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La
Secretaría Permanente del Sistema Económico Latinoamericano (SELA), en apoyo a la Reunión regional de América
Latina y el Caribe (ALC) preparatoria de la Conferencia de Alto Nivel del
Grupo de los 77 sobre Cooperación Sur – Sur, presenta este documento que
intenta hacer una valoración crítica sobre algunos elementos de aplicación de
los compromisos adoptados en el Consenso de Monterrey, y sugerir algunas
iniciativas a adoptar por ALC en el contexto del Grupo de los 77 para lograr
el cumplimiento satisfactorio de los objetivos asumidos y las Metas del
Milenio. En este documento se sintetizan
los elementos fundamentales consensuados en la Conferencia Internacional
sobre la Financiación del Desarrollo, llevada a cabo bajo los auspicios de la
Organización de Naciones Unidas, en Monterrey, México en marzo/2002. Se procede posteriormente a un
análisis del estado actual del debate respecto a la aplicación de los
compromisos adoptados y al final se sugieren líneas de acción para la región
al respecto. Este aporte del SELA tiene como
finalidad servir de guía inicial para el seguimiento de la cooperación por
parte de los Estados Miembros en una problemática tan trascendente como la
del financiamiento al desarrollo en las condiciones actuales. De esta manera, la Secretaría Permanente identifica
mecanismos e iniciativas que pudieran viabilizar la puesta en práctica de los
acuerdos, y establecer prioridades con fines de ejecución en la cooperación
entre países en desarrollo dentro de este campo. II. ANTECEDENTES Y VALORACIÓN GLOBAL[1] El
“Consenso de Monterrey” resume las posiciones acordadas respecto al tema del
Financiamiento para el Desarrollo de la Conferencia Cumbre que bajo los
auspicios de las Naciones Unidas tuvo lugar del 18 al 22 de marzo/2002, en la
ciudad mexicana de igual nombre. La cuestión del financiamiento
para el desarrollo era el gran tema cuya discusión no había sido abordada y
que se vinculaba a los múltiples compromisos adoptados por los estados
miembros en las diversas Conferencias Internacionales de las Naciones Unidas
celebradas durante el decenio pasado. Paradójicamente, el cumplimiento de tales
compromisos globales dependía – en gran medida – del nivel de recursos que se
destinaran para apoyar los esfuerzos de desarrollo, el cual era y continúa
siendo insuficiente. Un reclamo permanente del
Grupo de los 77 era que el foro multilateral para discutir esta problemática
se realizara al más alto nivel. En 1999, durante el 54 período de sesiones de
la Asamblea General de las Naciones Unidas, se aprobó la resolución 54/196
que decidió establecer un Comité Preparatorio Intergubernamental - abierto a
todos los Estados Miembros - para comenzar a debatir sobre dicha
problemática, y considerar formas innovadoras y mecanismos posibles para que
todos los participantes relevantes en el proceso del financiamiento al
desarrollo pudieran contribuir al mismo. Los temas de la agenda considerados en el análisis fueron: 1.
Movilización de recursos
financieros internos para el desarrollo. 2.
Movilización de recursos
internacionales para el desarrollo: inversión extranjera directa y otras
corrientes privadas. 3.
Comercio internacional. 4.
Aumento de la cooperación
financiera internacional para el desarrollo, entre otros mediante la
Asistencia Oficial para el Desarrollo (AOD). 5.
Deuda Externa. 6.
