“Quien domina la garantía domina el crédito”

 

Introducción   

 

Durante todo el siglo XX, en algunos ámbitos continentales, y especialmente desde sus últimos treinta años, ya generalizado a nivel mundial, los sistemas de garantías se han revelado como un mecanismo esencial para facilitar el acceso a la financiación de la micro, pequeña y mediana empresa. Por ello se ha consolidado la idea de que el acceso a la financiación del empresario requiere de una auténtica política de Estado. Un reflejo de la situación actual junto a una visión histórica de los distintos mecanismos de garantías en el mundo constata que en los últimos años se han ido extendiendo los sistemas de garantías, integrándose en los sistemas financieros de un gran número de países. Evidentemente en lo que se conoce como las “reglas o normas de Basilea” las garantías son la base de la calificación y ponderación de los activos financieros en todas sus expresiones. Por ello los sistemas de garantías desarrollados para las empresas han de tener en cuenta esta realidad de cara a su eficiencia y competitividad.

 

Concretamente se ha extendido la tendencia a la “alianza” entre administraciones públicas, entidades financieras y empresas para conseguir un flujo de crédito aceptable, sobre todo en el sector de la micro y la pyme. Los distintos mecanismos de garantías, programas, fondos y esquemas, han sido elemento clave de articulación de dicha “alianza”. América del Norte, el sudeste asiático y Europa presentan los sistemas más desarrollados a través de tres modelos preponderantes: el programa de garantías administrado por una agencia estatal, el esquema de garantías de corporación pública y el esquema mutualista, respectivamente. En los restantes ámbitos geográficos podemos hablar de desarrollos incipientes y nuevos impulsos de los mecanismos ya existentes, especialmente programas y fondos de garantía.

 

África tiene algunos sistemas avanzados (los casos de influencia de modelos europeos en Marruecos y Sudáfrica) pero el continente en general vive un momento incipiente y los mecanismos más generalizados provienen de programas y fondos de la cooperación internacional e interestatal. Igualmente inicial es la situación de los sistemas en Asia Central y Oriente Medio si exceptuamos el caso longevo de la India, cuyo primer paso en el terreno de la garantía de crédito data de 1961. En Oceanía todos los sistemas son muy recientes y conocemos la intención generalizada en la zona de implantar y potenciar esquemas de garantías corporativos. En el caso de Australia, para ser más precisos, hablaríamos de iniciativas de reimplantación del esquema estatal de garantías para la pequeña empresa, actualmente en suspenso. América Latina, por su parte, constata hoy el auge de los sistemas de garantías con un nuevo impulso tras la implantación generalizada en los años setenta.

 

Las cifras que conocemos por cada ámbito continental dejan claro que Europa juega un papel destacado a nivel mundial en la actividad de los sistemas de garantía. Además habría que sumar en la situación europea la incorporación de nuevos países que han desarrollado, aún tímidamente, sus propios sistemas, así por ejemplo los países del Este. También es reseñable que mucho del protagonismo en cifras de la zona del sudeste asiático se explica por el nivel de operaciones y el montante de garantías vivas del Japón, cuyo sistema es el más desarrollado en este sentido y se presenta como un mecanismo económico altamente considerado incluso en los planes globales de reactivación de la economía nipona. En las zonas de África, Asia Central, Oriente Medio y Oceanía la juventud o la situación irregular de los mecanismos no posibilitan unos datos de actividad fiables y comparativos, excepto en caso de sistemas bien implantados como serían, por ejemplo, Marruecos, Sudáfrica o Jordania. El continente americano sigue registrando diferencias entre el norte, muy estabilizado y con fuerte desarrollo, y la zona latinoamericana, que hoy registra un fuerte impulso con algunas cifras nada desdeñables en México, Colombia, Argentina o Perú. Por otra parte, en los últimos años se detecta una fuerte actividad sobre sistemas de garantías en el entorno iberoamericano que hacen concebir grandes esperanzas de desarrollo, pero antes de identificar los sistemas y entes, sus tendencias y algunos datos de actividad en los países que conforman Iberoamérica, procedemos a la identificación del principal problema o motivación de la existencia de los sistemas, a la descripción de los modelos o fórmulas de garantías detectados y una breve reseña de los distintos ámbitos continentales y subcontinentales.

 

I. La problemática de la mipyme

 

En la mayoría de los sistemas de garantías que conocemos a nivel mundial el objeto social principal más generalizado es el estrato de la micro, pequeña y mediana empresa^[1]. Los sistemas, según sus ámbitos, establecen sectorializaciones o atienden al negocio familiar, a la persona individual o a las empresas medianas (caso habitual en el sudeste asiático). Todos los organismos específicos para la micro y la pyme constatan dos hechos relevantes que se podrían considerar contradictorios. Por una parte, es más que evidente que el sector de la mipyme es hoy ya considerado en todas las economías nacionales e interestatales como un estrato económico esencial y un parámetro de desarrollo del sistema económico actual, altamente globalizado. Una de sus fuerzas principales es el sostenimiento y la generación de empleo, un problema también globalizado. Una media estimada en todos los ámbitos continentales y subcontinentales aporta un dato esclarecedor: la mipyme supone más de un 97% de los universos empresariales de cada ámbito y sostiene una media aproximada del 64% de los empleos, además de aportar porcentajes de entre el 30% y el 50% del Producto Interior Bruto en gran número de países.

