"El comercio en las economías
de América Latina y el Caribe"
Edición Nº 50
Abril - Junio 1997
Latinoamérica y Estados Unidos:
¿un paso adelante, dos atrás?
Craig VanGrasstek
Presidente de VanGrassteck Communications y Conferencista de la American University School of International Service, Washington D.C.I. Introducción
Los planes para crear un Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA) enfrentan un obstáculo muy grave en los Estados Unidos y hasta que el Congreso de ese país le otorgue al Presidente Bill Clinton la autoridad para negociar por la vía rápida o «fast track», la rama legislativa del gobierno estadounidense no tendrá el poder necesario para hacer compromisos definitivos en las negociaciones hemisféricas. La disputa en torno a la autoridad a negociar por la vía rápida nace de una diferencia partidista sobre el papel de los derechos laborales y el medio ambiente en las negociaciones comerciales. Los planes de la administración también se ven frustrados por el hecho de que el Congreso todavía no ha aprobado la renovación del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) o la ampliación de los beneficios otorgados mediante la Iniciativa para la Cuenca del Caribe. Por consiguiente, la renuencia del Congreso a satisfacer estas solicitudes presidenciales constituye un serio obstáculo para lograr la cooperación económica de Estados Unidos con la región.
¿Cuál es la novedad? En los últimos dos siglos han ocurrido numerosos intentos fallidos para abrir los mercados y establecer las bases sólidas de la cooperación hemisférica. Aunque las políticas internas estadounidenses son apenas uno de los numerosos impedimentos para alcanzar esta meta, son una de las barreras más significativas y persistentes. En varias oportunidades el Congreso estadounidense ha obrado para demorar, complicar e incluso revertir los avances hacia la unión económica de la región.
Los esfuerzos por estrechar las relaciones económicas en el continente americano condujeron a un enfrentamiento entre las dos tendencias contradictorias de la política estadounidense. Una de ellas se manifiesta en esa fuerte y recurrente veta de idealismo regional en los Estados Unidos que transciende el mero oportunismo económico, la proximidad geográfica o los dictados de la Realpolitik. Por el contrario, se basa en lo que Arthur Whitaker denominó la idea del hemisferio occidental, «la propuesta de que las naciones del hemisferio comparten una relación especial entre ellas y que esto las diferencia del resto del mundo»1. Todos los presidentes estadounidenses desde James Monroe hasta Bill Clinton han acariciado la idea de forjar relaciones más amistosas en el hemisferio occidental, al igual que varios Secretarios de Estado, miembros del Congreso, y otros legisladores y líderes de la opinión pública. En ocasiones, sus planes resultaron en políticas paternalistas, como lo demuestra la Doctrina Monroe y su diplomacia del «Gran Garrote»; pero también dieron lugar a una serie de negociaciones cooperativas (aunque no siempre productivas).
A menudo estos elevados ideales han chocado con las duras realidades de la vida política estadounidense, entre las cuales una de las más importante es la descentralización deliberada del poder. Esta descentralización se logra de diversas maneras a través de la separación constitucional de las tres ramas, el pluralismo (la división de la influencia entre varios segmentos del sector privado) y el federalismo (la división del poder entre el gobierno federal y el gobierno estatal). El resultado más importante de esta descentralización es la igualdad de poderes existente en la rama legislativa, cuyo deber es vigilar y equilibrar la autoridad del presidente. El Congreso estadounidense disfruta de poderes que son ajenos para sus homólogos en otros países; es particularmente poderoso en el campo de la política económica externa, ya que la Constitución estipula que la regulación del comercio es prerrogativa de ese organismo.
II. Una historia de fracasos
En esta sección analizaremos cuatro episodios de los eternos esfuerzos por estrechar las relaciones económicas y políticas en el continente americano. Cada uno de estos episodios demuestra dos reglas básicas de la política interna estadounidense en las iniciativas interamericanas:
Regla 1: El Congreso está dispuesto a respaldar cualquier solicitud que pudiera hacer el presidente para fomentar relaciones más estrechas con los países de Latinoamérica y el Caribe, excepto cuando se cumplen una o más de las siguientes condiciones:
(a) la Casa Blanca y el Congreso son controlados por diferentes partidos políticos,
(b) la iniciativa requiere de nuevos gastos considerables, o
(c) la iniciativa se mezcla políticamente con asuntos controversiales de la política interna estadounidense.
