Singapur: El día siguiente
Secretaría Permanente del SELA
I. Síntesis
La Primera Reunión Ministerial
de la Organización Mundial del Comercio (OMC) (Singapur, 9 al 13 de diciembre de 1996)
estaba destinada a hacer un doble balance: el de la instrumentación del os resultados de
la Ronda Uruguay, y el de los dos primeros años de vida de la OMC. Pero algunos países
añadieron al balance un elemento que implicó negociaciones y que se convirtió en el
punto neurálgico de la Reunión: la inclusión de «nuevos» temas en la agenda del
comercio multilateral, todos determinantes para las estrategias económicas de países
industrializados y en desarrollo.
Ante la consolidación de la
OMC como foro de negociación de temas económicos claves, la calidad de la participación
de América Latina y el Caribe en la OMC dependerá sobre todo de su capacidad de formular
propuestas acordes con sus objetivos de desarrollo.
II. Resultados
generales de la reunión de Singapur
Según los estatutos de la OMC
adoptados en la Ronda Uruguay, los miembros de la Organización deben celebrar reuniones a
nivel ministerial cada dos años. Por ser la primera reunión de esta naturaleza luego de
la conclusión de la Ronda, el esfuerzo se hubiera tenido que centrar en la
instrumentación de los compromisos asumidos al cabo de los 7 años de negociaciones
comerciales multilaterales. En cambio, en Singapur, la atención se centró más en el
papel de la OMC en los «nuevos» temas que en el seguimiento y evaluación de los
resultados de la Ronda.
Esto no significa que la
reunión de Singapur no cumplió con sus objetivos, ni que esa «ampliación» temática
constituyó una sorpresa. Si bien resulta prematuro evaluar con precisión los resultados
de la Ronda, ya que en la mayoría de los acuerdos se prevé un calendario de ejecución
de entre 5 y 10 años (en ese sentido se contará con más elementos de evaluación en las
próximas reuniones bianuales), los «nuevos» temas que no fueron abordados en la Ronda
ya formaban parte del contexto y quizás no hubiera sido realista excluirlos de la
reunión.
Sin embargo, antes de la
próxima reunión Ministerial de 1998, convendría reflexionar sobre el equilibrio que
debería mantenerse, en la agenda de la OMC, entre temas tradicionales y nuevos. Se corre
el riesgo de que, en detrimento de la vigilancia de los compromisos asumidos, los nuevos
temas dominen el escenario porque representan prioridades políticas y económicas mayores
para los países industrializados que para los países en desarrollo. En el futuro,
habría que evitar que las reuniones bianuales se conviertan en «mini-Rondas»
periódicas, cuyo contenido político amenazaría con desgastar la credibilidad de la OMC.
La participación activa de América Latina y el Caribe, tanto en las actividades
rutinarias de la OMC en su papel de vigilante del sistema de comercio multilateral como en
la elaboración de propuestas para el tratamiento de los nuevos temas, podría constituir
un elemento clave para el logro de una situación de equilibrio más acorde con los
intereses de la región.
En la definición de la
posición de los Estados Miembros del SELA en la OMC, y como ha sido destacado en las
Reuniones de Responsables de Política Comercial convocadas por el SELA, la ALADI y la
CEPAL, es determinante el hecho de que la agenda comercial de la región no es únicamente
multilateral, sino también hemisférica y regional o subregional. Por ello, el
tratamiento de los nuevos temas en la OMC no puede ser aislado, por ejemplo, del
tratamiento de esos mismos temas en el proceso hemisférico o en los esquemas de
integración.
En síntesis, el balance de la
reunión de Singapur debe incorporar la definición de los mandatos de la OMC en temas
«nuevos», como normas laborales, competencia, inversiones y contratación pública los
avances en los términos de la adhesión de China a la OMC, la decisión de liberar el
comercio de productos tecnológicos (computadoras, software, semiconductores etc.), pese a
la resistencia de algunos países asiáticos, la reiteración de los calendarios
establecidos en la Ronda para las negociaciones sobre agricultura y el impulso político
dado a las negociaciones sobre servicios. En ese cambio, no resulta satisfactorio el
tratamiento general otorgado a la instrumentación de la Ronda Uruguay, ni el proceso de
toma de decisiones que rigió la preparación y el desarrollo de la reunión, considerado
como poco transparente y equilibrado por varios países de la región.
III. Las áreas a
vigilar: textiles y agricultura
El comercio de textiles y
confección y de productos agrícolas fue, tradicionalmente, el más protegido. Como
resultado de arduas negociaciones, la Ronda Uruguay logró liberalizarlo decidiendo el
desmantelamiento progresivo de las cuotas nacionales y de los subsidios a los productores.