 

Por otra parte, los mismos organismos y los sistemas específicos de garantías constatan un problema crucial de acceso a la financiación de este sector tan vital debido a la percepción de riesgo generalizada en el universo de los sistemas financieros a la hora de conceder créditos a las empresas. Los sistemas de garantías son un arma esencial para favorecer dicho problema, tan refrendado y reconocido, ya que facilita el acceso a la financiación en condiciones óptimas de tipo y plazo. De cara a la financiación empresarial los sistemas de garantías son hoy, y han sido en el pasado, un realidad beneficiosa que, en el actual marco globalizado de la economía, mantienen y ven potenciada su existencia.

 

II. Los modelos detectados

 

           

 

Ya hemos hecho referencia, con anterioridad, a los distintos tipos de entidades o mecanismos de garantías extendidos por el mundo, el programa de garantías, el fondo de garantía y el esquema de garantías, éste último subdividido en esquemas mutualista y corporativo (es una corporación pública la que desarrolla su operatividad). Este sería el esquema básico de los modelos detectados:

 

El programa de garantías

 

–  tiene unos recursos limitados y temporales procedentes del Estado y/o de la cooperación exterior;

 

–  puede tener un ámbito estatal (agencia nacional) o interestatal;

 

–  delega el operativo básico en las entidades financieras;

 

–  el usuario no tiene ninguna relación con el programa;

 

–  suele avalar carteras de riesgo de las entidades, encargadas del recobro de fallidos.

 

El fondo de garantía

 

–  tiene unos recursos limitados y temporales de procedencia estatal o de la cooperación internacional;

 

–  suele delegar el operativo del sistema a las entidades financieras, principalmente el análisis, la concesión y el recobro de fallidos;

 

–  suele operar mezclando garantías de cartera con garantías individuales:

 

–  en el caso de la garantía individual el fondo establece unos requisitos específicos para emitir su carta fianza que concede la garantía, el prestatario solicita y paga directamente por la carta fianza para respaldar su acceso al crédito y, consecuentemente, el fondo interviene a la hora de tramitar y evaluar la solicitud y concesión de la garantía;

 

–  en el caso de la garantía de cartera el fondo sólo describe la cartera de crédito para micros y pymes y suscribe el convenio pertinente con las entidades financieras, ésta recibe y paga la garantía automática del fondo sobre su cartera de créditos pyme y, consecuentemente, el fondo delega en las entidades financieras la tramitación, términos y evaluación de los créditos garantizados.

 

–  el usuario solicita el crédito y paga por el uso de la garantía sobre su crédito;

 

–  asume los fallidos pero delega sus actuaciones en las entidades financieras.

 

El esquema de garantías

 

–  se desarrolla a través de dos modelos:

 

    –  asociativo-mutual-cooperativo con recursos mixtos, cuya garantía es individual: el usuario está “fidelizado” con el ente, solicita las operaciones y paga sus costes directamente a la sociedad de garantías recíprocas (SGR);

 

    –  corporativo con recursos mixtos predominantes del sector público, cuya garantía es individual: el usuario está “fidelizado” con el ente a través de instituciones, asociaciones o empresas de carácter público, solicita las operaciones y paga sus costes a la corporación de garantía.

 

–  su ámbito puede ser provincial, regional o estatal;

 

–  requiere legislación específica, calificación como entidad financiera e integración en el marco de control y supervisión de la superintendencia de cada sistema financiero;

 

–  realiza las labores de análisis y concesión de la garantía al usuario frente al crédito de las entidades financieras;

 

–  la garantía es individual: el usuario está asociado o “fidelizado” con el ente (solicita y paga directamente a la SGR);

 

–  asume morosidades y falencias y se encarga directamente de la actividad de recuperación de fallidos.

 

III. Breve reseña de los distintos ámbitos continentales y subcontinentales

 

En el continente africanola realidad endógena de los sistemas de garantías es muy limitada. Además, el acceso a la poca información que hay es muy precario. No obstante parece que existe una tendencia a ir implantando sistemas, en muchos casos, con la tutela directa de modelos de países europeos, articulados a través de programas y fondos de cooperación internacional (programas de la ONU, del Banco Mundial y las agencias nacionales de desarrollo y cooperación). Entre los sistemas implantados más antiguos e intensivos hay que destacar los de Marruecos y Sudáfrica. En el ámbito de África del Norte, el caso de Marruecos presenta una fuerte tutela del sistema de sociedades de caución mutua francés de la Banca Popular. Es un sistema sobresaliente que cuenta con 20 SCM’s que han garantizado a unas 20.000 pymes. El resto de países árabes han recibido una fuerte influencia francesa, ya a través de la implantación de sistemas de caución mutua sectorializados (el caso de las SCM agrícolas en Túnez) o por la actividad de los fondos de garantías de la Agencia de Desarrollo Francesa (AFD). Existen otros programas de cooperación internacional (buen ejemplo en Egipto con el programa de la agencia estadounidense USAID) y de carácter interestatal (como la IIGC de los países árabes – Inter-arab Investment Guarantee Corporation). Entre otras iniciativas endógenas destacaríamos el esquema corporativo de Egipto, el fondo nacional de garantías de Túnez y el fuerte nivel de iniciativas en Malí, auspiciadas por programas externos.

