1.         Nosotros los Jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros del Grupo de los 77 y China, plenamente convencidos de la imperiosa necesidad de actuar estrechamente unidos, con el objetivo principal de trabajar por un mundo de paz y prosperidad, nos hemos reunido en La Habana para celebrar la primera Cumbre del Sur de la historia, del 12 al 14 de abril de 2000.

 

2.         Seguimos plenamente consagrados al espíritu del Grupo de los 77 y China, el cual ha ayudado a nuestros países, desde la creación del Grupo, a principios del decenio de 1960, a seguir un curso de acción común y constructivo para la protección y promoción de nuestros intereses colectivos, y una genuina cooperación internacional para el desarrollo. En esta histórica reunión, reafirmamos nuestra adhesión a los principios y objetivos que han guiado al Grupo desde su creación. Además, nos comprometemos, una vez más, a fortalecer la unidad y solidaridad del Grupo en aras de lograr sus objetivos declarados y de reforzar el papel que está llamado a desempeñar en las relaciones económicas y comerciales internacionales.

 

3.         Estamos plenamente convencidos de que es imperioso reunirnos aquí en los inicios del nuevo milenio, una coyuntura crucial de la historia contemporánea de la humanidad, para reflexionar sobre las rápidas transformaciones económicas que ocurren en el mundo, debatir los nuevos problemas que enfrenta el Sur en las esferas económica y social, y buscar soluciones. Nos reunimos, además, plenamente convencidos de que en los albores del siglo XXI es necesario actuar con decisión en aras de definir un futuro mejor para nuestros países y pueblos y de trabajar en pro del establecimiento de un sistema económico internacional que sea justo y democrático.

 

4.         Reafirmamos que en nuestras actividades nos guiamos por todos los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas y por el pleno respeto al derecho internacional. A este fin, defendemos el principio de la soberanía, la igualdad soberana de los Estados, la integridad territorial, y la no injerencia en los asuntos internos de los Estados: adoptamos medidas eficaces para la supresión de actos de agresión u otras violaciones de la paz y alentamos la solución pacífica de las controversias internacionales de manera que la paz y la seguridad internacionales y la justicia no se vean amenazadas; nos abstenemos, en el marco de las relaciones internacionales, de hacer uso o amenaza de uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de un Estado o de no proceder en armonía con los propósitos de las Naciones Unidas; entablamos relaciones de amistad basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y la libre determinación de los pueblos; y nos valemos de la cooperación internacional para resolver problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario, y para promover y alentar el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales para todos, sin distinción de raza, sexo, idioma o religión.

 

5.         Insistimos en que el proceso de mundialización e interdependencia no debe utilizarse para debilitar o reinterpretar los mencionados principios, que continúan siendo los pilares de las relaciones de paz y amistad entre los Estados y de la solución de los conflictos y controversias por medios pacíficos. Recalcamos, además, que esos principios nos inspiran a consagrarnos plenamente al establecimiento de un sistema económico internacional más justo y equitativo, que ofrezca a todos los pueblos seguridad y oportunidades cada vez mayores de elevar sus niveles de vida.

 

6.         Nos sentimos comprometidos con un sistema mundial basado en el imperio del derecho, la democracia en la adopción de decisiones y el pleno respeto a los principios del derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas. El nuevo sistema mundial debe recoger estos principios.

 

7.         Insistimos en que el desarrollo es la mejor contribución a la paz y en que ambos se construyen unidos. El desarrollo es un proceso continuo, sin límites arbitrarios, mediante el cual trabajamos por la prosperidad y el bienestar de nuestros pueblos. Nuestra máxima prioridad es superar el subdesarrollo, lo cual entraña la erradicación del hambre, el analfabetismo, las enfermedades y la pobreza. Aunque ésta es, ante todo, una responsabilidad nuestra, instamos a la comunidad internacional a tomar medidas urgentes y decididas, con un enfoque integral y multidimensional que nos ayuden a vencer estos flagelos y a establecer relaciones económicas internacionales basadas en la justicia y la equidad. El desarrollo en pro del bienestar de nuestros pueblos seguirá siendo siempre el centro de la acción del Grupo de los 77 y China, y a este respecto, nos comprometemos una vez más con esa meta. Reconocemos que los países en desarrollo, en ejercicio de su soberanía y sin injerencia en sus asuntos internos, tienen derecho a escoger el camino hacia el desarrollo con arreglo a sus prioridades y objetivos racionales. No obstante, estamos profundamente preocupados de que se le haya restado importancia a la cooperación internacional para el desarrollo en el programa de la comunidad internacional, incluido el sistema de las Naciones Unidas. En consecuencia, y habida cuenta de nuestra meta declarada, en los albores del nuevo milenio instamos a la comunidad internacional, a que dé prioridad al programa de desarrollo de los países en desarrollo y a que tome medidas urgentes y decididas que los ayuden a vencer los obstáculos que los separan de sus objetivos de desarrollo.

 

8.         En este contexto, y tomando nota de la interdependencia de las naciones y de los diversos niveles de desarrollo humano existentes en el mundo, hacemos hincapié en la necesidad de un nuevo orden mundial humano dirigido a revertir las crecientes disparidades entre pobres y ricos, tanto dentro de las naciones como entre ellas, mediante la promoción del crecimiento con equidad, la erradicación de la pobreza, la ampliación del empleo productivo y el fomento de la igualdad de género y la integración social. Por consiguiente, nos comprometemos a trabajar juntos para enfrentar esos retos en beneficio de nuestros pueblos.

 

9.         Observamos que en los últimos decenios se han presentado factores externos que han restringido la realización del potencial económico del Sur. Esto ha afectado negativamente el comercio exterior, la corriente de inversiones extranjeras directas y otras formas de inversiones. De ahí que sea indispensable promover un diálogo Norte-Sur basado en el espíritu de asociación, el beneficio mutuo y una genuina interdependencia para la eliminación expedita de estas limitaciones.

