Globalización, Comercio e Integración
Edición Nº 45
Enero-Marzo 1996Relaciones entre la UE y el Caribe
después del año 2000
Michele A.M. Lowe
Egresada de la Universidad de las Indias Occidentales y estudiante de maestría en Economía del Desarrollo de la Universidad de Hull, del Reino Unido. El presente trabajo es un análisis preliminar preparado en noviembre de 1995 para el Consejo Caribeño para Europa.I. Introducción
Las políticas de la Unión Europea con respecto al Caribe atraviesan por un proceso de cambios. Después de 20 años de relaciones privilegiadas dentro del marco de la Convención de Lomé, la UE ha comenzado a replantearse su enfoque de la región. La necesidad de este nuevo planteamiento surge en vista de las nuevas prioridades de desarrollo para la UE, que ponen el acento en una asistencia para los más pobres administrada dentro del marco de una estrategia de desarrollo global. Todo parece indicar que, a partir del año 2001, los países caribeños del grupo de Estados ACP tendrán con la UE una relación menos privilegiada que la que han venido disfrutando en los últimos 20 años. Como región conformada por países en desarrollo de ingresos medianos1, según los criterios de evaluación del Banco Mundial y del FMI, el Caribe queda fuera del campo de las prioridades inmediatas de asistencia de la UE. Asimismo, la existencia en la mayoría de los países caribeños de democracias estables, con buenos historiales en materia de derechos humanos, coloca a la región en una escala muy baja dentro de la lista de preocupaciones de la UE.
Por otra parte, las nuevas reglas relacionadas con la constitución de la Organización Mundial del Comercio (OMC) han traído un cuestionamiento de la situación legal de los acuerdos comerciales de Lomé que, en el pasado, garantizaban un margen de seguridad comercial para los productores caribeños. Europa será objeto de una fuerte presión para que desmantele estos acuerdos al expirar la Convención vigente, de modo que haga que su régimen comercial resulte más compatible con la OMC.
Por todo lo anterior, ¿qué puede esperar el Caribe de una nueva relación con Europa al expirar Lomé IV, en el año 2000? ¿Cómo puede la región colocarse en una mejor posición para aprovechar esta nueva situación? Estas son las interrogantes planteadas en el presente informe. En él se consideran los desafíos a que han de hacer frente los países caribeños durante los próximos cinco años y se ofrecen recomendaciones para una nueva estrategia caribeña que esté acorde con una relación nueva y madura con la Unión Europea.
II. Nuevas directrices de las políticas de la UE con respecto al Caribe
El enfoque europeo con respecto al Caribe atraviesa por un proceso de cambios desde varias direcciones. La relación exclusiva basada en la Convención de Lomé, conforme a la cual 15 países caribeños del grupo de Estados ACP han disfrutado de una amplia asistencia y beneficios comerciales, está dando paso a un enfoque regional menos exclusivo y más generalizado que incorpora a todos los países de la Cenca del Caribe. A la vez, la adopción propuesta de un enfoque común a largo plazo para América Latina y la Cuenca del Caribe apunta hacia la incorporación final de la región como una sub-región dentro de las políticas de la UE para América Latina. Dentro de este marco, el énfasis de la UE en el desarrollo de una relación nueva y especial con Cuba podría hacer que se desplazara aún más el centro de gravedad de las relaciones entre la UE y el Caribe desde el Caribe angloparlante hacia el Caribe hispanoparlante.
III. Fin de los privilegios de Lomé
Las negociaciones sostenidas durante el examen de mediados de período (EMP) demostraron claramente que la relación dentro del marco de la Convención de Lomé se encuentra bajo presión. Hay indicios de que al expirar Lomé IV, a finales del año 2000, la UE realizará acciones tendientes a incluir las relaciones especiales con los Estados ACP dentro de una estrategia de desarrollo más global. Las primeras afectadas de este enfoque bien podrían ser las disposiciones comerciales que han garantizado hasta ahora el acceso preferencial al mercado de la UE para aproximadamente 99,5% de las exportaciones de productos agrícolas y manufacturados de los Estados ACP. De hecho, la posición de la UE en la negociación de los temas relacionados con el comercio durante el EMP sugiere que las disposiciones comerciales quedarán sin validez al expirar Lomé IV.
