Globalización, Comercio e Integración
Edición Nº 45
Enero - Marzo. 1996
Comercio Internacional: el escenario
post Ronda Uruguay
Secretaría Permanente del SELAI. El escenario al concluir la Ronda Uruguay
Al iniciarse la Ronda Uruguay, en 1986, existía gran expectativa por la importancia de los acuerdos que se aspiraba alcanzar en términos de apertura de los mercados. Se decía que la Ronda debía diseñar el sistema de comercio internacional del siglo XXI, desmantelando barreras e introduciendo normas, es decir, superando las insuficiencias de las negociaciones llevadas a cabo hasta ese momento en el marco del GATT. También había mucho temor, en América Latina y el Caribe, por la introducción, en esa fecha, de áreas «nuevas» en las negociaciones comerciales, para las cuales faltaba información y preparación técnica: propiedad intelectual, medidas de comercio vinculadas a inversiones y servicios.
Hoy en día, paradójicamente y a pesar de siete años de negociaciones complicadas para todas las partes, parece estarse gestando un proceso similar al de los años previos al inicio de la Ronda: se argumenta en torno a la necesidad de normas multilaterales que regulen el comercio actual y futuro en sus nuevas características (que la Ronda Uruguay no pudo abordar), mediante la preparación de negociaciones en los llamados «nuevos» temas del comercio. Es muy probable que, antes del año 2000, se organice otra Ronda de negociaciones en el marco de la OMC. Por consiguiente, urge preparar ese escenario, aún cuando apenas ha comenzado la instrumentación de los resultados de la Ronda recién finalizada.
II. Los resultados generales de la Ronda Uruguay
El logro más importante de la Ronda Uruguay ha sido el fortalecimiento institucional del sistema de comercio. El mecanismo de solución de controversias será un instrumento multilateral fundamental para que los países en desarrollo logren contrarrestar las medidas unilaterales de los grandes socios comerciales, más propensos al unilateralismo.
Desde el punto de vista de la apertura de mercados, la Ronda Uruguay ha sido sólo modestamente favorable. En los países desarrollados, las reducciones de aranceles logradas sobre los bienes industriales son del 38 por ciento en promedio, excepto para las importaciones de países en desarrollo, para las cuales son del 34 por ciento. Los productos industriales con reducciones de aranceles relativamente bajas incluyen a los textiles e indumentaria; cuero, goma y calzado; pescado y derivados. Esto sigue el patrón de las rondas previas, según el cual los productos que son comercializados sobre bases intrafirmas o intraindustria, y principalmente entre países industriales, se benefician de un grado considerablemente mayor de reducción arancelaria que los productos comercializados sobre bases inter-industriales, de las cuales los países en desarrollo son los principales proveedores. Hubo también algún progreso en la reducción del escalonamiento arancelario por grado de procesamiento; no obstante, no fue eliminado significativamente, reteniendo importancia el cuero, tabaco, café, té, cacao y frutas tropicales.
Sin embargo, resulta difícil, por el momento, evaluar en forma más precisa (y cuantitativa) los resultados de la Ronda, no sólo porque los acuerdos alcanzados apenas entraron en vigencia el 1º de enero de 1995 y prevén, en muchos casos, una aplicación progresiva, sino también porque gran parte de los compromisos se refiere a las medidas no arancelarias, cuya eliminación no ha sido total y cuyo impacto dependerá del uso que se haga de ellas en la práctica. Además, es aleatorio hacer pronósticos en cuanto a volúmenes potenciales de comercio porque los productos más sensibles (que han sido objeto del maor grado de proteccionismo) serán los últimos para los cuales las barreras serán desmanteladas. En definitiva, el impacto real de la apertura arancelaria dependerá de la aplicación de las medidas no arancelarias.
En efecto, las medidas no arancelarias siguientes no han sido totalmente eliminadas en la Ronda (o se ha establecido un cronograma de eliminación muy lento), y siguen dejando margen a las acciones unilaterales:
- La eliminación del Acuerdo Multifibras (AMF) es extremadamente lenta. Casi el 50 por ciento de todo el comercio seguirá regulado por el AMF aún siete años después de la entrada en vigencia de las nuevas disposiciones; y las salvaguardias especiales permitidas durante el período de transición pueden hacer aún más lenta la liberalización efectiva.
