I. ¿Por qué el SELA ?

 

 La creación del SELA constituyó un hecho de especial trascendencia en el proceso histórico de construcción de una América Latina unida y solidaria.

 

Este proceso, planteado inicialmente como un ideal, durante la gesta de independencia, principalmente por Simón Bolívar, se ha ido afianzando con el tiempo, en medio de avances y retrocesos, a partir del fraccionamiento, la incomunicación y el aislamiento en el que se conformaron y desenvolvieron las circunscripciones coloniales y después las repúblicas latinoamericanas. Se ha convertido en un objetivo permanente, en un símbolo de auto afirmación y de identidad cultural y política de sus pueblos, como expresión de la comunidad de ideales, problemas y posibilidades. Constituye una necesidad y un instrumento fundamental para el desarrollo, la presencia internacional y el mejor aprovechamiento de los extraordinarios recursos y posibilidades de nuestros países.

 

En el Convenio de Panamá se crea un Organismo Regional de Cooperación, Coordinación y Consulta, con el mismo nombre del objetivo que se propone alcanzar: la conformación de un sistema económico con la participación de todos los países de la región latinoamericana, que comprende a México, los países de Centro América, del Caribe y América del Sur, sin exclusiones, bajo los principios de igualdad, soberanía e independencia de los Estados; respeto a las características individuales, y apoyo a los mecanismos de integración subregional.

 

El aporte del SELA al proceso latinoamericano comprende el compromiso de los países de actuar en el marco de los principios y mecanismos acordados, con el propósito de constituir, en la práctica, un sistema económico regional, real y operativo, mediante la cooperación, la coordinación, la promoción económica y social, en diversos y múltiples ámbitos, que no se limitan a las actividades del organismo regional, con el fin de lograr los objetivos establecidos, que son de interés y beneficio de todos.

 

La creación del SELA constituyó también una respuesta vigorosa y oportuna a varias circunstancias difíciles que afrontaban nuestros países.

 

 En 1974 era claro el fenómeno de recesión de alcance global que se había iniciado varios años antes, luego de un cuarto de siglo de auge sin precedentes, después de la segunda Guerra Mundial. Habían fracasado las medidas correctivas convencionales monetarias y fiscales, mientras continuaba la "Guerra Fría" y se consolidaba la bipolaridad. Poco a poco se admitió que la economía mundial afrontaba desajustes de carácter estructural y no meramente transitorios.

 

Un factor detonante fue la denominada "crisis energética" producida en 1973, al cabo de crecientes tensiones entre las compañías petroleras internacionales que se resistían a mejorar los precios y las condiciones de participación de los principales países productores miembros de la OPEP. Esta reivindicó el derecho de fijar precios mínimos y volúmenes de exportación del petróleo y provocó una serie de aumentos de los precios internacionales de los hidrocarburos, lo que atizó la inflación y la recesión, a la vez que aumentó la liquidez en la banca internacional y dio lugar al denominado "Diálogo Norte Sur" en búsqueda de un entendimiento entre los países en desarrollo y los industrializados.

 

Los países latinoamericanos también habían logrado un apreciable crecimiento de sus economías, entre 1950 y 1974, que permitió importantes logros en sus niveles de salubridad, educación, infraestructura y desarrollo institucional, pero con grandes desigualdades y a niveles claramente insuficientes para afrontar la pobreza y la marginalidad, y atender las crecientes expectativas estimuladas por los grandes avances conceptuales en cuanto a los derechos humanos y las nuevas concepciones del desarrollo económico y social.

 

Ello provocó que se agudizaran los conflictos internos, se afianzó la necesidad de cambios profundos y produjo inestabilidad política recurrente, en la lucha por construir sociedades democráticas, con una más justa distribución del ingreso. Proliferaron las crisis económicas y políticas en la región, que dieron como consecuencia la instauración de gobiernos militares en varios países, con diversas orientaciones y, en algunos casos, con elevados niveles de represión.

 

Uno de los factores de la crisis latinoamericana fue sin duda la desigual  distribución de los beneficios del auge de la postguerra. En las Naciones Unidas y en todas las instancias posibles, los países latinoamericanos fueron pioneros en reclamar una participación más justa en la creciente generación de riqueza mundial, en el desarrollo tecnológico, en la explotación de los productos básicos que eran la base de sus economías; en la apertura de mercados para sus manufacturas, ante la ineludible necesidad de promover la industrialización, la agro industria y el empleo.