Para los países caribeños del grupo de Estados ACP, con esta posición se eliminará lo que para muchos ha sido la base más importante de la cooperación de la UE con el Caribe del modo en que ha evolucionado en los últimos 20 años. Los instrumentos de comercio de la Convención, en particular los protocolos del azúcar y el banano, han sido desde hace tiempo de suma importancia para los productores regionales, quienes se han visto beneficiados por el acceso garantizado al mercado. Estas garantías están desapareciendo; algunas más rápidamente que otras. Cabe preguntarse si se firmará un nuevo protocolo del banano cuando expire el actual, a finales de diciembre del 2002. Dada la presión de que es objeto la UE para que haga que su régimen comercial resulte más compatible con la OMC, es muy poco probable que los acuerdos actuales resulten aceptables para los actores (tanto dentro como fuera de Europa) que ejercen presiones en favor de un régimen más liberalizado del banano. Por lo tanto, en el mediano y largo plazo, los productores caribeños de banano podrían encontrarse en una posición menos ventajosa en el mercado europeo frente a los productores latinoamericanos.
Desafortunadamente, los productores caribeños de banano y sus representantes en Europa no han comenzado a planificar estrategias para después del año 2002. Por el contrario, sus energías están concentradas en impedir las amenazas inmediatas al régimen actual del banano toda vez que intentan mejorar las disposiciones de la Regulación 404, con la esperanza de que los esfuerzos a corto plazo por mejorar los acuerdos conduzcan, a largo plazo, a una renovación de los acuerdos después del vencimiento del Protocolo en el año 2002.
La amenaza que pesa sobre el régimen del banano de la UE ha suscitado interrogantes muy tentativas acerca de la seguridad de los acuerdos existentes sobre el azúcar. Sin embargo, la naturaleza comercial de los acuerdos sobre el azúcar, aunada a las incertidumbres acerca de la estabilidad de los precios de este producto en los próximos 5 a 10 años, harían que los Estados miembros de la UE estuvieran más dispuestos a defender estos acuerdos si fueran cuestionados por la OMC.
En lo tocante a las disposiciones generales de comercio, es muy poco probable que la negociación de una nueva relación después del año 2000 incluya nuevos incentivos al comercio al estilo Loé. Durante el EMP, la negativa inicial de la UE a considerar la solicitud de mayor acceso al mercado hecha por los Estados ACP se basó en el argumento de que el régimen comercial existente era lo suficientemente generoso y en que el desempeño deficiente de los Estados ACP se debía más a su falta de competitividad que a las condiciones de acceso al mercado. Por otra parte, la liberalización del comercio en los próximos diez años terminará de erosionar las preferencias acordadas dentro del marco de la Convención de Lomé2. Es más probable, por lo tanto, que la UE intente sacar a la región gradualmente de la estructura preferencial de que disfruta en la actualidad conforme a la Convención de Lomé y pretenda establecer una relación más madura basada en la competitividad y en una reciprocidad final. Esta nueva orientación ha quedado claramente manifiesta en el propósito de la UE de adoptar una política común hacia América Latina y la Cuenca del Caribe, y es coherente con el consenso global sobre libre comercio y liberalización del mercado conforme a los términos acordados en la Ronda Uruguay.
IV. Una nueva relación
En octubre de 1994, los Estados miembros de la UE convinieron en el texto de un documento sobre parámetros de política económica en el que se hacía énfasis en que «la promoción del comercio y de la inversión continuará siendo la piedra angular de las relaciones con nuestros socios latinoamericanos y caribeños». Desde ese entonces, la Comisión Europea ha formulado lineamientos específicos que rigen las relaciones con los diferentes grupos regionales de América Latina, que incluyen el posible establecimiento de un acuerdo de libre comercio recíproco con MERCOSUR, la negociación de acuerdos económicos y políticos especiales con México y Chile, la celebración de acuerdos de cooperación avanzados con el resto de los países de Centro y Suramérica dentro del contexto del diálogo de San José, y la creación de un diálogo especial con Cuba que conllevará a nuevas formas de cooperación.
