Globalización y relaciones
externas
de América Latina y el Caribe
Edición Nº 53.
Enero-Junio 1998.
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Política
social y ALCA |
|
Manuela
Tortora
Directora de Relaciones Económicas
de la Secretaría Permanente del SELA. |
Ponencia presentada en el
Coloquio Académico de las Américas, San José de Costa Rica, 12 de marzo de 1998.
Desde la Cumbre de Miami de
1994, la sigla "ALCA" se asocia con términos eminentemente económicos: libre
comercio y acceso a mercados, protección y promoción de inversiones, competencia,
comercio de servicios, etc. Se asocia también con el proyecto más novedoso y más
ambicioso jamás formulado en el ámbito de las relaciones hemisféricas, destinado a
conformar un "bloque" económico de gran importancia en el sistema mundial.
En menos de cuatro años, el
proceso de formación del ALCA ha ocupado una posición cada vez más significativa en la
agenda de los gobiernos de América Latina y el Caribe, tanto en lo que respecta a su
política económica exterior como en la definición de varias políticas internas: aun
cuando la negociación propiamente dicha no ha empezado, se han invertido muchos esfuerzos
en los grupos de trabajo hemisféricos, y ya se ha iniciado la tarea de identificación de
las normas y políticas nacionales que necesitarían ajustes o cambios sustanciales para
ser compatibles con el ALCA.
En síntesis, las expectativas
generadas por el ALCA han adquirido un peso específico determinante, proporcional al
alcance del proyecto y al impacto que tendría su realización para el desarrollo de
América Latina y el Caribe. Pero si bien en la región hay plena conciencia de las
implicaciones políticas, económicas y sociales de un proyecto de esta naturaleza, los
trabajos preparatorios de los gobiernos y organismos involucrados tienden a concentrarse
en su contenido "economicista" (algunos dirían "mercantilista"). Se
está estudiando el efecto del ALCA sobre las corrientes de comercio e inversión intra y
extrahemisféricas, pero parece dejarse de lado como algo poco urgente el análisis de los
aspectos políticos y sociales –y habría que incluir los culturales también- de esa
iniciativa.
Las reflexiones siguientes,
preliminares y sin otra pretensión que la de estimular estudios sobre el tema, se
inspiran en la necesidad urgente de darle una base precisa y operativa al vínculo entre
el ALCA y el desarrollo social de América Latina y el Caribe.
I.
La importancia del tema
Es prematuro pronunciarse sobre
el impacto de un acuerdo de libre comercio cuyo contenido aún no ha sido definido.
Ciertamente, los trabajos técnicos realizados por los grupos hemisféricos desde 1995
brindan una fotografía amplia y actualizada de las políticas y normas existentes en el
hemisferio en los temas económicos relacionados con el libre comercio hemisférico,
aunque el alcance de los compromisos que se pudieran contraer mediante la negociación
sigue siendo una incógnita.
Pero desde el punto de vista
del desarrollo de América Latina y el Caribe, la incógnita más importante es la que se
deriva del impacto social que pudiera tener el ALCA a lo largo de su instrumentación. El
término "impacto social" debe ser entendido en su más amplia acepción,
abarcando las implicaciones directas e indirectas, positivas y negativas, de corto y largo
plazo, que podrían derivarse del área de libre comercio, en la medida en que puedan ser
identificadas y analizadas.
Esto significa, por ejemplo, en
lo que se refiere al impacto social más inmediato y visible, evaluar la generación de
empleo producto de un eventual aumento de las exportaciones hemisféricas, así como la
pérdida de puestos de trabajo debido a la competitividad de las importaciones. Significa
también estudiar la capacidad de los países latinoamericanos y caribeños de atraer
nuevas inversiones productivas, tanto nacionales como extranjeras, como resultado de las
potencialidades económicas que brinda el ALCA.
Desde el punto de vista del
largo plazo, tomando en cuenta períodos más largos de puesta en práctica del ALCA, el
impacto social es importante porque debería haber una relación entre el crecimiento
cuantitativo del comercio y de la inversión en los países involucrados en el ALCA por
una parte, y por la otra, la evolución cualitativa del nivel de vida de sus poblaciones.
Obviamente, son muchas las variables que inciden sobre el desarrollo social (o el
"desarrollo humano", usando la terminología del PNUD), y resulta difícil
establecer una distinción entre las variables derivadas directamente del ALCA y las que
se deriven de muchos otros procesos y fenómenos locales, regionales o internacionales.
