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ANÁLISIS
Ø
Instituto Internacional para la Democracia
y la Asistencia Electoral (IDEA)[1] Introducción 1. El Grupo de Río nació como agrupación de estados democráticos, con el propósito fundacional "de fortalecer Ia democracia a partir de un vigoroso desarrollo económico y social de nuestra región, basado en un creciente proceso de cooperación e integración en América Latina”[2] 2. Durante los 16 años de vida del Grupo de Río, el compromiso democrático de los países de la región se ha expresado en la adopción de las llamadas "cláusulas democráticas" en los diversos procesos de integración subregional: MERCOSUR, Comunidad Andina de Naciones y Comunidad Centroamericana. Todos estos compromisos han llevado a la Declaración y Plan de Acción de la Cumbre de Québec y a la adopción de la Carta Democrática Interamericana. 3. La
Carta Democrática Interamericana señala expresamente la importancia que tiene
un sistema sólido de partidos al establecer que "el fortalecimiento
de los partidos y de otras organizaciones políticas es prioritario para la
democracia, por lo cual se debe prestar atención especial a la problemática
derivada de los altos costos de las campañas electorales y al establecimiento
de un régimen equilibrado y transparente de financiación de sus actividades.[3] I. Consideraciones básicas 4.
América Latina vive, desde hace 25 años, el proceso de democratización más
largo, profundo y extenso de
su historia. A pesar de los
diversos grados de desarrollo y calidad que la democracia ha alcanzado, la
región es protagonista del avance más importante que las libertades
ciudadanas han tenido en toda su historia. El derecho al voto universal y a
elecciones libres, regulares y competitivas es hoy una realidad. Las amenazas
de golpes de estado prácticamente han desaparecido. Este proceso vino
acompañado por logros importantes en materia de pacificación en varios
países, así como de un claro mejoramiento de la situación de los derechos
civiles y políticos. Nunca antes hubo, en nuestra región, tantos regímenes
democráticamente electos ni tantas transiciones democráticas sucesivas de
gobiernos. Este es un activo que debemos tener presente y valorar de manera
positiva. 5. Sin
embargo, los avances logrados en la región en materia de democratización no
han sido homogéneos. Existen diferencias importantes entre los países. Todos,
aunque en grado diverso, enfrentan un importante déficit, y por tanto
desafíos, en materia económica y social, cuya persistencia vuelve precaria la
vida democrática y amenaza la estabilidad y la gobernabilidad. 6. La
precariedad de la vida democrática se expresa en algunos datos
desalentadores: mientras que el 56% de la población latinoamericana apoya a la
democracia, apenas un 27% se siente satisfecha con la manera como ésta
funciona[4].
Asistimos así a una creciente desafección frente a los partidos, la actividad
política y el funcionamiento del sistema democrático. 7. Esta insatisfacción se explica por varios factores: (a) los insuficientes resultados económicos y sociales de los regímenes democráticos; (b) la crisis y el desprestigio del Estado mismo; (c) la carencia de una sólida cultura democrática; (d) el efecto de los casos de corrupción de políticos; (e) las dificultades en la relación entre los partidos políticos y el resto de la sociedad civil; (f) la subordinación de la actividad política a los poderes fácticos de origen nacional y transnacional; (g) el incremento de la violencia política y no política; y (h) en algunos países, las dificultades de las relaciones de las Fuerzas Armadas con la institucionalidad democrática. 7.a El primer factor es el desencanto
producido por el incremento de la desigualdad y la pobreza durante la
vigencia de gobiernos democráticos[5]. Esta
coexistencia de la democracia con la pobreza y la desigualdad no resulta
sostenible en el largo plazo. La tensión existente entre la dinámica de la
economía global y las necesidades y demandas sociales de inclusión y equidad
amenaza con desbordar los marcos institucionales y hace peligrar la
gobernabilidad democrática en algunos países. 7.b
Como segundo factor debe recordarse que la erosión de la legitimidad
de la política y de los partidos políticos, se corresponde con una paralela
erosión de la legitimidad del Estado. La actual crisis de representatividad
es, en parte, un subproducto del debilitamiento del Estado, que es el
escenario natural de la democracia. Históricamente, la expansión de la
democracia se produjo en el marco del desarrollo del Estado y de su capacidad
para resolver y ayudar a
resolver problemas sociales básicos. Pero en América Latina en las
últimas décadas ha ocurrido todo
lo contrario. La imperiosa necesidad de racionalizar y modernizar el Estado ha venido
acompañada de una presión orientada a replegar la responsabilidad del Estado,
cuyos efectos pueden ser tan nocivos como los del viejo estatismo. 7.c Un tercer factor se refiere a la
insuficiente educación y cultura democráticas, que afecta a extensos sectores
sociales, secularmente excluidos de la vida política, así como a sectores
dominantes que a menudo impregnan de prácticas autoritarias la vida
democrática. Esta insuficiencia también se expresa, con frecuencia, en el
funcionamiento de los partidos políticos y de sus liderazgos, así como
en algunas prácticas políticas, en las que la confrontación excluye a la cooperación. Igualmente
debilita la cultura democrática el reemplazo que suelen realizar los medios
de comunicación del debate y el intercambio de ideas, por el énfasis en los
aspectos más superficiales y menos relevantes de la vida democrática, lo que
convierte a la política en espectáculo y provoca que los medios se apropien
de las funciones propias de los partidos políticos. 7.d Un
cuarto factor, acaso el más perceptible, es el relacionado con la corrupción.