 

En el ámbito sub-sahariano, el caso de Sudáfrica en estos momentos cuenta con una perspectiva atractiva pero con un nivel de actividad aún tímido. Junto a estos dos sistemas, el protagonismo en el continente lo asumen las múltiples iniciativas de programas y fondos de cooperación internacional que han desarrollado algún tipo de actividad, a través de la articulación de un sistema auspiciado e incluso impulsando la creación de esquemas de garantías propios. Son destacables los mecanismos de garantías de programas de la ONU a través de su programa de desarrollo (UNDP, FAO), la OIT, el Banco Mundial (a través de la agencia MIGA –Multilateral Investment Guarantee Agency), las agencias de desarrollo nacionales (especialmente la agencia USAID de EE.UU. y los amplios fondos de garantías de la Agencia de Desarrollo de Francia –AFD), y otros organismos de cooperación internacional. En casi todos los países existe algún tipo de intervención de los programas aludidos, que figuran en el subsiguiente cuadro junto a los entes y mecanismos endógenos. En la mayoría de casos se han dado tímidos intentos de implantación de sistemas con escaso desarrollo, aunque hoy ofrece expectativas halagüeñas la implantación de programas y esquemas corporativos estatales en Swazilandia, Nigeria.

 

En Oriente Medio y Asia Central existen sistemas de garantías para préstamos como los de India, Jordania, Israel, Líbano, o el recientemente implantado en China^[2]. Entre los sistemas más llamativos tenemos noticias de los mecanismos de garantías desarrollados desde principios de los setenta por la agencia estatal india (Deposit Insurance Credit Guarantee Corporation), integrada en el Banco de Reservas de la India. China y Hong Kong han implantado sus sistemas en 1998. En Oriente Medio los casos más desarrollados son el esquema corporativo de Jordania (Jordan Loan Guarantee Corporation) y el fondo estatal de garantía de Israel, en funcionamiento ambos desde 1994. En el caso de Israel es mucho más llamativa la importante presencia del programa de garantías de la agencia estadounidense USAID, sucesivamente renovado desde 1992.

 

En el sudeste asiático los sistemas de garantías siguen ex-pandiéndose de forma intensiva y con remodelaciones generales aplicadas por la fuerte y reciente recesión económica. Es inevitable indicar la presencia en este ámbito del sistema más intensivo conocido, el caso de Japón, cuyo sistema mantiene un peso específico en la economía nipona con un riesgo vivo de más de 265.000 millones de USD, a través de la confederación nacional de 52 corporaciones de garantías (NFCGC) y el importante ente de reafianzamiento del sistema (Japan CIC), facilitando garantías a 2 millones de pymes, el 30% de las pymes japonesas, y siendo destinatario del 30% del Plan de Reactivación de la economía japonesa (unos 7 billones de US$). A la zaga de Japón, como sistemas más intensivos estarían Corea, con dos entes corporativos, Indonesia y Malasia. Nepal, Sri Lanka, Filipinas, Tailandia y Taiwán tienen sistemas de garantía muy consolidados y que vienen funcionando en algunos casos desde la década de los años 50. Las más recientes experiencias del entorno se han desarrollado en Filipinas, que ha añadido un nuevo fondo a su larga lista de entes (dos fondos no transitorios y dos esquemas corporativos), y Hong Kong, que ha establecido en 1998 su nuevo esquema especial de financiación para la pyme.

 

Por otra parte, en octubre de 1988 se produjo la primera reunión y constitución formal de la Asian Credit Supplementation Institution Confederation (ACSIC), con 14 socios fundadores de 9 países a los que ya hemos hecho mención: la PT Asuransi Kredit y la Perusahaan Umum Pengembangen Keuangan Koperasi (Perum PKK) de Indonesia; la Korea Credit Guarantee Fund (KCGF) y Korea Technology Credit Guarantee Fund (KOTEC) de Korea; la Credit Guarantee Corporation (CGCMB) de Malasia; la Credit Guarantee Corporation PVT Ltd. de Nepal; The Guarantee Fund for S&M Enterprises, BAP Credit Guaranty Corporation (BCGC) y la Small Business Guarantee and Finance Corporation (SBGFC) de Filipinas; The Central Bank of Sri Lanka de Sri Lanka; S&M Business Credit Guarantee Fund (SMBCGF) de Taiwán; Small Industry Credit Guarantee Fund (SICGC) de Tailandia; Small Business Credit Insurance Corporation (Japan CIC) y la National Federation of Credit Guarantee Corporations (NFCGC) del Japón.