- En agricultura, si bien, por primera vez en la historia del GATT, el sector estará incluido dentro del marco de las disciplinas comerciales internacionales, en la práctica, las liberalizaciones y reducciones de subsidios acordadas están escalonadas a lo largo de al menos seis años (para los países desarrollados). También en este sector hay salvaguardias especiales permitidas cuando los embarques son hechos a precios por debajo de ciertos niveles de referencia o cuando hay una oleada repentina de importaciones. Estas salvaguardias especiales, según la forma en que sean administradas en la práctica, pueden ser una «puerta trasera» para la reinserción de prácticas antiliberales del pasado, tales como el uso de los aranceles variables europeos. La relativa facilidad del recurso al arancel anti-dumping ha sido la laguna principal de la Ronda Uruguay. La naturaleza crecientemente detallada de las regulaciones anti-dumping facilita su abuso como herramienta de protección eventual, principalmente contra pequeños exportadores sin capacidad de defenderse. Cabe esperar un recrudecimiento de las acciones anti-dumping, y un vuelco generalizado de las medidas de protección hacia este recurso, en tanto y en cuanto es, en términos relativos, la medida menos reglamentada de la OMC. En la relativa facilidad del recurso anti-dumping y en la no consolidación del SGP están los eslabones más débiles del sistema de comercio en cuanto a los países de la región toca.
A estas medidas se añaden otras barreras no arancelarias que no fueron abordadas en la Ronda, y que se están convirtiendo en nuevas formas de proteccionismo: la normativa ambiental, fitosanitaria, las normas de origen, de etiquetado y las normas técnicas.
El éxito de la Ronda en materia de oportunidades de comercio dependerá no sólo del cumplimiento de los compromisos (en particular, por parte de los países que han asumido la liberación más amplia), sino también de la difusión, a nivel de funcionarios gubernamentales y de empresarios, de sus resultados, tanto para garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos como para identificar nuevas oportunidades de negocios. Se podría proponer a los países que más se han comprometido a eliminar subsidios que una porción de los recursos liberados (por ejemplo, el 1%) sea destinada a la constitución de un fondo multilateral, administrado conjuntamente por la UNCTAD y la OMC, destinado a financiar la labor de difusión y capacitación en materia de resultados de la Ronda.
III. La agenda del comercio mundial en los próximos años
Se puede afirmar que la Ronda no ha sido exitosa en anticiparse a los acontecimientos y envisualizar el sistema de comercio del futuro. Tanto sus resultados como su enfoque -básicamente sectorial, donde las negociaciones se han llevado a cabo en temas por lo general independientes los unos de los otros- no reflejan la tendencia a privilegiar la interrelación entre los temas (incluso los «para-comerciales») y la armonización de las políticas internas antes que los aranceles. De allí la constatación, sobre todo por parte de los países de la OCDE, de que existe un «desfase» entre los resultados de la Ronda y los avances de la realidad.
El «desfase» más grave entre los resultados de la Ronda y la evolución del comercio internacional se está haciendo patente con la aparición de temas «nuevos» o «emergentes» que no fueron ni siquiera marginalmente tratados en la Ronda. El argumento esgrimido por los defensores de estos temas es que, para el sector privado, la liberación arancelaria no es suficiente para eliminar las distorsiones en el acceso a los mercados generadas por determinadas políticas nacionales. En efecto, las decisiones de las empresas en materia de comercio e inversión toman en cuenta no sólo las barreras arancelarias existentes sino también factores colaterales tales como la situación macroeconómica, la legislación laboral, la normativa ambiental, los marcos regulatorios de la competencia, etc.
Esos factores que no tienen, a primera vista, vínculo alguno con las transacciones comerciales, pero que sí las afectan, están condicionados por políticas nacionales que hasta la fecha escapan a la disciplina de instrumentos multilaterales. Aquí se evidencia uno de los mayores impactos de la globalización: la soberanía nacional tiende a minimizarse a medida que se plantea, en el ámbito multilateral, pero también a nivel hemisférico y de los esquemas de integración subregional, la armonización de normas y políticas tradicionalmente definidas sólo a nivel nacional. Los «nuevos» temas del comercio tienen por objeto un «nivelamiento» de las políticas nacionales que se encuentran al margen del comercio pero que inciden sobre los flujos de bienes, servicios y capitales, y por ende, sobre la globalización.
