En contraste con la pregonada
convergencia hacia «mejores prácticas» de desempeño productivo y de políticas
producto de la mundialización, el mundo en desarrollo ha venido registrando una creciente
diferenciación durante los últimos decenios. Además de generar una gradación entre
ganadores y perdedores en el proceso de mundialización, esa diferenciación también
plantea dilemas y desafíos de política bien dispares que relativizan en gran medida la
transferencia y replicabilidad de experiencias. La diversidad de condiciones iniciales que
exhiben los países en desarrollo y las economías en transición hace que los desafíos
que confrontan revistan una elevada especificidad.
Sin pretender sino esbozar la
naturaleza del problema, del Cuadro 1 se desprende que en un extremo del espectro se
encuentren países que han logrado superar en el curso de pocos decenios los obstáculos a
la convergencia de ingresos y productividad con el mundo desarrollado y, en el otro,
aquéllos que aún no logran identificar la manera de librarse de las rémoras del atraso
relativo y absoluto. Los primeros están preocupados por generar sus propias fuentes de
innovación y cambio tecnológico y consolidar la marcha hacia actividades de cada vez
mayor valor agregado. Los segundos deben aún experimentar con formas socialmente viables
de progreso institucional y social, identificar actividades sostenibles que permitan
acumular recursos en una economía abierta, instituir mercados y crear las capacidades
necesarias para el cambio estructural. Las economías de reciente apertura y los países
en transición transitan por andariveles totalmente diversos, que requieren cambios
profundos de régimen económico, orientación estratégica y vinculación con el mercado
mundial.
Esta variada gama de desafíos,
indica lo problemático que sería proceder con paquetes homogéneos de política.
Resultaría un tanto ilusorio pretender que países que transitan por períodos
históricamente tan diversos en las características y los tiempos de su evolución
institucional, social, económica, tecnológica y educativa converjan en sus políticas
tras unos pocos años.
Las dudas que plantea el
supuesto de que puedan existir senderos homogéneos, políticas análogas y lineamientos
estratégicos similares en la conducción de estos procesos de cambio tan diversos se
profundizan al notar que, aún entre los países miembros del denominado «club de la
convergencia» (los más desarrollados), median sustantivas disparidades que obstruyen
la replicabilidad recíproca de sus «mejores prácticas».
Es universalmente reconocido
que los principios de la «lean production» (producción «magra») originados en Japón
significaron un enorme progreso respecto del fordismo tradicional hasta el punto que puede
ser considerada sin lugar a dudas como una «mejor práctica» internacional a ser
emulada. De hecho, tal ha sido la intención de empresas en todo el mundo, particularmente
en los países desarrollados, incluso Alemania. Sin embargo, diferentes instituciones,
prácticas y modos de funcionamiento social han restringido significativamente el ámbito
de aplicación de los principios de la «lean production» en el caso particular de
Alemania.
Otro ejemplo se refiere a qué
puede considerarse «mejor práctica» en materia de propiedad y control empresario
(corporate governance). Las prácticas empresarias basadas en grandes grupos industriales
que prevalecen en países como Alemania, Itlaia, Japón, Corea y Suiza y que tipifican el kereitsu
japonés o el chaebol coreano se traducen en mayor eficiencia en términos de
menores costos de transacción merced a la existencia de contratos implícitos y
relaciones permanentes, estables y previsibles entre empresas. Por otro lado, el sistema
anglo-norteamericano, facilita menores costos de coordinación (agency costs) asociados a
la separación entre propiedad y control. Lo que es una ventaja en un sistema se traduce
en una desventaja en el otro.
Esto sugiere que puede existir
no tan sólo una, si no una gama de «mejores prácticas» para atacar un problema dado y
que las opciones respectivas se imbrican en los legados históricos, institucionales, de
organización social, etc. de cada país.