 

En Oceanía la actividad es muy reciente y poco desarrollada pero en la década de los noventa se han creado numerosos esquemas de garantía corporativos en los distintos estados de las islas del Pacífico, especialmente en Solomon, auspiciados por el programa de desarrollo de la pequeña empresa (Small Enterprise Development SED) de la agencia de desarrollo de la ONU (UNDP). Tanto en Nueva Zelanda como en Australia conocemos directrices políticas que esperan potenciar los escasos esquemas de garantías para la pequeña y mediana empresa ya existentes. En el caso de Australia el antiguo Small Business Loan Guarantee Scheme, de ámbito federal, está paralizado a la espera de reactivarse. Mientras, se han registrado algunas iniciativas muy locales.

 

En Europa la necesidad de crear sistemas de garantías viene de muy lejos pues la primera experiencia se traslada al siglo pasado, donde encontramos los primeros precedentes como son la Unión de Créditos de Bruselas, que fundada en 1848 intentaba dar respuesta a las necesidades crediticias de las empresas belgas, la Banque Populaire en Francia, en 1841y los sindicatos mercantiles en España, en 1915. No obstante, habría que diferenciar un continente dividido entre los países pertenecientes a la Unión Europea y aquellos que pertenecen al ámbito de Europa Central y Oriental (países PECO). Los primeros están integrados en una institución supranacional que observa entre sus directrices de política de estado la promoción e impulsión de los esquemas de garantías predominantes, de tipo mutualista, así Sociedades de Garantías Recíprocas (SGR) y Sociedades de Caución Mutua (SCM). Todos los países de la Unión Europea sin tradición en cuanto a mecanismos de garantías han desarrollado esquemas de garantías mutualistas (casos de Finlandia, Suecia, Irlanda, Portugal o Grecia). En Reino Unido se estableció en 1993 el paso del modelo de programa estatal, que sigue existiendo, al modelo de las Mutual Guarantee Scheme. Algunos países con anciana tradición en el terreno de los sistemas de garantías han desarrollado recientemente nuevas legislaciones en este sentido (casos de España y Bélgica con sus nuevas leyes de 1994 y 1999 respectivamente). El caso de Francia, con sus sociedades de caución asociadas a la Banca Popular (SOCAMAS) y otros tipos de entidades, sigue siendo el más potente. Italia cuenta con una amplísima red de cooperativas locales de garantías de crédito agrupadas en una confederación (CONFIDI actualmente agrupa a casi 700 entes).

 

En otros países europeos, salvo Suiza y Turquía, las realidades son muy recientes. En los dos casos indicados se desarrollan modelos de cooperativas regionales y locales. En Suiza el modelo descentralizado de estado federal impone una articulación a través de cooperativas y entes cantonales. En Turquía nos encontramos con el caso más relevante fuera del entorno de la UE, con un enorme sistema de casi mil cooperativas de crédito y caución que atienden a más de 700.000 pequeñas empresas de artesanos y comerciantes con un volumen de actividad nada despreciable (más de 650 millones de US$ en garantías vivas). Además, Turquía cuenta con un fondo de garantía para la pyme auspiciado y articulado en estrecha colaboración con entidades de la banca alemana. En el resto de países de Europa Oriental sólo a partir de la década de los noventa y debido a los procesos de liberalización y privatización económica, donde se ha resaltado de manera contundente la importancia del tejido empresarial de la pequeña y mediana empresa, se han desarrollado mecanismos de garantías, en muchos casos con el auspicio de programas de cooperación internacional (Banco Mundial, OCDE, USAID) y con asesoramiento externo. Sin embargo, en la década de los noventa se han desarrollado iniciativas endógenas en Hungría, República Checa, Polonia, Estonia o Lituania. Rusia actualmente registra algunas experiencias regionales pero casi todos los mecanismos se sustentan en la cooperación internacional y los programas de garantías interestatales.

 

Además el panorama europeo cambió de forma significativa con la constitución de la Asociación Europea de Caución Mutua (AECM) en noviembre de 1992 en París y desde la que se han agrupado los intereses del Sistema de Caución Mutua en la Unión Europea. Actualmente son miembros de pleno derecho de la AECM: Alemania, Austria, Bélgica, España, Francia, Finlandia, Gran Bretaña, Italia, Irlanda y Portugal, además de varios países del Este: Hungría, Polonia, Federación Rusa, Croacia y otras asociaciones e instituciones como socios adheridos que suponen más que nada un esfuerzo colectivo de más de mil novecientas sociedades de caución mutua europeas que aglutinan a cerca de dos millones cuatrocientas mil micros de pequeñas y medianas empresas, es decir, casi el 10% de las pequeñas y medianas empresas y artesanos de toda la Unión Europea y que tienen en estos momentos garantizado cerca de cuarenta mil millones de euros.

