Introducción

 

Para América Latina y el Caribe, los años 90 quizás pasen a ser conocidos como “la década de los capitales locos”. El incremento en los flujos financieros que siguió a la liberalización y la desregulación de las economías desde mediados de los años 80 produjo auges y caídas de enormes dimensiones y consecuencias. El llamado “efecto tequila” ocurrido tras el colapso del peso mexicano en 1994 y la recesión sufrida por toda la región a consecuencia de la crisis asiática, son los ejemplos más notables de los desastrosos efectos causados por los repentinos cambios de dirección en los flujos de capital. Aunque siempre ha habido crisis financieras en América Latina y el Caribe, éstas han adquirido una nueva calidad y frecuencia en la última década, debido a los drásticos cambios ocurridos en los mercados financieros globales y la nueva apertura de las economías regionales.

 

Las crisis financieras se manifiestan de diferentes formas: crisis monetarias, bancarias y de balanza de pagos. Todas estas situaciones tienen en común la escasez de liquidez entre ciertos actores del sistema financiero, de modo que los mecanismos fundamentales del mercado dejan de funcionar. En las economías menos desarrolladas, las crisis económicas a menudo representan una combinación de los tres casos, ya que las dificultades en la balanza de pagos conducen a una debilidad monetaria, lo cual a su vez causa corridas y quiebras bancarias. Al analizar una crisis es importante diferenciar entre los casos de iliquidez temporal y de insolvencia real debido a problemas fundamentales. En este último caso, una crisis puede ser de utilidad, porque da paso a una reestructuración del sistema subyacente. En cambio, en el caso de la iliquidez transitoria, una crisis tiene graves consecuencias innecesarias e incluso puede conducir a la insolvencia producto de reacciones exageradas en los mercados.

 

El aumento del volumen y la volatilidad de los flujos financieros globales ha reforzado los nexos entre los sistemas económicos y, por consiguiente, han aumentado la frecuencia y violencia de las crisis. Posteriormente surgió una discusión en torno a las causas fundamentales de la inestabilidad monetaria en los mercados financieros globales. Algunos analistas señalan a ciertos países y alegan que sus políticas irresponsables e insostenibles los han hecho vulnerables a las tormentas económicas. Otros atribuyen estas fallas a la organización de los mercados internacionales de capitales, y enfatizan que éstos presentan serios problemas de asimetrías en la información, riesgo moral y acción colectiva. Debido a estas diferentes explicaciones sobre las causas subyacentes de las crisis financieras, las propuestas de mejora también se relacionan con diferentes áreas, que van desde la arquitectura financiera internacional hasta simples cambios en las políticas económicas nacionales.

 

Como sucede a menudo en el mundo real, la verdad probablemente está en algún punto entre las diversas interpretaciones y, por consiguiente, la solución no es ni sencilla ni tiene una sola dimensión. Los encargados de diseñar las políticas públicas deberían considerar sus opciones en materia de políticas públicas en todos los ámbitos y evaluar su relevancia para la economía nacional. El objetivo primordial debería ser tratar de evitar la escasez de liquidez y establecer mecanismos que garanticen que la iliquidez temporal no resulte en insolvencia.

 

I. Reducir la volatilidad financiera en el ámbito nacional

 

Las políticas internas pueden, hasta cierto punto, determinar la vulnerabilidad de un país ante una crisis financiera, por lo que vale la pena considerar las opciones que tienen a su disposición los países de América Latina y el Caribe en materia de políticas públicas. Estos instrumentos deberían, por encima de todo, permitir que las economías manejen el período de auge que generalmente precede a un revés financiero. Si con ellos se logra evitar una expansión excesiva de la economía durante los períodos de grandes salidas de capital, la probabilidad de un revés repentino y desgarrador se reducirá significativamente y el país será menos susceptible a las ondas negativas del exterior.

 

1. Régimen cambiario

 

La experiencia reciente ha vuelto a poner sobre el tapete la vieja discusión en torno a cuál es el tipo de cambio apropiado para un país, y tanto los defensores de los tipos de cambio fijo como los que propugnan un tipo de cambio flexible han visto que los acontecimientos recientes respaldan sus causas. Hasta ahora, pudieran sacarse dos conclusiones principales de la discusión y de la evidencia empírica. En primer lugar, no hay un plan maestro de régimen cambiario que se pueda aplicar con éxito en todos los países del mundo. Por el contrario, hay una amplia gama de factores que debe tomarse en consideración al escoger un sistema de cambio. Segundo, la credibilidad es crucial para la sustentabilidad de un tipo de cambio. Así que cuando un país ha adoptado un régimen específico, debería planificar sus políticas económicas en todas las áreas de acuerdo con dicho sistema. Si no lo hace así y muestra desequilibrios externos sostenidos, la economía será objeto de ataques especulativos imposibles de soportar por tiempo prolongado.

