Declaración de Panamá

Nosotros, los Jefes de Estado y de Gobierno de los Estados miembros del Mecanismo Permanente de Consulta y Concertación Política –Grupo de Río– nos hemos congregado en la Ciudad de Panamá, los días 4 y 5 de septiembre de 1998, con el fin de refrendar, sobre la base de principios y valores compartidos orientados a robustecer y defender la paz, la democracia representativa y la edificación de un proyecto conjunto de desarrollo económico y social, la voluntad de nuestros gobiernos de fortalecer al Grupo de Río como vehículo de interlocución privilegiado y más representativo de la Región y de reflexionar e intercambiar experiencias y puntos de vista sobre los importantes temas de nuestra agenda en esta reunión.

La globalización, la apertura de las economías, el incremento sustantivo del comercio intrarregional, la aparición de esquemas de integración económica y los correspondientes foros de concertación política a nivel subregional, la desaparición de la bipolaridad y el fortalecimiento de la democracia en el continente constituyen señales que permiten vislumbrar un camino a seguir, con miras hacia el fortalecimiento del marco de concertación e integración en los que nuestros países están involucrados.

Al recordar el compromiso acordado en la VIII Cumbre, renovamos nuestra disposición a que nuestro diálogo político abarque todo el espectro de nuestras relaciones.

Expresamos nuestra convicción de que los estrechos vínculos políticos y económicos existentes entre los países de la región; nuestra profunda identidad histórica y cultural, así como la cooperación y solidaridad que nos unen, constituyen un importante patrimonio común que nos permitirá avanzar hacia la consolidación de una Comunidad Latinoamericana de Naciones.

Los retos de fin de siglo demandan el continuo fortalecimiento de nuestro mecanismo, para que podamos actuar de manera eficaz frente a situaciones de interés común. Para eso propiciaremos, cuando sea necesario, la revisión de los procedimientos del Mecanismo, manteniendo su naturaleza flexible e informal y su método de trabajo basado en el consenso.

Reiteramos que la preservación de los valores democráticos en la región constituye un objetivo esencial de este Mecanismo de Concertación y Consulta Política. Este compromiso se fundamenta en nuestra convicción de que la vigencia de las instituciones democráticas y el desarrollo económico y social son esenciales para fortalecer la paz y la seguridad hemisférica y para fomentar la cooperación entre los Estados.

Estamos convencidos de que la implementación de medidas de fomento de la confianza y de la seguridad en el hemisferio afianzará, en el marco de un proceso gradual, la cooperación en materia de transparencia en políticas de defensa y coadyuvará, desde una perspectiva actualizada e integral, al fortalecimiento de las instituciones e instrumentos que conforman el sistema de seguridad hemisférica.

Reiteramos nuestro firme propósito de avanzar gradualmente hacia una efectiva limitación de armamentos convencionales en la región y de destinar, por esa vía, mayores recursos al desarrollo económico y social de nuestros pueblos. Por ese motivo, respaldamos la iniciativa de convocar al Grupo de Trabajo Ad Hoc del Grupo de Río sobre Limitación de Armamento Convencional para que una recomendación al respecto sea considerada en nuestra XIII Cumbre.

Reiteramos nuestro apoyo al mandato establecido en el Plan de Acción de la II Cumbre de las Américas referente a la necesidad de fortalecer la Comisión de Seguridad Hemisférica de la Organización de los Estados Americanos y de realizar, a comienzos de la próxima década, una Conferencia Especial sobre Seguridad en el marco de la OEA.

América Latina y el Caribe ha logrado avances significativos hacia la consolidación de la región como zona de paz. En este sentido, destacamos nuestro beneplácito por la reciente Declaración Política del MERCOSUR, Bolivia y Chile como Zona de Paz, suscrita en ocasión de la XIV Reunión del Consejo del Mercado Común, celebrada el 24 de julio de 1998 en Ushuaia, República Argentina. Resaltamos la importancia de esta iniciativa, pues contribuye a reforzar la región como un espacio unido por la cooperación, en el cual la prosperidad económica se encuentra respaldada por la existencia de un clima de paz y seguridad.