Aun cuando la corrupción ha sido mayor en las dictaduras que en las
democracias, la aparición de escándalos sin precedentes en esta materia
vulnera la ética pública, afecta la economía y genera una imagen según la
cual los políticos solamente se preocupan de sus intereses personales y
contribuyen a erosionar el Estado de Derecho. 7.e Un quinto factor tiene relación con
el distanciamiento y las frecuentes fricciones entre los partidos políticos y
otras instancias de la sociedad civil.
Este distanciamiento expresa la crisis de representatividad de los
partidos políticos y se agrava cuando se desarrollan visiones antipartidarias
que sugieren que las instancias no partidarias deben competir con los
partidos políticos o sustituirlos. Estas fricciones se agudizan cuando la
voluntad de una mayor participación es bloqueada por concepciones que reducen
el ejercicio democrático a la emisión periódica del voto y restringen la
participación social dinámica en la vida democrática, provocando el
aislamiento y el anquilosamiento de los partidos políticos. 7.f En
sexto lugar, se registra una creciente subordinación de la actividad política
a los grandes intereses privados. Como lo señala la Carta Democrática
Interamericana, estamos ante una "problemática derivada de los altos
costos de las campañas electorales", los que se elevan cada día por la
creciente mediatización de la actividad política. De esta manera, la
subordinación política a los intereses económicos tiende a sustituir los
escenarios electorales en que se ofrecen propuestas para convencer a
"electores-ciudadanos", por mercados mediáticos en que se ofrecen
mensajes publicitarios para seducir a "electores-consumidores". 7.
g-h Los dos últimos
factores que cabe destacar en esta lista no exhaustiva son, por un lado, la
creciente inseguridad y la ineficiencia gubernamental frente al incremento de
la violencia política y no política; y por otro lado, las dificultades
existentes en algunos países para una plena subordinación de las Fuerzas
Armadas a la institucionalidad democrática. 8.
Constatamos, en suma, que la opinión pública latinoamericana piensa
mayoritariamente que no hay democracia sin partidos pero también expresa que
el funcionamiento actual de la democracia y de los partidos genera enorme
insatisfacción. No hay democracia sin partidos y no hay partidos sin
democracia. II.
Propuestas 9. Las
siguientes propuestas parten de considerar que la democracia necesita instituciones
fuertes, estables, enraizadas en la sociedad y dotadas de amplia legitimidad,
y que los partidos políticos ocupan lugar central en el entramado
institucional democrático, en cuanto a ellos les compete la función de
agregación de intereses, indispensable para la construcción del bien común. A
diferencia de las organizaciones propias de sectores sociales, a los partidos
en su conjunto les corresponde representar políticamente a la sociedad, así
como ofrecer soluciones y definir políticas de alcance general por encima de
los intereses grupales o sectoriales. 10. Para
asegurar la gobernabilidad y fortalecer a los partidos políticos se requiere,
en primer lugar, promover espacios y mecanismos para el desarrollo de
consensos entre los partidos y entre éstos y el conjunto de la sociedad
civil, destinados a asegurar el desarrollo de políticas de Estado a largo
plazo[6]. Esto
implica crear y fortalecer mecanismos de intermediación, de canalización de
demandas, de vigilancia social y de imbricación eficaz entre los partidos
políticos y otras instancias de la sociedad civil (gremios de trabajadores y
empresarios, entidades sociales y religiosas, entre otras).[7] 11. En segundo lugar, como el espacio privilegiado de la
representación que ejercen los partidos es el parlamento, resulta necesario
fortalecer y tecnificar la labor parlamentaria y lograr que los congresos se
adecuen a la nueva dinámica política y social, vinculándose con las
necesidades de la gente y con los modos de participación que en esta época
tienen los ciudadanos. 12. En
tercer lugar, es necesaria la renovación de los partidos y de sus estrategias
para responder a la nueva realidad política y social y para favorecer la
consolidación de partidos- representativos y de sistemas de partidos sólidos,
plurales y estables, a través de legislaciones partidarias y electorales que
establezcan, entre otros, los siguientes elementos: i. Normas que aseguren el compromiso de los partidos con la institucionalidad democrática, eviten la fragmentación excesiva, así como el anquilosamiento de los partidos, y que incentiven la participación electoral. ii.