 

En el ámbito del continente americano, especialmente en Latinoamérica, se vive un nuevo resurgimiento de la confianza en los sistemas de garantías de crédito como instrumento para insertar a la pequeña y mediana industria en el sector financiero, en el que normalmente se encuentran marginadas. El continente americano tiene en marcha entes de garantías bajo las tres fórmulas generales ya conocidas: el fondo de garantías, el programa de garantías y el esquema de garantías recíprocas (SGR). Como podremos apreciar el programa de garantías es la fórmula que domina todo el ámbito geográfico de América del Norte. Centroamérica presenta un predominio del fondo de garantías, ya en el activo foco de El Salvador como por los proyectos de fondos existentes en Costa Rica o la República Dominicana, si bien es cierto que han existido experiencias de programas interestatales de ámbito regional que han afectado a numerosos países centroamericanos pero que hoy están extinguidos. En el caso del América del Sur se han dado una serie de pasos en los últimos años, que veremos más adelante, que han reactivado los sistemas, especialmente las nuevas legislaciones en materia de Sociedades de Garantías Recíprocas, los visos de reglamentación que se dan en otros sistemas, las capitalizaciones de algunos fondos de garantías, o la importante reestructuración que se operó en 1995 en Colombia con la creación de todo un sistema nacional de garantías propulsado, regulado y reafianzado por el Fondo Nacional de Garantías SA, y con doce fondos regionales operativos.

 

Al hablar de América del Norte dejamos el caso mexicano para el análisis del entorno iberoamericano pues, si bien tiene un modelo parecido al de los programas estatales de EE.UU. y Canadá, sin embargo no presenta una agencia centralizada y su nivel de operatividad y actividad está más en conjunto con dicho espacio. En Canadá y EE.UU. predomina, como ya hemos señalado, un sistema de programa de garantías público institucionalizado a través de agencias de desarrollo que funcionan como administradores. En ambos casos dichas agencias están integradas con un papel central en las políticas de promoción de empleo, proceden a través de entidades financieras con las que mantienen convenios y suelen desarrollar líneas o mecanismos específicos de garantías según sectores económicos, sociales, zonas afectadas por catástrofes.

 

En Canadá el programa Small Business Loans Act funciona desde el año 1961, creado por el Ministerio de Economía, para su posterior transferencia al Ministerio de Industria en el año 1977. En las últimas cuatro décadas el programa SBLA se ha expandido, ha sido modificado y reglado de forma muy amplia. La principal modificación es que se ha convertido en una institución federal de crédito garantizado. En Estados Unidos, la implantación de los sistemas de garantías es relativamente reciente, frente a lo que cabría esperar. El programa federal, canalizado a través de su agencia administradora SBA (Small Business Administration), se desarrolló en la década de los 70. Posteriormente se han ido desarrollando sistemas de garantías en el ámbito estatal con el objeto de fomentar el desarrollo de las industrias estatales. En la actualidad quince estados tienen su propio programa de garantías, del que hay que destacar por nivel de actividad y su total independencia de la SBA el de California. La SBA fue fundada en 1953 mediante ley para atender a las PYMES de los Estados Unidos. Realmente la SBA era la sucesora de la Reconstruction Finance Corporation (RFC), que tras la gran recesión otorgó créditos a pequeñas entidades que no eran capaces de conseguir ayuda financiera del sistema bancario para la reconstrucción industrial. Entre los programas estatales de garantías para la pequeña y mediana empresa de ambos países han atendido a más de 550.000 empresas y mantienen unas garantías vivas de unos 50.000 millones de USD.

 

IV. El entorno iberoamericano

 

En Iberoamérica actualmente figuran los sistemas de garantías del entorno iberoamericano europeo, es decir, los entes de España y Portugal. En estos países predomina la figura de la sociedad de garantías recíprocas siguiendo los esquemas europeos de caución mutua. En el caso de España su aportación a la red es muy significativa si tenemos en cuenta sus datos de operatividad.

 

Del entorno latinoamericano tenemos los sistemas nacionales, programas e iniciativas interestatales existentes, junto a otros ya extinguidos, en México, América Central y el Caribe, que detallamos en el siguiente cuadro:

 

En el mismo ámbito pero en América del Sur, el siguiente cuadro ofrece las experiencias históricas y presentes de sus respectivos sistemas nacionales y programas o iniciativas interestatales:

 

Como ya se indicó supra, se han dado una serie de pasos en los últimos años que han reactivado los sistemas en el mundo iberoamericano, especialmente las nuevas legislaciones en materia de Sociedades de Garantías Recíprocas (SGR) en países como España y Portugal en 1994, en Argentina (1995) o Venezuela (1999), los visos de reglamentación que se dan en los sistemas de Brasil, Perú o Uruguay; también las capitalizaciones de algunos fondos de garantías (Colombia, El Salvador, Perú) y su reconducción preferente hacia el modelo de garantías de cartera^[3]; o la reestructuración ya mencionada del sistema nacional de garantías colombiano que se operó en 1995 con la creación de todo un sistema nacional de garantías propulsado, regulado y reafianzado por el Fondo Nacional de Garantías SA, y con doce fondos regionales operativos. A ello se unen las recientes creaciones de organismos colectivos que pretenden una optimización a través de las experiencias compartidas de los sistemas iberoamericanos, así la constitución en 1996 de ALEGA (Asociaciones Latinoamericanas de Entidades de Garantías) y la aún más reciente formación de la Red Iberoamericana de Garantías (REGAR), una red asociativa de los entes e instituciones de garantías iberoamericanos que pretende ser instrumento de fortalecimiento de los sistemas nacionales de garantías en su ámbito, además de un organismo perfecto para la interlocución de los entes y la dinamización de políticas endógenas acerca de la pequeña y mediana empresa en los países que conforman la red.