Asimismo, destacamos la especial contribución a la paz y la seguridad internacionales del Tratado de Tlatelolco, el Tratado Concerniente a la Neutralidad Permanente del Canal y al Funcionamiento del Canal de Panamá, el Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica, la Convención Interamericana contra la Producción y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados, así como de la Convención sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonal y sobre su Destrucción. Exhortamos a los países que aún no lo hayan hecho a ratificar o adherirse, a la brevedad posible, a dichos instrumentos.

Tomamos nota de la iniciativa del Gobierno de Bolivia encaminada al establecimiento de un centro de prevención de conflictos, y sobre medidas de fomento de la confianza.

Urgimos a la comunidad internacional a que tome medidas inmediatas para lograr un mundo libre de armas nucleares y otras armas de destrucción en masa. Reiteramos nuestra enérgica condena a la realización de ensayos de armas nucleares y nuestra honda preocupación por el retroceso que estos ejercicios representan para el logro de la eliminación total de las pruebas nucleares y de la no proliferación de las armas de este tipo.

En este contexto, exhortamos a los países que aún no lo hayan hecho a ratificar o adherirse al Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares y al Tratado de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares, así como a la completa observación de ambos instrumentos por todos los Estados. Asimismo, instamos a adherir a otros instrumentos internacionales como la Declaración Conjunta sobre la Prohibición Completa de Armas Químicas y Biológicas (Compromiso de Mendoza), la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y sobre su Destrucción y la Convención sobre la Prohibición de las Armas Bacteriológicas (Biológicas) y Toxínicas y sobre su destrucción.

En el año que se conmemora el Cincuentenario de la Declaración de los Derechos Humanos y de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre expresamos que los valores consagrados constituyen parte indisociable de la identidad de nuestras sociedades y reafirmamos que la plena vigencia de los derechos establecidos en estos instrumentos, configuran una norma común a ser alcanzada por todos los pueblos y todas las naciones. Teniendo presente la Declaración y Programa de Acción de Viena (Conferencia Mundial de los Derechos Humanos de 1993), reiteramos que los principios de la universalidad e indivisibilidad de los derechos humanos, la democracia y el desarrollo son interdependientes y se refuerzan mutuamente. Por ello, seguiremos impulsando los esfuerzos conjuntos y la cooperación con los organismos internacionales, con miras a asegurar el respeto a todos los derechos humanos, incluyendo el derecho al desarrollo.

En ese contexto, promoveremos la firma tanto como ratificación y la adhesión a los instrumentos internacionales de derechos humanos, así como también la observación de las disposiciones contenidas en aquellos instrumentos en los cuales somos parte.

Reiteramos nuestra profunda preocupación por las manifestaciones contemporáneas de discriminación racial, xenofobia e intolerancias semejantes y nos congratulamos por la convocatoria en el marco de las Naciones Unidas, de una Conferencia para tratar estos graves problemas, a realizarse antes de que finalice el año 2001. Coincidimos en la necesidad de promover compromisos para asegurar el ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales y para evitar la aplicación de penas o tratamientos crueles, inhumanos o degradantes. Coincidimos igualmente en la importancia de otorgar protección adecuada a los grupos más vulnerables de la sociedad, en particular a las minorías étnicas y lingüísticas, a los indígenas, a las mujeres, a las niñas y los niños y a los trabajadores migrantes y sus familias.

Destacamos la responsabilidad de los Estados de origen y destino de migrantes en cuanto a fortalecer la cooperación en materia migratoria. En tal sentido, instamos a continuar adoptando de común acuerdo, medidas tendientes a asegurarle el pleno ejercicio de sus derechos humanos, así como su bienestar social y económico.

Reafirmamos el compromiso de nuestros gobiernos con el pleno respeto y cumplimiento de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963, e instamos a todos los países a cumplirla, particularmente en lo que se refiera al derecho que tienen los nacionales, sin importar su condición migratoria, a comunicarse con un funcionario consular de su Estado en caso de ser detenidos.

Reafirmamos nuestro compromiso con los principios fundamentales y normas universales del derecho internacional humanitario.