Si la existencia de procesos de
convergencia más allá de las restricciones que impone la autonomía nacional está aún
en debate en las esferas monetaria y fiscal (como lo ilustra aptamente la experiencia del
lanzamiento del Euro), el impacto de la mundialización sobre los escenarios domésticos
de política microeconómica sugiere aún más fuertes dudas a raíz del mantenimiento de
diferencias muy acentuadas en políticas, instituciones y prácticas nacionales2. Las divergencias en el dominio microeconómico son
definitivamente mayores y más resistentes que las del dominio macroeconómico por cuanto
conciernen a instituciones, prácticas y tradiciones nacionales de profunda raigambre
histórica. Esto conduce a rechazar la hipótesis de que la mundialización de la
economía reduce a los estados nacionales a la pasividad y la impotencia.
La evidencia respecto de la
replicabilidad exitosa de políticas microeconómicas e institucionales no es muy
convincente (hasta es posible que los casos de fracaso en esta materia excedan a los de
éxito). Las «mejores prácticas» que se citan a nivel microeconómico con frecuencia se
refieren a cuestiones de eficiencia operacional. Empero, el núcleo de las estrategias
empresariales y respectivos lineamientos de política pública consiste en la opción
entre alternativas específicas al medio económico-social.
Los procesos de aprendizaje
local, la producción de bienes públicos, la formación de capacidades y la promoción de
ventajas comparativas dinámicas son esferas de la política nacional que ni siquiera los
países más avanzados se sienten muy propensos a legar a otras manos, ya sean éstas
visibles o invisibles.
No debe omitirse que, más que
prácticas universalmente superiores, normalmente se dispone de menúes de
«mejores prácticas» cuya adopción resulta normalmente hibridizada durante el proceso
de su adopción y adaptación a condiciones nacionales específicas.
a. El desafío
El examen de los ritmos y
estilos con que los países confrontan la cuenta regresiva hasta el 1 de enero del 2000,
cuando finaliza el período de transición para el cumplimiento de las obligaciones
contraídas con la OMC en el terreno de las TRIMs, arroja importantes enseñanzas respecto
de las disparidad observable en los enfoques de política microeconómica. De hecho,
pareciera no haber mayor consenso respecto de cuál es el significado preciso del aludido
período de transición.
Pueden distinguirse dos
enfoques. Algunos países lo conciben como un período durante el cual deberá ir
operándose una progresiva convergencia hacia la situación que deberá prevalecer el 1 de
enero del 2000, de modo de llegar a esa fecha «con la casa en orden». Otros países, en
cambio, lo visualizan como una carrera contra el tiempo: una especie de «última»
oportunidad para utilizar a fondo todos aquellos instrumentos de política que, a partir
de esa fecha (2002 para los países de menor desarrollo económico relativo), pasarán a
ser sancionados como de «mala práctica». Lo hacen a los efectos de ubicarse en la mejor
posición posible en materia de aprendizaje tecnológico y competitividad manufacturera y
en la expectativa de poder dilatar los plazos recurriendo a mecanismos de excepción3.
Ello se vincula en cierta
medida a la proliferación de controversias en el seno de la OMC. Entre enero de 1995 y
setiembre de 1996 se plantearon ante la OMC 54 disputas vinculadas a 34 regulaciones
cuestionadas, en contraste con 196 disputas que tuvieron lugar durante los 47 años de
existencia del GATT. En otros términos, el promedio mensual se elevó en un 457%, lo cual
sugiere un elevado ritmo de actividad vinculado al acomodamiento al nuevo orden económico
internacional así como la percepción de la necesidad de vigilancia recíproca.
Según el Banco Asiático de
Desarrollo, sobre 25 disputas sometidas al mecanismo de resolución de controversias de la
OMC de las cuales participan países en desarrollo del Asia (ya sea como querellantes o
como querellados), 6 se vinculan a la industria automotriz, mientras que las 19 restantes
se distribuyen entre unos 10 otros sectores. El sector automotriz es, en efecto, uno de
los más sensitivos en la materia y uno de los que mejor ilustra la diversidad de ritmos y
estilos de acomodamiento al nuevo orden económico internacional.
b. «Snapshot» sobre las
políticas hacia la industria automotriz en ASEAN
Se estima que la industria
automotriz mundial tendrá en el 2000 capacidad para ensamblar más de 210.000 vehículos
por día frente a 178.000 hoy y que más del 40% de la capacidad ociosa emergente estará
localizada en Asia.