 

10.        Estamos firmemente convencidos de que debe crearse un nuevo espíritu de cooperación internacional basado en el principio de la obtención de beneficios comunes, pero también en las responsabilidades comunes pero diferenciadas de los países en desarrollo y los países industrializados. Coincidimos en que para ello es también esencial encontrar soluciones colectivas y pacíficas para los problemas globales que afecten al mundo de hoy, por lo que se requiere la búsqueda de mecanismos concretos que garanticen la participación plena, eficaz y en pie de igualdad de los países del Sur en la toma de decisiones a nivel internacional. En este sentido, el mecanismo internacional de elaboración de normas y adopción de medidas debe garantizar, por tanto, que los países del Sur participen en pie de igualdad en las decisiones que los afectan fundamentalmente. En particular, las instituciones internacionales de gestión económica deben promover una toma de decisiones de amplia participación, que es indispensable para lograr una economía política mundial más equitativa. En el contexto de la interdependencia, subrayamos la necesidad de adoptar medidas expeditas para lograr que los mecanismos existentes sean más transparentes, inclusivos, participativos, interactivos y de bases más amplias. De la misma manera, a nivel nacional, también observamos que los esfuerzos por promover el desarrollo exigen una asociación verdadera, es decir, un enfoque más inclusivo y participativo que comprenda a todos los directamente interesados, incluidos el sector privado y las organizaciones no gubernamentales.

 

II.          Observamos con preocupación que los países del Sur no han podido participar de los beneficios de la mundialización en pie de igualdad con los países desarrollados y han quedado excluidos de las oportunidades de ese proceso. Se han intensificado las asimetrías y los desequilibrios en las relaciones económicas internacionales, particularmente en lo relativo a la cooperación internacional, ampliando aún más la desigualdad entre los países en desarrollo y los países industrializados. También nos preocupa que, en el contexto de la creciente disparidad entre el Norte y el Sur, las condiciones económicas y sociales de los países menos adelantados se han seguido deteriorando. Además, las diferencias en materia de ingreso a nivel de país siguen siendo grandes, la exclusión social y las desigualdades están generalizadas y el número de personas que viven en la pobreza ha aumentado. Deben adoptarse medidas urgentes para encarar las necesidades de la gran mayoría de la población, en particular de las mujeres y los niños, que se ve obligada a vivir en condiciones de extrema pobreza, ya que de lo contrario la mundialización no aportará soluciones duraderas a los problemas fundamentales de los países en desarrollo. Para la mayoría de nosotros, la agricultura continúa siendo el soporte de la economía y la mayoría de nuestros pueblos todavía vive en zonas rurales; la mundialización los ha pasado por alto, pero deben atenderse sus necesidades.

 

12.        Nos preocupan los graves problemas financieros que enfrentan muchos de nuestros países con el aspecto sistémico de la inestabilidad financiera, los problemas asociados a la inestabilidad de las corrientes de capital a corto plazo y la ausencia de un mecanismo apropiado, de regulación y vigilancia de dichas corrientes, así como los fondos de cobertura, y las entidades financieras fuertemente apalancadas. Esta situación exige una urgente reforma fundamental de la arquitectura financiera internacional que la haga más democrática y transparente y más orientada hacia la solución de los problemas del desarrollo. También requiere el establecimiento de un programa claro, que no se limite a la mera prevención de las crisis e incluya acciones destinadas a abordar los problemas interrelacionados de las finanzas, el comercio, la tecnología y el desarrollo a nivel internacional. El retorno a una aparente normalidad de los mercados de capital después de la última crisis no debe tentarnos a la complacencia.

 

13.        Incluso los países en desarrollo con mercados financieros limitados o sin ellos sufren gravísimas consecuencias por la inestabilidad y el contagio financieros, que se ponen de manifiesto en los bajos precios de los productos básicos a causa de la disminución de la demanda de estos productos, la inestabilidad recíproca del mercado financiero y de los productos básicos y el aplazamiento de las inversiones, lo cual debilita gravemente su situación económica general y sus posibilidades de desarrollo. Si bien el contagio financiero no tiene consecuencias sistémicas, en estos países, sus economías se ven severamente afectadas. Por tanto, exhortamos a las instituciones financieras multilaterales a que adopten medidas de apoyo apropiadas y oportunas a fin de ayudarlos. (aprobado)

 

14.        La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), en su condición de centro de coordinación de las Naciones Unidas para el trato integrado del comercio y el desarrollo y otras cuestiones afines de los sectores de las finanzas, la tecnología, las inversiones y el desarrollo sostenible, debería proseguir el examen de estas cuestiones y lograr consenso para reformular políticas y opciones con respecto a la mundialización desde una perspectiva de desarrollo. Reafirmamos enérgicamente nuestro compromiso con el mandato conferido a la UNCTAD en Bangkok de contribuir al actual proceso de reforma de las instituciones financieras internacionales.

 

15.        Reconocemos la necesidad de nuestros países de continuar sus esfuerzos con relación a las reformas económicas para aumentar el crecimiento económico sostenido y el desarrollo sostenible. Asimismo, instamos a los países desarrollados a que tengan en cuenta los posibles efectos negativos sobre los países en desarrollo de sus políticas económicas, monetarias y fiscales internas, y a que apliquen medidas sensibles a las necesidades e intereses del Sur.

 

16.        El mundo nunca ha sido tan interdependiente. La persistencia de la pobreza y la indigencia endémicas en el Sur constituyen una amenaza en ciernes para la seguridad y la prosperidad del mundo. En este contexto, felicitamos la iniciativa lanzada en pro de la creación de un Fondo de Solidaridad Mundial y estimulamos los esfuerzos de los Estados miembros para su creación. Subrayamos la importancia de este Fondo que propiciará la consecución de los esfuerzos dirigidos a erradicar la pobreza.