 

Un esfuerzo notable en este propósito fue la creación de la Comisión de Consulta y Coordinación Latinoamericana (CECLA), que formuló con un inédito sentido de unidad regional una serie de planteamientos y propuestas de negociación, tendientes a introducir importantes reformas en el funcionamiento del comercio, las finanzas y las relaciones económicas internacionales, que fueron presentados ante la Primera y Segunda reunión de la UNCTAD y luego en el Consenso de Viña del Mar de 1968, encaminado a mejorar las relaciones con los Estados Unidos y en las propuestas para el diálogo con la Comunidad Económica Europea, en 1970.

 

A fines de ese año, en la XV Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de la OEA, la mayoría de países latinoamericanos se pronunció a favor del mantenimiento y reanudación de las relaciones económicas y comerciales con Cuba. No se logró el levantamiento de las sanciones económicas impuestas a ese país en 1964, al no contarse con el apoyo de los dos tercios necesarios.

 

Desde la década anterior se había puesto de relieve la importancia de impulsar la coordinación, la integración y la cooperación entre los países de la región. Sin embargo, los apremios de corto plazo junto a la diversidad de situaciones y regímenes políticos limitaron la concertación latinoamericana hacia acciones concretas, y dificultaron el cumplimiento de los compromisos asumidos en los cuatro esquemas subregionales de integración, cuyo fortalecimiento se consideraba necesario.

 

Al mismo tiempo, los países en desarrollo alcanzaron varios éxitos en cuanto a la reivindicación de sus intereses y propósitos en las relaciones internacionales. En abril y diciembre de 1974 la Asamblea General de la Naciones Unidas aprobó la Declaración y el Programa de Acción para el Establecimiento de un Nuevo Orden Económico Internacional y la Carta de Deberes y Derechos Económicos de los Estados.

 

Por su parte, los países industrializados habían consolidado varios mecanismos de contacto y coordinación tales como la OECD, la Alianza Atlántica, la Comisión Trilateral y, más recientemente, la Organización Internacional de Energía. También coordinaban sus actuaciones en los Directorios del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.

 

En Asia, varios países habían adoptado políticas atractivas para la inversión externa y de colaboración entre sus empresas y gobiernos.

 

En nuestra región se reconocía la necesidad de pasar de las declaraciones a la acción y reducir la dependencia de las voluntades de los países desarrollados, mediante el establecimiento de mecanismos propios de cooperación y de participación en la economía internacional.

 

Los escasos resultados alcanzados en las negociaciones multilaterales revelaron una tenaz resistencia de los beneficiarios del orden prevaleciente a negociar y conciliar, en vez de imponer.

 

No existía un ánimo de confrontación ni de aislamiento. Por el contrario, prevalecía un ánimo constructivo ante el deterioro económico global, y un decidido propósito de concertar con los países industrializados nuevas formas de interrelación económica, de mutuo beneficio, en procura de corregir las deficiencias que en buena medida habían conducido a las crisis prevalecientes.

 

 En estas circunstancias, la propuesta conjunta realizada en abril de 1974 por los Presidentes Carlos Andrés Pérez, de Venezuela, y Luis Echeverría, de México, de crear un nuevo instrumento de coordinación y cooperación regional, fue recibida con entusiasmo mayoritario. Existía un ambiente propicio para el reforzamiento del contacto, la consulta y la acción de los latinoamericanos, en aplicación de los renovados conceptos y normas internacionales que habían logrado consagrar. El Convenio de Panamá se elaboró en pocos meses, luego de varias reuniones informales y oficiales. Se adelantaron varias iniciativas de cooperación y se puso de manifiesto un claro apoyo político al organismo regional que acababa de nacer.

 

II. Los primeros cuatro años

 

Durante los primeros años, tanto el Consejo Latinoamericano como los Comités de Acción que se crearon, los numerosos Grupos de Trabajo que se establecieron, las frecuentes reuniones de expertos a título personal que convocó la Secretaría Permanente, las propuestas e iniciativas que ésta presentó, hicieron del SELA un lugar de encuentro, un mecanismo permanente de intenso contacto, deliberación y análisis de múltiples temas prioritarios para la región. La prensa de la mayoría de los países difundió con interés los objetivos del SELA, sus avances e iniciativas.

 

El SELA contribuyó a elevar la prioridad, atención e importancia que asignaron casi todos los países de la región a sus relaciones con los demás latinoamericanos, y en particular Argentina, Brasil, Cuba, México, Venezuela y los países del Caribe. Se desarrolló un trato respetuoso, de confianza creciente entre los representantes de los países, con un estilo propio de diálogo constructivo sobre los temas de mayor importancia para su desarrollo, en medio de diversas concepciones y características nacionales. La cooperación latinoamericana fue incorporada con mayor vigor en los esquemas de desarrollo y de relación internacional de cada país, y fue un elemento muy tenido en cuenta en los procesos de democratización y de retorno al régimen civil y constitucional que se inició en América Latina en 1979.