La ausencia de lineamientos similares que rijan las relaciones con la Cuenca del Caribe evidencia la incertidumbre de la UE en cuanto a la vía a seguir. En momentos en que se ha completado el examen de mediados de período y aún con cinco años de cooperación por delante dentro del marco de la Convención de Lomé, la UE ha comenzado a pensar en la manera en que se insertan los Estados ACP en general y los caribeños en particular dentro de sus políticas exterior y de seguridad y en cómo se conducirán las relaciones futuras.
En lo que respecta a Europa, el Caribe constituye un caso más bien peculiar. La prosperidad relativa de la región ha hecho que quedara fuera del campo de las prioridades inmediatas de la UE. Asimismo, la existencia en la mayoría de los países caribeños de regímenes elegidos democráticamente, con buenos historiales en materia de derechos humanos, hace que la región sea considerada un área relativamente estable. El Caribe bien pudiera ser víctima de una pérdida relativa de atención a medida que el interés de Europa se centra en los más pobres de entre los pobres y en las regiones más políticamente inestables del Africa al sur del Sahara y de la Europa del Este.
Por otra parte, a diferencia de América Latina que ofrece oportunidades de comercio e inversión cada vez mayores, el Caribe tiene pocos atractivos para Europa. El pequeño mercado regional ya se encuentra saturado por las exportaciones de Europa y América del Norte y, si bien las oportunidades de inversión comienzan a abrirse en el naciente sector de los servicios, el marco regulatorio y el resto de la infraestructura de apoyo deberían ser mejorados para crear un ambiente más atractivo para la inversión. Además, la estrutura de la capacidad exportadora de la mayoría de los países del Caribe es tal que deberá pasar algún tiempo antes de que puedan participar efectivamente en el tipo de acuerdos de cooperación avanzados que la UE está preparando con países latinoamericanos.
Esta es la naturaleza del dilema en que se encuentran muchos de los países del Caribe, especialmente los del Caribe angloparlante: por ser demasiado prósperos no cumplen con los requisitos para recibir una atención especial y por ser demasiado débiles no pueden participar efectivamente en una relación nueva y madura.
¿De qué manera, entonces, se integrará este dilema dentro de la nueva política europea hacia el Caribe? Y, más aún, ¿de qué manera se tomarán en cuenta dentro de una política común las dinámicas intrarregionales y los diferentes niveles de desarrollo presentes en la región? ¿Cómo se integrarán dentro de semejantes políticas las necesidades especiales de Haití y Surinam, e incluso de Cuba? Además, ¿cuál de los mecanismos regionales existentes se utilizará como punto de entrada en la región?
Esta última interrogante quizás sea la más fácil de responder en la coyuntura actual. Se presentan tres posibilidades: la CARICOM, el CARIFORUM y la AEC. Dadas las acciones de la UE tendientes a incorporar la Cuenca del Caribe dentro de una política más amplia para América Latina, dado el apoyo manifiesto al proceso de cooperación iniciado por la Asociación de Estados del Caribe y dado el alcance geográfico de esta asociación, es probable que la UE seleccione a la AEC como foro dentro del cual celebrar un diálogo político sobre los temas identificados como comunes para América Latina y el Caribe. Las líneas generales de estos temas han sido trazadas en el documento sobre parámetros de política económica adoptado por el Consejo de Ministros de la UE, y en él se incluyen la lucha contra el narcotráfico, los problemas relacionados con el medio ambiente y el respeto por los derechos humanos. A estos temas cabe agregar los relacionados con la inmigración, que adquieren cada vez más importancia dentro del diálogo entre Europa y la mayoría de los países caribeños.
La AEC también parece ser el foro más probable desde el cual la UE intente poner en ejecución su estrategia «de lograr una nueva asociación de las dos regiones con el fin de aumentar los intercambios económicos equilibrados, promover el desarrollo sustentable, y fomentar el establecimiento de lazos culturales y científicos». Surge la interrogante, sin embargo, de si el proceso iniciado bajo la AEC avanzará a un ritmo que permita integrar las ambiciones de la UE en esta área. En la situación actual aún quedan sin responder interrogantes pertinentes acerca de la disposición de los Estados miembros actuales o potenciales para comprometerse a acometer un programa de trabajo importante y acerca del nivel de compromiso para financiar su funcionamiento3.
