La
propuesta de Plan de Acción para la Integración de la Infraestructura Regional en
América del Sur está conformada por dos componentes: (i) el marco programático del
Plan; e (ii) los mecanismos para la puesta en marcha y seguimiento del Plan.
Marco
Programático del Plan de Acción
El Plan de Acción se
fundamenta en los siguientes Principios Básicos para el Desarrollo de la Infraestructura
Regional en América del Sur:
1. Diseñar una
visión más integral de la infraestructura, que abarque todos sus componentes y
sinergías.
La visión de la
infraestructura para la integración no podrá reducirse al transporte, la energía y las
telecomunicaciones. Deberá contemplar también la interrelación con la infraestructura
social, la ambiental y la vinculada a las tecnologías de la información basadas en el
conocimiento, procurando aprovechar la sinergía entre los distintos tipos de
infraestructura.
2. Encuadrar los
proyectos dentro de una planificación estratégica, organizada a partir de la
identificación de los ejes de integración y
desarrollo regionales en el continente sudamericano.
De esta forma se
procurará la mayor eficiencia en las inversiones que se implementen, coordinando los
planes de obras de los diversos países y enmarcándolos en una visión estratégica de la
integración que otorgue prioridad a las acciones en los grandes ejes de integración y
desarrollo regional.
3. Reformar y
actualizar los sistemas regulatorios e instituciones que norman el uso de las
infraestructuras nacionales.
Deberá ponerse el
mayor énfasis en los aspectos regulatorios e institucionales, que muy frecuentemente no
permiten que se utilice adecuadamente la infraestructura existente, especialmente al nivel
de los pasos de frontera. También se procurará avanzar en la armonización regulatoria y
reglamentaria para permitir el desarrollo de nuevas inversiones y la optimización del uso
de las existentes, y profundizar la modernización de las agencias públicas, sus
procedimientos, tecnologías y recursos humanos.
4. Fortalecer las
capacidades de los Estados en la formulación de políticas, planes y marcos regulatorios.
A los efectos de
instrumentar este objetivo, los Estados deberán desempeñar con eficacia su rol en la
formulación de políticas, en la elaboración de planes de referencia para la actividad
de los operadores privados y públicos, en la promoción y protección de la competencia,
en la regulación basada en criterios técnicos y económicos, y en la elaboración y
puesta a disposición de información relevante. También debe procurarse disminuir las
distorsiones creadas en los diferentes mercados por la acción de reglamentaciones, la
existencia de monopolios legales, la fijación de cuotas, la implantación de impuestos y
subsidios, y la determinación de precios y tarifas en forma discrecional.
5. Armonizar las
políticas, planes y marcos regulatorios e institucionales entre los Estados.
Apuntando a los
objetivos de la integración regional, deberá avanzarse en la armonización de criterios
para el diseño y la evaluación técnica, económica y ambiental integrada de los
proyectos de infraestructura regionales, de modo de asegurar su sustentabilidad y
minimizar los riesgos de discrecionalidad en la selección y apoyo a los mismos. Además,
debe enfocarse la creación de mecanismos para reforzar los efectos sinérgicos de
aquellos proyectos de integración que sean complementarios, y para asegurar que los
proyectos sustitutivos entre si sean validados según sus propios méritos.
6. Valorizar la
dimensión ambiental y social de los proyectos.
Nuestros países deben
reforzar un enfoque proactivo en la consideración de las implicancias ambientales y
sociales de los proyectos de infraestructura, estableciendo criterios propios y normas
comunes, y coordinando sus acciones. Profundizando la ya rica experiencia de nuestros
países en el diseño de proyectos de infraestructura nacionales y regionales, la
consideración del medio ambiente debe iniciarse desde la misma concepción de las obras,
enfocándolo como una oportunidad para el aprovechamiento integral y enriquecimiento de
los proyectos, y no sólo desde el punto de vista de la mitigación de los impactos no
deseados de los mismos.
7. Procurar que los
proyectos de integración regional mejoren la calidad de vida y las oportunidades de las
poblaciones locales.
Se buscará que las
obras de infraestructura generen la mayor cantidad posible de impactos locales de
desarrollo, evitando ser sólo corredores entre los mercados principales.
8. Incorporar
mecanismos de participación y consenso.
Para la definición y
selección de proyectos se procurarán mecanismos que hagan efectiva la participación y
la contribución activa de las comunidades afectadas y del sector privado interesado en el
financiamiento, construcción y operación de tales proyectos.
9. Desarrollar nuevos
mecanismos regionales para la programación, ejecución y gestión de proyectos de
integración ffsica.
A partir de las
instituciones existentes y de las experiencias recogidas en la pasada década, se
desarrollarán mecanismos para la gestión y el financiamiento compartido de proyectos de
integración.
10. Optimizar el uso
de las fuentes de financiamiento desarrollando estrategias comunes.