Solución de los problemas
sistémicos. El Consenso de Monterrey representa,
sin lugar a dudas, un paso de avance en el tratamiento de la problemática del financiamiento
al desarrollo en las actuales condiciones, y puede ser visualizado como un
compromiso de la comunidad internacional en relación con este crucial tema. El documento aprobado reconoce en
primer lugar la preocupación central de la comunidad internacional por la
disminución que han venido experimentando los recursos internacionales para
apoyar el desarrollo; reitera que el logro de las metas del desarrollo
requiere una nueva alianza entre países donantes y receptores y entre todos los organismos,
agencias e instituciones públicas y privadas vinculadas a las finanzas, el
comercio y el desarrollo internacional. Igualmente, el documento plantea con
énfasis que en una economía mundial cada vez más interdependiente resulta
imprescindible un enfoque integral con relación a los problemas nacionales,
internacionales y sistémicos de la financiación para el desarrollo. En el proceso preparatorio, y en el
marco de la conferencia misma, se produjeron ciertas modificaciones en las
posiciones que previamente habían asumido algunos gobiernos e instituciones
con respecto al tema del financiamiento. De particular relevancia resultó – por el peso que tiene ese país en
cualquier problemática mundial – la promesa del gobierno de Estados Unidos y
de algunos países de aumentar su compromiso de canalización de recursos
financieros a favor del desarrollo. En el caso de la Unión Europea (UE), a
través de los Compromisos de Barcelona, se reiteraba el propósito de ese
bloque de aumentar perceptiblemente sus fondos destinados a la ayuda al
desarrollo. El Consenso de Monterrey, sin embargo,
contiene algunas formulaciones complejas que requieren un análisis permanente
de la instrumentación de sus propuestas y el replanteo de algunas de ellas a
partir de las experiencias que se acumulen en lo adelante. Es un documento
que reconoce simultáneamente la corresponsabilidad de los países
industrializados, y el alto nivel
de responsabilidad individual de los países en desarrollo para alcanzar las
metas propuestas de bienestar económico y social para la mayor parte de la
Humanidad que vive y se reproduce en los países del Sur. Igualmente, es de destacar que, como
corresponde a todo documento consensuado en el contexto de las Naciones
Unidas, se plantean recomendaciones generales para solucionar los problemas
que no siempre pueden ser traducidas en
acciones concretas. Hay un énfasis – desde todo
punto de vista justificado – en los distintos acápites del documento, en que el esfuerzo interno y la capacidad que tengan los
propios países para diseñar estrategias nacionales e implementar políticas
coherentes y flexibles, es el elemento central en la consecución de los objetivos
de eliminación de la pobreza y el logro del bienestar económico y social.
Esto ha sido cuestionado por algunas instancias de la sociedad civil
internacional, a partir de experiencias recientes en que naciones en
desarrollo – con políticas económicas “acertadas” y equilibrios
macroeconómicos bastante creíbles y sostenibles, así como cierto grado de
diversificación productiva e incremento en la competitividad internacional -
se han visto afectadas abruptamente por “factores exógenos” del escenario económico
mundial sobre los cuales tienen
escasa o ninguna capacidad de maniobra. En realidad, el logro del crecimiento autosostenido
y la reducción de la pobreza – bases para el avance por la senda del
desarrollo - se verían favorecidos por una combinación entre la movilización
efectiva de recursos internos y una administración lo más racional posible de
todos los recursos disponibles, tanto internos como externos. Resulta
importante tener en cuenta que
estos últimos, según su naturaleza, objetivos y destinos, pueden
favorecer o perjudicar a las economías receptoras. III. BALANCE DE LA APLICACIÓN DEL CONSENSO DE MONTERREY
UN AÑO DESPUÉS DE ADOPTADO A un año
de aprobado el Consenso de Monterrey, el balance global respecto de su
aplicación y el cumplimiento de los compromisos adoptados está marcado por
ciertos avances concretos, pero es mucho lo que queda por hacer, sobre todo
teniendo en cuenta la coyuntura económica internacional actual. La ONU señalaba recientemente
que “El comercio mundial está creciendo
muy lentamente y las perspectivas a corto plazo son claramente
insatisfactorias, especialmente para la mayoría de los países en desarrollo.
Los especialistas perciben dificultades en lograr acuerdos en el marco de la
OMC, los negociadores no cumplieron con los plazos previstos y es muy difícil
discernir la dirección en la cual evolucionará la política comercial
global. Al mismo tiempo, el Sur
continua transfiriendo recursos financieros al Norte, mientras los flujos de
capital privados han caído de manera aguda, y los pagos netos de intereses y
utilidades realizados por los países en desarrollo exceden sus entradas netas
de capital. Hay muy poca expectativa en el sentido de que los flujos privados
hacia los países en desarrollo – especialmente capital de préstamo – retornen
a niveles sostenibles y significativamente mayores. Hay también considerable
incertidumbre acerca de cómo la comunidad internacional intentará manejar las
crisis de deuda de los países en desarrollo y en transición, mientras muchas
de las naciones de más bajos ingresos aún no se benefician del programa
internacional especial para el tratamiento de su deuda. La aversión al riesgo por parte de inversionistas y
acreedores en la mayoría de los países en desarrollo es alta”[2].