 

Como demuestra el análisis de los costos y los beneficios de los diferentes regímenes de tipo de cambio, la escogencia de un régimen cambiario –fijo o flexible- implica una solución de compromiso entre estabilidad y flexibilidad. Por lo tanto, para un país la decisión de cuál sistema adoptar depende en gran medida de la importancia relativa que tengan estos dos factores para la economía. Dicha importancia, a su vez, está condicionada por las características particulares de una economía determinada y por las preferencias de los encargados de delinear las políticas públicas.

 

Antes de que colapsara el sistema de Bretton Woods en 1973, la mayoría de los países de la región operaba bajo un sistema de tipos de cambio fijos. Sólo unos cuantos habían adoptado una paridad móvil como respuesta a las tasas nacionales de inflación durante los años 60. La paridad fija fue abandonada por la mayor parte de los países tras la crisis de la deuda ocurrida a principios de la década de los 80, y establecieron una variedad de regímenes de tipos de cambio controlados. En los últimos años, los países generalmente se han movido hacia tipos de cambio más flexibles –aunque no siempre de manera voluntaria, sino más bien a consecuencia de las fuerzas que rigen los mercados internacionales de capital– con la notable excepción de Argentina, que en 1991 instrumentó una caja de conversión a fin de reducir la hiperinflación. A pesar de la tendencia hacia regímenes cambiarios flexibles, la volatilidad del tipo de cambio ha disminuido considerablemente durante la última década para muchos países, pero sigue siendo más alta que en la mayoría de los países industrializados.

 

Según muestran los datos empíricos, los regímenes cambiarios fijos efectivamente han producido el beneficio de una mayor estabilidad en los precios. Sin embargo, se ha evidenciado que los beneficios antiinflacionarios sólo pueden aprovecharse totalmente si este tipo de cambio es mantenido sin ajustes durante largos períodos. Las devaluaciones modificaron las expectativas racionales de los actores económicos e incrementaron las tendencias inflacionarias. A pesar del aparente éxito de los tipos de cambio fijos, es necesario señalar, sin embargo, que las dos crisis financieras más notables –México en 1994 y Brasil en 1999– ocurrieron en países que tenían un régimen cambiario fijo. Dada la enorme dependencia en los productos primarios y la alta volatilidad de sus precios para muchos países, los tipos de cambio fijos son difíciles de mantener.

 

Hasta ahora, el experimento de Argentina con la caja de conversión ha sido relativamente exitoso. El país ha sido capaz de defender su moneda contra un ataque especulativo durante “el efecto tequila” –aunque con altos costos económicos– y ha disfrutado de considerables tasas de crecimiento. El régimen cambiario fue sometido a nuevas presiones con la devaluación brasileña de 1999, pero los encargados de delinear las políticas públicas han confirmado su compromiso con la caja de conversión e incluso han contemplado la dolarización total de la economía. Al mismo tiempo, sugirieron a sus socios en el MERCOSUR seguir su ejemplo.

 

Aunque la mayoría de los países de la región ha controlado la inflación como resultado de los programas de ajustes estructurales, el fenómeno de la dolarización de facto ha aumentado en América Latina y el Caribe. En algunos países, el monto de los depósitos en dólares en el sistema bancario nacional supera con creces el monto de los depósitos en la moneda local. Esto pareciera ser el resultado de un persistente escepticismo entre los actores económicos, de un cambio en los hábitos y las prácticas, y de una mayor inserción en la economía mundial. La dolarización de facto tiene varios efectos negativos en las economías: reduce la efectividad de la política monetaria, conduce a mercados financieros subdesarrollados en la moneda local e impide que se alcancen completamente los beneficios de un tipo de cambio flexible. Ante una alta dolarización de facto, la opción de adoptar el dólar como moneda oficial se vuelve menos costosa.