 

17.        Abogamos por restaurar la confianza en el sistema comercial multilateral, que debe contribuir al crecimiento económico y al desarrollo de los países del Sur. Insistimos en la necesidad de que los países desarrollados cumplan inmediata y cabalmente las disposiciones de trato especial y diferenciado a favor de los bienes y servicios que exportan los países en desarrollo, y de que se fortalezca el régimen de preferencias comerciales, que debe además atender las necesidades de los países menos adelantados y las especificidades de algunos países pequeños en desarrollo, teniendo en cuenta sus problemas de vulnerabilidad y el riesgo de que resulten marginados en la economía mundial, instamos a que se otorgue prioridad a la liberalización de aquellos sectores de los servicios en que los países en desarrollo tienen ventajas comparativas. En este sentido, la cuestión clave del libre movimiento de las personas naturales debe recibir la debida consideración.

 

18.        Observamos con preocupación que la liberalización del comercio internacional no ha proporcionado beneficios a todos los países en desarrollo. Es preciso recuperar la confianza en el sistema comercial multilateral mediante la plena participación de los países en desarrollo, la aplicación plena y fiel de los acuerdos de la Ronda Uruguay en el espíritu adecuado y una efectiva atención de las preocupaciones de los países en desarrollo en materia de su aplicación. Recalcamos la universalidad de la Organización Mundial del Comercio (OMC) mediante la aceleración de un proceso de adhesión sin condicionalidades políticas. Instamos a todos los miembros de la OMC a que se abstengan de plantear exigencias excesivas respecto de las solicitudes de los países en desarrollo. Reconocemos la necesidad de que se realicen consultas entre los países en desarrollo a fin de promover su participación eficaz en la OMC.

 

19.        Acogemos con beneplácito el ofrecimiento del Estado de Qatar de ser anfitrión de la Cuarta Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC), y hacemos un llamamiento en pro de la participación efectiva en esta conferencia con miras a alcanzar los objetivos y promover los intereses de los países del Sur.

 

20.        Subrayamos la urgente necesidad de eliminar los desequilibrios que se observan en los acuerdos actuales de la OMC, en particular el derecho de los países en desarrollo a promover sus exportaciones, que se han visto restringidas por el uso indebido de medidas proteccionistas tales como medidas antidumping y derechos compensatorios, así como las crestas y la progresividad arancelarias. La liberalización válida y expedita del sector de los textiles, que constituye un especial interés de los países en desarrollo, es otro importante problema de acceso a los mercados que debe abordar el sistema comercial multilateral como cuestión prioritaria. Instamos, además, a que se hagan efectivas las negociaciones en materia de agricultura, que se establecen en el articulo 20 del Acuerdo sobre la Agricultura. Respecto de la agricultura, debe perseguirse el objetivo de incorporar al sector en las normas corrientes de la OMC. También exhortamos a la pronta y cabal aplicación de la decisión adoptada por la OMC en Marrakech sobre medidas relacionadas con los posibles efectos negativos del programa de reforma en los países menos adelantados y los países en desarrollo importadores natos de alimentos. Los acuerdos deben aplicarse tomando en consideración la necesidad de ampliar el período de ejecución de algunos de ellos, que plantean problemas para los países en desarrollo. La revisión del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), conforme a lo dispuesto en sus artículos 27 y 71, debe lograr que responda a las necesidades de los países del Sur y asegurar a los países en desarrollo un acceso preferencial a los conocimientos y la tecnología. Nos esforzaremos por armonizar el Acuerdo sobre los ADPIC con las disposiciones del Convenio sobre la Diversidad Biológica relativas a la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad.

 

21.        También encarecemos a los países desarrollados que otorguen cabalmente un trato especial y diferenciado a los países en desarrollo, fortalezcan el sistema de preferencias y faciliten el acceso libre y justo a sus mercados de aquellos bienes y servicios de exportación que sean de especial interés para los países en desarrollo. En este sentido, instamos a todos los miembros de la OMC a que respondan a la solicitud de la Unión Europea y el Grupo ACP de que se les conceda una dispensa de las disposiciones del párrafo 1, del artículo 1 del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT). Exhortamos a los socios desarrollados a reconocer además la necesidad de formular medidas apropiadas para atender las preocupaciones de otros países que cumplen los requisitos mediante el fortalecimiento del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) Las futuras negociaciones comerciales multilaterales deben basarse en un programa positivo y tomar plenamente en consideración las dimensiones de desarrollo del comercio y las necesidades e intereses específicos de los países en desarrollo. Hacemos un llamamiento a todos los países que apoyen el mandato de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) de ayudar a los países en desarrollo en las negociaciones comerciales multilaterales mediante el aporte de suficientes recursos. Si bien reconocemos el valor de la protección ambiental, las normas laborales, la protección de la propiedad intelectual, las innovaciones autóctonas, la comunidad local, la gestión macroeconómica acertada, y la promoción y protección de todos los derechos humanos y las libertadas fundamentales, incluido el derecho al desarrollo, así como el examen de cada una de estas cuestiones en las organizaciones internacionales competentes, rechazamos todo intento de utilizarlas como condicionalidades y pretextos para restringir el acceso de los países en desarrollo a los mercados o a las corrientes de ayuda y tecnología.

 

22.        Hemos evaluado los resultados del décimo período de sesiones de la Conferencia de la UNCTAD celebrado recientemente en Bangkok (Tailandia), y solicitamos a todos los países que apoyen debidamente a esa organización en sus esfuerzos por contribuir a la promoción de las dimensiones de desarrollo del comercio en el contexto de la mundialización y la liberalización de la economía mundial.

 

23.        Creemos, además, que los países miembros del Grupo de los 77 y China deberían coordinar sus prioridades y negociar estrategias que promuevan de manera eficaz sus intereses comunes, organizando y dirigiendo esas negociaciones comerciales multilaterales de manera que tengan en cuenta las necesidades de los países en desarrollo, a fin de que las políticas comerciales respondan a los objetivos de desarrollo y propicien un mayor acceso de los países en desarrollo a los mercados.