Dentro de la ASEAN, Tailandia
es el principal ensamblador (571.000 unidades) representando alrededor del 40% de la
oferta actual. La siguen Indonesia (380.000), Malasia (296.000), Filipinas (129.000) y
Vietnam (15.000), en ese orden.
Tailandia está extrayendo buen
provecho de su posición privilegiada en términos de dimensión de mercado, buena
infraestructura, mayor experiencia acumulada y desarrollo de la industria autopartista4. Su proyecto es consituirse en la «Detroit» de la
ASEAN y para ello aplica una política en el sector mucho más abierta que sus socios.
Casi todas las grandes empresas
automotrices mundiales (y buena parte de sus respectivos proveedores, particularmente en
el caso de las empresas japonesas) ya han instalado capacidad o lo están haciendo.
General Motors merece una especial mención por cuanto ha negociado una inversión de $750
millones en Rayong para producir 100.000 unidades anuales a partir de 1999, un 70% de las
cuales están destinadas a la exportación a partir del segundo año de operación.
GM se ha beneficiado de
incentivos aplicados a inversiones en zonas rurales, importación de maquinaria exenta de
derechos por dos años y exención impositiva sobre ingresos de exportación por 8 años a
ser seguidos por una reducción del 50% durante los siguientes 5 años. Además gozará de
una reducción del impuesto a los ingresos por 10 años contra hasta el 25% de lsa
inversiones en infraestructura. También podrá cargar, con el mismo propósito, el doble
de sus gastos en transporte, electricidad y agua y se le reducirán los derechos
arancelarios que gravan ciertas materias primas. En adición, el gobierno acordó
financiar una inversión de $15 millones para el establecimiento de un centro educativo y
de entrenamiento. Pero el rasgo quizás más importante e inusual del paquete acordado
entre GM y el gobierno de Tailandia es que se negoció la cancelación de las normas de
contenido local (C/L) para automóviles. De manera que, habida cuenta de haber sido
tradicionalmente más abierta al capital extranjero, Tailandia será a partir de 1998 el
único país de la ASEAN en alistarse para cumplir con sus compromisos con la OMC 20005.
Indonesia y Malasia se
caracterizan por sus proyectos de desarrollo del «auto nacional», el «Timor» y el
«Saga», respectivamente, promovidos por medio de regímenes de excepción fiscal y
arancelaria y de subsidio financiero altamente selectivos que permiten fijar precios
substancialmente menores a los de la competencia. Desde luego, las regulaciones de C/L son
parte de estas políticas.
Malasia, más adelantada, lo ha
venido haciendo con una inusual combinación de fuerte apoyo estatal y una agresiva
política empresaria de incorporación de tecnología.
El presupuesto de Malasia para
1997 contempla incentivos para limitar las importaciones de bienes intermedios, partes y
componentes por medio de la eliminación o reducción gradual de excepciones en la
aplicación de derechos tarifarios e impuestos a las ventas. Frente a las restricciones
vinculadas a los compromisos para con la OMC, el gobierno se propone profundizar
aceleradamente la estructura industrial y estimular el uso de insumos locales,
especialmente bienes intermedios y de capital, a través del desarrollo de complejos
industriales que comprendan desde los productos finales hasta las industrias y actividades de apoyo que aquellos requieren, reforzando
así las vinculaciones intrasectoriales, aumentando el valor agregado local y reduciendo
las necesidades de importación. Las importaciones representan hoy un 85% del valor de las
exportaciones manufactureras y los bienes de capital cerca de la mitad del valor de la
inversión. Toda importación de bienes de capital debe ser acompañada por programas de
compensación vía exportaciones («offset» programmes), incluyendo ofertas de
transferencia de tecnología6.
En Indonesia el gobierno ha reiterado su fuerte compromiso
a desarrollar una industria automotriz independiente, faoreciendo la propiedad local, el
desarrollo y el uso de tecnología nacional y elevados porcentajes compulsivos de C/L.