La otra posibilidad sería darle un mayor papel al CARIFORUM y aumentar el número de sus países miembros para facilitar una política más coherente de la UE hacia la región. Actualmente el CARIFORUM coordina y supervisa la distribución de los fondos de cooperación regional aportados por el Fondo Europeo de Desarrollo a los 15 países caribeños del grupo de Estados ACP. Este mecanismo podría ampliarse de modo que administre todos los aspectos de la cooperación de la UE con el Caribe, incluso el diálogo político. Los países y territorios de ultramar (PTOM) y los departamentos franceses de ultramar (DOM) que en la actualidad tienen condición de observadores deberían ser incorporados en calidad de miembros plenos. También debería considerarse otorgar la calidad de Estado asociado u observador a los países del Caribe en general para facilitar el diálogo político sobre temas comunes y poder incluir los objetivos de la UE de fomentar los intercambios económicos y culturales entre Latinoamérica y la Cenca del Caribe.
Valdría la pena explorar estas ideas. Por ahora, sin embargo, la preocupación más urgentes sería considerar el nivel en el cual la UE establecerá su futura política hacia el Caribe. El tipo de relaciones actuales con los países de Centro y Suramérica ha producido una red de acuerdos de cooperación en la que se contemplan circunstancias nacionales y regionales. De este modo, las relaciones de la UE con MERCOSUR, México y Chile se han establecido a un nivel en el que se da más énfasis al libre comercio y la reciprocidad que a la asistencia para el desarrollo. Para los países de Centroamérica, los mayores beneficiarios per cápita en Latinoamérica de la Administración para el Desarrollo de Ultramar (ADU), el enfoque ha sido diferente. La política de la UE para la región está enfocada hacia el apoyo del proceso de paz, la democratización, la integración regional y la reincorporación de los países de América Central a los mercados mundiales.
Este enfoque diferenciado podría servir como argumento para hacer que la UE organice su política hacia el Caribe a un nivel parecido al de su política hacia Centroamérica, con énfasis en la reincorporación de los países del Caribe a los mercados mundiales. El enfoque permitiría incluir el objetivo a largo plazo de la UE de desincorporar gradualmente a la región de la actual estructura de preferencias acordadas dentro del marco de la Convención de Lomé, lo que requeriría nuevos mecanismos de cooperación que apoyen una transición del comercio preferencial al comercio recíproco. El enfoque tendría también que tomar en cuenta los diferentes niveles de desarrollo y los grados diferentes de dependencia de la actual estructura de preferencias de Lomé que se presentan en la región. Un criterio posible sería imitar la práctica actual del GATT según la cual se establecen diversos plazos para la desincorporación gradual de estructuras de preferencias a diferentes grupos de países dentro de la región. Los candidatos más evidentes para este enfoque diferenciado son los países del Caribe oriental, para quienes el futuro desmantelamiento del actual régimen del banano amenaza con desestabilizar toda la industria bananera. Ante la ausencia de exportaciones alternativas, este desmantelamiento tendrá consecuencias considerables en los ingresos de exportación, los compromisos de servicio de la deuda y los niveles de empleo.
Estas son vías que vale la pena explorar, no sólo por la Unión Europea sino también por las autoridades responsables de formular políticas. La incertidumbre actual de la UE en cuanto a la manera de llevar adelante su relación con el Caribe es una oportunidad para que los actores regionales contribuyan en la formulación de esta relación. Es una oportunidad que no debe desaprovecharse. A pesar de los riesgos, las relaciones futuras con Europa siguen siendo importantes para los objetivos de desarrollo de los países caribeños.
Además de los acuerdos de comercio existentes que aseguran la viabilidad de las industrias azucarera y bananera de la región, Europa constituye un mercado cada vez mayor para el sector turístico de la región. Se espera un mayor nivel de ingresos por concepto de las exportaciones de ron a la UE a raíz de la abolición de las cuotas de ron ligero. La ampliación de la UE después de 1996 abrirá también nuevas oportunidades de mercado para las exportaciones no tradicionales y otras exportaciones exóticas de la región. Más aún, con las nuevas oportunidades que se abren en Cuba y América Latina, la UE busca colocarse en una mejor posición para aumentar sus inversiones en la región.
