"Crecimiento y empleo" Edición Nº 52 Octubre - Diciembre 1997

Una sociedad mejor
John Kenneth Galbraith
Catedrático emérito de economía de la Universidad de Harvard, ha sido presidente de la Asociación Norteamericana de Economía, así como presidente y miembro de la Academia Norteamericana de las Artes y las Letras.

Con la autorización de la editorial Grijalbo Mondadori, se reproduce el capítulo "La distribución de la renta y del poder", del libro "Una sociedad mejor", de John Kenneth Galbraith, edición 1996.

La distribución de la renta y del poder

Una buena sociedad no busca la igualdad en la distribución de la renta. La igualdad no es coherente con la naturaleza humana ni con el sistema económico contemporáneo. Como todos sabemos, las personas difieren radicalmente en su dedicación a ganar dinero y también en su competencia para hacerlo. Y parte de la energía y de la iniciativa de que depende la economía contemporánea no sólo procede del deseo de dinero, sino también del impulso a sobresalir en su adquisición. Esto último es un test de calidad, una importante fuente de prestigio público.

Una poderosa corriente del pensamiento social ha sostenido que hay, o podría haber, un mayor nivel de motivación si hubiese un nivel igualitario de gratificación: "De cada cual según sus capacidades, a cada cual según sus necesidades". Esta esperanza que se extendió mucho más allá que Marx, se ha demostrado, tanto históricamente como en la experiencia humana, que es irrelevante. Para bien o para mal, los seres humanos no llegan a esas alturas. Generaciones de socialistas y de líderes de orientación social lo han aprendido para su desilusión y muy a menudo para su pesar. El hecho básico está claro: una buena sociedad debe aceptar a hombres y mujeres tal como son. No obstante, eso no disminuye la necesidad de una clara visión de las fuerzas que controlan la distribución de la renta ni de los factores que forman las actitudes al respecto. Ni de cómo debe concebirse, en términos absolutamente prácticos, la política sobre la distribución de la renta.

Está, en primer lugar, el ineludible hecho de que la moderna economía de mercado (en la terminología actualmente aprobada) asigna riqueza y distribuye la renta con gran desigualdad, de manera contraria a los intereses sociales y también perjudicial desde una perspectiva práctica. En Estados Unidos, actualmente un caso extremado entre los principales países industrializados, la Reserva Federal, una impecable fuente, ha afirmado, según el New York Times, que el 1% de las familias norteamericanas más ricas era propietario de casi el 40% de la riqueza de la nación en 1989, y el 20% compuesto por los norteamericanos con menores ingresos tenía el 5,7% del total de ingresos una vez deducidos los impuestos; el 20% mejor retribuido tenía el 55%. En 1992 el 5% superior recibía, se calcula, el 18%, porcentaje que en los últimos años se ha hecho sustancialmente mayor, al tiempo que ha disminuido el de las capas más pobres. Esto no puede aceptarlo una buena sociedad. Tampoco puede aceptar intelectualmente la justificación, más exactamente el artificio, que defiende esta desigualdad. Esto último es uno de los ejercicios que con más asiduidad cultiva el pensamiento económico. No obstante, nunca acaba de ocultar del todo el hecho de que la doctrina económica y social que se esgrime está subordinada al objetivo pecuniario (y a la franca avaricia) al que sirve.

En concreto, se sostiene que hay un derecho moral: el hombre o la mujer en cuestión tiene derecho a recibir lo que él o ella gana o, más exactamente, lo que él o ella recibe. Esto se afirma con énfasis, en ocasiones con aspereza y a menudo con virtuosa indignación. No obstante, encuentra oposición tanto en la historia como en los datos empíricos.

Mucha renta y riqueza sólo cuenta con una ligera o ninguna justificación social, sólo rinde poco o ningún servicio económico por parte del receptor. La herencia es un caso evidente. Lo mismo pasa con las donaciones, los accidentes y las perversiones del mundo financiero. Y con las remuneraciones que, con su personal autoridad, se asignan los actuales gestores de las empresas. Como se ha señalado, los actuales gestores de las empresas tienen el compromiso, como en toda la doctrina económica ortodoxa, de maximizar los beneficios. Dado que están exentos en un grado sustancial del control o la coerción de los accionistas, en buena medida maximizan los ingresos en su propio beneficio. Contando con consejos directivos complacientes, escogidos por los propios gestores, se asignan de hecho sus propios salarios, imponen sus propias opciones a adoptar, crean sus propios paracaídas o blindajes de oro. Que tales ingresos no tienen nada que ver con ninguna forma aceptable de función social o económica está en buena medida aceptado. La frecuente y a veces ferviente afirmación de esta función es una tapadera para ocultar lo aparentemente inverosímil.