En el caso especial de
Latinoamérica y el Caribe debe resaltarse que en los últimos años la región
ha registrado transferencias financieras netas negativas. Las crisis
financieras La Declaración de Doha de la IV Conferencia Ministerial de la
Organización Mundial de Comercio (OMC) reflejó una fuerte perspectiva de
desarrollo. El comercio es visto como motor del crecimiento económico,
indispensable para reducir la pobreza. La instrumentación de la Agenda del
Desarrollo de Doha constituye sin lugar a dudas un ambicioso compromiso por
parte de la OMC, una organización en la que los países en desarrollo tienen
amplia mayoría. Sin embargo, resulta crucial destrabar las negociaciones en
este foro, sobre todo en vísperas de la Conferencia Ministerial de Cancún el
próximo septiembre. Cuatro áreas de especial interés para los países en desarrollo
enfrentan crecientes obstáculos y problemas en este foro de negociación
comercial: la liberalización del comercio agrícola en los países
industrializados, la operacionalización del trato especial y diferenciado a
favor de los países en desarrollo, los vínculos entre el acuerdo TRIPs de la
OCDE y la salud pública, y las dificultades en cuanto a aplicación de los
acuerdos y compromisos comerciales multilaterales por parte de muchas
economías en desarrollo. Preocupa además que otros termas de interés especial
para los países desarrollados como las referidas a reglas de inversión,
políticas de competencia, facilitación del comercio y transparencia de
compras gubernamentales, hayan mostrado avances perceptibles en el trabajo y
las discusiones en la OMC. Es ampliamente reconocido que la
Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) constituye un elemento central en cualquier
expectativa de alcanzar los objetivos de desarrollo del milenio para las
economías más pobres. Pero la más efectiva y eficiente entrega de los actuales
niveles de AOD, no serían suficientes para cumplimentar dichas metas en el
plazo establecido por la comunidad internacional. Los países ricos
donantes del Comité de
Asistencia al Desarrollo (CAD)
de la OECD, incrementaron su ayuda oficial a los países pobres en un
4,8 % en términos reales en el año 2002, de tal forma que la AOD total alcanzó los $ 57 mil
millones de dólares. La mayoría de esos países industrializados están muy
lejos de cumplir el compromiso internacional de destinar como mínimo el 0.7 %
de su PNB a la AOD, con las excepciones de Suecia, Holanda, Noruega y
Dinamarca[3]. Las
Naciones Unidas ha
calculado que se requerirían
alrededor de $ 50 mil millones de dólares adicionales para alcanzar las Metas
del Desarrollo del Milenio, y un incremento de otra cifra similar a esta para
que la comunidad donante internacional destine el 0,7 % de su producto bruto
a la AOD[4].
Adicionalmente, la efectividad
de la AOD es un elemento crítico. Ello supone, entre otros requerimientos,
que haya una mayor coordinación de las políticas de los donantes y una
armonización en los procedimientos. Tales medidas, junto a un incremento de
la proporción de la ayuda no atada, pudiera reducir significativamente los
costos de transacción para los países receptores. Respecto a la deuda externa de
los países pobres altamente endeudados,
para los que la comunidad internacional diseñó un programa especial
hace algunos años, el panorama a mediados de 2003 no es muy favorable.
Resulta preocupante que hasta mediados de marzo del 2003, de 26 países elegibles dentro de la
iniciativa HIPC que habían alcanzado el “punto de decisión”, sólo 7 habían
logrado su “completion point”. Más aun, algunas de esas 7 naciones
pueden haber experimentado un empeoramiento en sus indicadores de deuda, en
gran medida debido a menores precios mundiales de productos básicos e
ingresos por exportación, de los que se habían asumido. Así, ha quedado claro
que la sostenibilidad de la deuda externa a largo plazo en esos países
requiere no sólo reducciones en el stock total de deuda acumulada, sino
también políticas domésticas que apoyen un crecimiento económico mayor y de
largo alcance, y un entorno económico internacional más favorable.