Regla 2: Una o más de las tres condiciones identificadas en la Regla 1 casi siempre se cumplen.
En la historia interamericana sólo ha habido un período que estuvo marcado por al acuerdo amplio y sostenido entre los países latinoamericanos, el presidente estadounidense y el Congreso de Estados Unidos. La Política del Buen Vecino del Presidente Franklin D. Rooselvet se benefició del hecho de que no se dio ninguna de las tres condiciones establecidas en la Regla 1. En primer lugar, el Partido Demócrata controlaba ambas ramas del gobierno estadounidense desde 1933 hasta finales de la Segunda Guerra Mundial. Segundo, la política de Rooselvet se basaba principalmente en iniciativas que o bien estaban dentro del poder diplomático del ejecutivo o no requerían de nuevo financiamiento (especialmente la negociación de los acuerdos para la reducción de aranceles). En tercer lugar, la política se asentaba en un principio popular que no generaba oposición interna (es decir, un frente unido contra la amenaza de la agresión nazi y la subversión). Bajo estas especiales condiciones, las relaciones interamericanas alcanzaron alturas jamás logradas anteriormente y que no se han visto desde entonces. Ninguno de los cuatro episodios analizados a continuación indica una coyuntura similar.
1. El Congreso de Panamá de 1826
En 1825 Simón Bolívar propuso que el Congreso Panamericano se reuniera en Panamá. El objetivo original del Libertador era crear una alianza militar que fuera tanto defensiva (España amenazaba con recuperar sus antiguas colonias) como ofensiva (algunos líderes deseaban lanzar una campaña para liberar Cuba y Puerto Rico). Bolívar no invitó a Estados Unidos, pero los gobiernos de Colombia y México extendieron invitaciones por separado a la república del norte.
El propio secretario de Estado Henry Clay fue un vehemente partidario de la independencia latinoamericana y las instrucciones que les dio a los delegados estadounidenses revelaron las enormes esperanzas que tenía en la conferencia. Creyendo que la reunión «formaría una nueva era en las relaciones humanas»2, Clay autorizó a los delegados estadounidenses a conferenciar con los otros ministros sobre paz, comercio, leyes marítimas, derechos neutrales y beligerantes y otros asuntos. Las relaciones comerciales ocuparon un lugar prominente en sus planes. Específicamente, Clay planteó el principio fundamental de que ninguna nación americana debería concederle favores en el comercio o la navegación a una potencia extranjera sin extenderles los mismos privilegios a todas las demás naciones americanas3. También se adelantó mucho a su época al sugerir que los delegados discutieran la posibilidad de crear «un canal para fines de naveganción en algún lugar del Istmo que conecta las dos Américas, para unir el Océano Pacífico con el Océano Atlántico»4.
El presidente John Quincy Adams mostró menos entusiasmo que Clay en aceptar la incitación y complicó considerablemente las cosas al buscar la aprobación del Congreso. Le pidió al Senado que confirmara a las dos personas designadas que deseaba enviar y que ambas Cámaras aprobaran los fondos para sus gastos. En breve los legisladores escépticos expresaron una serie de objeciones a la participación de Estados Unidos en el cónclave. Algunos temieron que la primera reunión interamericana representara una amenaza para la bien afianzada política estadounidense de neutralidad, mientras otros simplemente vieron el debate como una oportunidad proselitista para avergonzar a la administración. Sin embargo, la más férrea oposición provino de aquellos que se espantaron de que este acontecimiento diplomático se inmiscuyera en un asunto sumamente delicado de la política interna estadounidense.