La UE, los EE.UU. y el Japón han acusado a Indonesia de
violación de los principios de no discriminación y nación más favorecida, así como de
violar el acuerdo TRIMs de notificar su política de 1995 y de no agregar nuevas
regulaciones a partir del 1 de enero de ese año. Al no haberse alcanzado un acuerdo entre
las partes, la OMC ha instituido un panel para la resolución de la controversia que se
encuentra actualmente trabajando. Se especula que, para cuando el panel se pronuncie,
Indonesia ya estará más allá del punto de retorno en la concreción de su proyecto. Es
de destacar la disparidad observable entre las políticas genéricas y las selectivas que
se observa en ASEAN en general y en Indonesia en particular. Al mismo tiempo que es
querellada por las más grandes potencias comerciales del mundo en el sector automotriz,
Indonesia ha sido elogiada por el Banco Mundial como «el país con economía más
liberalizada del sudeste asiático», a partir del paquete de desregulación introducido
recientemente. Sin embargo, esta desregulación no ha afectado barreras no tarifarias
tales como las relativas a C/L, autorizaciones de inversión, procedimientos de compras
estatales y restricciones a la exportación de ciertos productos. La tasa media de
protección efectiva actual para 269 categorías de bienes manufacturados se estima en un
52%.
Un análisis sobre las condiciones de C/L en los países de
ASEAN señala que:
l En todos los países de la ASEAN, excepto Tailandia, se
aplican políticas destinadas a aumentar progresivamente el C/L durante los próximos
años (esto se hace también extensible a China e India).
l Las normas de C/L guardan escasa relación con los
niveles de valor agregado manufacturero per cápita. Esto significa que dichas normas no
reflejan tanto capacidades existentes (en cuyo caso serían innecesarias, como ocurre en
muchos países industriales, excepto cuando se acuerdan reglas de origen con socios
comerciales) cuanto planes para el futuro.
c. Normas de C/L y estrategia industrial en ASEAN.
Contrastes con MERCOSUR
Las regulaciones de C/L normalmente son parte de políticas
de «indigenización», sustitución de importaciones, expansión de exportaciones,
asimilación y desarrollo local de tecnología, desarrollo de capacidades e integración
del espectro industrial7. Por tanto, dichas
regulaciones vienen usualmente acompañadas por una panoplia de estímulos e incentivos
arancelarios y fiscales complementarios, así como por programas especiales de
entrenamiento, ID, programas de localización industrial, etc. Además, son utilizadas
como elementos de negociación frente a inversores extranjeros y socios comerciales.
Tras el sendero señalado primero por el Japón y luego por
Corea, los países de la ASEAN aplican políticas destinadas a promover actividades de
creciente contenido tecnológico y mano de obra cada vez más calificada. De este modo
confrontan la presión al aumento de los costos laborales unitarios y proyectan alcanzar
el status de países industrializados en un par de decenios más.
El continuo aumento resultante en la proporción de valor
agregado en el valor de la producción industrial aparece en marcado contraste con
tendencias prevalecientes en MERCOSUR, donde se viene registrando un proceso opuesto, esto
es, de desmantelamiento de medidas destinadas a aumentar el C/L. Así, por ejemplo, en
Argentina la participación del valor agregado local en el valor de la producción
industrial se redujo del 51% en 1984/85 al 36% en 1994/95. Una tendencia similar, aunque
más moderada, ha comenzado operarse en el Brasil.
El contraste apuntado se manifiesta también a nivel
agregado cuando se vincula el crecimiento de las exportaciones al de las importaciones. En
lo que va del presente decenio, Argentina y Brasil aparecen claramente como aplicando
políticas de apertura «import-driven» en contraste con los países de la ASEAN que, tan
sólo últimamente, han comenzado a sufrir problemas de balance comercial. Estos
problemas, de mucho menor gravedad que los del MERCOSUR (particularmente sólo se
considera el balance comercial del sector industrial), son la justificación de buena
parte de las políticas actuales de sustitución de importaciones. Esto señala algunos
contrastes que median entre los patrones de industrialización de las dos regiones8.