 

Hay otros hechos que indican que los regímenes cambiarios flexibles no han llevado a una política monetaria más estabilizadora en América Latina y el Caribe. La mayoría de los países no ha permitido realmente que sus monedas fluctúen libremente, casi todos por temor a la inflación. En cambio, recurrieron a cambios en la tasa de interés para realizar los ajustes, pero éstos implicaron costos económicos y una mayor sensibilidad a los movimientos en los mercados internacionales. Por consiguiente, la soberanía monetaria, el principal argumento teórico a favor de los tipos flexibles, no se ejerció realmente. Esta aseveración no implica necesariamente que los tipos de cambio flexibles sean inadecuados para las economías latinoamericanas y caribeñas, aunque sí demuestra que las políticas económicas no han sido delineadas de acuerdo con el régimen cambiario seleccionado.

 

2. Liberalización y sistemas financieros

 

El ritmo y la secuencia de la liberalización financiera tiene un fuerte impacto en la vulnerabilidad de un país a las perturbaciones económicas. Durante la liberalización del sistema financiero es necesario garantizar que las instituciones existentes sean capaces de manejar montos crecientes de fondos así como su mayor volatilidad. No es recomendable, por ejemplo, permitir que el capital a corto plazo entre antes que las inversiones a largo plazo, ya que esto crearía una inclinación hacia los fondos más volátiles y un riesgo de exposición más alto. Además, las decisiones que fortalecen las instituciones del sector financiero y establecen un marco regulatorio adecuado son cruciales para evitar las crisis bancarias y los ataques contra la moneda.

 

El objetivo más importante de estas reformas es incrementar la liquidez de las instituciones financieras y controlar su exposición al riesgo monetario y de refinanciamiento, lo cual se puede lograr a través de diversas políticas. La medida más directa con efectos inmediatos sería elevar el encaje legal para los bancos a fin de aumentar su liquidez internacional. Sin embargo, con este paso no se resuelve la debilidad estructural de un sistema bancario y, por consiguiente, sólo ofrece una solución a corto plazo. Además, incrementa los costos para los bancos y distribuye esta carga entre todas las instituciones por igual, ya sean débiles o sólidas. En consecuencia, los bancos tratarán de diseñar instrumentos para evitar el encaje legal, llevando a una menor transparencia y distorsiones del mercado. Otra solución sería que el gobierno estableciera estrictas normas bancarias y llevara a cabo una supervisión efectiva. Esta medida sería menos costosa para los bancos y propiciaría el desarrollo de normas de contabilidad adecuadas, transparencia, evaluación del riesgo y conocimiento gerencial. Además, el mercado ganaría credibilidad, atraería más capital a largo plazo y, por consiguiente, se reforzarían los efectos estabilizadores. Sin embargo, esto presupone que existe un marco regulatorio preciso y que las autoridades cuentan con las destrezas y los instrumentos legales necesarios para cumplir correctamente con sus funciones de supervisión.

 

Aparte de la estricta supervisión de las normas bancarias, la competencia es un factor clave para que haya instituciones financieras más confiables. En este sentido, la internacionalización del sector financiero puede resultar útil. Sería peligroso liberalizar un mercado con apenas una cantidad reducida de instituciones funcionando, ya que éstas pudieran ser demasiado débiles para manejar los flujos emergentes o quizás logren alcanzar posiciones monopolistas. La internacionalización también ofrece la oportunidad de distribuir el riesgo más allá de las fronteras nacionales y de introducir principios administrativos adecuados, tecnología moderna y conocimiento de las economías avanzadas.

 

Un enfoque similar se puede aplicar a la organización en sí de los mercados financieros. Una parte de la volatilidad financiera en América Latina y el Caribe se puede atribuir a la débil estructura del mercado, con un número limitado de valores y bajos volúmenes de transacción. Los países deberían hacer esfuerzos por profundizar sus mercados alentando la introducción de tecnologías modernas en los mercados financieros y la participación de firmas experimentadas en su funcionamiento. De esta manera también se garantizaría la compatibilidad con los centros financieros de los países industrializados y se facilitarían las transacciones. Incluso pudiera resultar útil usar una plataforma tecnológica común para todos los países latinoamericanos y caribeños a fin de lograr economías de escala, crear una gama más amplia de valores negociados con mayores volúmenes y atraer actores financieros más diversificados. Al contar con mercados más desarrollados también se podría hacer una gestión del riesgo más eficiente mediante el uso de sofisticados instrumentos financieros.