Reafirmamos nuestra determinación de superar la pobreza, la desnutrición, la marginalidad, la falta de acceso a los servicios de salud y el analfabetismo, mediante políticas que conduzcan a un desarrollo económico sostenible en el mediano y largo plazo.

Nos comprometemos a continuar ejecutando políticas favorables para que los agentes económicos, en particular la pequeña y mediana empresa, generen empleos productivos con remuneraciones dignas, así como a impulsar la educación, formación y capacitación laboral, como prioridad esencial para los sectores más vulnerables de nuestras poblaciones.

Los avances políticos y económicos en nuestra región deben conciliarse con la reducción de las desigualdades sociales. Estamos convencidos de que la transformación productiva será sostenible en el tiempo sólo en la medida que alcancemos mayores niveles de equidad y que para lograrlo, la formulación y ejecución de proyectos y programas conjuntos en el campo de la educación representan instrumentos pertinentes y primordiales.

El alivio de la pobreza es parte integral del desarrollo sostenible. Sólo se obtendrán los beneficios de la prosperidad mediante políticas que aborden las interrelaciones entre el ser humano y la naturaleza. La definición de las políticas y programas de desarrollo sostenible deben efectuarse con una amplia participación de la sociedad civil, prestando especial atención a las necesidades de las minorías y discapacitados, facilitando su plena participación en el proceso de desarrollo.

Reconocemos que se han logrado numerosos resultados positivos, tanto en el ámbito mundial y regional, pero estamos profundamente preocupados porque las tendencias globales para un desarrollo sostenible son cada vez más negativas por el continuo deterioro del medio ambiente mundial, incluyendo la tendencia negativa en términos de contaminación medio ambiental y la degradación de los recursos naturales.

Exhortamos a los países desarrollados, a los organismos de cooperación y a las instituciones financieras internacionales a reforzar su apoyo a los países en desarrollo, especialmente en materia de transferencia de tecnología y de recursos financieros para tal efecto, e instamos al cumplimiento de lo dispuesto en el Capítulo 33 del Programa 21, en materia de asistencia oficial al desarrollo y aplicación de mecanismos innovadores de financiación.

Tomamos nota de la iniciativa de Caricom de promover el reconocimiento internacional del Mar Caribe como área especial dentro del contexto del Desarrollo Sostenible.

Reconocemos que el concepto de un nuevo orden global humano parte de un desarrollo basado en el ser humano y coloca el bienestar y equidad social de los pueblos en el centro del desarrollo a nivel nacional e internacional.

El actual proceso de globalización de la economía mundial ha abierto nuevas oportunidades y retos para el crecimiento y el bienestar social de nuestros países. Este nuevo entorno internacional está caracterizado, entre otros factores, por el acelerado crecimiento del comercio y las inversiones internacionales, los esfuerzos de liberalización comercial e integración económica; los cambios institucionales a nivel mundial; la armonización de las reglas de comercio e inversión y la segmentación e internacionalización de las cadenas productivas.

Las experiencias regionales de integración en América Latina y el Caribe han sido la respuesta de nuestros países a los retos de la competencia mundial. La liberalización del comercio prevista en los diversos instrumentos y proceso de integración ha propiciado mayor productividad y mejores condiciones para participar en el comercio mundial.

Los progresos alcanzados por la Comunidad Andina, el G3, CARICOM, MERCOSUR, el Mercado Común Centroamericano y otros esquemas bilaterales de integración y liberalización comercial en vigor o en gestión de América Latina y el Caribe constituyen nuestra contribución hacia un orden mundial más abierto, competitivo consistente con lo establecido en la Organización Mundial del Comercio (OMC), que se complementa y refuerza mutuamente al sistema multilateral de comercio. Los avances en materia de integración deben ser concebidos como un proceso de desarrollo armónico de la región en su conjunto, que beneficia a todos los niveles de la sociedad, especialmente a través de la creación de mayores y mejores empleos.