 

24.        Observamos con profunda inquietud la constante disminución de la asistencia oficial para el desarrollo (AOD), que ha repercutido negativamente en las actividades de desarrollo de los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados. Por ello, exhortamos a los países desarrollados, que aún no lo hayan hecho, a que adopten de inmediato medidas para cumplir el compromiso de dedicar el 0,7% de su producto interno bruto a la AOD, y, dentro de ese objetivo, asignen del 0,15 % al 0,20% a los países menos adelantados. También instamos a que la ayuda oficial respete las prioridades de desarrollo nacionales de los países en desarrollo, y a que cese la imposición de condiciones a esa ayuda.

 

25.        Apoyamos la celebración de una conferencia de alto nivel de las Naciones Unidas sobre financiación del desarrollo en el año 2001 que deberá abordar problemas nacionales, internacionales y sistémicos relativos a la financiación del desarrollo de manera integral. Exhortamos a todos los países y partes interesadas, en particular al Banco Mundial, el FMI y la OMC, a asignar la máxima urgencia e importancia a esa reunión y a participar activamente en los preparativos y en la propia conferencia. Acogemos también con beneplácito el ofrecimiento de Indonesia y Colombia de celebrar reuniones regionales intergubernamentales en sus respectivas regiones, a fin de impulsar el proceso preparatorio de la reunión. En este sentido, invitamos a los Estados miembros del Grupo de los 77 y China a que examinen el ofrecimiento relativo a la organización de la conferencia.

 

26.        Observamos con preocupación la persistencia del problema de la deuda externa y sus desafortunadas consecuencias para los países del Sur, donde el círculo vicioso de la deuda y el subdesarrollo se ha arraigado aún más. Nos alarma que el servicio de la deuda haya crecido a un ritmo mucho mayor que la propia deuda, y que la carga de los pagos de la deuda se hayan hecho más onerosos en muchos países del Sur, incluidos países de ingresos bajos y medianos. Por tanto, recalcamos la necesidad de buscar colectivamente una solución duradera al problema de la deuda externa de los países en desarrollo, incluidos los países de medianos ingresos, que aborde también las causas estructurales del endeudamiento. Asimismo, exhortamos a que se concierten acuerdos de reducción de la deuda de los países en desarrollo de medianos ingresos a fin de agilizar la liberación de recursos para el desarrollo.

 

27.        Acogemos con satisfacción la Iniciativa ampliada en favor de los países pobres muy endeudados, pero consideramos que se debe ampliar, agilizar y flexibilizar más, y que se deben aportar recursos nuevos y complementarios. El alivio del endeudamiento o su cancelación no deben tener lugar a expensas de la asistencia oficial para el desarrollo. Propugnamos la búsqueda de fórmulas de renegociación aplicables a los países de medianos ingresos, y promovemos el diseño de una estrategia global en materia de deuda externa que aborde los problemas interrelacionados de las finanzas, la economía y el desarrollo.

 

28.        Observamos con profunda preocupación que la carga de la deuda ha colocado a los países menos adelantados en una posición más vulnerable, e instamos a los países desarrollados a que cancelen la deuda de esos países para liberarlos de dicha carga a fin de que puedan fortalecer su capacidad de desarrollo y escapar del círculo vicioso de la pobreza.

 

29.        Observamos con alarma las recientes medidas unilaterales de algunos países desarrollados, destinadas a poner en tela de juicio el uso de la política fiscal como instrumento de desarrollo e imponer su propia definición de la denominada competencia tributaria dañina. Reiteramos que todo Estado tiene el derecho fundamental de determinar su propia política fiscal y, en este sentido, debe respetarse la soberanía de los Estados. Consideramos que la lucha legítima contra el blanqueo de dinero no debe emplearse como pretexto para desacreditar a centros financieros extraterritoriales legítimos en virtud de sus políticas tributarias y de incentivos.

 

30.        La contribución de las empresas transnacionales al crecimiento económico sostenido y el desarrollo sostenible está determinada por sus estrategias globales, cuya característica es la búsqueda del aumento de la competitividad y de ganancias cada vez mayores. Tal situación no se corresponde necesariamente con la creación de empleos ni con la consecución de los objetivos de desarrollo en muchos países en desarrollo. De ahí que invitemos a las instituciones internacionales pertinentes a que aborden este dilema con miras a alcanzar el justo equilibrio entre ambos objetivos. En este contexto, pedimos a la UNCTAD y a la OIT, que, en el marco de sus respectivos mandatos estudien la tendencia a la fusión de empresas transnacionales, así como su repercusión en el desempleo, y en las empresas pequeñas y medianas de los países en desarrollo desde el punto de vista de la competitividad. También hacemos un llamamiento a las empresas transnacionales para que incorporen en sus estrategias comerciales los objetivos de desarrollo de los países en desarrollo donde tengan sedes.

 

31.        Reconocemos que en el Sur hay un grupo de países clasificados como países menos adelantados que están en especial desventaja en la presente etapa de mundialización y liberalización. A pesar de los intentos por ayudarlos, esos países siguen estando marginados en la economía mundial, Exhortamos e la comunidad internacional a que adopte iniciativas especiales en relación con esos países, sobre todo en lo que respecta a la erradicación de la pobreza, la aplicación equitativa de los acuerdos de la OMC, el libre acceso a sus exportaciones en los mercados mundiales, la cancelación de la deuda, el aumento de la AOD e incentivos a las corrientes de inversiones extranjeras directas hacia los países menos adelantados.