La Declaración Ministerial de
Singapur incluye recomendaciones muy detalladas sobre el cumplimiento de los compromisos
en materia de textiles y confección, y reitera los compromisos asumidos en la Ronda
Uruguay para los productos agrícolas. Por el momento, en los países industrializados, la
apertura se está efectuando principalmente para los productos menos sensibles. Este
proceso de apertura gradual debería ser objeto de una cuidadosa vigilancia por parte de
los países exportadores. Sería conveniente contar con un mecanismo de información que
permita a los exportadores conocer las nuevas condiciones de acceso a los mercados
industrializados a medida que se presentan oportunidades gracias a la liberalización
progresiva. Además de la vigilancia y del aprovechamiento de la apertura, es importante
preparar las negociaciones sobre comercio agrícola que se celebrarán en 1999.
IV. Las perspectivas de
las negociaciones en materia de servicios
La Declaración Ministerial de
Singapur señala que los resultados de las negociaciones sobre servicios realizadas hasta
la fecha «han sido inferiores a las expectativas». Reitera la voluntad de liberalizar
ese comercio «con la apropiada flexibilidad» para los países en desarrollo, en las
negociaciones en curso así como en aquellas que se iniciarán en enero del 2000. Ver
SELA, El comercio de servicios: Las negociaciones post-Ronda Uruguay
(ALADI/CEPAL/SELA/III/RGPC/DT No. 3), Montevideo, oct. '96.
La Declaración menciona que el
objetivo es el trato de la nación más favorecida con base en un mejor acceso a los
mercados y en el trato nacional, y en tal sentido establece que:
- se concluirán las
negociaciones sobre telecomunicaciones básicas en febrero de 1997,
- se reanudarán las
negociaciones sobre servicios financieros en abril 1997,
- se espera finalizar
exitosamente las negociaciones sobre transporte marítimo durante la próxima ronda de
negociaciones sobre comercio de servicios,
- en materia de servicios
profesionales, se espera terminar los trabajos sobre servicios de contaduría hacia
finales de 1997, a objeto de diseñar disciplinas y normas multilaterales,
- las negociaciones sobre
salvaguardias deberían concluir al término de 1997, con el apoyo de trabajos analíticos
adicionales sobre las medidas de salvaguardia de emergencia, la contratación pública de
servicios y las subvenciones.
Pese a la voluntad política
expresada en Singapur, el futuro de las negociaciones sobre servicios no estará exento de
obstáculos. Hasta la fecha, la posición de los Estados Unidos ha sido determinante en la
parálisis de las negociaciones sobre servicios financieros (por considerar insuficientes
las ofertas de apertura de los demás países) y transporte marítimo (sector
tradicionalmente muy protegido en muchas naciones). El comercio de servicio profesionales
se liberalizará muy puntualmente, debido a su vinculación con el tema de las
migraciones, y el sector de las telecomunicaciones parece tener buenas perspectivas.
Hasta la fecha, la
participación de los países de América Latina y el Caribe en las negociaciones sobre
servicios ha sido limitada (sólo 10 países de la región han presentado ofertas). Falta
aún profundizar los diagnósticos nacionales sobre la situación del sector para poder
precisar las posiciones de negociación individuales o de grupos de países.
V. Las normas
laborales: preocupaciones éticas e intereses comerciales
El párrafo relativo a este
tema fue sin duda el más discutido en Singapur. En efecto, el «dumping social» es un
tema que despierta polémicas y presiones a la vez éticas y económicas, que se traducen,
en el terreno del comercio internacional, en propuestas para sancionar las exportaciones
provenientes de países acusados de laxismo en materia de normas y condiciones laborales.
Ver SELA, El «dumping social»: La política social como política comercial
(SP/CL/XX.O/Di No. 4), México, 30 de mayo de 1994.
La Declaración de Singapur aclara la política de la OMC
en este terreno, estableciendo fronteras y principios:
(i) la Organización Internacional del Trabajo (OIT) es el
órgano competente en esta materia,
(ii) se rechaza «la utilización de las normas del trabajo
con fines proteccionistas»,
(iii) se rechaza el cuestionamiento de «la ventaja
comparativa de los países, en particular de los países en desarrollo de bajos
salarios», y
(iv) se toma nota de que las Secretarías de la OMC y la
OIT proseguirán su actual colaboración.
A pesar de la claridad lograda
en Singapur, y a la luz de los antecedentes del vínculo normas laborales/comercio (que
datan de 1919, fecha de la creación de la OIT), es de suponer que el tema no está
resuelto definitivamente y que continúen las presiones de algunos países
industrializados (en particular Estados Unidos y Francia) para introducirlo en las agendas
de negociación o como condición de concesiones económicas unilaterales como el SGP, los
préstamos multilaterales, la ayuda al desarrollo, etc.
VI. En busca de la armonización multilateral:
inversiones y competencia
En materia de inversiones y
competencia, lo acordado en Singapur resulta limitado en comparación con las expectativas
de muchos países (en primer lugar de la Unión Europea y la OCDE, pero también de varios
países en desarrollo), debido a la oposición, en particular, de la India y Malasia. Ver
Notas Estratégicas Nos. 24 «El trato a la inversión extranjera: ¿hacia normas
internacionales?» (Julio 1996) y 27 «El discreto encanto de la competencia» (Diciembre
1996).