Coincidimos con los principios de regionalismo abierto, en el marco del sistema multilateral de comercio, libre, no discriminatorio y transparente, que favorezca el ingreso de nuestras economías al sistema económico internacional. En ese contexto, instamos a los países miembros de la OMC a cumplir los acuerdos asumidos en la Ronda Uruguay del GATT, en orden a mejorar el funcionamiento del sistema multilateral de comercio, lo que facilitará los flujos comerciales entre nuestra región y el resto de los países.

El comercio y los mercados globales son unos de nuestros mejores aliados para impulsar las oportunidades de empleo, para facilitar las inversiones, elevar la competitividad nacional y la incorporación de conocimientos y tecnología. El sector exportador se ha convertido en uno de los rubros más dinámicos de nuestras economías y en una fuente fundamental de generación de empleos. El empleo de las empresas orientadas a la exportación ha mostrado un crecimiento más rápido que aquellas que producen solo para el mercado interno, en algunos casos, o las que conforman el sector servicios, entre otros.

El sistema adoptado por mas de 120 naciones en el marco de la OMC promueve la realización de negociaciones amplias y comprehensivas como el mejor instrumento para lograr una mayor liberalización comercial que se traduzca en beneficios para todos los miembros.

La OMC tiene también el reto de hacer frente a las tendencias recientes de carácter proteccionista, particularmente a aquellas referidas a los subsidios agrícolas, o aquellas que pretendan utilizar derechos compensatorios para proteger industrias obsoletas o imponer obstáculos al acceso de los productos procedentes de la región, con el pretexto de asegurar una mejor protección del medio ambiente o de los derechos laborales.

Expresamos nuestra preocupación por la situación planteada en los mercados financieros y sus efectos comerciales y financieros sobre la economía de los países de la región, a la vez que reafirmamos la necesidad de movilizar los mecanismos competentes en la materia, tanto nacionales como internacionales.

Observamos con beneplácito el inicio de las negociaciones del ALCA y declaramos una vez más nuestros compromisos con la conclusión de las negociaciones a más tardar en el año 2005 y de lograr avances concretos para fines del presente siglo.

Tomamos nota de la propuesta del Caricom de establecer un Fondo de Integración Regional dentro del Acuerdo de Libre Comercio de las Américas como mecanismo para solucionar el problema de los desbalances existentes entre las naciones más desarrolladas y las economías más pequeñas del hemisferio.

Destacamos el papel fundamental del diálogo institucionalizado Grupo de Río-Unión Europea para mantener y robustecer el excelente entendimiento que, en sus ocho años de existencia, ha prevalecido entre las dos regiones.

La Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de América Latina y el Caribe y la Unión Europea a celebrarse en Río de Janeiro, Brasil, con la co-presidencia, en el ámbito latinoamericano y caribeño, del país sede (Brasil) y el país a cargo de la Secretaría Pro Témpore (México), constituye una significativa oportunidad para avanzar cualitativamente, al más alto nivel político, en la consolidación de una nueva asociación privilegiada birregional y de mutuo beneficio.

Ratificamos nuestro compromiso de participar en la Cumbre, firmemente convencidos de que representa una ocasión singular para impulsar, hacia el siglo XXI, la concreción de trascendentales objetivos nacionales y regionales y contribuir a la consolidación de una comunidad mundial más equilibrada, pacífica y cooperativa. Para ello, apoyamos los trabajos del Comité Preparatorio establecido para ese propósito.

En el marco de los tres grandes capítulos de la agenda –asuntos políticos, económico-comerciales y culturales, educativos y humanos- nuestros Gobiernos desarrollarán propuestas basadas en valores e intereses que compartimos ambas regiones. En el ámbito político, la Reunión Cumbre brinda la oportunidad de elevar el nivel del diálogo e intercambiar puntos de vista sobre el perfeccionamiento de la democracia y el pluralismo, la promoción de los derechos humanos, el impulso al desarrollo sostenible, y otros temas de la agenda internacional de interés común, como es el caso de la seguridad y la lucha contra las drogas y sus delitos conexos.