Es evidente que el ajuste que implicaría la adopción de normas multilaterales en materias económicas internas es mucho más amplio que la simple reducción de aranceles o la eliminación de subsidios puntuales: así, por ejemplo, conceptos tales como «gradualismo», «flexibilidad», y umbrales de minimis más generosos para exportadores pequeños tendrían un significado muy especial en este ámbito.
No existe una agenda contentiva de los «nuevos» temas del comercio y sería por lo tanto extemporáneo hablar del eventual contenido de la próxima ronda de negociaciones comerciales. Sin embargo, un listado tentativo, basado en los temas que se están actualmente considerando a nivel técnico en algunas capitales, organismos o centros de reflexión y análisis, incluiría principalmente los siguientes:
1. El comercio de servicios
El primer ejemplo concreto de «desfase» se registra en relación con el comercio de servicios: este sector abarca las corrientes de intercambio más dinámicas, inclusive entre los países en desarrollo, pero la Ronda se limitó a negociar un acuerdo marco (el GATS) muy general. Ahora, a medida que en la OMC avanzan los trabajos técnicos y las negociaciones en materia de servicios (financieros, en particular), se evidencia la necesidad de abarcar el tema del comercio de servicios en su contexto, es decir en sus vinculaciones con el régimen de inversión extranjera, con la apertura de los sistemas financieros, con las licitaciones y compras gubernamentales, y con las legislaciones y políticas en materia de competencia.
Por otra parte, si bien la liberalización del sector servicios a nivel nacional y del comercio internacional corespondiente augura muchos beneficios, también es cierto que es un sector aún poco conocido e inexplotado en muchos países en desarrollo: existe carencia de información, diagnósticos, políticas sectoriales y recursos humanos capacitados. Esa carencia se complica por el hecho de que existen enormes diferencias entre las distintas actividades de servicios (las telecomunicaciones tienen poco en común con los seguros, por ejemplo). También hay carencia de conocimientos en materia de regulación y libre competencia en ese sector: la privatización está permitiendo avanzar en este sentido, pero es mucho lo que falta por hacer para intercambiar información y experiencias antes de poder fomentar un comercio equitativo de servicios.
Por consiguiente, luce prematuro plantear la eventualidad de normas multilaterales adicionales a las del GATS. La prioridad para el corto plazo debería ser la instrumentación del GATS y la evaluación de su impacto y eventualmente (tal como se está haciendo en materia de servicios financieros y de telecomunicaciones), avanzar en aquellos sectores donde es factible y útil determinar normas multilaterales específicas, considerando las características propias del sector. Sin embargo, es inevitable reconocer que este acuerdo marco, en algún momento, deberá ser perfeccionado y ampliado, por ejemplo en lo que se refiere al trato de la nación más favorecida, a las listas de servicios negociables, al trato nacional o a los calendarios de compromisos.
Aquí es necesaria la acción multilateral coordinada para apoyar y evaluar la instrumentación del GATS y su vínculo con los acuerdos TRIPs (sobre propiedad intelectual) y TRIMs (sobre comercio e inversiones); avanzar en la tarea de identificación de los servicios nacionales competitivos o vulnerables e intercambiar experiencias en materia de regulación y competencia, en vista de eventuales negociaciones complementarias al GATS o relativas a determinados sectores (en particular, seguros, servicios profesionales y turismo).
2. Comercio e inversiones
El acuerdo TRIMs concluido en la Ronda Uruguay está transitando un camino similar al del GATS. En la OCDE es considerado «insuficiente», ya que no se refiere a los regímenes de inversión en su globalidad sino a las medidas directamente relacionadas con el comercio y no sustituye los numerosos acuerdos bilaterales en materia de protección de inversiones. La OCDE está preparando un «Acuerdo Multilateral de Inversiones» que estaría abierto a la adhesión de los países no miembros a partir de 1997 y que ampliaría la liberalización prevista en el régimen actual de inversiones de la OCDE (incluyendo trato nacional y nación más favorecida, mecanismos de solución de controversias, normas sobre propiedad intelectual, etc.).