Los legisladores sureños entrevieron un peligro en dos puntos propuestos para ser incluidos en la agenda de la conferencia: la abolición del tráfico de esclavos africanos y el establecimiento de relaciones diplomáticas con Haití. Desde 1820 hasta el estallido de la Guerra Civil en 1860, prácticamente todos los temas importantes en la política estadounidense estuvieron subordinados al debate sobre la esclavitud. Incluso los legisladores norteños temieron que la discusión en Panamá perturbara el frágil equilibrio entre las fuerzas proesclavistas y las fuerzas abolicionistas en los Estados Unidos. El Senador John Holmes de Maine les advirtió a sus colegas que «los derechos de los esclavos de Cuba serían discutidos allí» y que «los negros [en Estados Unidos] se levantarían y las escenas de Santo Domingo se repetirían en casa». Holmes concluyó con una descripción que resumió perfectamente la teoría que tenía el Congreso de la diplomacia: «Cuando no puedan ver hacia dónde ir o qué hacer, no se muevan ni hagan nada»5. Muchos de sus colegas tanto del sur como del norte expresaron temores similares. En otras palabras, Estados Unidos casi rechazó la invitación a asistir a la conferencia debido a la ansiedad de que una discusión multilateral sobre comercio y derechos laborales constituyera una intervención en los asuntos internos de un Estado soberano.
A pesar de estas preocupaciones, el Congreso eventualmente le concedió al Presidente Adams lo que éste quería. La Cámara de Representantes autorizó los fondos para la delegación estadounidense a esta conferencia mediante una votación de 134 a 60, mientras que el Senado ratificó a los representantes presidenciales por 24 votos a favor y 19 en contra. No obstante, pasaron casi cinco meses desde que el Presidente Adams propuso la aprobación del Congreso hasta que se realizó la votación, y este retraso resultó ser literalmente fatal. Uno de los delegados estadounidenses murió de fiebre en Cartagena mientras iba rumbo a Panamá y el otro decidió no viajar mientras durase el mal tiempo, pero cuando llegó la conferencia había terminado. Esta fue la ignominiosa y precursora conclusión al primer esfuerzo por crear una unión más permanente en el continente americano.
2. La Conferencia Americana Internacional de 1889-1890
Más de sesenta años después, Estados Unidos pasó de invitado renuente a anfitrión mal dispuesto. La Conferencia Americana Internacional de 1889-1890 contó con una presencia mucho mayor que el Congreso de Panamá -todos los invitados, excepto la República Dominicana, enviaron delegaciones6- pero fue más disputada e igualmente improductiva.
Bajo la dirección del secretario de Estado James Blaine, Estados Unidos convocó a esta conferencia para discutir la liberalización comercial, el arbitraje pacífico de disputas y otros aspectos. El Congreso aparentemente dio su consentimiento para que se realizara dicha reunión, pero es incierto que la rama legislativa estaba preparada para aprobar todo lo que Blaine deseaba. Inspirado por el éxito del Zollverein alemán, Blaine propuso que los países negociaran una unión aduanera hemisférica. Esta habría incluido la eliminación de las barreras arancelarias entre los estados americanos y la instauración de un arancel externo común.
Estas propuestas no obtuvieron un respaldo generalizado en la región. «La mayoría de los delegados latinoamericanos», de acuerdo con un historiador, «había asistido a la conferencia con el recelo de que Estados Unidos trataría de conseguir el predominio político y comercial sobre los Estados del continente»7. A los delegados latinoamericanos les preocupaba particularmente un proyecto legislativo de aranceles proteccionistas que estaba siendo considerando por el Congreso y el cual, según estimaba Blaine, no «los estimulaba a esperar respuestas favorables de Estados Unidos a cambio de las concesiones que sus respectivos gobiernos pudieran ofrecer»8. Los dignatarios asistentes no pudieron llegar a un acuerdo sobre un plan para reducir las barreras comerciales. En vez de negociar una unión aduanera o incluso ponerse de acuerdo para explorar esa posibilidad, en el informe principal se declaró que la liberalización «debería realizarse mediante pasos graduales». Estos deberían comenzar con «la negociación de tratados de reciprocidad parcial entre las naciones americanas, mediante los cuales cada uno de ellos pudiera comprometerse a eliminar o reducir los derechos de importación que éste cobra por algunos de los productos naturales o manufacturados de una o más de las demás naciones, a cambio de ventajas similares y equivalentes»9.