Las autoridades caribeñas responsables de formular políticas deberán, por lo tanto, comenzar a planificar una estrategia que coloque a la región en una posición ventajosa que le permita aprovechar las oportunidades que surgen dentro del marco de una nueva relación con Europa. Para esta planificación se deberá proceder a una clara evaluación de todos los asuntos pertinentes. En primer lugar, lo más probable es que en una nueva relación entre la UE y el Caribe se contemple el final del trato preferencial y el establecimiento de la reciprocidad, medidas que se adoptarían en cumplimiento con el cronograma fijado en la Ronda Uruguay para desmantelar las barreras al comercio y volver a los principios fundamentales de la reciprocidad y la no discriminación en el comercio internacional.
Esta nueva situación implica severas restricciones para la capacidad de maniobra de los países caribeños dentro del contexto del diálogo Norte-Sur. La disolución de la Parte IV del GATT que hasta ahora había eximido a los países en desarrollo de la obligación general de acordar reciprocidad en las relaciones comerciales, sumada al período de entre cinco y diez años en el que la mayoría de los países menos desarrollados deberá desmantelar sus barreras arancelarias y otros obstáculos al comercio, han privado a los países del Caribe de una importante plataforma de negociación desde la cual hacían sus solicitudes de trato preferencial en las relaciones comerciales internacionales. Ha terminado la época del trato preferencial. La actitud de los países desarrollados durante las negociaciones de la Ronda Uruguay ofrece un claro indicio de que las relaciones comerciales del futuro incluirán el requisito de reciprocidad y de no discriminación.
Por todo lo anterior, cualquier estrategia futura de los países caribeños tendrá que hacer énfasis en la supervivencia sobre la base de la competitividad, principalmente porque la liberalización cada vez mayor de la economía mundial dará como resultado un mundo de acérrima competencia. Tener una estrategia resulta aún más importante en vista de la institución del Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA), prevista para el año 2005. Propuesta por primera vez durante la Cumbre de las Américas en Miami, celebrada en diciembre de 1994, la idea de un área de libre comercio para todo el continente americano se ha convertido en el principal punto de atención dentro de América Latina y el Caribe. De hecho, el tema de la adhesión al NAFTA ha perdido relieve en todas partes, incluso dentro de la Comunidad del Caribe, como resultado de la reunión ministerial de seguimiento de la Cumbre de Miami, celebrada en Denver en 1995, en la que se decidió que el libre comercio en el hemisferio se construiría "sobre la base de] los acuerdos sub-regionales y bilaterales existentes, de modo de ampliar y profundizar la integración económica hemisférica hasta lograr la convergencia de los acuerdos"4. El ALCA prevé la liberalización de las barreras al comercio de bienes y servicios, la eliminación de las restricciones para las inversiones, disposiciones sobre el libre movimiento de la mano de obra especializada, la armonización de las políticas fiscales y monetarias y el establecimiento de instituciones suprarregionales que administren los acuerdos y solucionen controversias.
En su conjunto, estos procesos implican un desafío para el Caribe, que se traduce en ajustes transitorios y en competitividad a largo plazo. El Caribe, por lo tanto, necesita idear una estrategia de desarrollo global capaz de incluir estos procesos. Dicha estrategia proveerá el marco general dentro del cual la región establecerá sus relaciones futuras no sólo con el Norte desarrollado sino también con los socios regionales de Centro y Suramérica.
V. Hacia una estrategia de desarrollo global para el Caribe
Como región acostumbrada a disfrutar de acuerdos comerciales preferenciales, la globalización del comercio en los próximos diez años plantea un número de riesgos y desafíos para los países del Caribe a corto y mediano plazos. Según estudios recientes sobre los efectos de la Ronda Urugay en los Estados ACP5, Trinidad y Tobago, Jamaica y Guyana se encuentran entre los diez perdedores potenciales más grandes como resultado del desgaste de las preferencias y del Acuerdo sobre Agricultura. Según cálculos del Banco Mundial6 las pérdidas totales de la región como consecuencia del NAFTA se ubican entre US$35 millones y US$53 millones, siendo los países más afectados la República Dominicana, Jamaica y Haití, seguidos de Dominica, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas. Estas pérdidas son resultado de la erosión de los beneficios comerciales bajo la CARIBCAN y la CBI, así como de la desviación hacia México de inversiones que hubieran podido hacerse en la región.