 

1. Impulso a la Cooperación Regional

 

El primer programa de trabajo, adoptado a comienzos de 1976, constituyó una decisión de particular relevancia. Fue aprobado mediante la Decisión No. 7 del Consejo Latinoamericano, con base en una propuesta formulada por la Secretaría Permanente luego de intensas consultas, con la participación de numerosos funcionarios y expertos en desarrollo de los objetivos del SELA que constan en el Convenio de Panamá.

 

Determinó los campos prioritarios de la cooperación regional así como los criterios básicos y los posibles mecanismos, señalando algunos proyectos iniciales para su aplicación. Además acogió las iniciativas planteadas en cuanto al fortalecimiento de la coordinación y la consulta entre los países latinoamericanos en sus relaciones económicas y sociales externas.

 

Tanto las propuestas de la Secretaría como las múltiples deliberaciones que se realizaron durante los primeros años, plantearon diversas fórmulas concretas de cooperación encaminadas a fortalecer las bases de un desarrollo regional independiente y auto sostenido en sectores fundamentales con el propósito de emprender la construcción de fórmulas alternativas propias, promover una creciente interdependencia entre los países de la región y otorgar sustentación real y efectiva a una mayor capacidad de negociación externa.

 

Estuvieron orientadas a impulsar la conformación de consorcios, acuerdos y empresas multinacionales, como nuevas alternativas para la empresa y la inversión privada de la región, que hasta entonces se habían orientado a los mercados nacionales, o enfatizaban su relación con las empresas norteamericanas y europeas en proceso de internacionalización o se concentraban en la exportación de pocos productos a los grandes mercados mundiales.

 

En los trabajos de la Secretaría participaron algunos de los más destacados exponentes de la región en los temas prioritarios relacionados con los objetivos del convenio de Panamá. Varios de ellos fueron invitados a título personal y no tenían afinidad ni relación con sus Gobiernos aunque más tarde ejercieron funciones de alta responsabilidad en sus países. Algunos de sus aportes fueron recogidos y utilizados en proyectos de nivel subregional y nacional.

 

 Es el caso recordar algunas de estas iniciativas, que también procuraban enriquecer el contenido de los esquemas de integración:

 

–  Constituir en forma gradual un sistema regional de abastecimiento y una política alimentaria regional, particularmente para los productos de mayor consumo e importancia, tales como granos, semillas, oleaginosas, lácteos, cárnicos, cereales, frutas y productos del mar.

 

– Como elementos de tal sistema se planteó la conformación de un mecanismo de información; la promoción de consorcios de empresas a base de acuerdos de abastecimiento a mediano y largo plazo entre empresas privadas y con los programas estatales de alimentación escolar; complementación entre empresas agro industriales; acuerdos operativos entre las instituciones de investigación agropecuaria; promoción de empresas de servicios tecnológicos; impulso a la producción y utilización masiva de complementos alimenticios de alto valor nutritivo; establecimiento de un mecanismo financiero para desarrollar proyectos agro industriales.

 

–  Adoptar un medio regional de cuenta y un mecanismo recíproco de pagos, a base de los existentes en la ALALC y en Centroamérica, para el financiamiento del comercio recíproco.

 

–  Establecer un Fondo de Pre Inversión del SELA, para promover proyectos, impulsar la participación y el interés de los empresarios y obtener recursos necesarios para viabilizar los proyectos de interés para varios países que hayan sido identificados por los Comités de Acción.

 

 –Promover acuerdos y otorgar incentivos a las empresas farmacéuticas de la región para la elaboración de productos farmacéuticos genéricos de alta demanda y apoyo a la investigación destinada a combatir enfermedades.

 

–  Impulsar acuerdos entre empresas y entidades latinoamericanas, para la promoción del turismo, en lo referente a tarifas aéreas, presencia conjunta en los mecanismos de decisión sobre tarifas internacionales y redes hoteleras.

 

–  Establecer un régimen de comercio y apoyo al desarrollo, fabricación e intercambio de bienes de capital.

 

–  Conformar un programa regional de cooperación técnica recíproca, como elemento para reforzar las vinculaciones entre los países de la región y fortalecer la cooperación técnica que se recibe de los países desarrollados y a través de las agencias de las Naciones Unidas.