Este esfuerzo debe
incluir la búsqueda de soluciones innovadoras entre los Gobiernos y los org,anismos
financieros multilaterales, que alienten la concurrencia del capital privado mediante
estrategias comunes y soluciones e instrumentos creativos. Deberá procurarse que estas
estrategias y soluciones atiendan a las características y preferencias de los mercados de
capitales, al financiamiento de proyectos que constituyan oportunidades comerciales, y que
provean una adecuada distribución de riesgos y beneficios entre los sectores público y
privado participantes.
A partir de la visión
estratégica de grandes ejes de integración y desarrollo regional, deberán identificarse
los requerimientos de tipo físico, normativos e institucionales para el desarrollo de la
infraestructura básica al nivel sudarnericano, en la presente década. Para ello, se
establecerán acciones inmediatas de corto plazo, así como otras de más largo alcance,
por lo menos en tres planos: coordinación de planes e inversiones, compatibilización y
armonización de los aspectos regulatorios e institucionales, y mecanismos innovativos de
financiamiento público y privado.
Seguimiento del
Plan de Acción
En el orden operativo,
el Plan incorpora una modalidad de trabajo para arribar a objetivos consensuados con base
en métodos y tareas compartidas. Es de gran importancia instrumentar acciones de
seguimiento para la implantación de las decisiones y directivas promovidas por las
máximas autoridades de América del Sur, mediante un mecanismo que defina con claridad
formas de trabajo, metas, y cronogramas, y un esquema claro de asignación de
responsabilidades.
Dicho mecanismo debe
tener un perfil técnico y político que permita viabilizar e impulsar la toma de
decisiones oportuna y eficiente respecto a los mandatos de los Jefes de Estado en materia
de desarrollo de la infraestructura regional. Para ello, el diseño de este mecanismo de
seguimiento se fundamenta en cinco preceptos básicos:
–Evitar la
creación de nuevas instituciones, aprovechando los recursos humanos y financieros de
instituciones nacionales, regionales y multilaterales ya existentes;
–Procurar que los
diversos elementos del mecanismo de seguimiento reflejen el máximo y continuo compromiso
político de alto nivel, que promuevan una presencia cercana y permanente al proceso
decisorio por parte de las instituciones de financiamiento, que permitan interpretar las
necesidades de la sociedad, y que faciliten la capacidad de gerenciamiento interna de los
Gobiernos;
–Asegurar la
participación plena de todos los Gobiernos de América del Sur y el alcance de decisiones
consensuadas entre las partes involucradas;
–Facilitar la
toma de decisiones de los gobiernos de América del Sur mediante un proceso de
interacción ágil y flexible entre dichos gobiernos y las entidades regionales y
multilaterales que presten su asesoramiento técnico especializado; y
–Contar con un
cronograma de trabajo pre-establecido con objetivos secuenciales y tareas específicas
para los diferentes núcleos que compongan la estructura de seguimiento.
Tomando como base los
preceptos mencionados con anterioridad, se presenta a continuación un esquema general del
mecanismo de seguimiento del Plan de Acción para el Desarrollo de la Infraestructura de
Integración en América del Sur. Este mecanismo estaría conformado de la siguiente
manera:
(i) Un Comité de
Dirección Ejecutiva (CDE) integrado por representantes de alto nivel designados por los
Gobiernos de América del Sur, pertenecientes a aquellas entidades que los respectivos
gobiernos consideren pertinentes.
(ii) Grupos Técnicos
Ejecutivos (GTE) integrados por funcionarios y expertos designados por los Gobiernos de
América del Sur, pertenecientes a aquellas entidades que los respectivos gobiernos
consideren pertinentes. Se constituirían grupos técnicos ejecutivos para cada eje de
integración y desarrollo, de carácter temporal, que analizarían temas específicos
tales como armonización de marcos regulatorios, métodos para la identificación
integrada de proyectos, etc. Estos grupos temporales se reunirían para analizar los temas
que sean encomendados y una vez finalizado el trabajo cesarían sus funciones. Estos
grupos, podrían contar con el apoyo de organismos regionales, subregionales e
internacionales que actúan en el área de especialización de cada grupo.
(iii) Un Comité de
Coordinación Técnica (CCT) integrado por representantes del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), la Corporación Andina de Fomento (CAF) y el Fondo Financiero para el
Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA). Este Comité asistiría a los Gobiernos
activamente en la implantación y monitoreo del desarrollo del Plan de Acción, en áreas
tales como la identificación y evaluación integrada de proyectos y la movilización de
los recursos financieros necesarios para el desarrollo de los mismos.
El Comité de
Dirección Ejecutiva, como parte de un proceso de consulta permanente, promoverá
reuniones cuya labor estará orientada a asegurar la participación del sector privado y
de organizaciones representativas de la comunidad, y a facilitar una adecuada
coordinación a nivel nacional.
Las instituciones que
conforman el Comité de Coordinación Técnica BID-CAFFONPLATA presentarán, antes del 31
de diciembre de 2000, propuestas que deberán contener el detalle de las áreas temáticas
y sectores que formarían parte del Plan, indicando las acciones que se consideren
prioritarias para su tratamiento en el corto plazo, y un diseño más detallado del
mecanismo de seguimiento del Plan.