El mismo estudio destaca, sin embargo, que a pesar de las pérdidas a corto plazo, un crecimiento económico anual de entre 3,5 y 4% es alcanzable en la región hasta el fin de la década, siempre y cuando la región se reposicione para aprovechar las nuevas oportunidades. Cabe destacar que estas nuevas oportunidades existen en aquellos sectores en los que el Caribe ya posee, o comienza a poseer, algún grado de ventaja competitiva. La eliminación gradual del Acuerdo Multifibras (AMF) en los próximos diez años crea oportunidades para la expansión de las exportaciones de prendas de vestir de los países de la región que tengan una ventaja comparativa en esta área. Sin embargo, el motor del crecimiento futuro será cada vez más el turismo, así como otras industrias de servicios tales como la informática, los servicios financieros, las actividades de reexportación, los servicios médicos extraterritoriales, el ensamblaje de componentes electrónicos y otras áreas en las que pueda competir la región.
Una estrategia de desarrollo futuro deberá, por lo tanto, concentrarse en el reposicionamiento del Caribe dentro del orden económico global para aumentar al máximo las oportunidades que se presenten. En consecuencia, los objetivos clave de desarrollo deberían ser la diversificación de una estructura de exportación que ya no se base en la agricultura tradicional sino en aquellos sectores que tengan el mayor potencial de crecimiento dentro de los próximos 10 ó 15 años; el desarrollo de sectores privados nacionales y regionales que sean dinámicos y eficientes y, por último, la creación de una sólida base infraestructural, tanto física como humana.
En modo alguno se trata de propuestas nuevas. Sin embargo, el hecho de que haya que repetirlas dice mucho en sí. Se requiere urgentemente un nuevo compromiso de desarrollo de la competitividad en sectores no tradicionales si la región no quiere quedar marginada dentro del nuevo impulso hacia la globalización. A nivel nacional se requiere que las reformas al comercio aseguren que los recursos se muevan eficientemente hacia los sectores de crecimiento y que se eliminen las políticas discriminatorias del sector de los servicios. Todas estas acciones forman parte del impulso general hacia un desarrollo dirigido por el sector privado. De hecho, es el sector privado el llamado a liderar una economía cada vez más dinámica y emprendedora ya que estará a la vanguardia de los más novedosos enfoques sobre el desarrollo. La UE destacó claramente estos hechos dentro del contexto del examen de mediados de período de Lomé IV. El énfasis cada vez mayor en la cooperación descentralizada indica la creciente preferencia de los países desarrollados donantes por un diálogo descentralizado que se concentre más en el sector privado y en otros agentes económicos y sociales que en los gobiernos.
Dada la relativa inexperiencia de las instituciones del sector privado de la región en el área de la cooperación para el desarrollo, se precisa de una nueva asociación entre el sector privado y el sector público para identificar y ejecutar las estrategias que pretenden el logro del crecimiento y la competitividad en sectores no tradicionales. Dentro de este marco, las tareas más inmediatas consisten en identificar los mercados potenciales y ejecutar políticas ara atraer capital y tecnología extranjeros y fomentar el crecimiento de pequeñas y medianas empresas orientadas hacia la exportación. Será preciso también dirigir energías hacia la mejora de la productividad en los sectores existentes y el cumplimiento de las normas de seguridad, especialmente en las exportaciones agrícolas y de alimentos procesados.
Estas iniciativas deberán ser complementadas con acciones a nivel regional para llevar adelante el proceso de integración iniciado conforme al CARICOM e identificar áreas de cooperación dentro de un nuevo impulso hacia la competitividad. El Acuerdo de Cooperación Económica celebrado recientemente entre Barbados y la Organización de Estados del Caribe Oriental (OECO) constituye una de estas iniciativas. El acuerdo confiere prioridad a la cooperación en las áreas siguientes: el sector de los servicios, particularmente la informática; la inversión, el desarrollo de los servicios financieros, mercados e instituciones y la liberalización de los flujos de capital; la cooperación comercial, incluyendo el establecimiento de vínculos en el sector privado; y la cooperación técnica, particularmente el desarrollo de recursos humanos.