Suponiendo que se llegue a determinar con claridad la necesidad de un texto multilateral global sobre inversiones, basado en las mejores normas contenidas en los acuerdos bilaterales, el primer planteamiento se refiere al foro en el cual debería negociarse: la OMC pudiera ser una primera instancia, en la medida en que se decida que la ampliación del actual TRIMs es un paso previo válido antes de definir una normativa global sobre inversiones. Pero en segunda instancia y una vez superada la ampliación del TRIMs, pudiera ser apropiado considerar la materia en su contexto interno y externo, y sobre todo, para evitar que las normas sobre inversiones se vinculen a sanciones comerciales y evitar que los países lleven a cabo una competencia autodestructiva para atraer inversiones.
3. Políticas de competencia
Las normas y políticas relativas a la libre competencia representan una dimensión nueva e importante del acceso a los mercados que todavía no ha producido una respuesta internacional. Además de su limitada apariión en la agenda de algunos esquemas de integración subregional en América Latina y el Caribe, este tema se planteará en el corto plazo a nivel de las negociaciones hemisféricas para una zona de libre comercio de las Américas. Mientras tanto, la OCDE está adelantando un importante trabajo técnico en esta materia.
Las eventuales negociaciones hemisféricas y multilaterales para intentar una armonización de las políticas de competencia se vislumbran complicadas, debido a los intereses que están en juego, a la limitada experiencia práctica (en América Latina y el Caribe, sólo 9 países tienen una legislación sobre competencia) y a la complejidad del tema. En efecto, para algunos, su tratamiento está íntimamente vinculado al acceso a los mercados y a los regímenes de inversión extranjera. Para otros, negociar el tema significa, en primera instancia, evitar un nuevo proteccionismo que se puede disfrazar mediante medidas anti-dumping, por ejemplo, ya que la Ronda Uruguay no dilucidó este terreno, y en segunda instancia, la libre competencia es un asunto de interés público por su vínculo con la protección del consumidor. El camino ideal es eliminar el régimen anti-dumping y tratar el tema de la fijación desleal de precios por parte de las firmas extranjeras dentro de la esfera de acción de las políticas de competencia.
De allí la importancia de un trabajo preparatorio con base en lo que se ha venido haciendo en materia de prácticas comerciales restrictivas, materia que, al restringirse al comercio desleal, amerita ser ampliada para abordar todos los aspectos de la libre competencia, incluyendo la protección del consumidor. El código voluntario preparado en el marco de la UNCTAD («Conjunto de Principios y Normas Convenidos Multilateralmente para el Control de las Prácticas Comerciales Restrictivas») constituye un antecedente muy útil al respecto.
4. Comercio y medio ambiente
Es probable que, en los próximos meses, se inicien negociaciones en la OMC sobre esta materia, debido a las presiones del «consumismo verde» en los países industrializados y a la multiplicación de conflictos comerciales vinculados a normas ambientales. La aparición del tema plantea un reto tanto en términos de negociación como en términos de reorganización productiva.
El reto negociador se refiere principalmente a los conceptos y metodologías que se aplicarán a este tema y que sentarán un precedente para la eventual armonización de políticas en otros «nuevos» temas. El punto neurálgico es la posibilidad de legitimar el uso de medidas comerciales para fomentar métodos y procesos de producción ecológicamente sustentables. En este contexto deberá darse prioridad a la identificación de medidas positivas para apoyar la internalización de los costos ambientales.
El reto de la reorganización productiva es igualmente complejo, porque se añade a la reconversión industrial impuesta por la globalización, y porque plantea dificultades específicas de transferencia de tecnología (las tecnologías «limpias») y en definitiva, de financiamiento de dicha reconversión, todo ello en el contexto más amplio del desarrollo sustentable. Además, al igual que en materia de libre competencia, el manejo de normas ambientales requiere una capacidad regulatoria que es muy deficiente en la mayoría de los países en desarrollo, y que ni siquiera alcanza a vigilar el cumplimiento de normas nacionales mínimas.