Adicionalmente, y a la luz de la evolución de la economía internacional,
quizás el concepto de sostenibilidad de deuda no ha sido suficientemente
sistematizado y requiere una consideración más profunda. Por otra parte, la inclusión de
cláusulas de acción colectiva por un creciente número de países en las
emisiones internacionales de bonos soberanos, constituye un paso importante y
de obligada consideración en cualquier estrategia alternativa de manejo de la
deuda externa. Los esfuerzos del FMI, por su parte, para el desarrollo de una
propuesta de mecanismo de reestructuración de deudas soberanas, ha servido
para promover una mejor comprensión de asuntos relacionados con este complejo
tema. Los países en desarrollo deberían continuar prestándole directa
atención a estas discusiones, y en la medida de lo posible mantener una
participación activa en las mismas. Se ha ganado conciencia acerca
de la necesidad de construir puentes entre diversas instituciones
internacionales, tal y como se planteó en el Consenso de Monterrey. De hecho,
en este año transcurrido se ha observado una mayor interacción entre el Banco
Mundial, el FMI y la OMC en áreas de preocupación común. Estas incluyen una
atención incrementada a asuntos de política comercial por parte del BM y el
FMI, tal y como fue sugerido por el Comité de Desarrollo en su comunicado del
28 de septiembre/2002 y la decisión de fortalecer el apoyo del FMI a la OMC
en sus áreas de experiencia. A ello habría que añadir los esfuerzos
adicionales de asistencia técnica por parte del Banco Mundial para apoyar a
países en desarrollo y proporcionarles análisis de política en áreas
relevantes de las negociaciones comerciales internacionales. Respecto de la necesidad de una
efectiva y más equitativa participación de los países en desarrollo en el
proceso de toma de decisiones en foros e instituciones económicas
internacionales, también el Comité de Desarrollo, en el párrafo 10 de su
comunicado del 28 de septiembre/2002 sugirió al FMI y al Banco Mundial que
preparen un documento analítico para facilitar la consideración de estos
asuntos. Dicho comité discutió esta cuestión en su reunión del 13 de abril
pasado y decidió hacerle seguimiento a las propuestas esbozadas en su próxima
reunión de septiembre. En general se percibe también aquí que no se ha
logrado suficiente avance en cuanto a una efectiva participación de los
países en desarrollo en los organismos económicos internacionales, en
particular en las instituciones de Bretton
Woods. Esto, junto a los
problemas que ha evidenciado recientemente la cooperación multilateral y el
enfoque institucional que había caracterizado al sistema internacional a raíz
de la guerra de Irak, muestran las fallas de gobernabilidad internacional que
habían sido reconocidas en el Consenso de Monterrey. Hay dos dimensiones
indisolublemente vinculadas a la mayor incidencia de los países en desarrollo
en los organismos internacionales: los esfuerzos por aumentar la capacidad
de representación de éstos en los foros de toma de decisiones económicas
y, por otra Los dos aspectos anteriormente
reseñados se vinculan directamente al tema de la necesaria coherencia y
enfoque sistémico que forma parte esencial del espíritu del Consenso de
Monterrey. En la pasada reunión
especial de alto nivel del
Consejo Económico y Social de la ONU con las instituciones de Bretton Woods y la
OMC (Nueva York, 14 de
abril/ 2003), varios participantes reconocieron cierto progreso en términos
de la necesaria coherencia. Las Naciones Unidas, las instituciones de Bretton Woods y la OMC comparten un
propósito común, y las Metas del Desarrollo del Milenio y el seguimiento del
Consenso de Monterrey han intensificado el trabajo cooperativo entre ellas[5]. Sin embargo, como se señaló
anteriormente, el concepto de coherencia y enfoque sistémico va mucho más
allá de la simple coordinación inter-institucional, tanto a nivel nacional
como internacional. IV. IDENTIFICACIÓN DE INICIATIVAS DE COOPERACIÓN PARA APLICAR LOS
COMPROMISOS MULTILATERALES SOBRE FINANCIAMIENTO AL DESARROLLO En esta
parte del trabajo se resumirán algunas ideas que pudieran servir de líneas
para la acción de los países de América Latina y el Caribe en el contexto del
G-77, con vistas a lograr una más rápida y efectiva aplicación de varios de
los compromisos del Consenso de Monterrey. Se presentan estas ideas agrupadas
en 4 acápites, que de manera global dan cuenta de los diversidad de aspectos
que se incluyen en la visión del Consenso de Monterrey. Estos acápites
abarcarían propuestas sobre: a) coherencia, enfoque sistémico y
gobernabilidad; b) comercio internacional, c) adecuación y eficiencia de los
recursos de las instituciones financieras internacionales; y d) cooperación financiera y deuda. En dependencia de la naturaleza
de la iniciativa o propuesta identificada, estas pudieran clasificarse como generales
o concretas. Es de tener en cuenta que las iniciativas o propuestas
aquí enunciadas, no necesariamente implican mecanismos detallados y
explícitos. En caso de que se adopten algunas de estas ideas por los países latinoamericanos y
caribeños, se tendrían que diseñar inmediatamente acciones específicas para
llevarlas a concreción. ·
Coherencia, enfoque sistémico y
gobernabilidad a)
El Consenso de Monterrey identificó una brecha
importante a nivel internacional en términos de gobernabilidad internacional.