 

En 1976 se acordó establecer los primeros Comités de Acción con el objeto de identificar y promover la cooperación en varios campos de interés prioritario: elaboración y utilización masiva de complementos alimenticios de alto valor nutritivo, con sede en Caracas; productos del mar y agua dulce, con sede en Lima; fertilizantes, con sede en México; comercialización de artesanías, con sede en Panamá; técnicas y materiales para vivienda de interés Social, con sede en Quito; abastecimiento regional de semillas, frutas y oleaginosas, con sede en Buenos Aires y de productos lácteos y cárnicos, con sede en Montevideo.

 

Al año siguiente, con la participación de más de nueve y hasta veinte países en cada uno de ellos, se instalaron los primeros Comités de Acción, a excepción de los dos últimos, que no llegaron a conformarse. Comenzaron a funcionar con un entusiasmo mucho mayor que los recursos o el apoyo efectivo necesarios para desarrollar proyectos y las acciones concretas de cooperación que se habían propuesto. En 1979 se acordó el establecimiento del Comité de Acción para el establecimiento de una Red de Información Tecnológica, con sede en Río de Janeiro.

 

El trabajo de los primeros Comités de Acción demostró que eran mecanismos idóneos para identificar posibilidades concretas de cooperación y llegar hasta la elaboración de perfiles de proyectos y propuestas, que luego sólo podían ser desarrollados con el concurso de las empresas públicas y privadas directamente interesadas, con criterio empresarial y con el aporte de capitales de riesgo. Los Comités realizaron importantes aportes y definieron nuevas posibilidades de cooperación en áreas de profundo contenido social, cuya incorporación estaba orientada a lograr un cambio cualitativo en las relaciones latinoamericanas, entendiéndose que la tarea no era fácil, ni podía producir resultados inmediatos.

 

Varias iniciativas para constituir empresas multinacionales latinoamericanas surgieron en los Comités de Acción. Sin embargo, los escasos recursos y la limitada participación e interés de los empresarios no permitió esclarecer debidamente las características y posibilidades de tales empresas. En la práctica, fueron las transnacionales las que continuaron impulsando las redes empresariales, las decisiones de inversión y de organización de mercados en los países en la región.

 

Algunos de los proyectos de cooperación que fueron analizados y desarrollados en el SELA se concretaron mediante acuerdos entre los países directamente involucrados, sin necesidad de constituir Comités de Acción. En esta forma, el SELA desempeñó un importante papel de promotor de nuevas formas de colaboración entre sus miembros.

 

Por iniciativa de la Secretaría Permanente, con la colaboración del BID y el CEMLA, en 1978 se realizó una breve reunión de los ministros de finanzas y economía que tuvieron mucho que ver con la creación del SELA. Fue evidente que cada cual concentraba sus esfuerzos en la gestión bilateral de recursos ante el Fondo Monetario Internacional, el BID, el Banco Mundial y la banca privada internacional. No hubo ambiente para aceptar la sugerencia de la Secretaría Permanente de combinar los esfuerzos individuales con gestiones conjuntas.

 

Habían cambiado las circunstancias y las orientaciones de política económica, al agravarse los déficit de las balanzas de pagos de la mayoría de los países de la región. Con la idea de que se trataba de dificultades temporales y ante los obstáculos para emprender difíciles reformas internas, varios países recurrieron a un agresivo endeudamiento con la banca comercial internacional que, por todos los medios, impulsó la colocación de créditos.

 

2. Coordinación y Consulta

 

 El SELA funcionó como mecanismo permanente de coordinación y consulta del conjunto de países latinoamericanos con respecto a los principales temas y foros de las relaciones económicas internacionales.

 

La participación del SELA, a la par de la OECD en la reunión de París denominada "Diálogo Norte Sur", en 1976, propició un reconocimiento internacional al organismo recién creado. Los observadores del SELA, con el concurso de los cinco países miembros participantes, proporcionaron a todos los demás una información objetiva y oportuna que acrecentó el prestigio de América Latina en ese encuentro.

 

La coordinación latinoamericana que se ejerció en el ámbito del SELA se basó en el criterio de presentar fórmulas concretas, bien fundamentadas y viables, a fin de lograr credibilidad y acrecentar la capacidad de negociación, fundamentada en los avances de la cooperación y el esfuerzo propios. Se reconoció que una vez cumplida una primera fase, en la que se habían identificado los intereses comunes de los países en desarrollo, varias expresiones de consenso adoptadas en el "Grupo de los 77" que reunía a todos los países en desarrollo, consistían en agregar aspiraciones de diverso grado de importancia, conformando pliegos de peticiones, sin discernimiento de prioridades o estrategias de negociación.