 

32.        Reiteramos nuestro apoyo a la iniciativa del Grupo de los 77 sobre la resolución titulada “Prevención de las prácticas corruptas, incluida la transferencia ilícita de fondos”, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su quincuagésimo cuarto periodo desesiones. Apoyamos las demandas contenidas en dicha resolución sobre la necesidad de impulsar la cooperación a diferentes niveles, incluso por conducto del sistema de las Naciones Unidas, a fin de hallar medios que permitan evitar y combatir la transferencia ilícita de fondos y repatriar a sus países de origen fondos transferidos ilícitamente. Respaldamos asimismo la decisión adoptada por los líderes africanos y europeos, al concluir su reciente Conferencia Cumbre, celebrada en El Cairo, en el sentido de tomar las medidas necesarias para luchar contra la corrupción a nivel nacional e internacional y garantizar que el dinero adquirido y transferido ilícitamente que se encuentre depositado en bancos extranjeros sea objeto de investigación y devolución a los países de origen. Exhortamos a todos los países y entidades interesados a que presten su cooperación en este sentido. Instamos también a las Naciones Unidas a que inicien los trabajos preparatorios de la elaboración de una convención sobre esta materia que se someta a la aprobación de la Asamblea del Milenio.

 

33.        Reconocemos los problemas especiales de las economías pequeñas y vulnerables e instamos a las instituciones internacionales competentes a tomar en consideración las diferencias en cuanto a nivel de desarrollo y tamaño de las economías de los países en desarrollo, a fin de crear oportunidades para la plena participación de las economías pequeñas y aumentar sus niveles de desarrollo. Insistimos en que debe aceptarse que el trato especial y diferenciado para todos los países en desarrollo, incluidas las economías pequeñas y vulnerables constituye un principio fundamental del sistema comercial multilateral.

 

34.        Hemos reconocido las dificultades que enfrentan los países en desarrollo sin litoral debido a sus circunstancias geográficas desfavorables, así como las preocupaciones de los países en desarrollo de tránsito. Los países en desarrollo sin litoral se ven cada vez más marginados en la economía mundial pese a los esfuerzos que realizan para aplicar estrategias nacionales favorables. Ello está provocando un mayor deterioro de sus economías y de sus ya bajos niveles de vida. Exhortamos a los donantes bilaterales y multilaterales a que otorguen un trato preferencial a los países en desarrollo sin litoral y de tránsito.

 

35.        Nos sentimos preocupados por los problemas especiales y las vulnerabilidades de los pequeños Estados insulares en desarrollo, en particular su falta de acceso a los mercados y la ausencia de un trato especial y diferenciado, lo que sigue creando obstáculos para su eficaz participación en la acelerada mundialización de la economía. Expresamos nuestra preocupación porque, pese a los ingentes esfuerzos que han realizado estos países a nivel nacional, no se ha proporcionado un apoyo equivalente a nivel internacional. Reiteramos nuestro llamado a fortalecer las actividades internacionales de aplicación y seguimiento del Programa de Acción de Barbados. Subrayamos la necesidad urgente de elevar al máximo el apoyo internacional mediante, entre otras cosas, el fortalecimiento de los arreglos institucionales vigentes, la movilización de recursos externos nuevos y adicionales y el mejoramiento de los mecanismos de coordinación a fin de concentrar y armonizar el apoyo a las prioridades de los pequeños Estados insulares en desarrollo. Observamos la incidencia periódica de los desastres naturales y sus perniciosos efectos sobre el desarrollo de las economías pequeñas y vulnerables, y recabamos una mayor asistencia internacional para la creación y el fortalecimiento de mecanismos nacionales, subregionales, regionales e internacionales de prevención de los desastres, preparación para casos de desastres y mitigación de sus efectos, incluidos sistemas de alerta temprana, tomando en consideración, en particular el trabajo realizado durante el Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales.

 

36.        Expresamos nuestra honda preocupación por las inundaciones sin precedentes ocurridas en África meridional y en particular en Mozambique, que han ocasionado pérdidas de vidas, una inmensa destrucción de las infraestructuras y deterioro de la situación socioeconómica, así como el desenterramiento y la dispersión de minas terrestres. El creciente desastre humanitario es otra fuente de preocupación. Encomiamos los esfuerzos realizados por la Comunidad del África Meridional para el Desarrollo (SADC) para mitigar las consecuencias devastadoras de las inundaciones y expresamos nuestro agradecimiento a la comunidad internacional por el apoyo, la solidaridad y la asistencia humanitaria que ha brindado a Mozambique. Instamos a todos los países a que participen en la Conferencia Internacional de Donantes, que se celebrará en Roma los días 3 y 4 de mayo de 2000, con el fin de movilizar recursos financieros para la reconstrucción de las infraestructuras socioeconómicas y la rehabilitación de las víctimas de Mozambique. Instamos también a los países desarrollados a que cancelen la deuda externa de Mozambique, a la luz de su crítica situación socioeconómica. Encarecemos además a la comunidad internacional que aumente su asistencia a los programas de remoción de minas, tomando en consideración las consecuencias de largo alcance de las inundaciones. (aprobado)

 

37.        Estamos profundamente alarmados por la persistente situación económica crítica de África, agravada, entre otras cosas, por la onerosa carga de la deuda, los bajos niveles de ahorros e inversiones, la reducción de los precios de los productos básicos, la disminución de los niveles de la asistencia oficial para el desarrollo y los niveles insuficientes de inversiones extranjeras directas. En particular, observamos con desaliento que la pobreza en África ha alcanzado ya niveles intolerables que repercuten de forma negativa en la estabilidad de la mayoría de los países y renglones del continente. Para cumplir las metas internacionalmente convenidas de reducción de la pobreza en el 50% para el año 2015, las economías de África deben crecer a un ritmo del 7% por año. Para ello, es preciso revertir las tendencias actuales comenzando por la cancelación de las deudas bilaterales y multilaterales y el aumento sustancial de las corrientes financieras, incluida la ayuda oficial para el desarrollo. Ello permitiría a los países africanos reiniciar las tan necesarias inversiones en infraestructura humana y física, un requisito indispensable para que el continente retome el camino del crecimiento y el desarrollo. En este contexto, acogemos con beneplácito las iniciativas de algunos países desarrollados de cancelar la deuda de los países menos adelantados así como la Declaración y el Plan de Acción emanados de la Primera Cumbre África-Europa, celebrada en El Cairo los días 3 y 4 de abril de 2000, en la que se examinaron medios y arbitrios para incrementar la integración de Africa en la economía mundial mediante la elaboración de una solución integral de su problema de la deuda: la mejora de sus capacidades productivas y financieras; la eliminación de los obstáculos que le impiden el acceso a los mercados y de los relacionados con la oferta que estorban la llegada de sus exportaciones a los mercados internacionales: y el apoyo a sus esfuerzos por captar una mayor porción de las inversiones mundiales. Por tanto, instamos a la pronta aplicación de medidas que apoyen los esfuerzos de los países africanos en pro del desarrollo.