Intervienen también, en este ámbito, la calidad y eficiencia de las políticas sociales
nacionales, que pudieran ser estimuladas y apoyadas por el proceso del ALCA.
En el mismo orden de ideas, el
impacto social puede ser en cierta medida "previsto" a priori, antes de
que el ALCA entre en vigencia, de tal manera que los pronósticos sobre las implicaciones
a nivel del empleo, por ejemplo, o de la competitividad de las exportaciones, deberían
ser utilizados como información en apoyo a los negociadores. Por supuesto, son muchas las
dificultades de hacer pronósticos confiables en este terreno, pero la mera introducción,
en las labores de preparación de la negociación, de la dimensión social, puede incidir
sobre el diseño de los compromisos a asumir.
El hecho de que el impacto
social del ALCA, sobre todo en el largo plazo, seguirá siendo una incógnita por más que
se dediquen esfuerzos al tema no disminuye en nada su importancia. La dimensión social de
un proyecto de esta naturaleza es clave tanto para la evaluación como para la
credibilidad de la iniciativa en sí.
En efecto, a medida que el ALCA
vaya generando resultados, el éxito y el costo de este proceso económico se medirán
mediante indicadores de desarrollo social más que indicadores de comercio e inversión,
mediante mejoras en la calidad de vida de las poblaciones de América Latina y el Caribe
más que mediante la eliminación de barreras arancelarias y para-arancelarias. Y es la
medición de los resultados del ALCA en términos sociales la que determinará en gran
parte la viabilidad y duración del proyecto. Es por ello que conviene reflexionar sobre
el contexto político en el que se inserta la propuesta área de libre comercio
hemisférica.
II.
El tema en su contexto
La nueva relación
hemisférica planteada por el ALCA, donde por primera vez participarán como socios
países de distintos grados de desarrollo y de distintas culturas, surge como uno de los
resultados del proceso de apertura de las economías de América Latina y el Caribe,
resultado, a su vez, de un importante cambio en el modelo de desarrollo de la región.
Los Estados Unidos no hubieran
podido lanzar el proyecto del ALCA si no hubiese existido, en los países de América
Latina y el Caribe, un contexto de estrategias económicas basadas en la inserción
internacional y en la competitividad, que justifican y sustentan la idea de una zona de
libre comercio de esa naturaleza. Por parte de América Latina y el Caribe, el ALCA
materializa la aspiración de completar los esfuerzos realizados en los procesos
nacionales de apertura con el logro de una nueva relación económica entre los países
del hemisferio. Esta aspiración no es únicamente comercial, ya que trasciende la
necesidad de buscar nuevos mercados y más inversiones extranjeras; es, sobre todo, una
aspiración política, en el sentido en que confirma el interés de los Estados Unidos y
la voluntad de América Latina y el Caribe de mantener el modelo de apertura económica y
de "ponerle un candado" ("lock in") mediante compromisos
internacionales que impedirían retrocesos.
Desde una perspectiva
histórica, la década de los 90 y el proyecto del ALCA representan un nuevo ciclo en las
relaciones hemisféricas, que desde la doctrina Monroe hasta la fecha, han conocido
"altibajos" y fases tan disímiles como las del "buen vecino", del
"stick and carrot", de la Alianza para el Progreso1,
del apoyo de los Estados Unidos a los regímenes militares, de la Iniciativa para la
Cuenca del Caribe, de la Iniciativa Bush, de las tensiones generadas por la deuda externa
durante la "década perdida", del proteccionismo de los años 80, de las
recientes "certificaciones" vinculadas al narcotráfico, etc.
Por consiguiente, el ALCA se
inserta en el proceso de profundas transformaciones de alcance político y económico
–e incluso ideológico– que están cambiando aceleradamente la fisonomía de la
región así como su ubicación en el escenario mundial. Es un proyecto que,
independientemente de su futuro éxito o fracaso, simboliza el deseo de iniciar una nueva
etapa tanto en las políticas económicas individuales de los países participantes, como
en la relación hemisférica en su conjunto. Queda por ver si mediante las eventuales
negociaciones a ser lanzadas en la Cumbre de Santiago de Chile, y más tarde mediante la
puesta en práctica de los compromisos, el ALCA seguirá siendo un factor de cambio a
nivel interno y hemisférico o si, por el contrario, correrá la suerte efímera de otros
proyectos análogos lanzados en las fases anteriores de las relaciones de Estados Unidos
con América Latina y Caribe.