 

Por último, es necesario tomar en consideración los problemas del riesgo moral. Las recurrentes crisis bancarias en América Latina han demostrado que una administración laxa y la falta de supervisión era una característica común entre muchas instituciones y a menudo llevaba a la insolvencia. Los bancos sólo deberían tener acceso a las facilidades del Banco Central como prestamista de última instancia si presentan un problema temporal de iliquidez pero por lo general son solventes. En esta clase de situaciones, los préstamos deberían concederse sólo con una tasa disuasoria y con garantía prendaria. En este contexto, las regulaciones en materia de quiebras también desempeñan un papel importante. Las normas inadecuadas para los casos de insolvencia aumentan el costo de las crisis financieras y pudieran crear problemas adicionales de riesgo moral para las compañías.

 

En general, los países de América Latina y el Caribe han hecho grandes avances en la reforma de sus sectores financieros. Sin embargo, a la mayoría de ellos todavía les falta un mercado de capital estable con actores diversificados, que actúen preferiblemente con objetivos a largo plazo, tales como fondos de pensión y seguros. Además, éstos ayudarían a disminuir el problema tradicional de la región con las bajas tasas de ahorro.

 

3. Controles de capital

 

La crisis asiática también ha revivido el debate sobre los controles de capital. Esta discusión había perdido fuerza debido a la aceptación generalizada del consenso de Washington y sus disposiciones para el libre movimiento de bienes y capitales internacionales. A pesar de ello, los recientes acontecimientos han generado serias dudas sobre la validez de los postulados fundamentales. Los países han comenzado a contemplar medidas para confrontar la volatilidad financiera que van más allá de las operaciones de mercado abierto por el Banco Central. Una intervención puede estar económicamente justificada, porque los efectos de los flujos de capital a corto plazo son factores externos que impiden el desempeño eficiente de los mecanismos del mercado. La intervención debería orientarse a limitar la entrada de capital a corto plazo durante el período de auge y a evitar el endeudamiento y la exposición excesiva al riesgo, tanto del sector privado como del público. A pesar de ello es necesario tener en cuenta que los controles de capital nacionales son apenas la segunda mejor opción para enfrentar los factores externos producto de los flujos de capital globales, ya que crean distorsiones y aumentan los costos del capital. La mejor opción sería internalizar los costos a una escala mundial.

 

En principio, los controles de capital se pueden imponer sobre las entradas de capital, sobre las salidas de capital o sobre ambas. Sin embargo, existen varias razones que indican que es recomendable regular solamente las entradas de capital. Primero que nada, el análisis de las crisis financieras demostró que las entradas de capital usualmente precedían al colapso y que eran el principal componente en el desarrollo de inestabilidades. Además, los controles sobre las salidas de capital enviarían una señal negativa a los inversionistas y, por ende, aumentarían el costo de los créditos. En caso de una fuga de capitales, los actores financieros probablemente encontrarían formas de evitar los controles y hacerlos ineficientes.

 

De manera similar a la restricción sobre el comercio internacional de bienes y servicios, los controles de capital pueden asumir diversas formas y, en consecuencia, crear diferentes incentivos para los actores económicos. Pueden ser cuantitativos y limitar el monto total de capital que entra al país, o pueden fijar un impuesto a los flujos financieros. Dicho impuesto crea una brecha entre las tasas de interés nacionales e internacionales y por lo tanto reduce el atractivo para los inversionistas foráneos y para los prestatarios nacionales. El esquema de un impuesto también establece una distinción entre flujos a corto plazo e inversiones a mediano y largo plazo. Los controles de capital impuestos por Chile durante algún tiempo a menudo se citan como el ejemplo clásico.

 

Todavía sigue dándose una discusión muy controvertida sobre la efectividad de los controles de capital. La evidencia empírica confirma que los controles a corto plazo pueden reducir la vulnerabilidad de los mercados emergentes y que la estabilidad resultante atrae capitales a largo plazo que compensan la pérdida de flujos a corto plazo. Sin embargo, los críticos a menudo señalan que los controles de capital sólo son utilizados para encubrir malas políticas públicas y que los países con sólidos fundamentos macroeconómicos y un fuerte sistema financiero no sufrirán turbulencias financieras aun sin controles de capital. Aun así, hay ciertos puntos de coincidencia entre estas posiciones, ya que las economías de América Latina y el Caribe aún no muestran estas condiciones. Por lo tanto, se puede alegar que los controles sobre las entradas de capital son justificables en tanto el sector financiero sea débil, las regulaciones y los mecanismos de supervisión sean incompletos y la gestión del riesgo en el sector privado esté subdesarrollada. Lo cual implica que dichos controles son una medida temporal que debe ser eliminada en cuanto el sector financiero adquiera fuerza y profundidad. También sugiere que los controles de capital no deben utilizarse como una alternativa a las reformas, sino como un mecanismo de apoyo durante los cambios estructurales. La experiencia ha demostrado que con el tiempo los controles de capital pierden su efectividad, porque los actores financieros encuentran maneras de evitarlos. Por consiguiente, sólo brindan cierta estabilidad durante un período transitorio pero no reemplazan a las reformas fundamentales y a las políticas sustentables.