 

38.        Estamos profundamente preocupados por la propagación del VIH/SIDA y de otras enfermedades parasitarias en los países en desarrollo en general y en el África subsahariana en particular. Este flagelo amenaza con socavar los grandes avances que lograron los países en desarrollo en las esferas social y económica durante el último decenio. Instamos a la comunidad internacional a que adopte medidas concretas para mitigar los desastrosos efectos del VIH/SIDA. Se necesita una asistencia urgente, sobre todo para redoblar las campañas de información y toma de conciencia con miras a que el público en general conozca bien las causas de la enfermedad y las medidas preventivas.

 

Pedimos el apoyo de la comunidad internacional para ayudar a enfrentar los retos que el VIH/SIDA plantea en particular, como la falta de acceso adecuado a la atención y tratamiento de esa enfermedad, la tuberculosis y la epidemia del paludismo. Deben aplicarse con mayor urgencia políticas destinadas a lograr la igualdad entre los sexos a fin de ayudar a luchar contra una de las causas fundamentales de la propagación de la enfermedad. Asimismo, hacemos un llamamiento a la cooperación internacional, incluida la cooperación Sur-Sur, y al establecimiento de mecanismos multidisciplinarios a nivel regional y subregional para enfrentar esos retos.

 

39.        Instamos a que se diseñen políticas de promoción de las inversiones que estén en consonancia con las prioridades nacionales de desarrollo, incluidos el fomento de la capacidad, la transferencia de tecnología, la infraestructura, la ampliación de las instalaciones de producción, la generación de empleos y la diversificación de las exportaciones y los mercados. La comunidad internacional debería apoyar el esfuerzo de los países en desarrollo por definir estrategias de inversión extranjera directa que permitan crear un entorno favorable para las inversiones.

 

40.        Estamos convencidos de que la cooperación Sur-Sur es un instrumento eficaz para optimizar nuestro potencial y promover el desarrollo mediante, entre otras cosas, la movilización y distribución de los recursos y los conocimientos especializados con que cuentan nuestros países, así como para complementar los programas de cooperación con los países donantes. Por tanto, nos comprometemos a superar cualesquiera dificultades que hayan limitado esta cooperación. Creemos que constituye una necesidad imperiosa en el contexto de la mundialización y que, por consiguiente, es indispensable asumirla con determinación y voluntad política. Creemos, asimismo, que la cooperación Sur-Sur es un mecanismo esencial para promover el crecimiento económico sostenido y el desarrollo sostenible, y que constituye un elemento vital para fomentar relaciones Sur-Sur constructivas en el empeño de alcanzar la autosuficiencia. Teniendo en cuenta lo anterior, reiteramos que estamos decididos a adoptar las medidas necesarias, incluida la determinación de recursos, y a diseñar mecanismos de seguimiento apropiados que permitan aprovechar plenamente las posibilidades de dicha cooperación.

 

41.        En este sentido, saludamos y apoyamos las iniciativas tomadas recientemente por nuestros países para promover la cooperación entre África y América Latina y el Caribe, así como entre África y Asia, que figuran en acuerdos de cooperación y tienen por objeto enfrentar los problemas de la desertificación, la sequía y la degradación de la tierra mediante actividades conjuntas para aplicar la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra La Desertificación, particularmente en África. Reafirmamos que es preciso aplicar plenamente todas las disposiciones de la Convención y exhortamos a los países desarrollados y la comunidad internacional a que cumplan sus compromisos financieros al respecto. Asimismo, apoyamos las decisiones aprobadas por la Conferencia Ministerial Africana sobre el Medio Ambiente, celebrada en Abuja (Nigeria), del 4 a 6 de abril de 2000, y acogemos con beneplácito el reciente establecimiento en Túnez del Observatorio del Sáhara y el Sahel.

 

42.        Reconocemos que la cooperación y la integración regionales constituyen el enfoque más acertado para que el Sur enfrente los desafíos de la mundialización y aproveche cabalmente sus oportunidades. También encomiamos y apoyamos la labor de las agrupaciones regionales y subregionales que se han establecido entre países en desarrollo para promover el desarrollo socioeconómico sostenible de sus respectivos Estados miembros mediante la integración regional y la armonización de sus políticas económicas y sociales. Asimismo, celebramos y alentamos el establecimiento de estructuras regionales y subregionales apropiadas en los países en desarrollo con objeto de eliminar las barreras que estorban el libre movimiento de los bienes, los servicios y el capital.

 

43.        Observamos que sigue aumentando la disparidad entre el Norte y el Sur en materia de ciencia y tecnología, y que el proceso de rápida acumulación de conocimientos y tecnologías no ha llegado a los cientos de millones de personas que siguen viviendo en la pobreza absoluta. Es indispensable tomar medidas adecuadas para superar la desigualdad tecnológica entre los países en desarrollo y los países industrializados y tratar de que se establezcan arreglos que faciliten los procesos de transferencia de tecnologías. Nos comprometemos a promover el desarrollo científico y tecnológico fortaleciendo nuestra voluntad política, incrementando la asignación de recursos con ese objetivo, creando un marco institucional adecuado y promoviendo la tecnología y la innovación mediante una educación avanzada de calidad. Simultáneamente, instamos a los países desarrollados a que faciliten la transferencia de tecnología aligerando los costos y las condiciones colaterales que actualmente la obstaculizan.