 

España y Portugal han desarrollado sistemas propios acordes con las directrices políticas de la Unión Europea y siguiendo el modelo de sociedades de garantías recíprocas. El caso de Portugal no cuenta con antecedentes tan pesados como el caso español, que aporta las cifras de actividad más pronunciadas de todo el entorno analizado con casi 50.000 socios y empresas atendidas y casi 1.300 millones de US$ en garantías vivas.

 

En el ámbito latinoamericano debemos resaltar los sistemas más destacados. En México se desarrollan varios programas de garantías auspiciados por entidades financieras y fideicomisos del sector público. Allí funciona el programa de garantías NAFIN (Nacional Financiera) desde 1996, donde las garantías son un producto complementario a las garantías tradicionales, que de ninguna manera se sustituyen sino que se ven suplidas. Están encaminadas a apoyar a los bancos que otorgan el crédito, siendo éstos los beneficiarios de la misma. Actualmente NAFIN cuenta con 23 millones de US$ de recursos en su programa de garantías, con unas 4.350 operaciones (dato acumulado) y un monto de garantías vigentes actualizado de 32,6 millones de US$. Su índice de morosidad es del 2,5% (a agosto de 1999). Bancomext (Banco Nacional de Comercio Exterior) es el instrumento del Gobierno mexicano cuya misión consiste en incrementar la competitividad de las empresas mexicanas, especialmente de las pequeñas y medianas vinculadas directa e indirectamente con la exportación. Entre sus prestaciones Bancomext tiene un programa de garantías que tiene por finalidad proteger a las empresas de los riesgos inherentes a la actividad de exportación, durante las etapas de producción y comercialización de su producto en otros mercados, así como proporcionar un incentivo para las entidades financieras a la hora de canalizar mayores recursos financieros a la actividad exportadora. Bancomext mantiene, al 30/9/99, una cartera de garantías vigente de 250 millones de US$, que corresponden a casi 300 empresas activas. Desde 1987 hasta 1998 ha atendido a unas 1.500 empresas, en casi todos los casos pequeñas y medianas. En el mismo periodo considerado ha mantenido un índice medio de morosidad del 0,72%. En cuanto al FIRA, otro instrumento del Gobierno Federal, actúa como entidad financiera de segundo piso y funciona de acuerdo a la política nacional de desarrollo de las actividades del medio rural y del sector pesquero. Actualmente FIRA tiene una cartera de garantías vigentes de casi 300 millones de US$ (dato del año fiscal de 1998). Los fideicomisos que integran FIRA son el Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura (FONDO), Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios (FEFA), Fondo Especial de Asistencia Técnica y Garantía para Créditos Agropecuarios (FEGA), Fondo de Garantía y Fomento para las Actividades Pesqueras (FOPESCA).

 

El concepto de fondo de garantía ha tenido un desarrollo muy importante en El Salvador, donde existen hasta 5 fondos, algunos ya en extinción, desde el establecimiento en 1973 de FIGAPE, el Fondo de Financiamiento y Garantía para la Pequeña Empresa fue creado el 10 de mayo de 1973 como una institución pública de crédito que tiene la facultad de otorgar garantías, aunque actualmente presenta una tendencia a su extinción como fondo emisor de garantías. Hoy prácticamente sólo da microcréditos, especialmente al sector del comercio en la capital, San Salvador. El Fondo de Garantías Agropecuarias FOGARA se creó en 1992, y desde 1998 es operativo en El Salvador el FUSAID, un fondo de procedencia estadounidense, con sede en Washington, del que ofreceremos una extensa descripción. En cuanto al FOGACRE (Fondo de Zonas Francas) actualmente está siendo administrado por el BMI, sin ningún órgano propio. Realmente lo que se está haciendo es esperar a que las garantías otorgadas se extingan pues no hay expectativas de que se sigan emitiendo. Parece que, una vez recuperados los montantes de las garantías, el fondo desaparecerá. FOGAPE y FOGARA ofrecen un saldo de garantías vigentes de más de 21 millones de US$ atendiendo a casi 14 clientes del sector mipyme y agrario.

 

Es importante señalar que, dentro del proyecto que viene desarrollándose en El Salvador hacia un esquema de garantías de modelo mutualista, en el primer cuatrimestre de 2000 estos fondos salvadoreños aludidos estarán integrados en un fideicomiso que desarrollará con sus recursos el proyecto de un esquema de sociedades de garantías recíprocas.

 

Muy reciente es la creación del Fondo Nacional de Garantías (FONAGA) de Costa Rica, mediante decreto gubernamental de marzo de 1996 y con algunas reformas ejecutadas a finales de 1997, con el objetivo de facilitar el otorgamiento de garantías que posibiliten el acceso al sistema financiero nacional a micros y pequeños empresarios y pequeños productores agrícolas, en un país donde un 90% de las empresas son consideradas pequeñas y medianas. FONAGA proyecta ofrecer una cobertura del 50% del crédito aprobado en montantes nunca superiores a 10 millones de colones (unos 35.000 US$), con una comisión media del 2%.