En ASEAN, después de haberse priorizado el desarrollo
exportador manufacturero, actualmente le llegó el turno a la integración del perfil
industrial (en notable falta de sincronía con las «disciplinas» de la OMC). MERCOSUR
siguió en los 1990s la secuencia inversa con éxito mucho más modesto (que,
paradójicamente, la pone más a tono con la OMC 2000). De hecho, en ASEAN se escuchan
voces que advierten contra la introducción prematura de normas de C/L precisamente para
no limitar el desarrollo exportador dada la baja competitividad relativa de las industrias
locales de bienes intermedios y de capital.
d. La carrera contra el tiempo
Tarde o temprano será preciso esclarecer la vinculación
entre los compromisos contraídos con la OMC por los países en forma individual y
aquéllos que deberán observar en su calidad de miembros de tratados de libre comercio e
integración económica. Por ejemplo, mientras que el comienzo de la vigencia de los
acuerdos relativos a las TRIMs es el 2000, el Area de Libre Comercio de la ASEAN (AFTA)
entrará en vigencia el 2003, el Area de Inversión de la ASEAN (AIA) en 2010 y el
programa de liberalización del comercio y las inversiones del acuerdo de cooperación
Asia-Pacífico (APEC) en el 2020 para sus miembros en desarrollo. En los debates públicos
y, más significativamente, en las decisiones empresarias de inversión y correlativas
condiciones acordadas con los gobiernos de los países de la ASEAN, parecieran tenerse
mucho más presentes los plazos de la AFTA, la AIA y la APEC que los de la OMC.
Excepto Tailandia que, como queda dicho, ha decidido
eliminar las reglas de C/L el año próximo, los gobiernos de los demás países de la
ASEAN están sometidos a diversas presiones para dilatar su ajuste a las reglas de la OMC9. Las empresas que están llevando adelante programas
plurianuales de inversión para concretar el progresivo aumento del C/L con arreglo a las
normas en vigor hasta fin de 1999, corren el riesgo de confrontar importantes pérdidas en
caso que, repentinamente, se abra el mercado a competidores internacionales más
eficientes. A los gobiernos, a su vez, les sería difícil ignorar implicaciones sociales
de este tipo de situación.
Por tanto, es previsible que se procurará explotar ciertas
áreas grises en el acuerdo de las TRIMs tales como posibles excepciones y diferencias de
interpretación10.
A partir de 2000 prácticamente el único sustituto de
«buena práctica» de las normas de C/L serán las tarifas (a muy bajos niveles). Por
tanto la carrera consiste en tener para entonces una capacidad instalada que pueda operar
a niveles de eficiencia suficientes como para poder sobrevivir con muy baja protección
arancelaria. Tal el desafío.
El sector privado filipino ha solicitado al gobierno que
revise su compromiso con la OMC para liberalizar la industria automotriz en el 2000 con
objeto de brindarles a los autopartistas suficiente tiempo para ajustarse a la nueva
situación. Se pide que se mantengan las reglas de C/L y los requerimientos de balance de
divisas aplicados a la fabricación local de automóviles y ensamblado de unidades CDK
(completely knocked-down). También se solicita que el plan de liberalización sea
pospuesto hasta el 2010, idea que ya viene circulando en otros países de la ASEAN.
Más allá de la esfera de la ASEAN, es ilustrativo el caso
de Taiwán, en cuyas negociaciones para su ingreso a la OMC, si bien está dispuesta a
eliminar las reglas de C/L, está negociando medidas compensatorias destinadas a atenuar
el impacto subsiguiente y dilatarlo a través del tiempo.
El gobierno de Taiwán sostiene que si aceptase las
demandas de la OMC in toto, las firmas automotrices locales tendrán que reducir su
producción en un 60% y su participación en el mercado al 30% del actual 67%. La
producción de autopartes caería a la mitad y tan sólo un 35% de los autopartistas
podría sobrevivir la cancelación de las reglas de C/L. Se considera que tan sólo tres o
cuatro de las 11 firmas automotrices instaladas podrían sobrevivir como tales en un
mercado liberalizado (el resto se tornaría distribuidora de automóviles importados). En
sus negociaciones con la OMC, el gobierno taiwanés procura resguardar la posición de
sectores considerados importantes (incluyendo automóviles y electrónicos de consumo),
los cuales continuarán recibiendo una protección relativamente elevada. Tan sólo serán
esencialmente liberalizados aquellos sectores que gozan un buen status competitivo, tales
como productos informáticos y petroquímicos. El gobierno taiwanés ha acordado
concesiones comerciales bajo la forma de cuotas de importación de automóviles a aquellos
países que acordaron apoyar su ingreso a la OMC bajo esas condiciones.