 

4. Gestión de la deuda

 

El riesgo no protegido en la estructura de la deuda de las entidades públicas o privadas ha contribuido enormemente a la vulnerabilidad de las economías ante el descalabro financiero. Como se mostró previamente, la posición considerada consiste en el riesgo de financiamiento, el riesgo monetario o los riesgos relacionados con los movimientos en las tasas de interés mundiales y el desempeño económico en el extranjero. Por lo tanto, las políticas deberían estar orientadas a reducir la exposición a cualquiera de estos riesgos. Como las autoridades públicas tienen una influencia directa en la deuda gubernamental deberían asegurarse de que ésta sea cubierta de manera adecuada. Sin embargo, también tienen que crear los incentivos apropiados y un sistema de supervisión para el sector privado a fin de obligarlo a gestionar sus deudas efectivamente.

 

Las opciones políticas de liberalización controlada, estricta supervisión del sector financiero y controles de capital temporales pueden reducir la exposición del sector privado al riesgo del financiamiento. Adicionalmente, los gobiernos deberían diseñar cuidadosamente su sistema tributario y la regulación de las inversiones para no crear una inclinación hacia el endeudamiento a corto plazo.El dilema fundamental es que el endeudamiento a largo plazo es más costoso, mientras los fondos a corto plazo están fácilmente disponibles durante los períodos de auge. Sin embargo, los mayores costos para la deuda con un vencimiento más largo se justifican, si ayudan a evitar las inmensas perturbaciones que ocurren durante una crisis financiera. Aparte de eso, los costos para la deuda a largo plazo tienden a disminuir a medida que la economía mejora su estabilidad macroeconómica.

 

El riesgo cambiario está directamente relacionado con la selección del sistema de tipo de cambio. Bajo un régimen cambiario realmente flexible, el sector privado debería protegerse contra su exposición al riesgo cambiario utilizando los derivados financieros. Además, la supervisión debería garantizar la liquidez del sector bancario. Al aumentar el encaje legal para los depósitos en monedas extranjeras también se puede disminuir la exposición de las instituciones financieras. Por otra parte, si el país opera bajo un régimen de tipo de cambio fijo, no hay riesgo cambiario, siempre y cuando la paridad sea sostenible. Los esfuerzos de los gobiernos deberían orientarse tanto a elaborar políticas económicas que sean compatibles con el tipo de cambio fijo como a impedir que las compañías incurran en excesivas deudas denominadas en monedas extranjeras sin medidas de protección.

 

Los cambios en las tasas de interés mundiales tienen efectos similares a las fluctuaciones en el tipo de cambio. Si las compañías contraen deudas con tasas de interés flotantes, deberían protegerse contra los movimientos adversos en las tasas de interés. Otra solución sería tratar de obtener un crédito a una tasa fija. Por otra parte, es más difícil para las firmas protegerse contra las bajas repentinas en los precios o la demanda en el extranjero. Al igual que sucede con la economía en general, deberían tratar de diversificar la gama de productos y los países con los cuales intercambia exportaciones e importaciones. En este sentido, la mayoría de los países latinoamericanos y caribeños ya ha hecho grandes avances y ha alcanzado considerables grados de diversificación. A pesar de ello, la mayor parte de sus exportaciones sigue siendo de productos primarios que a menudo muestran movimientos correlacionados en el precio y la demanda ya que dependen enormemente de la economía mundial.

 

5. Otras áreas de políticas públicas

 

Las crisis financieras han ocurrido a menudo en tiempos de déficit fiscales excesivos. Aunque, por encima de todo, éste ha sido el caso de la clásica crisis en la balanza de pagos, el diseño de la política fiscal aún desempeña un papel importante para la credibilidad de un país y para su capacidad de contrarrestar los acontecimientos adversos. Las políticas deberían ser tanto predecibles como flexibles y han de evitarse los cambios inesperados en materia de políticas públicas. Un punto crucial para las economías de América Latina y el Caribe es la necesidad de estabilizar los ingresos y el gasto fiscal. Especialmente aquellos países cuyo presupuesto se basa considerablemente en las ganancias por concepto de exportación deberían concebir mecanismos para esterilizar las fluctuaciones excesivas. Se deben utilizar los fondos de estabilización y los instrumentos financieros para asegurar un flujo constante de ingresos para el gobierno durante los períodos de auges y reveses. Éstos deben ser calculados cuidadosamente, porque es recomendable que el país conserve ciertas capacidades para instrumentar políticas anticíclicas. A largo plazo, los gobiernos deberían tratar de establecer fuentes alternas de ingreso, especialmente mediante impuestos con propiedades anticíclicas.