Por consiguiente, el tema comercio/medio ambiente es un ejemplo preciso de área donde se requiere un enfoque multidisciplinario, que incluye también el vínculo con los derechos de propiedad intelectual. En efecto, el vínculo con TRIPs se da principalmente en el tema del patentamiento de plantas y animales y de los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas y animales (por ahora excluido delTRIPs) y los microorganismos (incluidos en el TRIPs). Este punto del TRIPs será objeto de examen cuatro años después de la entrada en vigor de la OMC, es decir en 1999. Ante una eventual negociación multilateral, es importante que siga profundizándose en los aspectos multidisciplinarios del tema, tales como: el contexto del desarrollo sustentable; los efectos de las políticas ambientales sobre el comercio y la competitividad (en particular para la pequeña y mediana empresa); la exportación de productos contaminantes prohibidos en determinados mercados; los subsidios dañinos a la protección ambiental; el ecoetiquetado, etc. Los estudios nacionales también constituyen una contribución importante al conocimiento del tema. En relación con el financiamiento de la reconversión industrial, sería importante que el Fondo Global del Ambiente (Global Environment Fund) incluya proyectos de apoyo a empresas exportadoras de productos considerados contaminantes.
5. El «dumping social»
La propuesta de tratar el vínculo entre el comercio y las normas laborales fue planteada poco antes de la conclusión formal de la Ronda Uruguay, partiendo del argumento de la erosión de las oportunidades laborales para los trabajadores de las economías industrializadas debido a la competencia de los países con mano de obra barata. En general, el enfoque predominante aplicado al tema ha sido parcial y sesgado, obviando considerar múltiples factores. Regular esta competencia y vincularla al comercio equivaldría a eliminar una de las principales ventajas de los países en desarrollo. Además, las disciplinas internacionales exigen la libre circulación de bienes, servicios, capitales e información, mientras que otro factor económico fundamental -el trabajo- no tiene igual libertad de circulación en los países industrializados.
Por otra parte, se plantea el problema del foro apropiado para un eventual tratamiento del tema, que no fue incorporado en el programa de trabajo de la OMC. Mientras tanto, en junio de 1994, se estableció, en la Organización Internacional del Trabajo, un grupo de trabajo que examinará las dimensiones sociales de la liberalización del comercio internacional. En el corto plazo, si bien no se vislumbran posibilidades concretas de que este tema sea objeto de negociaciones vinculadas al comercio, continuarán las presiones en ese sentido.
6. Las compras gubernamentales
Este es probablemente el tema menos «nuevo» de la agenda post-Ronda Uruguay y el más directamente vinculado al comercio propiamente dicho, sobre todo, de servicios. El tratamiento multilateral de este tema -que ya se está preparando en la OMC- implicaría básicamente la definición de normas que garanticen la transparencia y no discriminación en los procesos de compras gubernamentales. En definitiva, se trata de una ampliación de la libre competencia y debería ser incluido en ese contexto. La experiencia adquirida a través de las privatizaciones (que requieren licitaciones transparentes y marcos regulatorios no discriminatorios) y la lucha contra la corrupción estimularán el avance de este tema en la agenda de la OMC.
7. El concepto de "contestabilidad" ("contestability") internacional de los mercados
En la concepción de los trabajos que se adelantan en la OCDE, un mercado es «contestable» a nivel internacional «cuando las condiciones de competencia que ofrece permiten un acceso irrestricto a bienes, servicios, ideas, inversiones y hombres de negocios provenientes del exterior, de tal manera que puedan competir en términos iguales o comparables a los de los competidores locales.» (OECD, TD/TC/WP(95)55, sept. 95).
Este concepto implica que la rivalidad entre firmas no sufra distorsión alguna por parte de los gobiernos; el concepto permite también evaluar las vinculaciones entre todas las políticas que inciden sobre el acceso al mercado. En este orden de ideas, se estaría gestando en la OCDE un índice que permita jerarquizar los países en función de su cumplimiento de la «contestabilidad», o en otros términos, en función de su grado de apertura a la globalización en todos sus aspectos. El concepto (y un eventual índice) tiende, por consiguiente, a trascender la noción de competencia y puede convertirse en una herramienta en las negociaciones en favor de una armonización acelerada y global de varias políticas domésticas a la vez, haciendo abstracción de las asimetrías entre los países o de sus ventajas comparativas. El tema amerita un cuidadoso seguimiento desde el punto de vista tanto técnico como político en el contexto de los «nuevos» temas del comercio.