 

44.        Creemos que las modalidades de producción y consumo de los países industrializados son insostenibles y deberían modificarse porque amenazan la supervivencia misma del planeta. Creemos firmemente que se deberían realizar evaluaciones sistemáticas de las consecuencias económicas, sociales y ambientales de las innovaciones tecnológicas con la participación de todos los sectores sociales interesados, incluidos la comunidad empresarial, los gobiernos, la comunidad científica y otros grupos que no han sido tradicionalmente partes en este proceso. Instamos a los países desarrollados a que cumplan su compromiso de suministrar a los países en desarrollo recursos financieros y tecnologías ecológicamente racionales sobre bases preferenciales.

 

45.        Abogamos por la solución de los graves problemas ambientales mundiales, regionales y locales que enfrenta la humanidad, sobre la base del reconocimiento de la deuda ecológica del Norte y del principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas de los países desarrollados y los países en desarrollo.

 

46.        Reconocemos que la tecnología de la información constituye uno de los pilares de la revolución tecnológica y un instrumento de desarrollo muy pujante de nuestra época. Debemos aprovechar plenamente esta oportunidad única de utilizar la tecnología de la información en pro del desarrollo y asegurar que sus beneficios lleguen a nuestros pueblos, puesto que el futuro de los países del Sur depende de la inclusión de esa tecnología en sus programas de desarrollo económico y social. En este contexto, subrayamos la necesidad de crear Asociaciones Mundiales del Saber que alienten a los países desarrollados a suministrar a los países en desarrollo la ayuda necesaria a ese efecto.

 

47.        Si bien consideramos que se debe ampliar urgentemente nuestro acceso a las redes mundiales de información y aumentar los beneficios que de ellas se derivan, hacemos hincapié en la necesidad de preservar nuestra diversidad nacional y regional en materia de tradiciones, identidades y culturas, que podría verse afectada por el proceso de mundialización, así como de establecer vínculos con la información y los conocimientos internacionales contemporáneos de una manera que no entrañe el sacrificio de nuestras culturas e identidades nacionales y regionales. Por consiguiente, es necesario prestar especial atención a las tendencias uniformadoras que puedan atentar contra esa diversidad. En este contexto, acogemos con beneplácito la proclamación por la Asamblea General de las Naciones Unidas del año 2001 Año del Diálogo entre las Civilizaciones, y destacamos la importancia de esta iniciativa para mejorar la comprensión de las diversas culturas y promover la cooperación Norte-Sur y Sur-Sur en el contexto de la mundialización.

 

48.        Rechazamos firmemente la imposición de leyes y reglamentos de efectos extraterritoriales y de cualquier otro tipo de medida económica coercitiva contra países en desarrollo, incluidas las sanciones unilaterales, y reiteramos la urgente necesidad de eliminarlos inmediatamente. Insistimos en que tales acciones no sólo atentan contra los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional, sino que también constituyen una grave amenaza al libre comercio y a la inversión. Por tanto, instamos a la comunidad internacional a no reconocer ni aplicar dichas medidas,

 

49.        Estamos dedicados a promover la democracia y fortalecer el imperio del derecho. Fomentaremos el respeto de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos, incluido el derecho al desarrollo. Nos comprometemos a realizar la gestión de los asuntos públicos transparente, eficaz, responsable y receptiva ante las necesidades de nuestros pueblos que se requiere para el crecimiento económico, la paz y la prosperidad. Ratificamos que todo Estado tiene el derecho inalienable de escoger su propio sistema político económico, social y cultural, sin injerencia de ningún tipo de otros Estados.

 

50.        Expresamos nuestra profunda preocupación por la repercusión de las sanciones económicas en la capacidad de desarrollo de los países contra los que van dirigidas y, en este contexto, tomando nota de que Libia ha cumplido ya todas sus obligaciones derivadas de las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad, instamos a ese órgano a que apruebe una resolución por la que levante totalmente las sanciones contra Libia. También pedimos que se levanten de inmediato todas las sanciones unilaterales impuestas contra Libia fuera del sistema de las Naciones Unidas.

 

51.        Afirmamos que la terminación de la ocupación israelí y el logro de una paz amplia, justa y duradera en el Oriente Medio es un requisito previo del desarrollo económico y social de la región. Reafirmamos nuestro apoyo al proceso de paz en el Oriente Medio sobre la base de las resoluciones del Consejo de Seguridad 242 (1967), 338 (1973) y 425 (1978), así como al principio de territorio por paz. La paz exige la retirada total de Israel del territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén, y el logro de un acuerdo final en la fecha prevista, septiembre de 2000, así como el establecimiento del Estado de Palestina con Jerusalén como su capital. También exige la retirada total de Israel del Golán sirio ocupado y la demarcación de la línea del 4 de junio de 1967, al igual que su retirada incondicional del Líbano meridional y de la Bekaa occidental a las fronteras internacionalmente reconocidas. Afirmamos que las medidas adoptadas por Israel para cambiar el estatuto jurídico y la composición demográfica de Jerusalén son nulas y carecen de validez.

 

52.        Instamos a todos los Estados en las zonas de conflicto a que se abstengan de realizar ataques contra las infraestructuras civiles, y a que consideren los ataques contra tales objetivos contrarios al derecho internacional y perjudiciales para el logro del desarrollo económico y social nacional y para el comercio internacional.

 

53.        También expresamos nuestra honda preocupación por el ataque aéreo contra la fábrica de productos farmacéuticos de El-Shifa en el Sudán el 20 de agosto de 1998, y por sus efectos negativos sobre el desarrollo económico y social de ese país. Expresamos nuestro apoyo y solidaridad al Sudán en su demanda de que las Naciones Unidas consideren de manera justa la cuestión con arreglo al derecho internacional.

