El extraordinario crecimiento de los flujos de capital extranjero, en particular de la Inversión Extranjera Directa (IED) es quizás la manifestación más palpable del proceso de globalización mundial, particularmente por su significativo crecimiento en la década de los noventa. En 1998 los flujos de las inversiones directas en el mundo establecieron un récord histórico de más de 650.000 millones de dólares, casi 40% más que en 1997, de los cuales los países desarrollados captaron más del 70% modificándose la tendencia de los últimos años anteriores, que favorecía en mayor medida a los países en desarrollo.

 

No obstante, el impacto de la reciente crisis financiera internacional sobre los flujos de capital, la inversión extranjera directa hacia la región mostró un sostenido dinamismo, con un aumento de casi el 11%, al pasar de 69 mil millones en 1997 a más de 76 mil millones en 1998 y un estimado de casi 86 mil millones en 1999, superando a los países de Asia en la distribución entre las regiones en desarrollo y muy distante del resto de las regiones en desarrollo.

 

Para la región, los flujos de inversión directa han presentado algunas características dignas de subrayar: por un lado, el extraordinario aumento en el último decenio, en que dichos flujos se multiplicaron cerca de 8 veces entre 1990 y 1998. Por el otro, su concentración en cinco países de mayor tamaño económico relativo de la región, que absorbieron el 84 por ciento del total en 1998. En dicho año, Brasil registró la mayor afluencia, con cerca del 42 por ciento, seguido por México con un 13 por ciento, mientras que la participación de Argentina era de 8%, la de Chile un 6% y la de Venezuela un 5,8%, para completar el referido 84%. Asimismo, en término de modalidades, alrededor del 60% correspondió a la creación de nuevos activos y el restante 40% a la compra de activos existentes.

 

Los datos de la CEPAL indican que en los dos últimos años las fusiones y adquisiciones se incrementaron, en tanto el valor de las privatizaciones bajó considerablemente. Finalmente, mientras en Argentina, Brasil y Chile, predominaron las fusiones y adquisiciones, en México se ha destacado la actividad relacionada con la creación de nuevos activos.

 

Por lo que respecta a la procedencia de la inversión, la casi totalidad proviene de Estados Unidos y Europa. Una buena parte de la inversión de los dos últimos años (más de la mitad) ha provenido de España, que ha concentrado sus inversiones en actividades financieras, petróleo, telecomunicaciones, transporte aéreo, energía y muy poco en empresas manufactureras, seguida por Estados Unidos, Alemania, Francia y los Países Bajos.

 

 No cabe duda que este significativo aumento en el flujo de la Inversión Extranjera Directa es en buena parte el resultado de los importantes cambios operados en las políticas nacionales, tales como los procesos de democratización que han conducido a una disminución del riesgo político. En el área económica la estabilización macroeconómica, la apertura comercial y financiera, una tasa de rentabilidad superior a la de otras regiones en desarrollo y amplios procesos de privatización han sido las causas del mencionado aumento. Por otra parte, cabe destacar la consolidación y profundización de la integración regional, factor éste que garantiza mayores economías de escala y más amplios mercados a los agentes económicos. Todos estos factores determinantes de una mayor atracción de las inversiones extranjeras se han visto consolidados mediante la suscripción masiva de Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) y de compromisos sobre inversión en los nuevos acuerdos de integración y de establecimiento de zonas de libre comercio.

 

Como es notorio, en el transcurso de la década de los noventa han ocurrido importantes modificaciones en las políticas de tratamiento a la inversión extranjera en América Latina y el Caribe, las cuales han dejado de ser restrictivas para convertirse en políticas francamente aperturistas, factor éste que explica en buena medida el crecimiento explosivo que experimenta la inversión extranjera en la región.

 

Sin embargo, pareciera conveniente que las políticas aplicadas actualmente por los países de la región con relación a la inversión extranjera, destinadas a mejorar el clima general para la inversión extranjera, garantizar una mayor protección al inversionista extranjero e impulsar una importante convergencia de normas y disciplinas, debieran ser complementadas con políticas de fomento industrial y tecnológico de los gobiernos de la región, incluyendo mecanismos como los llamados requisitos de desempeño –que contienen ciertas exigencias para el inversionista extranjero– así como incentivos para atraer, dirigir o influenciar la inversión con el fin de obtener determinados objetivos de desarrollo económico y social.

