cancilleres y ministros de finanzas de once países de América Latina que representaban el 80 por ciento de la deuda regional. Se creó así el denominado "Consenso de Cartagena", concebido como un mecanismo de consulta y seguimiento regional sobre el tema de la deuda.

De este modo se dividió el frente latinoamericano y de allí en adelante prácticamente dejó de tener sentido la posición fuerte y el eficaz esfuerzo de concertación alcanzado en la Cumbre de Quito. Si bien continuaron las discusiones en el ámbito del SELA y se trató de replantear el tema, evidentemente se había perdido la oportunidad política de hacer valer la unidad de toda la región.

–Pero el Consenso de Cartagena también se diluyó en medio de declaraciones y cartas a los países deudores que, en algunos casos, ni siquiera fueron respondidas. ¿A qué atribuye este segundo fracaso en materia de deuda externa?

–Al producirse la segregación de los grandes deudores del resto América Latina y el Caribe, se generó un gran desánimo y desconcierto en los otros países, particularmente en los pequeños. A partir de allí empezó la dispersión y se impusieron las posiciones individuales. Esto fue nefasto porque entonces cada cual aprovechaba lo que creía que eran sus mejores opciones para negociar, sin tener en cuenta que éstas disminuían por la competencia que se había entablado entre los deudores. Se creó el falso espejismo de que cada uno podía arreglar mejor sus problemas de manera individual.

En efecto, el Consenso de Cartagena no logró ningún resultado significativo. Se reunió varias veces, la mayoría a nivel técnico, sin que surgieran planteamientos verdaderamente importantes, por lo cual los ministros comenzaron la búsqueda de otro tipo de temas que le diera sustento político al intento de concertación.

Cuando asumió el gobierno el presidente peruano Alan García, el 28 de julio de 1985, ocurrieron dos hechos importantes. Por un lado, anunció la decisión de su gobierno de limitar el servicio de la deuda externa al 10 por ciento de los ingresos por exportación, retomando uno de los planteamientos fundamentales de la propuesta del SELA.

La propuesta peruana generó una dura reacción de los acreedores, el Consenso de Cartagena enmudeció e, inclusive intentó distanciarse de ese país. En el segundo semestre de 1985 el Consenso creó un "Grupo de Seguimiento" integrado sólo por Argentina, Brasil, Colombia, México, Venezuela y Uruguay, no como miembro sino en calidad de Secretaría pro tempore. Luego de un corto periplo, el Consenso readquirió el carácter de un número reducido de miembros –los mayores deudores– como lo habían concebido sus promotores.

Al propio tiempo, en ese mismo acto de transmisión de mando, Perú propuso la creación de un Grupo de Apoyo a Contadora, que había sido creado en enero de 1983 por Colombia, México, Panamá y Venezuela como un mecanismo de concertación regional para promover la paz y el diálogo entre las partes en conflicto en Centroamérica. El Grupo de Apoyo estaba integrado por Perú, Argentina, Brasil y Uruguay.

El atractivo de la concertación política y la importancia de la democracia como valor esencial en los países que integraban el Grupo de Seguimiento del Consenso de Cartagena empezó a dominar el escenario, a la par que se agotaban las posibilidades de un tratamiento conjunto de la deuda. Todo esto llevó a los cancilleres a buscar nuevos temas de interés común para sustentar la reflexión colectiva. Se generó así una creciente fusión de Contadora con el Grupo de Apoyo que dio lugar a una nueva formación, en la que parecía subsumirse el Grupo de Seguimiento del Consenso de Cartagena. Al asociarse con el ensayo más exitoso y de mayor prestigio de cooperación política –Contadora y Grupo de Apoyo– lo que quedaba del Consenso de Cartagena en materia de deuda se diluyó y éste adquirió una nueva razón de ser. Alentados por esta reformulación, en diciembre de 1986 los cancilleres de Contadora y del Grupo de Apoyo decidieron, mediante la "Declaración de Río de Janeiro", oficializar la creación de un "mecanismo permanente de consulta y concertación política" que dará lugar a lo que se conoce como el Grupo de los Ocho, el cual se ampliará posteriormente y se transformará en el Grupo de Río.