El ALCA es una apuesta de mayor
envergadura y de mayor riesgo para los gobiernos de América Latina y el Caribe que para
los de Estados Unidos y Canadá: un eventual fracaso del ALCA sería un elemento adicional
para los que cuestionan la validez de las políticas de apertura como instrumento de
desarrollo; un eventual éxito del ALCA, en cambio, equivaldría a una confirmación de
que el camino emprendido es, pese a los sacrificios sociales, el correcto gracias a sus
resultados positivos de largo plazo en pro del bienestar de las poblaciones.
En este contexto de cambios, y
desde el punto de vista de las necesidades de desarrollo –en particular, las del
desarrollo social de América Latina y el Caribe –, la "apuesta ALCA"
debería ser complementada por elementos estratégicos tales como los siguientes:
Un proyecto de cooperación
hemisférica y no únicamente de libre comercio, o de cooperación energética como ha
sido planteado recientemente2. En este sentido, la
Declaración de la Cumbre de Miami de diciembre 1994 constituye un marco referencial
amplio, que incluye la zona de libre comercio como un elemento –importante pero no
exclusivo-dentro de un plan de nuevas relaciones hemisféricas globales; por ende, la
concepción del texto de Miami trasciende la liberalización de los flujos de comercio e
inversión planteada en el ALCA, y constituye un punto de partida válido para lanzar una
nueva fase de cooperación hemisférica integral. Faltaría precisar, en el marco de los
principios y objetivos generales acordados por los Presidentes en Miami, el contenido
operativo de esa cooperación hemisférica en lo que respecta al desarrollo social al que
aspira la región.
En corolario a lo anterior,
el ALCA y el conjunto de los instrumentos complementarios al libre comercio deberían
representar un proyecto de tratamiento de las asimetrías en el hemisferio: el
grupo de trabajo hemisférico sobre las economías más pequeñas ha abonado un importante
terreno en este sentido. Falta ahora abordar la tarea más importante, es decir pasar del
reconocimiento político de que existen asimetrías entre los 34 países involucrados a la
traducción en términos operativos de las implicaciones de esas asimetrías en cada uno
de los compromisos que se contraigan en el ALCA. En otros términos, esto equivale a
introducir la variable desarrollo social en cada una de las áreas de la negociación, ya
que las asimetrías se manifiestan, en definitiva, mediante niveles de vida distintos.
Como se señaló más arriba, una iniciativa de gran alcance como el ALCA tiene
implicaciones sociales innegables, y una manera de abordarlas es precisamente partiendo
del reconocimiento de las asimetrías en cada uno de los temas objeto de negociación.
Por último, la nueva
relación hemisférica debería basarse en un proyecto de articulación viable y
sustentable entre los compromisos que se deriven del ALCA y los avances de los esquemas de
integración entre países de América Latina y el Caribe. Desde 1994, las
Declaraciones de Presidentes y Ministros del hemisferio han incluido el reconocimiento de
que el ALCA no sustituirá la integración intraregional, pero es sólo en las mesas de
negociación específicas que se podrá determinar cómo preservar el patrimonio político
y económico que se está capitalizando en esquemas de naturaleza distinta y más avanzada
que el ALCA como es el caso del MERCOSUR, por ejemplo. En este sentido, en función del
reconocimiento de que estos procesos intralatinoamericanos tienen vida propia e
independiente del ALCA, los temas sociales deberían insertarse, con contenido operativo,
en el ámbito de la articulación entre los compromisos hemisféricos y los de la
integración regional: sería el caso, por ejemplo, de la libre circulación de mano de
obra y de servicios profesionales3.
El contexto en el cual se
inscribe el ALCA es, en síntesis, el contexto de una nueva relación hemisférica que no
puede reducirse a una simple apertura de mercados. La definición de una política social
"del ALCA y para el ALCA", adecuada a este nuevo contexto, tendría que tomar en
cuenta todos los elementos que lo caracterizan: el impacto a la vez positivo y negativo de
la globalización, las asimetrías existentes en los niveles de desarrollo, el compromiso
político que representan los esquemas de integración y –habría que añadir–
los cambios ideológicos y geopolíticos derivados del fin de la guerra fría.
III.
Las características del tema social en el ámbito hemisférico
Desde hace varias décadas y
particularmente desde la consolidación de regímenes democráticos, el tema del diseño e
instrumentación de políticas sociales es recurrente en la agenda de los gobiernos
latinoamericanos y caribeños, bien sea mediante iniciativas "populistas" o como
compensación a las recientes decisiones de apertura y "ajuste estructural".
