El cuarto de siglo transcurrido desde la creación del SELA nos ofrece la ocasión de hacer, por encima de la retórica festiva, un balance descarnado y honesto de su significación para la región.

Empecemos recordando que el SELA es la única organización latinoamericana. Ni la OEA, ni el BID, ni la CEPAL lo son por su composición. Ni ALADI por su membresía restringida.

El SELA fue, en cierto modo, una creación tardía. Para 1975 hacía un cuarto de siglo que Europa se comenzaba a organizar como comunidad, y hacía tiempo que existían la Liga de Estados Árabes y la Organización de la Unidad Africana.

Pero fue una decisión histórica, de un coraje y una visión sin precedentes. Establecer por primera vez una organización exclusivamente latinoamericana -lo que en buena cuenta quería decir con Cuba y sin Estados Unidos, Canadá o los países con colonias en la región- donde los latinoamericanos pudieran coordinar –sin los vetos ajenos, las restricciones estatutarias y los tapujos de las otras organizaciones– la defensa de sus propios intereses fue un paso revolucionario y emancipador en la construcción de la institucionalidad latinoamericana, que la América Latina debe a Carlos Andrés Pérez y a Luis Echeverría.

Pronto se advertiría, sin embargo, que –atajado por los temores atávicos, las inhibiciones geopolíticas y los prejuicios ideológicos– había sido un paso a medias. En el mundo de hoy no se puede separar la concertación económica de la concertación política, particularmente si no existe un foro institucional donde hacer esta última, como era y es el caso de Latinoamérica. Y esa contradicción paralizante empezó pronto a cobrar su alto precio.

Al reducir su concertación a lo económico, la posibilidad de reforzar la presencia y gravitación de América Latina en la negociación del poder mundial y en el proceso de adopción de las grandes decisiones que afectaban su destino resultó debilitada, particularmente si se considera que sólo cinco años antes había podido presentar, en el Consenso de Viña del Mar, una plataforma conjunta de reivindicaciones al Presidente de Estados Unidos, que quince años después ya no sería capaz de hacer, maniatada y sojuzgada como estaba por la deuda.

Incluso la función de "consulta y coordinación" que, al lado de la "cooperación económica", los negociadores del Convenio de Panamá habían logrado trabajosamente introducir, ante la renuencia de los gobiernos a darle competencias políticas expresas al SELA, era resistida tan pronto se salía del ámbito puramente técnico-economicista, con lo que muchas veces se frustraba.

Consecuentemente, Latinoamérica aparecería, cuando sus grandes crisis de la década del 80, como una región incapaz de reaccionar y de defenderse, resignada a la expoliación, la intervención y el abuso. Sólo el SELA mantendrá viva y, con una unanimidad que no se dará en ninguna otra organización, la defensa de sus causas, sus intereses y sus principios, propiciando la concertación para enfrentar el peligro de la deuda, preservar la soberanía en Nicaragua y organizar la solidaridad regional cuando las Malvinas.

Frente a la situación de asfixia y muy pronto de acoso que implicaba el recorte de las atribuciones de concertación del SELA y de su propia capacidad de iniciativa, la Secretaría Permanente comenzó a jugar, desde el primer día de creada, un papel determinante.

Debió enfrentar el hostigamiento de los regímenes militares conservadores y básicamente los de Argentina y Brasil. En el caso del primero, por su reacción visceral a la sola idea de integrar un organismo con Cuba. En el caso del segundo, porque el régimen militar de entonces creía que su destino no estaba en abanderar la unidad latinoamericana sino en frustrarla, para alcanzar la grandeza solitaria con la que lo habían engolosinado Nixon y Kissinger. La restauración democrática devolvería en ambos países la perspectiva y la conciencia de la unidad regional.

En esta recapitulación histórica, es de justicia reconocer que en esa tarea de demolición, los regímenes militares del Uruguay, de Bolivia e incluso de Chile no participaron activamente y fueron bastante más abiertos al diálogo y a la cooperación regionales.

El primer gran desafío lo trae al SELA la revolución nicaragüense. El segundo será la deuda, que Latinoamérica no había solicitado pero que los prestamistas la indujeron a contraer en un volumen diez veces superior a su endeudamiento regular para salir de sus inmensas cantidades de petrodólares y, una vez contraída, la triplicaron, incrementando en esa proporción los intereses. América Latina no supo, no quiso o no se atrevió a oponerse a esa expoliación, que condenó a sus pueblos a cadena de deuda perpetua y que los mantiene en los mismos niveles de ingreso real que en la década del 80. Pero durante veinte años el SELA batalló incansablemente por organizar la resistencia concertada a esa expoliación. Y la historia tampoco olvidará.