 

En realidad, estamos ante una contradicción de difícil solución: por una parte, nuestros países tienen una imperiosa necesidad de atraer inversiones, en función de lo cual han mejorado y perfeccionado sus políticas de protección y promoción, bajo diversos mecanismos jurídicos, pero, por otra parte, se necesita canalizar esos flujos hacia objetivos nacionales de desarrollo, para lo cual se requieren no solamente políticas específicamente dirigidas a tales fines, sino también normativas de aplicación multilateral que no restrinjan ni entorpezcan la consecución de tales objetivos, como son las que pudieran derivarse de la negociación de un marco multilateral de tratamiento a la inversión, sea en la OMC o en cualquier otro foro, que no contemple la dimensión del desarrollo.

 

En estos años, tampoco se ha podido determinar una correlación positiva y unívoca entre inversión extranjera directa y crecimiento económico y, empíricamente, no parece existir mucha coincidencia entre ambas variables. Frente a la interrogante sobre las razones por las cuales el espectacular crecimiento de los flujos de inversión extranjera a la región en los años recientes no ha tenido un impacto correlativo en el desempeño económico y en los indicadores sociales, el diagnóstico de la CEPAL y de la UNCTAD concluye en tres causas fundamentales: primero, que una buena parte de los ingresos generados por esa inversión fue el resultado de transferencias de activos existentes que no condujeron a la formación de nuevas unidades productivas, contribuyendo muy poco a la formación de capital fijo; segundo, los ingresos por concepto de privatizaciones fueron utilizados mayormente en financiar el déficit de balanza de pagos o fiscales, por los gobiernos de la región y, tercero, la contribución de la inversión extranjera al desarrollo industrial integral ha sido exigua, como en el caso de la dirigida al ensamblaje de manufacturas con partes y componentes importados.

 

 Por lo tanto, las negociaciones sobre comercio e inversión, tanto en el plano bilateral como en el hemisférico del ALCA y el multilateral de la OMC, plantean el problema de la calidad de la inversión, debate éste que debería conducir a acuerdos de inversión suficientemente flexibles como para que los países receptores de inversión directa puedan materializar sus propios objetivos de crecimiento y desarrollo, al tiempo que protegen la inversión directa. El cómo lograr una combinación efectiva de las medidas de protección y liberalización en materia de inversiones directas, con las políticas públicas de fomento y desarrollo económico, es uno de los importantes retos que tenemos por delante.

 

Este foro está dedicado al análisis de la evolución, características y tendencias de la inversión extranjera directa en los países de la región. En ese sentido, es de una especial importancia conocer qué tipo de vinculaciones se deben establecer entre la inversión directa y el resto de la economía. ¿Cómo lograr que las inversiones no caigan en el vacío, ni recreen nuevos enclaves? ¿Cómo hacer para que esas inversiones actúen como impulsoras de un crecimiento que se debe propagar al resto de la economía y la sociedad? ¿Cómo saber donde se han establecido? ¿Cómo medir estos impactos más generales? También interesa extraer conclusiones relativas a su efecto sobre el empleo, la balanza comercial y de pagos, su potencial exportador, las formas de su financiamiento. Todo ello contribuirá a tener ideas más claras para establecer políticas que expandan los aspectos positivos y limiten los efectos negativos de la inversión extranjera.

 

Por último, en esta fase de transición hacia sociedades del conocimiento, interesa, por una parte, apreciar el aporte tecnológico que pueden efectuar las inversiones extranjeras directas, en forma de investigaciones básicas y aplicadas y, por otra parte, en qué medida facilitan el acceso y expansión de la «nueva economía», sustentada en las tecnologías de información y de comunicación. Como es sabido, si en estas nuevas actividades la tecnología que se utiliza es elaborada con exclusividad en los países centrales, se agigantará el abismo que media entre el mundo en desarrollo y el desarrollado.

 

En esta perspectiva, el Consejo Latinoamericano, órgano político del SELA dio mandato a la Secretaría Permanente para seguir considerando esta crucial temática en su programa de trabajo para el año 2000. Al respecto, albergamos grandes esperanzas acerca de los criterios y conclusiones que surjan de las deliberaciones de este importante foro, como contribución al esclarecimiento de una materia que constituye una variable cada vez más importante en el desempeño y posibilidades futuras de las economías de América Latina y el Caribe.