Iniciativas similares son necesarias no sólo dentro del CARICOM, sino también en el Caribe en general. A pesar de las oportunidades creadas por el programa POSEIDOM para la cooperación con los países del Caribe francoparlante, las relaciones con Guadalupe y Martinica siguen siendo mínimas. Una vez más, han sido los países de la OECO los que han tomado la iniciativa de entablar la cooperación económica con estos países. Ambas partes han realizado consultas, e incluso formado grupos de trabajo conjuntos, con el fin de examinar la posibilidad de ejecutar un amplio programa de cooperación. También han llegado a un acuerdo acerca del establecimiento de una Oficina de Facilitación Comercial conjunta entre la OECO y los DOM. Otros temas objeto de consideración incluyen la promoción conjunta del turismo en Europa, con Guadalupe y Martinica como puntos de entrada internacionales, así como la colaboración en materia agrícola, particularmente el cultivo del banano.
Estas iniciativas constituyen pasos en la dirección correcta. Sin embargo, aún falta por hacer para acordar con los países del Caribe en general mecanismos que faciliten la constitución de empresas mixtas y el intercambio de información y tecnología. La oportunidad de establecer esos lazos dentro del foro de la Asociación de Estados del Caribe (AEC) debe aprovecharse al máximo y en el menor tiempo posible si la región desea conquistar un espacio económico más competitivo y viable dentro del dinámico orden económico mundial; lo que pasa, en el corto plazo, por hacer frente al desafío inmediato de asegurar un compromiso real y los recursos adecuados para la organización.
En lo tocante a las relaciones futuras con Europa, el Caribe debería intentar canalizarlas hacia la facilitación de la competencia en sectores nuevos y en los existentes, así como en el fortalecimiento de la capacidad del sector privado regional, lo que se añade a los actuales esfuerzos de la UE por fortalecer la capacidad administrativa e institucional del sector público y mejorar la infraestructura física. En las propuestas preliminares7 se han destacado cinco grandes áreas en las que la UE y otros donantes internacionales pueden dar apoyo a la región, a saber: el fortalecimiento de la capacidad negociadora; la asistencia a los gobiernos en áreas de políticas, reforma legal y regulatoria y armonización; la formulación de planes de apoyo institucionales o de otro tipo para el sector privado; el fortalecimiento de las organizaciones regionales y, por último, el fomento de la asociación entre los sectores público y privado en la región.
La primera de estas propuestas centra la atención en lo que puede decirse es la limitación más grande para la región: el estado general de falta de preparación de los sectores tanto privadocomo público de la región que les permita participar de manera efectiva en la nueva generación de negociaciones comerciales conducentes al logro de acuerdos recíprocos. En este sentido, se ha puesto un énfasis particular en la necesidad de mejorar la capacidad del gobierno de evaluar el impacto de la liberalización y la reciprocidad en ciertos sectores y productos, así como en la formulación de posiciones y el desarrollo de una estrategia de negociación comercial. Propuestas similares han sido formuladas para el sector privado regional. En este caso se ha puesto el énfasis en dirigir el apoyo de la UE hacia el desarrollo de una capacidad de investigación que permita evaluar las repercusiones, definir los objetivos sectoriales y canalizar una visión del sector privado en negociaciones futuras con los gobiernos.
Estas proposiciones deben considerarse más pronto que tarde. A medida que los gobiernos y las organizaciones del sector privado comiencen a prepararse para las nuevas relaciones con la UE después de Lomé IV, surgirá la necesidad de formular posiciones de negociación basadas en análisis coherentes y en una clara evaluación de los intereses. Por tal razón, es preciso comenzar a trabajar desde ahora en la formulación de un equipo de negociación que pueda recurrir al apoyo de la UE en los próximos cinco años. Además de afinar y complementar las propuestas planteadas originalmente, este equipo de negociación deberá producir ideas sobre tipos de arreglos comerciales que concuerden con las prioridades de la UE y que sirvan a los intereses del Caribe.
El Caribe no puede darse el lujo de adoptar la actitud de quien espera a ver qué ocurre. Si bien cabe realizar todos los esfuerzos posibles para preservar los aspectos de la Convención de Lomé que sean valiosos para la región, también es importante comenzar a trabajar en la formulación de un cronograma para la eliminación gradual de los acuerdos comerciales preferenciales después del año 2000. Esta tarea deberá iniciarse dentro de un marco más amplio que tome en cuenta también el cronograma de la Ronda Uruguay para la eliminación de preferencias, así como la fecha estimada para la institución del ALCA. Este cronograma deberá ir acompañado de propuestas para la creación de nuevos mecanismos de cooperación que sirvan para apoyar la transición entre el comercio preferencial y la reciprocidad. En este sentido, resulta valiosa la sugerencia8 de estudiar los acuerdos de libre comercio existentes, como el celebrado entre Canadá y Estados Unidos o el NAFTA, en los que se incluyen disposiciones sobre arreglos transitorios para algunos sectores sensibles.