–¿Cómo afectó al SELA la creación de un mecanismo permanente de consulta y coordinación política, tomando en cuenta que precisamente la consulta y la coordinación entre los países latinoamericanos y caribeños es uno de los objetivos de este organismo?

–Cuando se institucionalizó el Grupo de los Ocho, el SELA recibió un golpe muy duro porque creaba una instancia de consulta y coordinación política paralela, fuera de la institución. El momento era particularmente significativo. Dos meses antes, en octubre de 1986, con ocasión de la XII Reunión Ordinaria del Consejo Latinoamericano del SELA efectuada en Lima, el canciller peruano Allan Wagner Tizón lanzó la iniciativa de convocar a un diálogo informal de cancilleres y en esa oportunidad se decidió "continuarlo en las futuras reuniones del Consejo Latinoamericano, con el propósito de examinar la evolución de la situación internacional y sus repercusiones en América Latina y el Caribe, así como las acciones a emprender por nuestros países para fortalecer la unidad latinoamericana". Adicionalmente, se solicitó al canciller peruano que preparara, en consulta con los Estados Miembros del SELA, un conjunto de propuestas operativas orientadas a fortalecer la concertación y la cooperación entre los países.

El mecanismo se institucionalizó en octubre de 1987 bajo la modalidad de un Diálogo de Cancilleres, de manera directa e informal, que debía efectuarse una vez al año, con ocasión de las Reuniones Ordinarias del Consejo Latinoamericano del SELA, antes del Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Se estableció, además, un Grupo de Seguimiento, conformado por altos funcionarios de las respectivas cancillerías, que debía preparar el anteproyecto de agenda y sería asistido por la Secretaría Permanente del SELA.

Sin embargo, un mes después, en noviembre de 1987, se efectuó la primera cumbre de jefes de estado del Grupo de los Ocho, en México, donde se suscribió el "Compromiso de Acapulco para la paz, el desarrollo y la democracia". Llama la atención que precisamente cuando el SELA empieza a orientarse hacia la creación de mecanismos de concertación política, a través del Diálogo de Cancilleres, surgió el foro de las cumbres presidenciales del Grupo de los Ocho, que vació de contenido al SELA, lo dejó fuera del juego político y afectó su desarrollo institucional. El proceso se completaría más tarde con la ampliación del Grupo de los Ocho y su transformación en el Grupo de Río que agrupa a once países y dos más, uno de Centroamérica y otro del Caribe, como coordinadores en representación de ambas subregiones.

–Su gestión se caracterizó por ser eminentemente política. ¿Cuáles fueron los principales logros y obstáculos?

–Efectivamente si uno analiza al SELA, se observa una curva ascendente en la presencia y en el peso que va cobrando la organización, producto del acervo acumulado desde sus inicios en el año 75. La Declaración y el Plan de Acción de Quito representan un hito importante, así como la propuesta sobre deuda que presentamos en 1984. Por otra parte, el SELA empezó a tratar, con rigor técnico pero sin perder de vista la necesidad de consulta y coordinación, todos los grandes temas de la agenda internacional. Fuimos los primeros en pronunciarnos sobre la Ley de Comercio de Estados Unidos de 1984 y sus consecuencias sobre la región, se estableció un encuentro académico anual entre profesores y políticos de América Latina y Estados Unidos para analizar las relaciones hemisféricas, contribuimos a la preparación de las posiciones regionales sobre la Ronda Uruguay, desarrollamos relaciones de cooperación con la secretaría del Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME) que agrupaba los países socialistas y la Comisión Europea nos reconoció como un interlocutor importante. En el ámbito de la cooperación, tal vez el esfuerzo más exitoso fue la creación del Comité de Acción para el Desarrollo Económico y Social de Centroamérica (CADESCA) que concitó un gran apoyo internacional y contribuyó a aliviar los problemas que vivía la subregión como secuela de la guerra.

 La creación del Consejo de Cancilleres representaba una esperanza para el proceso político de la región pero fue fuertemente impactada por las Cumbres Presidenciales del Grupo de Río que dejaron al SELA, en definitiva, sin piso político.

–A la luz de estas experiencias ¿ cuál debería ser el nuevo papel del SELA en el actual escenario internacional? ¿Sus objetivos continúan siendo válidos o ya perdieron vigencia?