Se estipula que el aumento que se persigue a nivel nacional en términos de
una mejor gobernabilidad tiene que ser complementado con una incrementada y
mejorada gobernabilidad internacional. Ello requiere una mayor y más efectiva
participación de los países en desarrollo en el proceso de toma de decisiones a nivel de la economía
global en el gobierno de las instituciones internacionales. En línea con
ello, los países de ALC podrían proceder a un debate para llegar a
definiciones respecto de: 1. La
reiterada propuesta para el establecimiento de un Consejo de Seguridad
Económica en las Naciones Unidas. 2. La idea de
que debería aprovecharse el 60 aniversario de las instituciones de Bretton Woods en 2004 para proceder a
un renacimiento de las mismas, lo que implicaría una redistribución de votos
– y un replanteo del papel de los votos básicos - como elemento importante para mejorar la participación de
los países en desarrollo, y la posible reducción del tamaño y la complejidad
de la burocracia de estas instituciones. 3. Explorar
propuestas consensuadas con el G-77 para nuevos enfoques respecto al proceso
de toma de decisiones en el marco del Sistema de Naciones Unidas. 4. Valorar la
conveniencia de fortalecer espacios regionales para la concertación de posiciones
de los países de ALC sobre los aspectos más importantes de la agenda
internacional – y en particular sobre el seguimiento del Consenso de
Monterrey – y diseñar mecanismos de vinculación entre éstos y los diversos
grupos en los cuales participa: el G-77, el Grupo de los 24 y el Grupo de los
20. En particular, debería profundizarse el análisis acerca de la viabilidad
de diseñar un Comisionado de Cooperación Sur – Sur para el seguimiento de los
compromisos internacionales vinculados a los objetivos del desarrollo. b)
Las políticas macroeconómicas de los principales
países industrializados tienen motivaciones domésticas, pero consecuencias
globales. Resulta un imperativo
fundamental que ellas sean compatibles
entre si y coherentes con los objetivos del crecimiento sostenible a nivel
mundial. En línea con ello, los gobiernos de ALC deberían analizar: 1. Mediante qué
mecanismos el artículo IV sobre consultas en el FMI podría ser más efectivo
en el fortalecimiento de la coherencia de las políticas macroeconómicas,
comerciales y financieras de los países desarrollados con los objetivos de
desarrollo global. 2. Definir si
habría consenso en la región – y dentro del G-77 - para que el sistema de
Cumbres del G-8 comience a instrumentar oficialmente la participación activa
de representantes de los países en desarrollo, con el objetivo de que se
tengan en cuenta los intereses y problemas económicos de estas naciones, en
el proceso de coordinación de políticas entre los principales países
industrializados. c)
La afirmación de que los
responsables del desarrollo son, en primera instancia, los propios países que
intentan alcanzarlo, es verdad inobjetable y principio medular del Consenso
de Monterrey. Como parte de esta visión se privilegian políticas económicas
sólidas que promuevan la estabilidad y la apertura. La evaluación del
desempeño económico y el diseño de políticas de los países en desarrollo por
parte de agencias e instituciones internacionales se ha constituido en
elemento importante de la agenda internacional en los últimos tiempos. Al
respecto los países de ALC deberían: 1. Discutir
sobre la conveniencia de que se configure un Mecanismo de Revisión de las
Políticas de Desarrollo - modelado sobre la base de la experiencia del
mecanismo de revisión de la política comercial en la OMC – el cual serviría
como base para las discusiones intergubernamentales y a nivel de expertos en
las Naciones Unidas. 2. Reiterar
en todos los órganos de toma de decisiones económicas a nivel internacional,
que si bien hay principios generales de buena política económica, el diseño
de políticas, y sus resultados,
responde directamente a las realidades y coyunturas de cada país. ·
Comercio Internacional a) La
interdependencia global y el mantenimiento de una creciente diferenciación en
los niveles de desarrollo e ingreso entre países, son fenómenos que han
venido acompañando al sistema económico mundial en los últimos tiempos.