 

Una política de difusión detallada y oportuna de la información sobre los marcadores macroeconómicos y las estrategias en materia de políticas públicas constituye una segunda área de importancia. En primer lugar, demuestra el compromiso de un país con la instrumentación de políticas económicas sanas y, por lo tanto, aumenta la confianza de los inversionistas. Segundo, reduce el riesgo de contagio derivado de las asimetrías en la información.

 

II. Reducir la volatilidad financiera en el ámbito regional

 

Aparte de las políticas nacionales que pueden ayudar a reducir la vulnerabilidad de un país frente una crisis financiera, la reciente discusión también ha incluido medidas en el ámbito internacional. En vista del impacto negativo de las crisis financieras en las regiones en general, se han hecho esfuerzos por delinear mecanismos que incrementen la estabilidad de una región y que garanticen la asistencia mutua en el caso de una crisis potencial. Las propuestas presentadas para América Latina y el Caribe van desde la coordinación voluntaria de políticas hasta la unión monetaria total. Esta última sugerencia ha recibido particular atención debido al reciente dinamismo de la región en el proceso de integración comercial y la adopción de una moneda común en Europa.

 

En este contexto, es necesario diferenciar entre esquemas regionales y subregionales de integración en América Latina y el Caribe. En el pasado, los esfuerzos más fructíferos para forjar lazos económicos más estrechos se hicieron en el ámbito subregional. Pero en la actualidad no existen en América Latina y el Caribe iniciativas que apunten hacia la integración de toda la región. Es más probable que los esquemas subregionales existentes intenten estrechar las relaciones entre sí, pero en este momento no hay iniciativas convincentes en este sentido. En el ámbito hemisférico, el tema del Área de Libre Comercio para las Américas (ALCA) aún no ha adquirido fuerza suficiente, pero dada la actual tendencia global hacia la formación de bloques económicos, podría convertirse en una seria alternativa a los esquemas subregionales. Lo cual obviamente tendría un enorme impacto en las consideraciones sobre los sistemas monetarios y brindaría poderosos argumentos a favor de la dolarización de la región.

 

De la misma forma que el aspecto de la credibilidad desempeña un importante papel en el desenvolvimiento de una crisis financiera, los esquemas de las instituciones regionales pueden contribuir positivamente con los esfuerzos hechos en el ámbito nacional, porque éstas incrementan el peso involucrado tanto en lo económico como en lo político. Los países pueden cooperar en materia de estabilización macroeconómica, transparencia, regulación y supervisión del sector financiero y procedimientos para enfrentar las quiebras bancarias. Pueden compartir experiencias y conocimientos, estabilizar los procesos de reforma nacional, armonizar normas y propiciar la confianza de los inversionistas en la región.

 

Otra posibilidad de cooperación es la coordinación o fusión de los mercados financieros, con lo cual se profundizarían estas instituciones. Además, se podrían producir economías de escala y facilitar la adopción de normas adecuadas y tecnología moderna. Por consiguiente, las reformas de los mercados financieros que fueron señaladas como necesarias en el ámbito nacional pudieran instrumentarse más fácil y eficientemente en una subregión con sistemas financieros conjuntos.

 

También se ha sugerido la creación de fondos monetarios en el ámbito regional a fin de unir fuerzas y combatir el contagio y la especulación de manera más efectiva. Por una parte, estas instituciones podrían ser más flexibles que las actuales facilidades internacionales de crédito y satisfacer las circunstancias particulares de la región. Por la otra, podrían poner en peligro el establecimiento de prácticas comunes en el mundo entero y crear distorsiones indeseables. Debido a la naturaleza global de los flujos de capital, sería ideal que éstos fuesen regulados en el ámbito global. Además, una institución global tiene más peso político y económico en las negociaciones que se llevan a cabo durante las crisis y, por consiguiente, puede ejercer un cierto grado de presión sobre los acreedores. Al menos en lo que respecta a las regiones de África y América Latina y el Caribe, también habría el problema de obtener suficiente financiamiento. En este momento, ninguna de las dos regiones estaría en capacidad de reunir los recursos necesarios para establecer una organización influyente y efectiva.