 

En Argentina, si atendemos a los esquemas de garantías mutualistas, desde 1995 se viene desarrollando un sistema general de garantías que en estos momentos cuenta con cuatro SGR´s constituidas. GARANTIZAR, proyecto de SGR del Banco de la Nación Argentina como socio protector y 757 pymes miembros de la Confederación General Económica de Argentina y del Consejo Argentino de la Industria y Unión Industrial Argentina, de 35 millones de US$ de capital social. Al 30 de junio de 1999 este ente ha otorgado 15,5 millones de US$ en 120 operaciones. CAES (Compañía Afianzadora de Empresas Siderúrgicas) formada por SIDERAR, S.A., Grupo Techint como socio protector, y 361 pymes como socios partícipes, de 15 millones US$ de capital social. AVALUAR para el sector del aluminio, con 32,4 millones $ US$ de capital social y 124 pymes, tiene hoy un total de 17 millones de US$ en garantías vigentes. MACROAVAL está integrada por el Gobierno de la provincia de Salta, Banco de Salta y Banco de Jujuy, como socios protectores y 112 pymes como socios partícipes. Si hemos de hablar de fondos de garantía, Argentina cuenta con el Fondo de Garantía de la provincia de Buenos Aires, establecido en 1995 como sociedad anónima con participación estatal mayoritaria, con 27 millones de US$. FOGABA tiene un montante de garantías vigentes de 25,6 millones de US$ en 301 operaciones y, al 30 de septiembre de 1999, se habían realizado 141 operaciones por un total de 13,8 millones de US$. En el año 1998 el total de operaciones fue de 100 casos por un total de 13,9 millones de US$. La entidad nos ha facilitado unos datos de morosidad del 3% sobre el monto de garantías vigentes.

 

SOGAMPI S.A. nace en Venezuela en 1990 con carácter mutualista, capital mixto, y conformada por el Estado venezolano, la Banca, Fedeindustria, instituciones gremiales y de apoyo a la pequeña y mediana industria y los socios beneficiarios (196 empresas). En los últimos años se ha desarrollado la legislación de sociedades de garantías recíprocas (decreto emitido en agosto de 1999) y se pretende formalizar un sistema de reafianzamiento, aún en proyecto. Desde 1997 se está desarrollando el proyecto nacional de esquema de sociedades de garantías recíprocas, que integraba en una primera fase el desarrollo legislativo que ha culminado con el decreto mencionado.

 

Ecuador ha desarrollado el Sistema de Garantía Crediticia, creado en 1983, con el Fondo de Retrogarantía como el ente planificador, ejecutor y evaluador del Sistema. Se estructura en: Corporación de Retrogarantía Crediticia, Corporaciones de garantía crediticia, Sistema Financiero público y privado, y beneficiarios. El Fondo de Retrogarantía es capitalizado a través del Banco Central de Ecuador, el Banco Nacional de Fomento, así como las demás entidades del sistema financiero nacional y las corporaciones de garantía crediticia. Corpomicro es una de las entidades que operan actualmente. Es una institución financiera de derecho privado, sin fines de lucro, bajo la cual se encuentran asociadas algunas ONG’s ecuatorianas que implementan importantes programas de crédito microempresarial en el país.

 

El sistema en Perú funciona desde 1979 a través de la Fundación Fondo de Garantías para préstamos a la pequeña Industria (FOGAPI), cuyo patrimonio propio proviene de una amalgama de entes público y privados, principalmente de la Corporación Financiera de Desarrollo COFIDE. FOGAPI es una fundación sin fines de lucro que se distingue frente a otros fondos por el hecho de que no tiene carácter transitorio. En rigor, se trata de una afianzadora o garantizadora inserta en la regulación y supervisión de la Superintendencia de Banca y Seguros. Perú ha protagonizado recientemente una experiencia exitosa de reconducción de su actividad hacia el modelo de garantía de cartera. En el año 1999 FOGAPI ha atendido a 13.452 pequeñas y microempresas y ha efectuado garantías por más de 15.5 millones de US$ que han movilizado recursos para la pyme por un monto de más de 37 millones de US$. Entre 1980 y 1999 atendió 22.767 operaciones con un monto total de créditos garantizados de casi 103 millones de US$. Actualmente tiene un saldo de garantías vigentes de 11.5 millones de US$ y mantiene 8.548 clientes activos. Desde 1996 también existe el Fondo de Respaldo para la Pequeña Empresa (FONREPE), destinado al establecimiento de un programa de créditos seguros a favor del acceso al financiamiento privado de las pequeñas empresas nacionales. Este fondo tiene un plazo de vigencia legal de 5 años como máximo y está capitalizado con 25 millones de US$. El programa será operado por una compañía nacional de seguros elegida mediante concurso público y contará con el control de la superintendencia de banca y seguros del país.