 

Se activó la presencia, aumentó la influencia y el prestigio de los países de América Latina, que en múltiples ocasiones actuaron como conjunto y con un alto nivel de coordinación y coincidencia en diversos foros internacionales. Se generó un flujo creciente de información y de análisis de los principales temas de la agenda internacional. Elevaron sus niveles de actuación y de contacto los embajadores latinoamericanos ante los organismos internacionales, se fortalecieron los Grupos Latinoamericanos (GRULAS), tanto en Nueva York como en Ginebra y Bruselas.

 

 La acción coordinada y las iniciativas desarrolladas en el SELA despertaron el interés y promovieron contactos con varios países y grupos de países. La Secretaría Permanente realizó consultas que señalaron la posibilidad y el interés mutuo de llegar a convenios-marco de cooperación con el SELA, "de región a región", con la Comunidad Económica Europea y de "país a región" con Canadá, España y el Reino Unido.

 

La reunión de consulta SELA –Comunidad Europea que se realizó en 1978 en Punta del Este–, al cabo de un año de consultas y preparación, definió una agenda de cooperación, analizó los principales problemas y reorientó el diálogo entre los países de las dos regiones.

 

3. Culminación de una etapa

 

Para concluir esta breve reseña resulta conveniente destacar algunos aspectos de la Sexta Reunión Ordinaria del Consejo Latinoamericano, del 30 de julio al 2 de agosto de 1979, en la que se realizó un significativo balance de la primera etapa del SELA.

 

En esa oportunidad se examinó el desempeño de la cooperación regional y el avance de los trabajos de los Comités de Acción, renovándoles su respaldo. Se efectuó una evaluación de los resultados de la V UNCTAD y las perspectivas de los principales temas de su agenda. Se analizaron los resultados de la reunión de consulta con la Comunidad Económica Europea y se adoptó una posición común para reorientar las relaciones y los mecanismos de diálogo entre los países latinoamericanos y los europeos. Se adoptó un pronunciamiento regional sobre la Ley de Comercio Exterior de los Estados Unidos, luego de examinar un estudio de los resultados de su aplicación para América Latina.

 

 De particular relevancia fue la decisión de apoyo al programa de reconstrucción de Nicaragua, que fue presentado por uno de los miembros del nuevo gobierno de ese país, establecido a raíz del triunfo del Movimiento Sandinista. A tal efecto se decidió establecer un Comité de Acción que se instaló en Managua en agosto, el mismo que apoyó la constitución del Fondo de Reconstrucción y colaboró en la organización de los diversos proyectos de colaboración que brindaron los países latinoamericanos a dicho proceso.

 

En otra Decisión del Consejo se apoyó a Panamá en sus esfuerzos tendientes a desarrollar y utilizar los recursos del área del Canal, que revertían a su plena jurisdicción a partir de octubre, en aplicación de los Convenios Torrijos-Carter de 1977.

 

Se reconoció la estrecha interacción que existe entre la cooperación y la coordinación regional. La eficacia, influencia y credibilidad de la acción externa se fundamentan en el esfuerzo propio, en la capacidad de potenciar las capacidades regionales, para organizar acciones concertadas, con planteamientos concretos y alto grado de decisión política.

 

Venezuela anunció que estaba dispuesta a realizar su contribución para constituir el Fondo de Preinversión del SELA y otros países manifestaron su interés en apoyarlo. La Secretaría insistió en la necesidad de contar con un instrumento propio para adelantar la preparación de proyectos de cooperación y efectuar, en los casos en los que existían claras posibilidades y un manifiesto interés de varios países, los estudios de factibilidad requeridos para su formulación y ejecución. De otro modo se produciría el debilitamiento de la cooperación regional emprendida en el SELA.

 

El Consejo Latinoamericano designó por aclamación al Embajador Carlos Alzamora, de nacionalidad peruana y de reconocido prestigio y trayectoria en la región, como Secretario Permanente, para el período comprendido entre 1979 y 1983.

 

El SELA demostraba plena vitalidad. Se le sintió consolidado. Sin embargo, se tenía una clara percepción de la magnitud de los esfuerzos requeridos para implementar los acuerdos y los proyectos así como de las dificultades y limitaciones. Era indispensable ejercer la capacidad y la voluntad política real y efectiva de cooperación. La diversidad de situaciones nacionales y el peso de las demandas inmediatas amenazaban con debilitar la prioridad, la dedicación y los aportes de recursos que se requerían. Se sabía que el desperdiciar las oportunidades y no llevar adelante lo que se había propuesto podía tener un alto costo, ante las circunstancias internacionales y las demandas sociales y políticas prevalecientes en aquel momento.