 

Empero, un sistema de cooperación regional en materias financieras podría fortalecer la posición de América Latina y el Caribe en las organizaciones internacionales. El resultado de la actual discusión sobre una arquitectura financiera internacional determinará la estructura institucional de las relaciones financieras en los próximos años. Por lo tanto, es vital para los países latinoamericanos y caribeños identificar una posición y propuestas comunes para conformar un régimen financiero global y plantearlas en los foros internacionales.

 

III. Reducir la volatilidad financiera en el ámbito global

 

De la misma manera en que la alta volatilidad de los mercados financieros es resultado tanto de la liberalización de los mercados financieros como de un incremento en el monto y la velocidad de los flujos de capital globales, las medidas para reducir el impacto negativo de estos flujos no deben tomarse solamente en el ámbito nacional o regional, sino que también debería incluir las estructuras financieras internacionales. Considerando la dimensión de los flujos financieros y sus fluctuaciones, es absolutamente necesario delinear nuevos mecanismos de cooperación y consulta internacional. En vista de que los efectos destructores de los flujos de capital a corto plazo pueden ser interpretados como fallas del mercado que generan asimetrías de la información o problemas de riesgo moral, hay que internalizarlos. Esto ciertamente no releva a los países de su responsabilidad de ejecutar políticas nacionales prudentes y sustentables, aunque los arreglos internacionales y las políticas nacionales pueden reforzarse entre sí en lo que concierne a sus efectos estabilizadores.

 

Por diversas razones, los países latinoamericanos y caribeños tienen un interés particular en el rediseño de la arquitectura financiera. Primero que nada, como mercados emergentes se han visto seriamente afectados por las crisis financieras y el contagio. Por otra parte, algunas de las estrategias nacionales para reducir la vulnerabilidad a las crisis financieras, tales como un alto monto de reservas internacionales, mecanismos de protección o controles sobre el capital a corto plazo, implican costos económicos. Los programas internacionales que reducen la volatilidad a escala global disminuirían estos costos, especialmente para aquellos que son más vulnerables a las crisis.

 

1. Normas internacionales, supervisión y regulación

 

Existe una amplia gama de áreas en las cuales las normas internacionales contribuirían a la estabilización de los flujos financieros mundiales, relacionadas tanto con el sector público como con el privado. Aparte de las regulaciones para las instituciones financieras, podrían vincularse con normas contables y la difusión de datos por parte de las entidades públicas y las empresas privadas, códigos de práctica fiscal, y regulaciones sobre quiebras. Por último, podrían establecer reglas para la representación colectiva de los acreedores que se incluirían en bonos y otros contratos financieros. De esta forma se contrarrestaría la fragmentación de los mercados financieros que prácticamente ha imposibilitado las negociaciones en tiempos de crisis.

 

Estas normas sólo representarían sugerencias que los países suscribirían de forma voluntaria, aunque los países estuvieran interesados en adherir estas reglas, ya que facilitan su acceso al capital internacional y reducen sus costos de endeudamiento. Además, las organizaciones internacionales pudieran vincular las líneas de crédito contingentes a la instrumentación de ciertos principios de regulación, supervisión y transparencia. Para los países industrializados, por otra parte, es más difícil velar por el cumplimiento de dichas normas.

 

Otro tema controvertido es el papel y la regulación atribuidos a las agencias privadas de clasificación crediticia. Estas agencias han adquirido suma importancia para los mercados internacionales de capital. En consecuencia, se les ha culpado de exacerbar los movimientos del mercado, intensificar el comportamiento de rebaño y perseguir intereses personales que coliden con el bienestar común. Por ello se han planteado exigencias para regular las actividades de las agencias y determinar los parámetros para su clasificación del riesgo político. Si bien es deseable un alto grado de transparencia en su funcionamiento, su regulación absoluta no parece apropiada. También sería menos necesaria si los gobiernos y las organizaciones internacionales instrumentaran las mencionadas normas de contabilidad pública y divulgación de la información. En este caso, formarían una especie de agencia oficial independiente clasificadora de riesgo que redujera las asimetrías de la información en los mercados financieros.