8. El manejo general de los «nuevos» temas del comercio
Cabe señalar que varios de los «nuevos» temas, aunque sean básicamente promovidos por algunos países industrializados, también son de interés para los países en desarrollo, en la medida en que permitan consolidar la apertura y la transparencia de mercados logradas en la Ronda Uruguay y apoyar los esfuerzos individuales de modernización económica. Es el caso, en particular, de temas como las políticas de competencia, las compras gubernamentales o el comercio y medio ambiente. Otros, en cambio, como el «dumping social», o las simplificaciones e injusticias que pueda implicar el concepto de «contestabilidad», deben ser claramente rechazados.
Es obvio que en cualquiera de estos temas -incluso en aquellos que podrían ser de interés para América Latina y el Caribe- habrá que evitar tres riesgos principales:
- En primer lugar, el riesgo de que la armonización de políticas se defina mediante criterios que ignoran las asimetrías. La eventualidad de someter las políticas nacionales a la disciplina multilateral implica no sólo establecer criterios uniformes para todos los países, sino también aceptar que esas políticas puedan ser objeto de diferendos comerciales y de sanciones. La armonización de políticas debería buscarse acordando ritmos diferenciados de adecuación a los compromisos, en función de la capacidad de cada país.
- En segundo lugar, el riesgo de que varios de estos «nuevos» temas se transformen en nuevas formas de proteccionismo: el caso del vínculo entre comercio y medio ambiente ya es conocido, debido al uso de normas ambientales aplicadas a importaciones con fines de protección de la industria local (por ejemplo el atún o la gasolina reformulada).
- En tercer lugar, el riesgo de ampliar en forma virtualmente ilimitada los instrumentos de comercio multilaterales, con el subsiguiente riesgo de dispersión y generalidades, además de poner en jaque la credibilidad y eficiencia de los mecanismos multilaterales que tanto costó lograr.
IV. La agenda específica de los países en desarrollo
A estos «nuevos» temas los países en desarrollo deberían añadir sus propias prioridades, que sería oportuno analizar y eventualmente incluir en una agenda de futuras negociaciones globales. Pero en primer lugar, como principio general, el cumplimiento de los resultados de la Ronda es más importante que la introucción de «nuevos» temas, y es en este campo donde debería concentrarse el esfuerzo multilateral. Asimismo, es prioritario el tratamiento de las barreras no arancelarias aún toleradas después de la Ronda, así como la vigilancia de los compromisos agrícolas (las negociaciones de 1999 en esta materia deberían lograr mayores reducciones de los subsidios y de los aranceles agrícolas). Otros temas de interés específico para los países en desarrollo son los siguientes:
1. El comercio de los productos básicos
Si bien es cierto que la Ronda Uruguay representa un avance importante en la liberación del comercio de los productos básicos, quedan vigentes los problemas estructurales de este comercio, que no se limitan a niveles arancelarios: los productos básicos son los que más carecen de recursos financieros y tecnológicos para promover su competitividad internacional y compensar, al menos en parte, la crónica caída de los precios. Cabe recordar que los productos básicos representan aproximadamente la mitad de las exportaciones de América Latina y el Caribe (el 80% para al menos siete países de la región).
La UNCTAD debería seguir y ampliar su labor en este campo, enfatizando la necesidad de mejorar la productividad mediante financiamiento y tecnología: sería interesante evaluar el volumen y la calidad de los préstamos multilaterales o bilaterales destinados a apoyar la exportación de los productos en el contexto de la caída de los precios internacionales, de los resultados de la Ronda Uruguay y de la erosión de los sistemas de preferencias. También es importante analizar el papel de la inversión extranjera directa en la producción de ciertos productos básicos más competitivos y sus aportes en tecnología y productividad. Otro tema que la UNCTAD podría analizar es el que se refiere a la erosión de las preferencias en lo que respecta a los productos básicos en comparación con la apertura acordada en la Ronda Uruguay, así como el funcionamiento del Fondo Común para Productos Básicos y las posibilidades de adaptarlo al contexto post-Ronda.