Pero en este terreno más que en otros, es largo el trecho entre el discurso y el
resultado, entre la retórica y la medida concreta.
Por definición, en cualquier
situación nacional, la política social es sumamente compleja, de resultados lentos y
poco perceptibles en el corto plazo, y más difícil de diseñar e instrumentar en forma
eficiente que la política comercial, por ejemplo. Pero a las dificultades intrínsecas se
añaden, en el caso de los países de América Latina y el Caribe, estructuras sociales
inequitativas desde hace muchas décadas, indicadores de distribución de la riqueza que
revelan más desigualdad que en los países menos adelantados del planeta4, e instituciones estatales ineficientes, insuficientes
y mal dotadas.
El impacto de la apertura y de
la globalización de las economías se superpone a estas fallas estructurales,
evidenciándolas y profundizándolas. Las estadísticas están demostrando que los
beneficios que generan las reformas económicas de los últimos años no se traducen en
una mejor distribución de la riqueza: la repartición hacia abajo ("trickle down"),
en el mejor de los casos, tarda en concretarse. Y aún los países con tasas de
crecimiento sostenidas y estables no logran garantizar un "crecimiento con
equidad", según la terminología de la CEPAL.
En este sentido, las
expectativas generadas por el ALCA se enfrentan a una doble paradoja: a nivel interno, las
democracias de América Latina y el Caribe deben aportar respuestas visibles en términos
de desarrollo social, so pena de socavar su credibilidad y poner en peligro la
gobernabilidad; pero hasta la fecha, son muy pocas las políticas sociales de la región
que pueden calificarse de exitosas. A nivel de las relaciones hemisféricas, el ALCA
sintetiza la esperanza de que los cambios económicos y comerciales que plantea se
traducirán en un desarrollo social más equitativo; pero para ello, debe trascender su
alcance limitado a la apertura de mercados y abarcar instrumentos de cooperación en
materia de política social que aún no se han planteado, ni siquiera en teoría.
La mencionada política social
"del ALCA y para el ALCA" debería caracterizarse por elementos operativos que
permitan enfrentar esas paradojas, tanto las que se plantean en el plano nacional de los
países participantes como las que se ubican en el plano de las relaciones hemisféricas.
Antes de reflexionar sobre
algunos de los elementos que pudieran darle contenido práctico al deseable (pero
hipotético) vínculo ALCA/ desarrollo social, cabe recordar que aquí estamos en un
terreno difícilmente negociable según los patrones tradicionales del "dar algo a
cambio de " que rigen la negociación comercial: puesto que las asimetrías son
particularmente evidentes en cuanto a desarrollo social, ¿qué pudieran ofrecer los
países de la región a cambio de instrumentos de cooperación para la micro empresa, por
ejemplo? Al ser difícil negociar dentro del mismo campo, sólo cabrían "concesiones
cruzadas" con otras materias de la negociación hemisférica. Pero en realidad, la
naturaleza asimétrica del desarrollo social impide la reciprocidad e impone la
cooperación por encima de la negociación.
Por otra parte, la agenda
social de América Latina y el Caribe contiene prioridades no forzosamente compatibles con
la agenda social de los Estados Unidos: la primera es esencialmente "positiva" y
centrada en la búsqueda de la equidad social (erradicación de la pobreza extrema,
generación de empleo5, preocupación por la economía
informal6, educación y salud, integración de grupos
sociales marginales, etc.); la segunda, en cambio, es principalmente "negativa"
ya que enfatiza el control del narcotráfico, de las migraciones y del "dumping
social" (término que indica la supuesta competencia, en el mercado de los Estados
Unidos, de productos más baratos que los nacionales debido a normas laborales más laxas
y salarios más bajos). Aquí la asimetría entre América Latina y Estados Unidos radica
no en los datos estadísticos sino en las prioridades y en el enfoque.
IV.