Apenas triunfante en 1979, el régimen sandinista debió definir su ubicación política e ideológica, amenazado como estaba por los republicanos de Reagan resueltos a liquidarlo. Proclamando su independencia y su equidistancia de los extremos, el nuevo gobierno nicaragüense eligió la opción latinoamericana del SELA y acudió a la reunión del Consejo Latinoamericano, que se celebraba esos días, en busca del amparo y la cooperación de la región.

Como resultado, los 26 Estados participantes en el Consejo Latinoamericano, crearon el CARN (Comité de Ayuda a la Reconstrucción de Nicaragua), que movilizó y canalizó una importante asistencia internacional al nuevo régimen, pero también, funcionando como un paraguas protector regional, permitió preservar a Nicaragua de la injerencia externa en tanto se constituyeron los Grupos de Contadora y Apoyo, que lograrían detener definitivamente la intervención directa.

Pero allí se produjo también el primero de los problemas de fondo. No obstante ese rol pionero del SELA en proteger la soberanía de un Estado Miembro, los ocho Estados que integraban Contadora y Apoyo –todos miembros del SELA– actuaron al margen y con prescindencia del organismo regional latinoamericano. El caso se repetiría en todas las iniciativas latinoamericanas, además de Contadora, como Cartagena o el Grupo de los Ocho y otras.

Es cierto que esas iniciativas también se sustraían a la jurisdicción de la OEA, que resultaría igualmente debilitada, pero eran situaciones distintas porque la OEA no había levantado, unánime y militantemente como el SELA, las banderas de las reivindicaciones latinoamericanas, por la simple razón de que por su composición –que incluía, en su caso, a los acreedores, los intervencionistas y los aliados de Inglaterra en el conflicto de las Malvinas– estaba incapacitada de hacerlo.

A estas debilidades se unió la deserción de la dirigencia política latinoamericana. Mientras tres presidentes latinoamericanos (Alberto Lleras Camargo, Galo Plaza y César Gaviria) han sido Secretarios Generales de la OEA, ninguno ha sido del SELA, que es mirado por los líderes regionales como un desafío más riesgoso y menos rentable en política, pese a corresponder exactamente a los ideales bolivarianos y a los de los otros libertadores latinoamericanos, cuyas citas llenan sus discursos.

Pero si las dirigencias escudan su desánimo latinoamericanista y selista tras los oportunos argumentos de la globalización y del neoliberalismo, los pueblos –que comienzan a ponerlos en duda– sí reclaman la presencia vitalizadora y unificadora del SELA, tanto más hoy que los gobiernos son en su gran mayoría democráticos y de origen popular, y que esa homogeneidad debería favorecer la defensa efectiva de los intereses de la región, que en cambio se presenta más aleatoria y endeble que en el pasado.

Mientras la heterogeneidad política de los años 70 no impidió que América Latina se manifestara colectivamente en el Consenso de Viña, en la CECLA (Comisión Especial de Coordinación Latinoamericana) y en una rica gama de iniciativas regionales, hoy la relativa homogeneidad democrática es, más bien, apocada, infecunda y callada.

La experiencia histórica nos sigue demostrando que, a diferencia de sus contrapartes europeos, árabes, africanos y asiáticos, los presidentes latinoamericanos sólo se reúnen todos cuando son convocados por el presidente de los Estados Unidos o por el Rey de España, o por alguna motivación conmemorativa, también de carácter paternalista.

Nunca por espontánea e independiente iniciativa propia, debida y oportunamente preparada y con continuidad en la acción y en el tiempo. Sencillamente porque no hay órgano preparador y coordinador, ni secretariado, que puedan asegurar un proceso articulado de definición de los intereses y objetivos claves de la región y la concertación estructurada de su defensa efectiva.

Hasta las Cumbres Iberoamericanas, que empezaban a agotarse en un difuso ceremonial aunque cumplieran un inédito papel unificador, han tenido que establecer un secretariado técnico. Y no se podría concebir una Cumbre europea que no estuviera preparada por la Comisión, ni una del Grupo de los Diez no sustentada técnicamente en la OCDE. Esta verdad de Perogrullo debe aún abrirse camino en la región.

Si América Latina quisiera corregir esos defectos y vicios, que debilitan su efectividad y que empobrecen su imagen, debería empezar por hacer de la Secretaría Permanente del SELA el secretariado técnico y funcional de las Cumbres latinoamericanas. En muy poco tiempo veríamos el cambio.