Indisolublemente vinculado a estas tendencias están los rasgos que tipifican
el actual sistema de comercio multilateral. Los acuerdos surgidos de la IV Conferencia Ministerial de la
OMC y la solución de las cuestiones aún pendientes de aplicación de los Acuerdos
de la Ronda Uruguay, deberían tomar nota de esta compleja problemática. Los
países de ALC deberían priorizar en sus esfuerzos de negociación a nivel
multilateral los siguientes aspectos: 1. Apoyar
de manera decidida las negociaciones en el marco de la OMC en vísperas de la V
Conferencia Ministerial (Cancún), lo que pudiera concretarse en un apoyo
mayor de toda la región a la iniciativa emprendida el pasado 10 de junio en Ginebra por 26
naciones en desarrollo y su propuesta de plan de acción para reactivar las
negociaciones en la OMC. Dentro de este grupo de 26 países, se encuentran 17
de Latinoamérica y el Caribe, todos miembros del SELA. 2. Definir
por consenso las prioridades de la región en el marco de la Conferencia de
Cancún y, en especial, intentar el logro de posiciones concertadas con otras
áreas en desarrollo sobre comercio agrícola, trato especial y diferenciado,
el vínculo entre el acuerdo TRIPs de la OMC y la salud pública y los
problemas asociados a la aplicación de los compromisos asumidos en la Ronda
Uruguay. 3. Proceder
a una amplia discusión dentro de la región – y de ser posible en el marco del
G-77 – respecto de la conveniencia de que continúen avanzando en la OMC los
llamados “temas de Singapur” que son de mayoritario interés para los países
industrializados: reglas de inversión, políticas de competencia,
transparencia en las compras gubernamentales y facilitación de comercio. b) Teniendo
en cuenta el mantenimiento de crecientes asimetrías en el sistema de comercio
multilateral y la inserción marginal en éste de muchos de los países en
desarrollo, debería analizarse la posibilidad de proponer ciertos mecanismos
compensatorios a nivel internacional, que contribuyan a mitigar los efectos
adversos de shocks comerciales externos sobre los países en desarrollo. En
tal sentido, los gobiernos de ALC pudieran: 1. Valorar la
conveniencia en el G-77 de iniciar una nueva ronda de acuerdos
internacionales de productos básicos entre los principales productores y
consumidores, 2. En caso de
que la anterior propuesta no fuera viable, pudiera valorarse la conveniencia
de que para algunos productos básicos los productores más importantes dentro
de las naciones en desarrollo adopten ciertas medidas para racionalizar la
oferta global e incidir en la configuración del perfil de demanda global. 3. Estudiar la
posibilidad de reactivar mecanismos internacionales de “baja condicionalidad”
como los usados en la década de 1970 (por ej. el Sistema o Facilidad de
Financiamiento Compensatorio, STABEX), para amortiguar los shocks financieros
temporales asociados a caídas abruptas en los ingresos por exportaciones de
productos básicos, sobre todo teniendo en cuenta la muy baja capacidad de
hacer frente a los pagos del servicio de la deuda externa de muchos países en
desarrollo. c) Dadas
las limitaciones institucionales de muchos países en desarrollo para
participar activamente en las complejas negociaciones comerciales internacionales,
deberían redoblarse esfuerzos con vistas a superarlas. En tal sentido, los
países de América Latina y el Caribe pudieran: 1. Considerar
la necesidad de ampliar los recursos y alcances del programa de asistencia
técnica relativa al comercio para el fortalecimiento de las capacidades
nacionales que con el apoyo de varias agencias e instituciones, desarrolla la
UNCTAD. Además de los países menos adelantados, también muchas economías de
mediano tamaño enfrentan serias limitaciones para mantener una participación
activa en las negociaciones comerciales. 2. Valorar la
posibilidad de ampliación de los programas de asistencia técnica