–Los países latinoamericanos y caribeños, de ninguna manera, pueden perder esa instancia de consulta, coordinación y cooperación que representa el SELA. Pienso que el SELA es más necesario que nunca en estos tiempos de globalización. El debilitamiento de los Estados nacionales sólo puede ser compensado por el fortalecimiento de la acción colectiva. El SELA tiene su razón de ser en la necesidad que tenemos los latinoamericanos y caribeños de contar con un punto de encuentro y un foro propio para el diálogo entre nosotros. Eso es evidente. Más allá de las diferencias entre los países y las subregiones de América Latina y el Caribe, tenemos una identidad común. Puede que nosotros dudemos sobre esa identidad, pero si le preguntamos a los otros cómo nos visualizan, ellos sí nos definen como latinoamericanos. De allí la necesidad de mantener al SELA como punto focal de encuentro y elemento de cohesión de los países de América Latina y el Caribe.

–¿Cómo debería expresarse ese papel de punto focal? ¿En qué acciones debería concentrarse el SELA?

–Tenemos que aprovechar de la mejor manera las distintas instituciones e instancias que hemos creado para la consulta y la coordinación. De allí que un foro político del más alto nivel, como son las Cumbres del Grupo de Río, deba apoyarse en un organismo como el SELA que, a su vez, fue creado por los mismos países. Esto le daría mayor consistencia a nuestra acción solidaria. De hecho, como en algún momento dijera algún jefe de estado latinoamericano, el SELA está llamado a ser una OEA sin Estados Unidos. Un mecanismo de este tipo es útil, incluso para introducir armonía en las relaciones hemisféricas. Sería un elemento de equilibrio y contribuiría a proyectar intereses colectivos para que puedan ser oídos en las sociedades más industrializadas.

No veo por qué los poderosos no pueden entender que se necesita oír y tener conciencia de lo que está pasando en el vecindario. Y nada mejor que un órgano como el SELA donde todas estas cosas se puedan canalizar constructivamente. Para que esto sea posible, debería construirse una identificación creciente entre el Grupo de Río, como cúpula política, y el SELA como mecanismo de concertación y cooperación a distintos niveles de interés entre los gobiernos. En ese esquema, la Secretaría del SELA debería transformarse en la Secretaría Técnica del Grupo de Río, contribuyendo así a darle más peso y estabilidad. Actualmente, los países no están en condiciones de mantener organizaciones muy costosas o muy grandes, ni de duplicar esfuerzos. Por eso tiene sentido que un SELA reforzado políticamente se constituya en base y soporte útil del Grupo de Río.

–¿Que se necesitaría en términos políticos para garantizar el relanzamiento del SELA con estas nuevas características?

–Primero es necesario que los países perciban la importancia de este mecanismo de consulta, coordinación y cooperación regional. Lamentablemente, el SELA estuvo a punto de desaparecer en los últimos tiempos e, inclusive, alguno de sus Estados Miembros pensó en esa posibilidad.

Es importante imaginar cómo serán las relaciones entre los distintos grupos de integración, en momentos que asistimos a una verdadera reestructuración del espacio latinoamericano y caribeño. Por ejemplo, cómo será la relación de América del Sur, a partir de la propuesta del presidente Fernando Henrique Cardoso, con otros procesos de integración como el centroamericano o el caribeño. ¿Cuál sería el punto de encuentro? Para mí no puede ser otro que el SELA y para ello es necesario asignarle las tareas de una agenda regional que recoja los intereses de todos sus Estados Miembros. Considero, por ejemplo, que el SELA podría ocuparse, desde una óptica latinoamericana y caribeña, de la nueva arquitectura del sistema financiero internacional, de la evolución y perspectivas de las negociaciones comerciales multilaterales y de los temas y acciones para resolver las profundas crisis sociales que viven los países de la región.

Pero insisto: para el SELA es importante recuperar el papel político. Un SELA reforzado políticamente, con dimensiones que no deben ser las de una gran burocracia, podría ser el foro más eficaz para hacer el seguimiento y presentar propuestas sobre los temas más importantes de la agenda internacional. Si además se logran concertaciones adecuadas, sería magnífico, pero aunque sólo fuera un punto de encuentro y un elemento de cohesión permanente, tendría justificada su existencia.