Por su ubicación en la curva
de aprendizaje y sus orientaciones de política, los países del MERCOSUR encontrarían
menos dificultades que los del ASEAN para ajustarse a la OMC 2000. Parecería bastante
difícil para la mayoría de los países de la ASEAN (así como para varios otros del
Asia, incluyendo China e India) adoptar plenamente las «disciplinas» de la OMC en
materia de TRIMs el 1 de enero del 2000, en virtud de la inercia de las actuales
políticas y procesos de inversión y de su ingreso relativamente tardío en subsectores
tales como automotriz y bienes de capital. Esto podría plantear, como única salida, la
apelación a mecanismos de excepción a partir de «dificultades especiales» contempladas
por la OMC. Una eventual alternativa sería hacer los requerimientos de C/L consistentes
con la OMC vía su aplicación a nivel de la ASEAN (se sugiere, por ejemplo, un 50% para
los bienes de capital). Por otro lado, ninguno de los países del MERCOSUR se ha embarcado
en políticas de desarrollo de «automóviles nacionales» como lo han hecho Indonesia y
Malasia.
Los países de la ASEAN
confrontan el desafío mayor de la competencia potencial de China e India, países que
están decididos a desarrollar su propia industria automotriz y que cuentan con la
dimensión del mercado necesaria como para alcanzar economías de escala. La respuesta
más apta sería quizás la especialización intra-industrial a nivel regional. Pero hasta
ahora tan sólo Tailandia se ha inclinado hacia un enfoque de carácter regional en el
sector automotriz.
IV. Observaciones finales
Pareciera no haber mayor consenso respecto de qué
constituye «mejor práctica», particularmente a nivel de políticas microeconómicas.
Estas se guían en gran medida, por un lado, por el legado institucional e histórico de
cada país y, por el otro, por la naturaleza de los objetivos perseguidos (que, a su vez,
no puede divorciarse de consideraciones geopolíticas).
Así, por ejemplo, con diversos matices, los países de la
ASEAN están decididos a emular las experiencias de Japón primero y Corea después, de
modo de unirse al «club de la convergencia» en un par de decenios. Sin embargo, no es
precisamente este tipo de emulación el que inspira las «disciplinas» de la OMC, por
cuanto implica valorizar políticas destinadas a modificar sustancialmente la dotación
inicial de recursos durante el transcurso del tiempo más bien que adoptar dicha dotación
como un dato inamovible para la configuración del futuro.
Subyacentes a estas diferencias pueden identificarse dos
paradigmas alternativos respecto del significado de la convergencia y de la «nivelación
del campo de juego». En uno, la nivelación significa la convergencia de políticas hoy.
En el otro, significa la convergencia en niveles de desarrollo mañana. El debate
continúa.
Una posible manera de enriquecer el debate sería responder
la siguiente pregunta: ¿cuál sería el equivalente para los países en desarrollo y
economías en transición de los $50.000 millones que los países de la OECD destinan por
año al apoyo gubernamental a la industria (equivalente a un 1.2% de su producto bruto
manufacturero)? Esto incluye programas de apoyo a sectores y firmas específicos,
tecnología e ID, regiones, inversión, pequeñas y medianas empresas, entrenamiento y
capacitación, reasignación de mano de obra, exportaciones y medio ambiente.
Dicho apoyo no ha experimentado una tendencia a la
reducción, sino que ha aumentado más de un 3% en términos reales desde 1989 y lo ha
hecho en la mayoría de los países miembros de la OECD. Los destinos principales son:
desarrollo regional, exportaciones e ID. El número de programas de apoyo aumentó en un
26% entre 1989 y 1993, último año para el que se dispone información. Casi dos tercios
de ellos tienen una duración de 5 años o más. Las modalidades más importantes son los
subsidios y las desgravaciones impositivas. Los sectores manufactureros más favorecidos
son, por un lado, las industrias textil, siderúrgica y naviera y, por el otro, las
industrias aeronáutica y aeroespacial.