 

54.        Insistimos en la necesidad de mantener una clara diferenciación entre la asistencia humanitaria y otras actividades de las Naciones Unidas. Rechazamos el llamado “derecho a la intervención humanitaria”, que carece de fundamento jurídico tanto en la Carta de las Naciones Unidas como en los principios generales del derecho internacional. En este contexto, pedimos al presidente del Grupo de los 77 que, junto con la presidencia del Movimiento de los Países No Alineados, coordine, por conducto del Comité Conjunto Coordinador, el examen del concepto de intervención humanitaria y otros asuntos conexos contenidos en la Memoria del Secretario General de Las Naciones Unidas sobre la labor de la Organización correspondiente a 1999. Insistimos también en la necesidad de que se respeten escrupulosamente los principios rectores de la asistencia humanitaria, aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 46/182, y hacemos hincapié en que estos principios mantienen su validez, se han confirmado con el tiempo y deben seguirse aplicando plenamente. Además, recalcamos que la asistencia humanitaria debería prestarse respetando plenamente le soberanía, la integridad territorial y la independencia política de los países receptores, y sólo cuando esos Estados lo solicitaran o con su aprobación.

 

55.        Hacemos un llamamiento a la comunidad internacional para que proporcione la necesaria asistencia a las operaciones de remoción de minas, así como a la rehabilitación de las víctimas y a su integración económica y social en los países afectados por las minas terrestres. Expresamos nuestra preocupación por los remanentes de la segunda guerra mundial, particularmente en forma de minas terrestres, que provocan daños humanos y materiales y obstruyen los planes de desarrollo en algunos países en desarrollo. Exigimos a los Estados responsables de colocar minas fuera de sus territorios, que asuman la responsabilidad por las minas terrestres, cooperen con los países afectados en su eliminación, contribuyan a sufragar los costos de la remoción y proporcionen indemnización por las pérdidas que se produzcan y por la recuperación de las zonas afectadas para dedicarlas a fines productivos.

 

56.        También expresamos consternación por el creciente número de niños involucrados en conflictos armados y que sufren sus efectos.

 

Exhortamos a la comunidad internacional a que adopte medidas concertadas para prevenir y detener la utilización de niños en los conflictos armados, y a que ayude a la rehabilitación de los niños afectados, habida cuenta de que son la generación futura y pueden hacer una importante contribución al desarrollo.

 

57.        Observamos con honda preocupación el aumento de las actividades delictivas de todo tipo, incluido el tráfico ilícito de armas, drogas, y otros productos, que se utilizan para fomentar y financiar la delincuencia organizada y delitos transnacionales de todo género, los cuales continúan siendo un importante factor de inestabilidad y una amenaza para el desarrollo. En este contexto, también es motivo de profunda preocupación la trata de mujeres y niños, que no sólo es un crimen de lesa humanidad, sino además una violación del derecho internacional. Instemos a todos los países a sumarse a los esfuerzos multilaterales de la comunidad internacional destinados a elaborar mecanismos que fortalezcan la cooperación en materia de prevención y eliminación de dichas actividades, de modo que podamos garantizar la estabilidad y prosperidad de todas las economías y sociedades.

 

58.        Apreciamos la importancia de la Cumbre del Milenio y reafirmamos la necesidad de que el Grupo de los 77 y China y el Movimiento de los Países No Alineados coordinen debidamente sus posiciones. En este sentido, suscribimos la propuesta del Comité Conjunto Coordinador de que en el tema general del debate interactivo celebrado en la Cumbre del Sur sobre el papel de las Naciones Unidas en el siglo XXI, se incluyan dos subtemas, a saber, “Paz, seguridad y desarme” y “Desarrollo y erradicación de la pobreza”, y hacemos hincapié en la necesidad de que los países en desarrollo coordinen sus posiciones para asegurar que sus intereses y criterios en relación con todos los aspectos de los dos subtemas queden plenamente reflejados en los resultados de la Cumbre.

 

59.        Acogemos con beneplácito la decisión de convocar en el año 2000 un período extraordinario de sesiones de la Asamblea General para examinar la aplicación del Programa de Acción de la Cumbre Mundial en favor de la Infancia, y expresamos nuestro compromiso de participar cabalmente en el proceso preparatorio del período extraordinario de sesiones con el fin de mejorar la vida de los niños en nuestros países. Nos preocupan los nocivos efectos que tienen para los niños la marginación económica y social de los países en desarrollo, en particular, de las naciones más pobres.

 

60.        En este contexto, expresamos nuestra profunda preocupación por el insuficiente nivel de los recursos para el desarrollo con que cuentan las Naciones Unidas, lo que les resta capacidad para cumplir sus principales objetivos económicos y sociales en consonancia con las necesidades y aspiraciones de los países en desarrollo. Observamos con inquietud el creciente deterioro del papel y el aporte de las Naciones Unidas en cuanto a promover una genuina cooperación internacional para el desarrollo. En este sentido, reiteramos que corresponde a las Naciones Unidas desempeñar un papel central en las cuestiones económicas mundiales impartiendo un impulso vital al desarrollo del Sur y transformando las relaciones económicas internacionales de manera que sean más justas y equitativas, y expresamos nuestro total apoyo a la Organización y nuestra decisión de trabajar con miras a su fortalecimiento.

 

61.        Estimamos que para alcanzar la meta de la paz y la prosperidad universales, deberemos promover una cooperación internacional justa y equitativa en la que se asigne una elevada prioridad al desarrollo integrado y general, empeño que solo podrá lograrse mediante una labor conjunta, entre nosotros y con los países desarrollados. Podemos hacernos escuchar si actuamos con una sola voz y con el coraje, la perseverancia, la audacia y la voluntad política necesarias para lograr las transformaciones urgentes y fundamentales del sistema económico internacional a las que todos aspiramos.

 

62.        Al aprobar esta Declaración, reconocemos la necesidad de ejecutar, con arreglo a un calendario determinado, un programa de soluciones prácticas orientado a la acción. Para que nos sirva de guía en este proceso, hemos adoptado el Programa de Acción de La Habana. Se solicita al Presidente del Grupo de los 77 que transmita la presente Declaración y el Programa de Acción al Presidente de la Asamblea General, a fin de que se distribuyan como documentos oficiales de la Cumbre del Milenio y de la Asamblea del Milenio.