 

2. Manejo de las crisis

 

Aun cuando las medidas en el ámbito nacional e internacional puedan reducir la incidencia de crisis financieras, es probable que éstas vuelvan a ocurrir en el futuro. Por lo tanto, es aconsejable establecer un marco que estipule los procedimientos que deben seguirse cuando un país enfrenta una escasez de liquidez. Dicho marco debería tener como objetivo evitar las reacciones de pánico en los mercados financieros que agravan la crisis y establecer las reglas para las consultas entre prestamistas y deudores. Si estos procedimientos están claros y son aceptados por todos los actores antes de la crisis, puede esperarse que las consecuencias de las perturbaciones sean menos perjudiciales para la economía.

 

En efecto, las disposiciones internacionales tendrían que parecerse a los procedimientos en caso de quiebra contemplados por las economías nacionales y permitir una solución ordenada y coordinada de la deuda. En el caso extremo de una insolvencia, a los países se les permitiría suspender los pagos, un mecanismo que ayudaría a reducir el problema del riesgo moral porque los inversionistas privados tendrían que asumir parte del peso de la crisis.

 

En este contexto, es necesario considerar dos temas centrales. En primer lugar, es necesario reducir el peligro de abuso. Sin embargo, este riesgo no parece ser muy alto, porque un país que haya aplicado las disposiciones de suspensión de pagos sería excluido de los mercados internacionales de capital durante algún tiempo y sólo volvería a tener acceso a un costo extremadamente alto. Además, una organización internacional podría fungir como tribunal de quiebras y autorizar a los países a suspender los pagos. El segundo punto es más delicado. Si los inversionistas están conscientes de que un caso potencial de quiebra les está transfiriendo las pérdidas, tratarán de anticiparse a ese acontecimiento. En consecuencia, la probabilidad de que haya fugas masivas de capital y una crisis espontánea sería todavía mayor en tiempos de una escasez temporal de liquidez. Las líneas de crédito contingentes como las descritas previamente en este capítulo podrían reducir considerablemente este riesgo.

 

A fin de facilitar las negociaciones en tiempos de crisis, los títulos deberían contener cláusulas sobre la representación colectiva de los acreedores. Éstas garantizarían que el problema de la acción colectiva está resuelto y que se puede diseñar una solución que minimice los efectos destructivos de una crisis. Estas disposiciones serían parte integral de los procedimientos de negociación en caso de insolvencia de un país, aunque también podrían entrar en vigencia en tiempos de iliquidez. De hecho, podrían servir para evitar el pánico durante las dificultades temporales.

 

3. Integrar al sector privado

 

En este capítulo se ha hecho énfasis en la necesidad de reducir el problema del riesgo moral y la asimetría de la información en los mercados financieros internacionales. Por una parte, los mecanismos de evaluación y gestión de riesgo por parte de los actores privados deben ser mejorados y supervisados. Por la otra, es necesario garantizar que los inversionistas asuman una parte del peso de las crisis financieras. Si se cumplen estas condiciones para un funcionamiento eficiente del mercado, será menos probable la evolución de burbujas especulativas y, por consiguiente, las crisis financieras se harán menos frecuentes y severas.

 

Aparte de las opciones en materia de políticas públicas discutidas previamente, es importante señalar que en el sistema financiero moderno es conveniente y necesario que haya coordinación entre el sector público y el sector privado. Aunque los mercados financieros internacionales muestran numerosas características que justifican una intervención con miras a lograr la eficiencia económica, esta intervención sería realizada de acuerdo con los actores privados. Mientras más cooperen las dos esferas y acuerden regulaciones para las transacciones internacionales de capital, mayor será la probabilidad de evitar y resolver las crisis sin grandes perturbaciones.

 

IV. Conclusiones

 

En los capítulos precedentes hemos demostrado que existe una amplia gama de opciones en materia de políticas públicas para disminuir la vulnerabilidad de un país a las crisis financieras. Muchas de ellas son estrategias a mediano plazo que sólo pueden ser instrumentadas mediante un complejo proceso político, pero sin embargo pueden servir como directrices para la planificación actual de políticas. Las propuestas que se relacionan con la acción regional o global deben verse en una perspectiva a largo plazo, porque requieren de una comprensión común del problema y sus soluciones entre países. Por lo tanto, primero que nada los países deben concentrarse en las políticas nacionales, al mismo tiempo que identifican sus intereses en el ámbito regional e internacional. En este proceso, los países de América Latina y el Caribe deberían coordinar sus actividades a fin de compartir ideas y resultados y consecuentemente aumentar su peso en las consultas internacionales. En vista de que muchas materias están aún en discusión y ni siquiera hay un consenso entre los grandes países industrializados, la región puede influir en el proceso actual en la dirección deseada si presenta propuestas apropiadas y realistas y demuestra la voluntad política para su instrumentación.