Los ricos tienen cierta reluctancia a defender su riqueza y sus ingresos como un derecho social, moral o divino, de modo que su único recurso posible es la justificación funcional. La distribución inalterable y admitidamente desigual de la renta crea el incentivo para el esfuerzo y la innovación que son útiles para todos. Y de la renta así distribuida proceden el ahorro y la inversión que a todos benefician. Los ricos y los acaudalados no hablan en defensa de su propia buena fortuna; hablan como si fueran benéficos servidores del bien común. Algunos incluso pueden sentirse avergonzados por su suerte terrena, pero la sufren, no obstante, como un servicio al bienestar general. El objetivo social y económico se adapta a la comodidad y a la conveniencia personales. Esto lo reconocerán todos en una sociedad buena.

Además, está la protección que la peculiar estructura de clases de Estados Unidos otorga a los ricos y opulentos. Toda las referencias bien reputadas a la estructura de clases ponen el énfasis en la clase media. Existe una clase alta y una clase baja, pero quedan al fondo, en penumbra. Aunque rara vez se designa así, para fines prácticos tenemos un sistema de tres clases que consiste en una única clase, una novedad matemática. Y la clase media, que es tan predominante, proporciona así una cubierta protectora a los ricos. La reducción de los impuestos para favorecer a la clase media se extiende a los muy acaudalados. La clase alta no existe independientemente para esas discusiones y medidas. Esta es la actitud política. Esto tiene un fuerte efecto práctico sobre el funcionamiento de la economía.

En cuanto a la renta que va a los muy ricos, se ejercita, repitamos, lo que en términos económicos se llama preferencia por la liquidez: la disyuntiva entre gastos de consumo e inversiones en auténtico capital, o bien sencillamente mantener el dinero en una u otra forma de ocio. Se trata de una disyuntiva sobre el uso de los ingresos que no pueden ejercer las familias con medios modestos. Estas viven bajo la presión de necesidades más urgentes; que se gastarán el dinero que reciban es, pues, seguro. En consecuencia, la renta que se distribuye entre muchos es económicamente útil, pues ayuda a asegurar el flujo constante de demanda global. Existe una fuerte posibilidad de que, conforme más desigual sea la distribución de la renta, más disfuncional se vuelva.

Entonces, ¿cuál es el proceder correcto en lo tocante a la distribución de la renta? No es posible una norma fija, no hay ninguna proporción aceptable entre lo que reciben los ricos y lo que va a los pobres. O bien, en realidad, entre lo que ganan los ejecutivos de arriba y lo que se gana en la planta baja. Nos la habemos aquí con la naturaleza fundamental del sistema. No se presta a reglas arbitrarias. Lo necesario son fuertes medidas correctivas que reflejen y dirijan la desigualdad inherente y perjudicial.

Está, en primer lugar, la asistencia a los pobres. El ataque contra la desigualdad comienza por una mejor suerte para los que están abajo. Esto ya lo hemos subrayado.

Está, en segundo lugar, como también se ha tratado, la necesidad de ocuparse de las tendencias dominantes en el mundo financiero. El tráfico entre personas con información privilegiada, la falsa información para promover inversiones, las inversiones extravagantes, como en el caso de los grandes desastres de las entidades de crédito y ahorro, la adquisición de sociedades y los repetidos episodios de locura especulativa, todo esto afecta desfavorablemente a la distribución de la renta. Las medidas que aseguran una elemental honradez de las transacciones financieras y una mejor comprensión de los episodios especulativos tienen un útil efecto nivelador.

Está, en tercer lugar, la necesidad de que las críticas de los accionistas y del público informado controlen la maximización personal de los ingresos de los gestores de las grandes empresas. Independientes de estas limitaciones impuestas por los accionistas y la sociedad, lo que ganan los gestores de las grandes empresas, como ya se ha señalado, se convierte en una causa importante de la distribución socialmente contraproducente de la renta. La única respuesta a esto es la acción conjunta de los propietarios de acciones que salen perjudicados. Las posibilidades de semejante actuación, ha de concederse, no son grandes. Los propietarios de las modernas sociedades anónimas son llamativamente pasivos en lo referente a su explotación personal.

Quedan dos líneas de actuación pública positiva, orientadas a una distribución más equitativa de la renta, de las que una es de decisiva importancia.