Aunque estas recomendaciones estaban muy por debajo de lo que deseaba el Secretario Blaine, éste le pidió al Congreso que lo autorizara a negociar e implementar los acuerdos bilaterales propuestos. Su planteamiento tuvo lugar en un momento el cual el Congreso estaba deliberando sobre la Ley McKinley sobre Aranceles de 1890, que de hecho se convirtió en uno de los instrumentos más proteccionistas en la historia estadounidense. En vez de aceptar la petición de Blaine, la ley aumentó los aranceles y asumió un enfoque punitivo para acabar con las barreras extranjeras. Las disposiciones de reciprocidad contenidas en la Ley McKinley sobre Aranceles le permitía al presidente imponer sanciones arancelarias a las importaciones de azúcar, melaza, té, café y pieles, si se determinaba que el país exportador «imponía aranceles u otros impuestos a los productos estadounidenses agrícolas o de otra clase» que fuesen «recíprocamente injustos o excesivos». Los países de Latinoamérica y el Caribe eran los blancos obvios de estas disposiciones. Estados Unidos logró acuerdos recíprocos con casi todos los países americanos, pero emprendió acciones de represalia contra Colombia, Haití y Venezuela. Estas sanciones eran justamente lo contrario a lo que había buscado Blaine y enrarecieron las relaciones con los socios comerciales de Estados Unidos.
3. Tratados comerciales fallidos
El Secretario Blaine tenía buenas razones para tratar de conseguir un medio especial para aprobar los acuerdos comerciales. El único mecanismo de aprobación que la Constitución estadounidense reconoce de manera explícita es el consentimiento senatorial para la ratificación de los tratados, para lo cual se requiere de que dos tercios del Senado voten a favor de un acuerdo. Esta regla garantizaba que los tratados encontrarían dificultades aunque el partido del presidente tuviera mayoría en el Senado; el partido minoritario casi siempre tiene por lo menos un tercio del Senado y, por consiguiente, un tratado necesita de al menos unos cuantos votos de la oposición. El Congreso no ofreció una alternativa a este engorroso procedimiento hasta 1934, cuando la Ley sobre Tratados Comerciales Recíprocos (LTCR) le permitió al Presidente Rooselvet suscribir pactos para la reducción de aranceles en forma de acuerdos ejecutivos (es decir, firmarlos como leyes por decreto presidencial). La LTCR sentó el precedente para la autorización de negociar por la vía rápida.
Antes de la LTCR, el Congreso sólo permitió un acuerdo para la reducción de aranceles con un país latinoamericano que entró en vigencia. El tratado sobre relaciones comerciales entre Estados Unidos y Cuba, que estableció un margen preferencial de 20 por ciento para los productos cubanos importados al mercado estadounidense10, fue la excepción que confirmaba la regla. El Congreso descartó o simplemente ignoró una docena de tratados comerciales alcanzados entre 1860 y 1900 con países latinoamericanos y caribeños.
En dos oportunidades, el Congreso estadounidense rechazó tratados comerciales con México. En 1860, la mayoría del Senado estaba a favor de un tratado para la reducción de aranceles con México, pero en la votación de 27 a 18 faltaron 3 votos para lograr los tres tercios necesarios. Ambos países estuvieron mucho más cerca de consumar su relación comercial 24 años más tarde, cuando el Senado aprobó un tratado arancelario en 1884. Sin embargo, este pacto nunca entró en vigencia, porque la Cámara de Representantes no aprobó el ejecútese a ley para enmendar la nomenclatura arancelaria estadounidense11. Mucho después, la Ley sobre Aranceles de 1897 incluyó disposiciones que alentaban a los presidentes a negociar tratados arancelarios recíprocos. Dichos tratados entrarían en vigencia si dos terceras partes del Senado los aprobaban y la Cámara de Representantes autorizaba el ejecútese a la ley. El Presidente William McKinley concluyó catorce de estos tratados entre 1899 y 1900, incluyendo acuerdos con Argentina, República Dominicana, Ecuador y Nicaragua, así como varios tratados por separado con Gran Bretaña en nombre de sus colonias en el continente americano (es decir, Barbados, Bermudas, Guyana Británica, Jamaica, Terranova, las Islas de Turcos y Caicos, y Trinidad). El Senado nunca tomó acciones sobre cualquiera de estos pactos, ni siquiera después de que el presidente Theodore Rooselvet negociara acuerdos complementarios para permitir extensiones al tiempo permitido para la ratificación12.
