Debo mi
presencia a la gentileza del Embajador Carlos Moneta y le agradezco mucho por este
honor. Como profesor de derecho público, ustedes pueden imaginar que estoy aquí
por asuntos que tienen que ver con lo que pasa en Venezuela ahora mismo, pero tal vez,
como profesor de derecho, también tengo cosas que decir sobre las consecuencias sociales
y jurídicas, y tal vez políticas, de las crisis financieras.
Lo que tengo que decir se puede
resumir en una palabra: institucionalidad. Esta palabra ya ha sido empleada por diferentes
exponentes que hablaron anteriormente, pero creo que la cuestión de la institucionalidad
es central en el caso de la reacción de las sociedades frente a la crisis financiera y
eso está ligado a una concepción de la sociedad y del hombre, que ve al hombre y a la
sociedad como un todo, que no cree en el hombre económico -homus economicus- sino más bien en el hombre en general, en su dimensión
privada y también en su dimensión política al lado de la dimensión económica.
En el vocabulario clásico del
derecho, la institución es algo que nace de la comunión de diferentes personas que
creen en algo y que juntos se agrupan para defender una causa común. Creo que la
pregunta que debemos hacernos sobre las instituciones, ya sean instituciones económicas,
como los bancos centrales, o sean instituciones políticas, es el problema de la adhesión
de los pueblos a estas instituciones.
Tomaré dos ejes para desarrollar
esta idea: el primer ejemplo lo tomaré a partir de la integración (me ha llamado mucho
la atención la intervención del Dr. Guarnieri, cuando ha hablado del "ejemplo
europeo" y "de la creación del Euro"). La cuestión de la
integración regional nos muestra la necesidad de la institución
“aliada”. Como él lo ha dicho, se necesitan instituciones para acompañar
la creación de una moneda común. Esta institucionalización, por supuesto, supone que se
puede crear un banco a nivel regional, es decir a nivel europeo, a nivel latinoamericano o
de América del Sur. Pero también debe haber una presión de la institucionalidad a
nivel político. No es una casualidad que, en el pasado reciente, la responsabilidad
política de la Comisión Europea haya aumentado mucho, con la renuncia del Comisionado
Santer debido a los problemas de corrupción que hubo en la Comisión.
Debe siempre considerarse la
cuestión de la institucionalidad desde el punto de vista político, así como desde el
punto de vista económico, y en el caso del MERCOSUR, es muy evidente que existe una falta
de institucionalidad en el proceso de integración, lo que observamos muy bien con los
problemas existentes entre Brasil y Argentina después de la devaluación del real.
Estos problemas se asemejan a
dificultades que hemos tenido dentro de la Comunidad Europea en nuestra historia.
Este tipo de problemas no se arregla muy fácilmente porque no hay una institucionalidad
real a la escala del MERCOSUR, lo que quiere decir que los presidentes brasileño,
argentino, de Uruguay o de Paraguay, deben ellos mismos arreglar los problemas sin que
haya una institución en la cual se pueda tener confianza para resolverlos. Entonces, los
problemas que normalmente son comunes empiezan a ser bilaterales y eso no ayuda a la
integración, y por supuesto no ayuda al progreso económico.
A nivel nacional, para tomar el
segundo eje, se ve también que frente a las crisis financieras existen reacciones
jurídicas que transforman nuestras sociedades. Normalmente el concepto clave que se
usa como un lugar común es el concepto del Estado de Derecho. Yo pienso que todo el
mundo no supone lo mismo cuando utiliza este concepto y que los organismos financieros
internacionales lo ven como un marco que permite hacer economías o tener actividades
económicas sin problemas con la sociedad civil o con la sociedad política.
Desde el lado político, el Estado
de Derecho se presenta, sin lugar a dudas, como una manera de proclamar derechos para todo
el mundo. Eso se constata en las constituciones de América Latina y se está
constatando ahora mismo en Venezuela, donde hay una lista de derechos en la Constitución
y especialmente hay derechos sociales que se consagran. Estos derechos sociales se
presentan como reacciones a las crisis financieras y a los problemas sociales que
son las consecuencias de las crisis financieras. Eso produce una especie de
negación del Estado de Derecho porque la multiplicación de los derechos y de las maneras
de hacer valer los derechos nos hace entrar en lo que podemos llamar la sociedad de
derechos (en plural). Esto quiere decir que hay diferentes jueces, diferentes
maneras de hacer valer los derechos, hay conflictos de derechos y eso crea una especie de
desorden en la sociedad.
Eso nos muestra contradicciones de
nuestra manera de ver la reacción política y jurídica frente a los problemas
económicos que tenemos en el mundo moderno. Tomaré solamente dos ejemplos para
ilustrarlo: primero el desarrollo del arbitraje, que se impulsa mucho actualmente en
América Latina como en otros lugares del mundo, y que se presenta como una manera de
facilitar las relaciones económicas, pero que también es una negación de la
institucionalidad de los países o de las regiones, y lo que se llama a menudo la
resolución pacífica de conflictos. Todas estas palabras empiezan a ser
lugares comunes del lenguaje internacional y están transformando de manera muy profunda
el concepto del derecho, o sea, el concepto de lo que es una sociedad y de la manera
cómo enfrenta sus conflictos.
En segundo lugar, hay que destacar
también el caso de todos los derechos particulares que se desarrollan en las sociedades
como compensación a los problemas sociales. Los derechos de la mujer, los derechos
de los indígenas, los derechos de los minusválidos, de todas estas comunidades.
Esos derechos se desarrollan en las constituciones modernas de manera muy positiva, porque
compensan problemas reales, pero a la vez como una manera de fraccionar el derecho y como
una manera de tratar de implementar una especie de discriminación positiva frente a las
dificultades que algunos sectores de la sociedad encuentran en la vida cotidiana.
Tal actitud también está modificando nuestras sociedades.
En conclusión, porque he prometido
hablar poco, quiero decir que hay una relación muy fuerte entre todo lo que ustedes
acaban de decir y nuestros sistemas jurídicos. El derecho se está transformando y
nadie se preocupa de esta transformación, nadie lo piensa, y creo que hay una especie de
optimismo demasiado grande sobre las mutaciones del derecho, que a veces ponen en peligro
nuestra visión, digamos humanista, de la institucionalidad, o sea, de la posibilidad para
una sociedad de expresarse de una manera homogénea y coherente frente a los problemas
sociales que confronta.
Perdonen el carácter un poco
general de todo lo que he dicho, pero como responsable del Instituto de Altos Estudios
sobre América Latina, nuestro problema es siempre ver las relaciones que hay entre los
diferentes campos: entre la economía, el derecho, la política, la sociología, la
antropología, la historia y la geografía. Entonces, me parece sumamente importante
que en una Organización como esta (leemos mucho lo que ustedes escriben) sea una
referencia para todas las instituciones que se interesan en América Latina, y me parece
sumamente importante que esta dimensión jurídica, pero también humanista, sea tomada en
cuenta. Lo que ya es el caso, lo sé.
Gracias.