La Declaración se refiere a
los compromisos asumidos en la Ronda Uruguay en estas materias, y decide, sin prejuzgar
futuras negociaciones, establecer dos grupos de trabajo: uno «encargado de examinar la
relación entre comercio e inversión», y otro «encargado de estudiar las cuestiones que
plantean los miembros acerca de la interacción entre comercio y política de competencia,
incluidas las prácticas anticompetitivas, con vistas a identificar cualesquiera sectores
que puedan merecer ulterior atención en el marco de la OMC.» Esa decisión no evitará
que la OCDE concluya, en 1997, la elaboración de un Acuerdo Multilateral de Inversiones
(AMI), abierto a la adhesión de países no miembros de la OCDE. Dos argumentos
principales fueron esgrimidos por los países opuestos a una negociación sobre
inversiones en la OMC: (i) preservar la soberanía de cada país para determinar el trato
a la inversión extranjera, (ii) los acuerdos bilaterales o multilaterales sobre
inversiones no son determinantes para atraer capital foráneo. En materia de competencia,
varios países industrializados desean evitar las «distorsiones» producidas por
legislaciones nacionales diferentes o inexistentes.
VII. El dilema del
regionalismo
Este tema, políticamente
delicado y virtualmente ausente de las polémicas en Singapur, despierta intereses
contradictorios: por una parte, se trata de evitar que los esquemas de integración se
conviertan en «fortalezas» proteccionistas por otra, los miembros de los diversos
esquemas desean evitar que haya una instancia de vigilancia de sus políticas comunes.
La contradicción se refleja en
el tono conciliatorio de la Declaración de Singapur al respecto, que insta a facilitar
«procesos de liberalización del comercio mundial y regional que se apoyen mutuamente».
La dificultad radica en definir el papel de la OMC en ese contexto, y los criterios de
articulación del regionalismo con el multilateralismo (ver Notas Estratégicas No. 18
«Regionalismo y Multilateralismo: Un matrimonio obligado» (Noviembre 1995). La
controversia entre defensores del multilateralismo versus defensores del regionalismo
será uno de los temas más importantes a dilucidar en la OMC en el mediano plazo.
VIII. El trato a los países en desarrollo
Al igual que en el GATT, la
participación de los países en desarrollo en el comercio mundial plantea a la OMC la
necesidad de prever plazos y normas adecuados a su condición asimétrica.
Al respecto, la Declaración de
Singapur señala:
- que existe el «problema de
la marginación de los países menos adelantados y el riesgo de ella que corren ciertos
países en desarrollo»,
- que el Acuerdo sobre la OMC
contiene disposiciones para un «trato diferenciado y más favorable para los países en
desarrollo» incluyendo una especial atención a los países menos adelantados,
- que los compromisos asumidos
por los países en desarrollo son «nuevos y significativos» y reconoce «la complejidad
de los esfuerzos que despliegan para cumplirlos»,
- que hay que mejorar la
asistencia técnica, y
- que el programa de reforma de
la agricultura puede tener efectos negativos en los países menos adelantados y en los
países en desarrollo importadores netos de productos alimenticios.
La Declaración también
menciona la adopción de un Plan de Acción para los países menos adelantados. Otros
párrafos de la Declaración se refieren a las necesidades de los países en desarrollo en
materia de comercio de textiles, servicios, acuerdos regionales.
IX. La agenda de América Latina y el Caribe en la
OMC
La preparación de la reunión
de Singapur y el funcionamiento de la OMC evidencian la necesidad y conveniencia de que
los países de la región procuren dedicar esfuerzos técnicos y políticos a mejorar su
capacidad de propuesta -y por ende de negociación individual y colectiva- en la
Organización, en particular en los puntos sustantivos e institucionales siguientes:
- El desarrollo de propuestas en materia de:
- instrumentación del
artículo IV del GATS (que se refiere a la participación de los países en desarrollo en
el comercio de servicios),
- tratamiento de los
temas de inversiones y competencia (tomando en cuenta la actividad de la UNCTAD al
respecto),
- seguimiento de los
compromisos agrícolas y apoyo a los países en desarrollo importadores de alimentos,
- normas aplicables a
los acuerdos regionales.
- La ampliación y
profundización de la asistencia técnica brindada por la OMC, en coordinación con
otros organismos internacionales y regionales,
- La transparencia en la
toma de decisiones y la participación equitativa de todos los miembros en el
funcionamiento de la OMC,
- El seguimiento de la colaboración de la OMC con las
instituciones de Bretton Woods (FMI y Banco Mundial) y con la UNCTAD, para que las
necesidades de los países en desarrollo sean debidamente tomadas en cuenta.