Los intereses presidenciales también incidieron en el tema, y cuatro tratados para la reducción de aranceles fracasaron porque fueron negociados por un presidente pero no contaron con el respaldo de su sucesor. Estados Unidos y México suscribieron un tratado en 1857 que contemplaba la eliminación mutua de aranceles para numerosos productos. Las negociaciones de este tratado comenzaron bajo la presidencia de Franklin Pierce, pero finalizaron entre las elecciones presidenciales de 1856 y la toma de poder del Presidente James Buchanan en 1857. Ni Pierce ni Buchanan sometieron este tratado para que el Senado diera su recomendación y consentimiento. Igualmente, justo después de las elecciones de 1884 el Presidente Chester A. Arthur (republicano) sometió al Senado un tratado con República Dominicana y dos tratados con España (en nombre de Cuba y Puerto Rico), los cuales incluían concesiones arancelarias recíprocas. Pero al asumir la presidencia en 1885, Grover Cleveland (demócrata) le pidió al Senado que rechazara los tratados de su predecesor sin mayores consideraciones13.
4. La Guerra Fría
La Guerra Fría introdujo elementos completamente nuevos en las relaciones interamericanas. La política estadounidense durante este periodo reflejó varias de las mismas motivaciones contenidas en la Doctrina Monroe -para evitar que las doctrinas foráneas y no democráticas echaran raíces en el continente americano- pero lo hacía dentro de una estrategia global. El continente americano ya no era la región principal de los intereses estadounidenses, sino un sector más en la lucha a nivel mundial entre las superpotencias. La disposición de Estados Unidos a dedicarle atención política y recursos materiales a la región cambió durante el transcurso de su competencia con Moscú. Mientras el Congreso generalmente estaba dispuesto a financiar los programas de asistencia externa y de otro tipo solicitados por los distintos presidentes, siempre se insistía en que el ejecutivo ahorrara. Por regla general, el Congreso se mostraba bastante renuente a aprobar ayuda extranjera para las regiones que no parecían estar bajo una amenaza inminente. Las complicaciones políticas se hicieron más graves en los años posteriores de la Guerra Fría, a medida que el Congreso se volvió más asertivo como institución, se erosionó el consenso bipartidista sobre los objetivos estadounidenses y las limitaciones presupuestarias generaron una competencia entre los programas internos y los programas extranjeros.
Durante la Guerra Fría, la política estadounidense siguió un patrón cíclico. Cada vez que Washington determinaba que había concedido insuficientes recursos y atención a América Latina y el Caribe, desarrollaba un programa y lo anunciaba con bombos y platillos; cuando el supuesto peligro cedía, la atención y el respaldo estadounidenses pasaban a otra región. De esta forma, las perspectivas, conclusiones y recomendaciones emanadas de los viajes de análisis de Milton Eisenhower a la región en 1953 y 1959 se repitieron en el informe de 1961 de la Misión Especial para América Latina del Presidente Kennedy y posteriormente reaparecieron en el informe de 1984 de la Comisión Kissinger. Estas tres administraciones consideraban que la intranquilidad en América Latina se debía tanto a la desigualdad social como a la interferencia soviética, y recomendaron que Estados Unidos respondiera dándole mayores recursos económicos y militares a la región. El Fondo para el Progreso Social de Eisenhower, la Alianza para el Progreso de Kennedy y la Iniciativa para la Cuenca del Caribe (ICC) de Reagan nacieron de la misma teoría de contención mediante el desarrollo económico y cada uno estuvo acompañada por un incremento de la asistencia externa y las operaciones estadounidenses de seguridad.