El vínculo política social/ALCA: de la teoría a la práctica
Obviamente,
cualquier sugerencia práctica que se pueda plantear en relación con este tema pierde
validez si no hay, en primer lugar, un marco conceptual que permita ampliar el ámbito
exclusivamente económico y comercial del ALCA, donde la dimensión social tenga cabida
desde un principio. Sin embargo, las reflexiones anteriores pudieran ser complementadas
con algunas sugerencias prácticas sobre cómo introducir la preocupación por el
desarrollo social en el proceso de formación de una zona de libre comercio hemisférica:Como metodología
general, todos los grupos de negociación que se constituyan deberían prever, en lo que
se refiere a su mandato sectorial, la consideración de las implicaciones sociales de los
compromisos que se definan. De esta forma, el tratamiento de la dimensión social del ALCA
se haría en forma "horizontal", en todas las áreas temáticas del proyecto, lo
cual no eximiría, sin embargo, de un tratamiento "ad hoc" y lineal de este
tema, además del enfoque sectorial en cada grupo de negociación. La colaboración de los
organismos económicos regionales e internacionales puede ser clave en este sentido, en
apoyo a los diagnósticos nacionales que debería adelantar cada país individualmente.
Paralelamente a la
negociación del ALCA propiamente dicha, se deberían establecer mecanismos de
negociación para definir instrumentos de cooperación hemisférica en temas tales como la
educación y la salud, el desarrollo científico y tecnológico, la erradicación de la
pobreza extrema, cuya importancia, para América Latina y el Caribe, es al menos
equivalente a la del comercio.
Se deberían acordar mecanismos
de evaluación de la nueva relación hemisférica derivada del ALCA y de otros
instrumentos colaterales que se suscriban en el contexto de la Declaración de Miami en
términos no sólo de flujos de comercio e inversión, sino también de impacto sobre el
desarrollo social, mediante indicadores que midan, por ejemplo: la relación entre la
captación de inversión extranjera y la generación de empleo; la apertura de las
economías y el aumento del valor agregado de las exportaciones; la instalación de
empresas extranjeras y la transferencia de tecnología; la creación de comercio y la
reducción de la economía informal; la protección de la propiedad intelectual y el apoyo
a la investigación nacional; la apertura a la competencia extranjera y el aumento de la
productividad de los países de América Latina y el Caribe.
Se podrían definir acciones
de cooperación hemisférica en apoyo a las instituciones gubernamentales encargadas de
las políticas sociales (ministerios de educación, salud, centros de investigación,
etc.), en el marco del objetivo general de fortalecer la capacidad del Estado de
distribuir los beneficios económicos derivados del ALCA. En este sentido, sería
importante enfatizar que es el Estado (y sus instituciones) el que requiere ser más
eficiente en la articulación de políticas económicas y sociales: el creciente papel de
las organizaciones no gubernamentales, en materia de políticas sociales, puede ser un
complemento pero no un sustituto de la acción estatal. Estas acciones corresponderían al
apoyo al "buen gobierno" que los Estados Unidos y otros países industrializados
están impulsando en las políticas de ayuda al desarrollo bilateral y multilateral.7
Por último, se pudiera
estudiar la factibilidad de financiar, en los países más pobres del hemisferio y para
los sectores sociales que menos recibirán los beneficios del ALCA, programas de
desarrollo social con los recursos derivados de la iniciativa hemisférica: por ejemplo,
se podría establecer un "impuesto de solidaridad hemisférica" correspondiente
a un pequeño porcentaje de los dividendos generados por las inversiones extranjeras o por
las exportaciones que se realicen gracias al ALCA.
V. A
modo de conclusión
Las propuestas
señaladas implican tareas adicionales a las que viene planteando el proceso de
preparación del ALCA, y que ya representan una carga importante para los gobiernos de
América Latina y el Caribe. Pero no cabe duda de que, si el ALCA (o cualquier otra
iniciativa hemisférica) se materializa, se hará cada vez más evidente la necesidad de
pensar en las implicaciones sociales y de diseñar las acciones correspondientes. Por
"implicaciones sociales", como se señaló, hay que entender las positivas y las
negativas: la distribución de los beneficios del ALCA así como las medidas necesarias
para corregir sus costos.
Como es obvio, las primeras
tareas deberían ser las de índole nacional: dentro de cada país habría que proceder a
una evaluación de la política social existente y definir lo que se necesitaría hacer en
el contexto de una zona de libre comercio hemisférico. En segundo lugar, la definición
de una política social "del ALCA y para el ALCA" se basaría en la
articulación entre las necesidades de cada país y las potencialidades de una nueva
cooperación hemisférica. Las primeras tareas no eximen de las segundas, ni vice-versa.
Si la II Cumbre de las
Américas decide lanzar las negociaciones, cabe pensar que, en el mediano plazo, las
dificultades de fondo no surgirán de la ausencia del "fast-track" para
la Administración Clinton, sino de la ausencia de estudios sobre los beneficios sociales
del ALCA para los países en desarrollo del hemisferio, y por ende, la ausencia de
diagnósticos sobre las implicaciones sociales de los compromisos que los negociadores
pudieran contraer.