Lo primero es que el gobierno suprima los actuales privilegios fiscales y comerciales de los potentados. En los últimos tiempos, éstos han alcanzado cierto reconocimiento bajo la denominación de asistencia social a las empresas. Se incluyen aquí diversas subvenciones comerciales y rebajas de impuestos; el apoyo a fabricantes de productos que ya se sitúan entre las capas con mayores ingresos, en especial al monopolio pródigamente dotado del azúcar y a la producción de tabaco; subvenciones a la exportación, incluidas las exportaciones de armas; y representando mayor volumen que todo lo demás, los inmensos pagos a los fabricantes de armas ahora reincidentes, sobre lo que más adelante diremos algo más.

No obstante, el instrumento más eficaz para conseguir un alto grado de igualdad en las remuneraciones sigue siendo el impuesto progresivo sobre la renta. Este impuesto ha tenido un papel primordial en llevar a cabo una distribución razonable, incluso civilizada, de la renta. Ninguna otra cosa, cabe añadir, se ve sometida a ataques tan motivados y absolutamente previsibles. Una sociedad buena, por otra parte, afirma su intención; también da por sentado que habrá fuerte resistencia, bien expuesta e incluso elocuente, por parte de quienes pagan los impuestos. Alegarán sobre todo el deletéreo efecto de la imposición sobre los incentivos. Como se ha sugerido antes, se podría alegar con la misma inverosimilitud que un impuesto sobre la renta fuertemente progresivo da lugar a que los ricos y los potentados trabajen con más ahínco, más imaginativamente, a fin de mantener el monto de los ingresos una vez deducidos los impuestos. Remitiéndose a la experiencia anterior, en realidad podría señalarse que la economía estadounidense tuvo una de sus mayores tasas de crecimiento, de sus más altos niveles de empleo y en algunos años un sustancial excedente presupuestario en el período inmediatamente posterior a la segunda guerra mundial, cuando las tasas marginales de los impuestos sobre la renta personal alcanzaron una altura récord.

La necesidad fundamental, no obstante, consiste en aceptar el principio de que una distribución más equitativa de la renta debe ser un dogma fundamental de la política económica actual en una sociedad mejor, y para este fin es primordial una fiscalidad progresiva.

La distribución de la renta en el sistema económico actual deriva en último término de la distribución del poder. Este es al tiempo causa y consecuencia de cómo se reparte la renta. El poder sirve para adquirir ingresos; los ingresos conceden poder por encima de la remuneración pecuniaria de otros. Una buena sociedad reconoce y trata de responder a este tradicional círculo vicioso.

La respuesta es la potenciación y la protección pública de los que no tienen poder. En la economía de mercado el centro natural del poder es el patrono, más a menudo la empresa comercial. El derecho de los trabajadores a asociarse y a afirmar una autoridad que sirva de contrapeso debe tener una primordial importancia y ser aceptado. Lo mismo que quienes organizan las inversiones disfrutan de la protección que el estado asigna a la estructura empresarial, quienes se organizan en pos de mayores ingresos o mejores condiciones de trabajo deben disponer de una protección más o menos equivalente para sus organizaciones.

En los tiempos actuales, sobre todo en Estados Unidos, la fuerza de los trabajadores ha ido disminuyendo a efectos generales. La proporción de trabajadores afiliados a los sindicatos ha decaído abruptamente, en parte como consecuencia de la decadencia de la industria a gran escala con mano e obra masiva y en parte por el letargo, fruto de los años, del mismo movimiento sindical. La sociedad buena busca, donde es posible, invertir la decadencia del poder de los sindicatos, para que las organizaciones de los trabajadores sigan siendo un importante factor civilizador dentro de la vida económica actual.

Para muchos trabajadores, sin embargo, la organización no constituye ahora una solución práctica. Esto es especialmente cierto en las muy dispersas industrias de servicios. Como en tiempos ocurrió con el empleo de mujeres y niños, se requiere la acción directa del estado en favor de aquellos que tienen necesidades sin pertenecer a sindicatos, incluida la provisión de seguros sanitarios y subsidios de paro y, lo que en estos momentos es más importante, la imposición de un salario mínimo adecuado desde el punto de vista social. En una buena sociedad esto último es absolutamente esencial. Que disminuirá las oportunidades de empleo, el argumento que más habitualmente se utiliza para oponerse, puede descartarse ya, pues se trata invariablemente de una excusa de los que no quieren pagar el salario y carece de todo sostén empírico. (Aunque fuese a costa del empleo de unos cuantos, seguiría estando justificado para proteger a los más.) Junto con la red de seguridad mínima, una buena sociedad también debe proteger los ingresos por el trabajo de los miembros menos favorecidos.

 

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