internacional en temas de comercio, no sólo a la participación en
negociaciones sino también para la evaluación y el diseño de políticas con
vistas a la superación de las “restricciones de oferta”. Esto es de
particular importancia no sólo para los PMA y los países de la iniciativa
HIPC, con vistas a que se puedan obtener los beneficios de potenciales
mercados externos liberalizados. ·
Adecuación y eficiencia de los
recursos de las instituciones financieras internacionales a)
Dado los impactos negativos de las crisis financieras o del riesgo de
contagio entre países en desarrollo, resulta necesario, como se puntualiza en
el Consenso de Monterrey, que las instituciones financieras internacionales,
y en especial el FMI, dispongan de un monto de recursos y facilidades para
responder de manera oportuna y en forma apropiada en correspondencia con sus
políticas. En este sentido, los países de ALC deberían evaluar: 1. La
conveniencia de plantear en el marco del 60 aniversario de las instituciones
de Bretton Woods,junto a otras áreas en desarrollo, un
incremento en los niveles de cuotas y consiguientemente una nueva estructura
de cuotas. Ello aseguraría recursos suficientes al FMI en casos de crisis
simultáneas en varios países de ingreso medio y, al mismo tiempo, pudiera
mejorar las posibilidades de participación real de los países en desarrollo
en la toma de decisiones económicas a escala internacional. 2. También
en este marco, los países de ALC deberían insistir en el análisis acerca de
la conveniencia y oportunidad de proceder a una asignación de Derechos
Especiales de Giro (DEG) en cualquiera de las tres modalidades estudiadas[6],
sobre todo teniendo en cuenta las necesidades de muchos países en desarrollo
y el estado de la coyuntura económica internacional en la actualidad. 3. Propiciar
en el marco del G-77 y el Grupo de los 24, antes de las próximas reuniones
anuales de las instituciones de Bretton Woods, el estudio de
algunas propuestas concretas sobre el rol de las instituciones financieras
multilaterales, en particular el FMI, en la prevención de posibles crisis y
el fortalecimiento de la estabilidad financiera internacional ·
Cooperación
financiera y deuda a)
La
cooperación financiera y, concretamente, los flujos de AOD, aunque se recuperaron
en 2002, no tienen todavía el esperado peso dentro de las prioridades
fundamentales de la política exterior de los principales países
industrializados. Esta situación se produce en un escenario de elevada
concentración - en relativamente pocos países del Sur - de los flujos
privados, y simultáneo a un proceso de liberalización financiera que
privilegia consideraciones de mercado. Con este entorno de referencia, los
gobiernos de ALC pudieran: 1. Insistir en los órganos pertinentes acerca de la
necesidad de armonizar los principios y mecanismos que rigen la asignación de
AOD de las distintas agencias bilaterales y de los organismos multilaterales.
Ello, además de contribuir a disminuir los costos de transacción de la AOD
para los beneficiarios, también coadyuvaría a una mayor coherencia de los
programas de asistencia con los programas nacionales y los objetivos de
desarrollo internacionales. 2.
Prestar
especial atención, y de ser posible participar en los debates sobre
iniciativas adelantadas con vistas a garantizar un incremento de la AOD (por
ejemplo, la propuesta británica de una Facilidad Financiera Internacional que
utilizaría la emisión de bonos a 15 años para aumentar los flujos de ayuda);
así como explorar enfoques innovativos para monitorear públicamente la AOD,
identificar los flujos reales y reducir el retardo temporal en los
desembolsos. En este sentido pudiera valorarse la conveniencia de que la
Secretaría Permanente del SELA realice un monitoreo sistemático de los flujos
de AOD recibidos por ALC y el impacto de los mismos sobre las economías de la
región. 3.