Como se mencionó más arriba,
la "apuesta ALCA" – que es en definitiva la apuesta sobre una nueva
relación hemisférica– es política y económicamente más arriesgada para los
países de América Latina y el Caribe que para los Estados Unidos y Canadá. La actitud
del Congreso de los Estados Unidos al rechazar la solicitud de "fast-track"
es reveladora de que la inversión política de ese país en esta iniciativa hemisférica
está sujeta a los vaivenes electoralistas y no se corresponde con el alcance estratégico
del proyecto8. En síntesis, el ALCA genera muchas
más expectativas en América Latina y el Caribe que en los Estados Unidos, lo cual se
traduce en un nivel de compromiso y en esfuerzos de preparación proporcionalmente mayores
en nuestra región.
La introducción del tema de la
política social en una iniciativa de apertura de mercados como el ALCA requiere mucho
más que propuestas puntuales como las que se han señalado. Requiere, por parte de todos
los países participantes, ampliar su visión de los objetivos del ALCA, pensar en
términos de desarrollo de largo plazo, revisar la relación hemisférica. Requiere
introducir, en la concepción misma del proyecto, principios e instrumentos de
cooperación, solidaridad, y co-responsabilidad. Requiere darle al capital humano la
ubicación que le corresponde en un proyecto que, si bien es originalmente comercial, no
dejará de tener implicaciones políticas y sociales importantes. Requiere ver a la
apertura económica como un proceso estrechamente dependiente de un contexto de
estabilidad democrática y de equidad sin el cual no es sostenible. Requiere concebir al
ALCA como un instrumento de desarrollo integral y no sólo como una respuesta a la
globalización de la economía mundial. Requiere, en definitiva, audacia en los
planteamientos, porque la globalización también es audaz en sus impactos.
Notas
1. La Alianza para el
Progreso era un programa de cooperación y de redefinición de la relación hemisférica
con base en un enfoque "integral", más amplio que el ámbito únicamente
comercial del ALCA, e incluía varios elementos de política social.
2. A raíz del
fracasado intento de la Administración Clinton de obtener la autorización de negociar
"por la vía rápida" (fast track), los Estados Unidos parecen inclinados a
enfatizar temas económicos de su interés que no pertenecen al terreno del libre
comercio, como por ejemplo la energía.
3. Aquí cabe
recordar que en el lenguaje de esquemas tales como el MERCOSUR o la Comunidad Andina, el
término "integración" se usa, stricto sensu, para referirse a procesos que van
más allá del libre comercio e incluyen el establecimiento de una zona aduanera (con
arancel externo común), la coordinación macroeconómica y de políticas sectoriales,
hasta la coordinación de la política exterior, mediante una delegación gradual y
concertada de soberanía en favor de instituciones comunitarias. Tal como se vislumbra el
ALCA por los momentos, la "integración" prevista en este proyecto incluiría,
además del libre comercio, algunas áreas "paracomerciales" tales como la
propiedad intelectual, los regímenes de inversión, los servicios, las normas de
competencia, las compras gubernamentales, es decir, áreas básicamente coincidentes con
las prioridades comerciales de los Estados Unidos. Pero no se trataría de un proyecto de
"integración" con elementos de supranacionalidad como en el caso de la Unión
Europea o de los esquemas subregionales en América Latina y el Caribe.
4. América Latina y el Caribe es la región que
registra la peor distribución de riqueza en el mundo: la clase media representa menos del
20% de la población, mientras que en los países industrializados representa el 50 o 60%.
Ver PNUD, Informes sobre el Desarrollo Humano. (Varios años), Naciones Unidas, Nueva
York.
5. En 1996, el desempleo urbano en América
Latina y el Caribe ha alcanzado el nivel más alto de los 10 años anteriores.
6. La economía informal representa, en muchos
países de la región, más del 40% de las fuentes de empleo.
7. Ver SELA, El
"buen gobierno" y el Fortalecimiento de la Sociedad Civil: Notas desde la
Perspectiva de América Latina y el Caribe". Reunión del Comité Técnico del
Grupo de los 24. SP/DRE/DT Nº 1-97, marzo 1997.
8. Ver SELA, "Las Opciones de Política comercial de los
Estados Unidos ante la Cumbre de Santiago". DRE, DI. Nº 19-98, Caracas, febrero
1998. Ver también los boletines mensuales Antena del
SELA en los Estados Unidos.
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