Propiciaremos también un diálogo abierto y franco con los mandatarios de la Unión Europea sobre las relaciones económicas birregionales, con el objetivo de impulsar decididamente las negociaciones comerciales en curso, el acceso a los mercados y las inversiones. Asimismo, abordaremos otros temas de especial relevancia, tales como los flujos financieros internacionales y la articulación y convergencia de los procesos de integración económica, a fin de lograr entendimientos comunes sobre los grandes procesos y problemas que afectan a nuestras economías.

Destinaremos especial impulso al aprovechamiento del enorme potencial de cooperación en ambas regiones, en particular en los ámbitos educativo, cultural, tecnológico y científico, en beneficio de nuestras sociedades. La Cumbre constituye una oportunidad excepcional para identificar mecanismos que permitan lograr estos objetivos. En cuanto al tema de la mujer, también impulsaremos el intercambio de experiencias y la definición de programas de cooperación que nos permitan avanzar en ese ámbito.

Acordamos darle seguimiento a los acuerdos y programas que surjan de la Cumbre AlyC/UE a través del diálogo institucionalizado Grupo de Río-Unión Europea y, cuando corresponda, de los distintos diálogos institucionalizados existentes entre las dos regiones.

Reiteramos nuestra satisfacción por los avances en materia de integración en América Latina y el Caribe, señalando que la misma no debe ser concebida como un instrumento limitado a incrementar el comercio, sino como un proceso de desarrollo armónico que beneficie a todos los niveles de la sociedad.

La II Cumbre de las Américas, efectuada en Santiago de Chile, fue un evento de fundamental importancia en el cual se definió la agenda de las Américas para los próximos años. Tanto la Declaración Política de los Jefes de Estado y de Gobierno suscrita en dicha oportunidad, como el Plan de Acción, constituyen documentos prioritarios que marcan un hito en el proceso de integración y cooperación hemisférica. Reiteramos nuestro decidido compromiso con la implementación y el seguimiento de los mencionados instrumentos, en especial con el Plan de Acción, a cuyo desarrollo y cumplimiento asignamos la mayor prioridad.

Asimismo, dentro del contexto de los acuerdos logrados en la II Cumbre de las Américas, expresamos nuestra firme intención de continuar fortaleciendo el marco institucional hemisférico, en particular a través de la acción de la Organización de los Estados Americanos.

Reafirmamos la Declaración adoptada en la XI Cumbre del Grupo de Río en Asunción, en la que expresamos nuestro enérgico rechazo a la aplicación unilateral y extraterritorial de leyes nacionales, por constituir acciones que violan principios fundamentales del derecho y la convivencia internacionales y tienen un impacto negativo en la cooperación, el comercio y las inversiones entre los países. Entre estas medidas destacan la Ley Helms-Burton, las recientes iniciativas adicionales para ampliar sus alcances, y los procesos de certificación en la lucha contra el narcotráfico.

Ratificamos nuevamente nuestra firme disposición para mantener un diálogo constructivo en la materia y para seguir concertando posiciones en los foros regionales e internacionales. Igualmente, nos comprometemos con el fortalecimiento de las instancias multilaterales, conscientes de que la participación amplia y democrática en ellas afianza el principio de corresponsabilidad como el criterio para el tratamiento de las problemáticas mundiales, favoreciendo mejores grados de simetría y transparencia en las relaciones internacionales.

El uso indebido, el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, y los delitos conexos vinculados a ello, son un problema mundial. La acción para prevenirlos, controlarlos y sancionarlos constituye una responsabilidad común y compartida que exige un enfoque integral y equilibrado de los esfuerzos y estrategias nacionales e internacionales, reconociendo como pilar fundamental de esta labor, la acción concertada y cooperativa de los Estados.

En ese sentido, reiteramos nuestro firme compromiso y voluntad política de agotar los medios que permitan obtener la plena implementación y ejecución de las tareas y compromisos adquiridos por nuestros países durante el XX Período Extraordinario de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas dedicado a la acción común para Contrarrestar el Problema Mundial de las Drogas, celebrado recientemente en Nueva York.

Destacamos la importancia del desarrollo alternativo y la necesaria promoción de opciones socioeconómicas para las comunidades afectadas por los cultivos ilícitos. En ese sentido, reconocemos como fundamental el apoyo de la comunidad internacional a programas que permitan avanzar en este propósito.