Continuar
el estudio y perfeccionamiento de varias propuestas de gobiernos de la región
– el Fondo Humanitario Internacional de Venezuela, el Fondo Solidario
Internacional de Brasil y la propuesta peruana ante el Grupo de Río sobre
mecanismos financieros innovadores para garantizar la gobernabilidad
democrática en la región – y realizar los esfuerzos para garantizar la
viabilidad política y técnica de ellos. b)
En general, en el tema de la
deuda externa se plasmaron en el Consenso de Monterrey algunas de las
demandas planteadas por el G-77 y las ONGs del Sur. En el 1. Estudiar
la conveniencia de rediseñar el concepto de “sostenibilidad de deuda”. 2. Valorar
las posibilidades que se derivan de la inclusión de cláusulas de acción
colectiva por parte de varios países – utilizadas por México, Uruguay y
Brasil en nuestra región - en la emisión de bonos soberanos. 3. Darle
seguimiento a los esfuerzos de
algunos países y del FMI en el desarrollo de propuestas para un mecanismo de reestructuración
de deuda soberana, y propiciar un intercambio de experiencias entre países de
la región sobre el tratamiento recibido por ellos en el Club de Paris, Club
de Londres y en el contexto de la iniciativa HIPC, para coadyuvar a la
conformación de propuestas comunes ante tales foros y otros organismos
financieros internacionales. 4. Se
pudiera valorar que un grupo de trabajo sobre la deuda dentro del proceso de
Financiamiento al Desarrollo que incluiría a todos los actores relevantes –
países deudores, acreedores, representantes de la sociedad civil y expertos –
recomiende un mecanismo integral
de manejo de deuda para ser aplicado cuando sea necesario a países en crisis. c)
En la Conferencia de Monterrey se reconocieron los
esfuerzos realizados como parte de la iniciativa para el alivio de la deuda
de los países pobres. Se insiste
en ver a la iniciativa HIPC para la reducción de la deuda de los países más
pobres altamente endeudados como una estrategia, que aunque limitada, ha sido
beneficiosa. 1. En relación a la propuesta HIPC debería valorarse la
conveniencia de expandir la iniciativa a otros países. 2. En
caso de que se considere oportuno, analizar la conveniencia de que la comunidad
internacional contemple una nueva política para el tratamiento de la carga
excesiva de endeudamiento externo de los países elegibles para la iniciativa
HIPC, o para los países en desarrollo en general. V. CONSIDERACIONES FINALES
·
El Consenso de Monterrey
representó un paso de avance en el tratamiento de la problemática del
financiamiento al desarrollo en las condiciones actuales, y el mismo puede
ser visualizado como las condiciones mínimas de compromiso de la comunidad
internacional para comenzar a resolver los agudos problemas de pobreza, bajos
ritmos de crecimiento e inversión productiva y social, exclusión y
participación marginal en los dinámicos flujos de intercambio internacional
que han caracterizado a la mayoría de las economías en desarrollo. ·
El documento final de la
Conferencia de Monterrey fue percibido por algunos como un conjunto de
acuerdos todavía débil, y que por tanto requería de un serio
proceso de seguimiento y permanente revisión. ·
A un año de adoptado los acuerdos,
el balance de su aplicación demuestra que aunque se pudieran identificar
ciertos avances, queda mucho por hacer para lograr avances sustanciales y efectivos en cuanto al
Financiamiento al Desarrollo. ·
La capacidad de
concertación que sean capaces de mostrar los países en desarrollo – y América
Latina y el Caribe en especial – pudiera ser la clave para acelerar el
cumplimiento de los objetivos propuestos y alcanzar la mayoría de las
propuestas hasta el año 2005. ·
El SELA está en disposición
y tiene la capacidad de apoyar decisivamente a los gobiernos de América
Latina y el Caribe en el proceso de seguimiento de las propuestas o
iniciativas identificadas que se acuerden priorizar para potencialmente
incorporarlas a las líneas de cooperación con otros países del Grupo de los
77. ·
En este sentido, la
Secretaría Permanente del SELA dedicará la próxima XVI Reunión de Directores
de Cooperación Internacional de América Latina y el Caribe que tendrá lugar
entre el 21 y el 23 de julio próximo en la Ciudad de Panamá, al tema central del Financiamiento al
Desarrollo y el cumplimiento de las Metas del Milenio en la región. En tal
ocasión – y como parte de los necesarios esfuerzos de concertación con otras
áreas en desarrollo – participarán, junto a representantes de agencias
multilaterales y organismos internacionales, delegaciones de algunos países
de África y Asia. -
European
Commission (2003).
Follow-up to the International Conference on Financing for Development.
(Monitoring the Barcelona Commitments), 15 – 5 – 2003. -
Ossa, Cristian (2003). Monitoring the Monterrey Consensus. Paper prepared
for the XVI Technical Meeting of the Intergovernmental Group of 24 in Port
Spain, Trinidad and Tobago, February 13 – 14. -
SELA
(2002). “El Consenso de Monterrey:
análisis, propuesta y seguimiento”. Resumen Ejecutivo. SP / Di 15 – 02,
Caracas, mayo. -
The
Economist (2003). Economic
and financial indicators, May 24th, -
United
Nations. Economic and Social Council (2003). Increased coherence, coordination and cooperation
for the implementation of the Monterrey Consensus of the International
Conference on Financing for Development at all levels one year after the
Conference. Note by the Secretary-General, E/2003/50, New York, 24 March. -
United
Nations. Economic and Social Council (2003ª). Summary by the President of the Economic and
Social Council of the special high-level meeting of the Council with the Bretton Woods
institutions and the World Trade Organization. A/58/77 – E/2003/62, New York,
14 April. |