 

El Sistema Nacional de Garantías S.A. de Colombiase estableció en 1995 fruto de la reforma profunda del sistema ya existente, considerada como un gran éxito con casi 15,000 empresas atendidas como clientes activos y casi 25 millones de US$ en garantías vigentes. El sistema está conformado por la actividad del Fondo Nacional de Garantías (FNG, SA) y la de 12 fondos de carácter regional que operan por todo el país. FNG, SA funciona desde 1981 como sociedad mixta vinculada al Ministerio de Desarrollo. Está definida, al igual que el resto de fondos regionales, como una sociedad de economía mixta del orden nacional sometida al régimen para las empresas industriales y comerciales del Estado. Hoy es el ente retrogarante de todo el sistema nacional además de mantener su alto nivel de operatividad con garantías propias.

 

El Fondo de Garantía para el pequeño empresario (BANESTADO) de Chile se constituyó desde el Banco del Estado (BANESTADO) como fondo de garantía para el pequeño empresario chileno desde 1991. Más destacado por su nivel de actividad y sus modelos innovadores es el programa de garantías de la Corporación de Fomento de la Producción CORFO, que ha introducido a través de sus mecanismos de intermediación financiera un programa de apoyo al acceso al mercado financiero formal a través de cauciones, subsidios y cofinanciamientos. Desde 1991 esta entidad viene realizando actividades que se han considerado muy innovadoras y positivas. Desde nuestro ámbito de trabajo son destacados sus programas de cauciones solidarias y de compra de bonos subordinados, ya que implican el desarrollo de plataformas de la banca privada para atender a la pequeña y mediana empresa.

 

Desde 1995 existe en Uruguay el Fondo Nacional Cooperativo de Garantías (FOGAR), una entidad privada formada por más de treinta instituciones públicas y privadas, y que opera como una institución “de segundo piso”. También funcionó desde 1996 el fondo de garantías del Banco de la República Oriental del Uruguay, dependiente de este banco público, el principal del ámbito estatal exceptuando el Banco Central. Este banco, que es receptor de las cuentas estatales por ley y actúa como banca múltiple, tenía unas líneas de crédito a largo plazo para la pequeña empresa en las que se incluían mecanismos para la concesión de créditos garantizados. Este sistema se basaba en la concesión de créditos con el requisito de garantías colaterales sobre el 50% del monto mientras el otro 50% se concedía descubierto de garantías previo pago del deudor de una tasa adicional del 2%.

 

En Brasil existe desde 1996 el Fondo de Aval de SEBRAE, creado por el Servicio Brasileño para la micro, pequeña y mediana empresa para viabilizar concesiones de aval y así facilitar el acceso de las pymes y micros a la financiación. Desde el inicio de sus operaciones, en 1996, SEBRAE  ha realizado un total de 7.809 operaciones, contribuyendo a la generación de 26.395 nuevos empleos. En total, fueron financiados R$ 266,1 millones junto con las entidades financieras asociadas al sistema, con un montante de aval de unos R$ 126,8 millones, representando cerca del 47,7% del montante total financiado. De los avales concedidos, el 37,9% fueron para el sector de comercio, el 36% para industria y el 23,9% para el sector de servicios. De las empresas con las que ha operado el sistema, el 79,6% son micro y el 14,8% son de pequeña escala. Incluso en una época de crisis y de altos requisitos bancarios el Fondo realizó 197 nuevos contratos de crédito en septiembre de 1998 posibilitando que, a su vez, las entidades financieras prestasen un total de R$ 6,6 millones.Durante los primeros nueve meses del pasado año SEBRAE realizó 2.790 operaciones, complementando garantías por valor de R$ 49,2 millones, con un total de financiaciones viabilizadas de R$ 99,4 millones, y generando 12.041 empleos. Además, desde julio de 1999 cuenta con el Fondo de Aval Exportación (FAMPEX), considerada una ampliación del Fondo de Aval general del ente. Está orientado a ayudar a las pymes que mantienen o desean iniciar una actividad exportadora. Este esquema nace dentro del paquete de medidas gubernamentales para facilitar la actividad del comercio exterior en el estrato de las micro y pymes nacionales.

 

V. Conclusiones

 

–  Los esquemas de garantías (sgr’s o corporativos) suponen la implantación y definición de una auténtica política de estado de los países que las promueven y desarrollan y un reconocimiento de la importancia de las micro, pequeñas y medianas empresas como factor de competitividad en la generación de empleo y riqueza de los países y regiones.

 

    En la década de los noventa siguen surgiendo esquemas de garantías en los países donde existían y en aquellos que no,  se están implantando o están en fase de desarrollo, con lo cual se puede afirmar su expansión creciente y su consolidación en América, Asia y Europa.

 

–  Los sistemas de garantías se convierten en un herramienta indispensable para facilitar el acceso a la financiación de las microempresas y pymes, en las mejores condiciones de plazo y coste y en un instrumento de política industrial-económica para la generación de puestos de trabajo, de proyectos empresariales y emprendedores.

 

–                    En los esquemas de garantías es fundamental, para su óptimo funcionamiento, viabilidad y equilibrio económico-financiero, el rol que desempeñan conjuntamente y de forma coordinada –en el diseño de marcos estables de funcionamiento a largo plazo– las administraciones públicas, las instituciones financieras y las organizaciones empresariales.