Entre tanto, los gobiernos caribeños deben comenzar a diversificar sus alianzas en Europa. Además de los socios tradicionales deben procurar atraer a los nuevos Estados miembros ya que éstos podrían permitir asegurar tanto los intereses existentes como los nuevos, además de ofrecer nuevas oportunidades de mercado. Esta estrategia es importante precisamente porque el centro del poder en la UE se está desplazando desde los socios tradicionales a los Estados miembros con los que los países del Caribe no tienen relaciones fuertes, lo que quedó demostrado claramente durante las deliberaciones sobre el régimen más satisfactorio para el banano del Caribe después de 1992. En este sentido, el sistema de votación dentro de la CE dio como resultado que la decisión final la tuvieran países con los que el Caribe no tiene fuertes nexos, en especial, Dinamarca, Irlanda y los Benelux. Una situación similar se dio durante las negociaciones recientes en torno al Protocolo del Ron. Una vez más, los países que demostraron una mayor voluntad para escuchar los argumentos planteados por el lobby caribeño fueron los países escandinavos, con los cuales la región no tiene fuertes vinculaciones.
Si el Caribe desea que su voz sea escuchada en Europa y si desea aumentar al máximo sus nuevas oportunidades de mercado dentro de una Europa en expansión, deberá comenzar a repensar su tipo de epresentación en Europa o utilizar el esquema existente para construir nuevos puentes de amistad. También deberá hacer esfuerzos para utilizar a plenitud las vías existentes de modo que la voz del Caribe pueda oírse en Europa. Entre estas vías se incluyen el Consejo Caribeño para Europa que, en sus tres años de existencia, ha demostrado su habilidad para defender y promover los intereses caribeños en Europa. El Parlamento Europeo, al que tienen acceso especial los gobiernos regionales y sus representantes a través de la Asamblea Conjunta ACP-UE, es también un foro valioso mediante el cual la región puede intentar defender sus diversos intereses. Otras vías incluyen las organizaciones no gubernamentales europeas que han demostrado un interés especial en las relaciones establecidas conforme a la Convención de Lomé.
Es importante también que los gobiernos caribeños y sus representantes utilicen las reuniones regionales de los Estados ACP en los próximos cinco años como foro significativo dentro del cual la región pueda comenzar a influir en la conformación futura de las relaciones entre la UE y el Caribe. En realidad, los próximos cinco años de cooperación según la Convención de Lomé serán cruciales. Por lo tanto, cabe realizar cualquier esfuerzo para aumentar al máximo los beneficios existentes en virtud de la Convención.
Las negociaciones para el establecimiento de una nueva relación que sustituya a Lomé IV probablemente comiencen en 1998, lo que significa que los gobiernos del Caribe y sus socios del sector privado disponen de menos de cinco años para crear un consenso que proporcione la base para un enfoque común de los temas regionales y nacionales en el contexto de una nueva relación con Europa. Más que nunca, este es el momento para la acción.
NOTAS
1. Con excepción de Haití, Guyana, Suriname y Belice.
2.Este punto se desarrollará a medida que avance el informe.Véase H. Gill, The Association of Caribbean States: Prospects for a "Quantum Leap", North-South Agenda Papers, No. 11, enero de 1995.
3. Cumbre Ministerial del Comercio de las Américas, Denver, Colorado, 30 de junio de 1995. Declaración conjunta final, mimeo, par. 2 (citado en Gill, Hess y Pellerano, A new strategy to promote regional integration in the Caribbean region, proyecto de informe preparado a nombre de la Comisión Europea (octubre de 1995).
5. Citados en el Informe sobre el Caribe y Centroamérica, 18 de mayo de 1995.
6. Véase Gill, Hess y Pellerano, A new strategy to promote regional integration in the Caribbean region, proyecto de informe preparado a nombre de la Comisión Europea, octubre de 1995.
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