El auge y caída de la Alianza para el Progreso promovida por la administración Kennedy sirve como ejemplo de esta situación, así como del breve lapso de atención del Congreso. Esta política fue la respuesta estadounidense a la Revolución Cubana, la cual (según la prevaleciente Teoría del Dominó) amenazaba con difundirse al resto de la región. En el febril clima político de principios de los años 60, el Congreso estaba dispuesto a conceder lo que el Presidente Kennedy solicitaba: mayores montos de asistencia externa, creación de los Cuerpos de Paz y la adhesión de Estados Unidos al Acuerdo Internacional del Café. Sin embargo, en el transcurso de unos pocos años, el foco de atención de la Guerra Fría se había mudado al Sudeste Asiático, al igual que la mayor parte de la asistencia externa estadounidense. Para el Presidente Johnson fue cada vez más difícil conseguir nuevos fondos del Congreso y en 1969 el Presidente Nixon declaró oficialmente el fin de la Alianza para el Progreso. Algo muy similar sucedió en los años 80, cuando la Revolución Nicaragüense impulsó a la administración Reagan a proponer la ICC. Al terminar la Guerra Fría y los Sandinistas abandonar el poder, el Congreso no siente mayores presiones por ampliar los beneficios de la ICC.
La Iniciativa para las Américas (IPA) del Presidente Bush sufrió una falta de urgencia parecida. En 1990 el Presidente Bush planteó una serie de medidas orientadas a fomentar las reformas democráticas y liberales que entonces se emprendían en toda la región, entre ellas se incluía el alivio de la deuda, la liberalización del comercio y nuevo financiamiento para los programas del Banco Interamericano de Desarrollo. El mismo hecho de que las cosas iban bien en la región llevó a que los miembros del Congreso cuestionaran la necesidad de tomar tales acciones. Aunada a la recesión interna y al colapso de la Unión Soviética, esta apatía resultó difícil de superar. El Congreso jamás adjudicó todos los fondos que la administración solicitaba para el BID y estableció estrictas restricciones presupuestarias a los planes para el alivio de la deuda esbozados por el gobierno.
III. ¿Qué significa esto hoy?
¿Cuáles son las lecciones de esta breve historia? Dicho en pocas palabras, los episodios analizados anteriormente muestran que el actual impasse entre la administración Clinton y el Congreso no representa nada nuevo. De hecho, las tres condiciones identificadas en la Regla 1 se cumplen actualmente.
En primer lugar, diferentes partidos políticos controlan la Casa Blanca y el Congreso. Los demócratas han ocupado la presidencia desde 1993 y seguirán haciéndolo hasta el año 2000, pero los republicanos obtuvieron el control tanto de la Cámara de Representantes como del Senado en 1994. El primer instinto de la oposición es oponerse, por lo que el Presidente Clinton ha tenido dificultades para convencer a los republicanos de que deberían apoyar cualquier nueva iniciativa que él proponga. No es coincidencia el hecho de que los dos éxitos claros de la administración Clinton en materia de política comercial (la ratificación del TLCAN y los acuerdos de la Ronda Uruguay) tuvieron lugar entre 1993 y 1994, cuando los demócratas aún controlaban ambas Cámaras del Congreso. Los republicanos no querían concederle al presidente la autorización para negociar por la vía rápida antes de las elecciones de 1996, por la preocupación de que la esgrimiera como una victoria de política exterior, y las elecciones del año 2000 ya se están haciendo sentir en las deliberaciones del Congreso. Por otra parte, esta división del control político exacerba considerablemente las dos complicaciones que discutimos a continuación.
Segundo, las solicitudes del presidente sí requieren que el Congreso autorice y asigne los fondos necesarios. Esto no es evidente a primera vista, ya que la actual política cae en el amplio concepto de «comercio en vez ayuda», pero las peculiaridades de las normas presupuestarias estadounidenses señalan lo contrario. Desde 1990, estas normas han estipulado que deben conseguirse medidas compensatorias (es decir, nuevos ingresos o recortes a los gastos) para cualquier nueva iniciativa que aumente el gasto o reduzca los ingresos. Esto significa que el Congreso debe «pagar» por cualquier propuesta para negociar acuerdos comerciales, renovar el SGP o mejorar la ICC, porque las tres medidas conducen a una disminución del ingreso arancelario. Estas normas prespuestarias se sumaron a las dificultades políticas para aprobar el TLCAN en 1993 y los acuerdos de la Ronda Uruguay en 1994. Los opositores de estos convenios fueron capaces de argumentar no sólo contra los méritos de los propios pactos, sino también contra los medios por los cuales serían financiados. El problema financiero es la razón fundamental por la que el Congreso ha aprobado únicamente breves renovaciones del SGP, el cual ha sido suspendido tres veces en los últimos cuatro años.