Instruimos a nuestras autoridades competentes para que, en el espíritu del compromiso asumido en la II Cumbre de las Américas, y de conformidad con la estrategia convenida en el seno de la CICAD, forjemos una alianza contra las drogas ilícitas, con objeto de establecer un procedimiento único y objetivo de evaluación gubernamental de carácter multilateral, para dar seguimiento al progreso individual y colectivo de los esfuerzos hemisféricos y de todos los países en el tratamiento de las diversas manifestaciones del problema.

Destacamos con satisfacción la celebración de la primera Reunión de Alto Nivel entre los Estados Latinoamericanos y del Caribe y la Unión Europea, y damos la bienvenida al establecimiento del Mecanismo de Coordinación y Cooperación contra las Drogas Ilícitas allí establecido.

En este sentido, tomamos nota de que durante la primera Cumbre Especial del Foro del Caribe de los Estados APC (Cariforum), que tuvo lugar en la República Dominicana en agosto de 1998, los Jefes de Estado y de Gobierno endosaron firmemente el Mecanismo y que acordaron que todos los Estados de Cariforum deben participar en él.

Manifestamos nuestro más enérgico rechazo a la realización de operaciones encubiertas que violen las leyes y ordenamientos internos de terceros países, relacionadas con manifestaciones delictivas del problema de las drogas, por constituir una violación a la soberanía nacional y al principio de no intervención.

Al reiterar nuestra condena al terrorismo, que amenaza la paz y la seguridad de la sociedad y perjudica el pleno ejercicio de los derechos sociales e individuales, expresamos nuestro repudio a los recientes actos criminales contra misiones diplomáticas en Kenya y Tanzania.

A este respecto, manifestamos nuestra convicción de que toda acción a escala internacional en la prevención y la represión del terrorismo, debe realizarse en plena y total concordancia con el Derecho Internacional.

Reafirmamos la importancia del fortalecimiento de la solidaridad y cooperación para prevenir, combatir y erradicar el terrorismo a través de una mayor y permanente promoción de medidas bilaterales y multilaterales, con pleno respeto a la soberanía y jurisdicción de cada Estado y la cabal observancia de lo establecido en los instrumentos internacionales sobre la materia.

En tal sentido, expresamos nuestra firme voluntad de adoptar las medidas pertinentes, según lo acordado en la Declaración y el Plan de Acción de Lima, y resaltamos la importancia de la Segunda Conferencia Especializada Interamericana, a efectuarse en la República Argentina.

El ingreso al tercer milenio conlleva el cambio de los dígitos de las fechas en los sistemas computacionales, hecho que puede traer graves consecuencias, dada la elevada interdependencia de los sistemas informáticos.

En este sentido, apoyamos la adopción de medidas destinadas a precaver y superar el problema en cuestión, en particular en relación con los sistemas que se encuentran bajo su propio control, generando las condiciones para asegurar la operatividad básica de los sistemas nacionales, e impulsando y apoyando las acciones que correspondan al sector privado. Fomentaremos para ello el intercambio de conocimiento y experiencias para reducir los riesgos y generar ahorros en esta tarea.

Acordamos llevar a cabo la XIII Reunión Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno en 1999 en México.

Los Jefes de Estado y de Gobierno concurrentes en Panamá expresamos nuestro agradecimiento y felicitamos al Presidente de la República de Panamá, Ernesto Pérez Balladares, a su Gobierno y al pueblo panameño por su hospitalidad, así como por la excelente organización y conducción de la XII Cumbre del Mecanismo Permanente de Consulta y Concertación Política-Grupo de Río.

Asimismo, nos unimos al regocijo del pueblo y gobierno panameños por los avances en el proceso de reversión del Canal del Gobierno de los Estados Unidos a la República de Panamá. Coincidimos en que su inminente culminación coronará la tarea histórica de los pueblos y gobiernos de América Latina y el Caribe por afirmar la soberanía del pueblo panameño sobre esa vía interoceánica.

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