Asimismo, la cooperación técnica, en particular entre productores y consumidores de productos básicos, es un elemento importante a la hora de elaborar políticas que tomen en cuenta las necesidades particulares de los países en desarrollo y las características de un producto en particular. Esta cooperación debe incluir la participación de las fuerzas del mercado, del sector privado y de expertos, y abarcar temas tales como la promoción de tecnologías «limpias» y más eficientes, los controles de calidad, el manejo de la información y del riesgo, y la transformación de los productos básicos en productos más elaborados.
2. El vínculo comercio/moneda/finanzas
El mayor peligro de eventuales injusticias y apresuramientos en el tratamiento de los «nuevos» temas no vendrá de los criterios de armonización que se adopten, sino más bien de la ausencia de disciplinas multilaterales similares en áreas más directamente vinculadas al comercio, es decir, las políticas monetarias y cambiarias y el acceso al capital.
En efecto, mientras se adelantan los preparativos técnicos y las presiones políticas para «nivelar» las condiciones nacionales que inciden sobre el acceso al mercado, se siguen dejando de lado las políticas macroeconómicas que inciden sobre el funcionamiento del comercio mundial, es decir, en primera instancia, las de los países industrializados miembros del G.7. Como se mencionó anteriormente, el vínculo comercio/moneda/finanzas debería ser una piedra angular en el concepto de la gobernabilidad económica internacional.
3. El regionalismo y su articlación con el multilateralismo
Dependiendo de la manera en que se conformen en relación con terceros países, los acuerdos regionales pueden ser contradictorios con el multilateralismo: estas dos tendencias conviven y en el futuro seguirán consolidándose, ya que son producto del aumento del intercambio y responden a intereses irrenunciables. La OMC es el organismo encargado de perfeccionar el multilateralismo, pero al mismo tiempo proliferan los acuerdos regionales de todo tipo, que tienden cada vez más a cubrir temas para-comerciales y a la armonización de políticas económicas.
En este sentido, en lugar del Trato de la Nación Más Favorecida -principio básico del multilateralismo comercial consagrado en el GATT- el artículo 24 del Acuerdo General de 1947 permite el trato preferencial entre miembros de esquemas regionales. En virtud de que esa disposición fue concebida pensando en el trato arancelario y en sus efectos sobre la creación o desviación del comercio, y que hoy en día existen otras medidas cuya aplicación preferencial entre miembros de un acuerdo tiene un efecto discriminatorio frente a terceros, sería conveniente revisar el artículo 24 para evitar que un esquema pueda adoptar medidas no arancelarias discriminatorias frente a terceros. En las negociaciones de la Ronda Uruguay se decidió mantener ese artículo, pero reforzando la vigilancia de sus criterios. Aún así, es muy poco lo que se logró avanzar en este sentido.
4. El «dumping financiero»
Los países en desarrollo deberían plantear el concepto de «dumping financiero» en el comercio internacional de servicios, basándose en el argumento de que los mecanismos de financiamiento a los cuales tienen acceso las empresas de los países industrializados al participar en licitaciones o al penetrar mercados pueden considerarse «dumping» o incluso una forma de subsidio. Este tema debería ser tratado en el marco de la libre competencia, del comercio de servicios y de las compras gubernamentales.
En conclusión, el sistema de comercio post-Ronda Uruguay se vislumbra sumamente complejo, pero a la vez, la complejidad es fuente de nuevas oportunidades. Parte del reto deben asumirlo las empresas de América Latina y el Caribe, pero otra parte muy importante le corresponde a una nueva generación de negociadores comerciales que ya no sólo sean técnicos arancelarios, sino también expertos en medio ambiente, en inversiones, en propiedad intelectual o en legislación antimonopolios. En el ámbito interno, la coordinación interministerial, que ya se mencionó anteriormente, es particularmente importante en una materia tan interdisciplinaria como el comercio del siglo XXI.
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