En tercer lugar y más importante que todo lo anterior, la iniciativa se ha complicado políticamente con temas controversiales de la política interna estadounidense. El principal obstáculo es el intenso desacuerdo sobre los derechos laborales y el medio ambiente. La política comercial per se es un asunto relativamente aislado, en el cual ambos partidos tienen alas proteccionistas y liberales. Por el contrario, los temas laborales y ambientales han sido puntos esenciales de conflicto político durante décadas. Los demócratas insisten en que todos los nuevos acuerdos comerciales se deben basar en las disposiciones del TLCAN que incrementan la protección de los trabajadores y el medio ambiente, mientras los republicanos son igualmente inflexibles en su insistencia para que tales aspectos no sean relacionados con el comercio. Las desavenencias sobre este principio ha obstaculizado la concesión de la autoridad para negociar por la vía rápida desde 1993, y hay pocos indicios de que esta controversia pueda resolverse pronto.
¿Qué debería hacer la región en esta situación? Sería recomendable que asumiera expectativas realistas sobre lo que Washington será capaz de cumplir. Es sumamente fácil dejarse llevar por los sentimientos alentadores de los gobernantes estadounidenses, muchos de los cuales están sinceramente inspirados por el deseo de ser un buen vecino. Los propios estadistas de la región deberían recordar con que rapidez estas cálidas palabras pueden templarse en las frías aguas del río Potomac, y mantenerse atentos al cariz interno de la política económica exterior de Estados Unidos.
Arthur Whitaker, The Western Hemisphere Idea: Its Rise and Decline (Ithaca, New York: Cornell University Press, 1954), página 1.
NOTAS
Citado en Theodore E. Burton, "Henry Clay", en Samuel F. Bemis, ed, The American Secretaries of State and Their Diplomacy (New York: Pageant Book Company, 1958), página 149.
La negativa del gobierno dominicano a asistir en parte era una protesta porque Estados Unidos no había ratificado un tratado comercial bilateral en 1884 (como se discute en la siguiente sección de este artículo).
Alice Felt Tyler, The Foreign Policy of James G. Blaine (Hamden, Connecticut: Archon Books, 1965), página 182.
Carta del Secretario de Estado James Blaine al Presidente Benjamin Harrison (19 de junio de 1890), según se reproduce en U.S. Congress, Senate, Message from the President of the United States, Executive Document Number 158 (Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office, 1890), página 105.
Conferencia Americana Internacional, Informes de los Comités y sobre las Discusiones, Volumen I (Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office, 1890), página 105.
La convención fue suscrita en 1902 y entró en vigencia en 1903. El Senado dio su parecer y consentimiento por el margen requerido de dos tercios de los votos, y ambas Cámaras del Congreso aprobaron el ejecútese a la ley que enmendaba la nomenclatura arancelaria estadounidense. El tratado fue posteriormente suspendido en 1934 (cuando fue sustituido por un acuerdo LTCR) y caducó en 1963 (como parte de las sanciones estadounidenses contra Cuba). Para revisar el texto del tratado y un resumen de su historia, véase Charles I. Evans, ed, Treaties and Other International Agreements of the United States of America, 1176-1949 Departamento de Estado Publicación 8407 (Wshington, D.C.: U.S. Governent Printing Office, 1968), Volumen 8, páginas 1106-1111.
Para revisar el texto del tratado y un resumen de su historia, véase Bevans, op. cit., Volumen 9, páginas 855-864.
Véase Christian L. Wiktor, ed, Unperfected Treaties of the United States of America, 1776-1976 (Dobbs Ferry, N.Y.: Oceana Publications), Volumen 3, passim.
Los textos de estos tratados y el resumen de su historia se puede encontrar en Wiktor, op. cit.
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