Autonomía de los partidos políticos respecto "a los intereses económicos
nacionales y trasnacionales, mediante normas que promuevan la equidad en las
contiendas electorales, a través de la financiación pública de la actividad
política, la regulación del financiamiento privado y el acceso equitativo a
los medios de comunicación.[8] iii.
Transparencia financiera de los partidos (rendición de cuentas, difusión de
sus fuentes nominales de financiamiento y auditorías obligatorias de oficio,
así como mecanismos de control, sanciones e incentivos), condición
fundamental de la ética pública y de la lucha contra la corrupción.[9] iv.
Desarrollo de sistemas políticos inclusivos y no excluyentes, mediante
la disminución de los costos de
la acción política, lo cual abarca los costos de la competencia electoral y,
en algunas circunstancias, los costos que implica votar. v.
Democracia interna en la selección de dirigentes y candidatos a puestos de
elección popular, así como en todos los ámbitos de la vida partidaria.[10] vi.
Promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y
superación de toda forma de discriminación. vii. Garantías para todos los partidos, incluyendo los de oposición, en materia de derechos de información, derecho de réplica y uso de los medios oficiales de comunicación. 13. En
cuarto lugar, urge establecer y fomentar programas de formación política,
particularmente para mujeres, jóvenes, grupos étnicos y población marginada.
Estos programas deben inscribirse en el marco de un impulso de la educación
democrática en todos los niveles de la vida social, a partir de la escuela.[11] 14. En quinto lugar, para contribuir al fortalecimiento de la democracia, los partidos y movimientos políticos deben recuperar su capacidad de elaborar estrategias de desarrollo económico y social. Para este efecto, debe promoverse la reflexión sustentada en elaboraciones teóricas y análisis empíricos, en los que podrían colaborar las organizaciones internacionales pertinentes. 15.
Conviene, por último, promover instancias de cooperación permanente entre los
partidos políticos de la región. Sería muy conveniente que el Parlamento Latinoamericano
y los parlamentos subregionales, con la colaboración de la OEA y de IDEA
Internacional, e invitando a las organizaciones partidarias internacionales,
organicen reuniones con los partidos políticos, a fin de discutir medidas
destinadas al fortalecimiento de los mismos. III.
Reflexión final 16. La
consolidación de la gobernabilidad y de la legitimidad democrática requiere,
ante todo, que el Estado asuma con eficiencia y transparencia sus responsabilidades
básicas en cuanto a desarrollo humano sostenible, formación de capital social
y la creación de un ambiente propicio para la inversión y el crecimiento.
Para que el Estado asuma y cumpla con eficacia estos propósitos es necesario,
por un lado, aumentar y fortalecer su capacidad tributaria, y por otro, que
haya una plena consolidación del Estado de Derecho, a fin de evitar los
fenómenos de corrupción, padrinazgo y clientelismo que tanto daño hacen a la
gestión del Estado y a la credibilidad y prestigio de la política y de los
partidos. Relación de expertos participantes en la consulta Alberto
Adrianzén (Perú) Antonio
Araníbar (ex Canciller de Bolivia) Brian
Dean (IRI, Estados Unidos) Elena
Flores (Fundación Pablo Iglesias, España) Steven
Griner (OEA, Estados Unidos) Pablo
Guerrero (Banco Mundial, Chile) Edmundo
Jarquín (BID, Nicaragua) Diputado
José Eduardo Martins Cardozo (Brasil) Myriam
Méndez-Montalvo (PNUD, Colombia) Luis
Nunes (NDI, Venezuela) Simón
Pachano (Ecuador) Diputada
Beatriz Paredes (ex Presidenta del Parlatino, México) Santiago
Pedraglio (Perú) Augusto
Ramírez Ocampo (ex Canciller de Colombia) Juan
Rial (IDEA, Uruguay) Rafael
Roncagliolo (IDEA, Perú) Fernando
Sánchez Albavera (CEPAL, Perú) Carlos
Santiso (Reino Unido) Ana Elena
Townsend (Parlatino, Perú) Daniel
Zovatto (IDEA, Argentina) Anexo 1Desafección
hacia la democracia y los partidos políticos
Fuente: Datos del Latinobarómetro,
citados en el libro: “Democracies in Development” (IDEA-BID), año 2002.
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