Titulo

Gobernabilidad democrática y desarrollo humano en ALC
Edición Nº 67
Enero-junio 2003

 

Editor

Secretaría Permanente del SELA

 Indice

 

ANÁLISIS


El papel de los partidos políticos en el fortalecimiento de la institucionalidad democrática

 

 

Ø     Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA)[1]

 

 

Introducción

 

1. El Grupo de Río nació como agrupación de estados democráticos, con el propósito fundacional "de fortalecer Ia democracia a partir de un vigoroso desarrollo económico y social de nuestra región, basado en un creciente proceso de cooperación e integración en América Latina”[2]

 

2. Durante los 16 años de vida del Grupo de Río, el compromiso democrático de los países de la región se ha expresado en la adopción de las llamadas "cláusulas democráticas" en los diversos procesos de integración subregional: MERCOSUR, Comunidad Andina de Naciones y Comunidad Centroamericana. Todos estos compromisos han llevado a la Declaración y Plan de Acción de la Cumbre de Québec y a la adopción de la Carta Democrática Interamericana.

 

3. La Carta Democrática Interamericana señala expresamente la importancia que tiene un sistema sólido de partidos al establecer que "el fortalecimiento de los partidos y de otras organizaciones políticas es prioritario para la democracia, por lo cual se debe prestar atención especial a la problemática derivada de los altos costos de las campañas electorales y al establecimiento de un régimen equilibrado y transparente de financiación de sus actividades.[3]

 

 

I. Consideraciones básicas

 

4. América Latina vive, desde hace 25 años, el proceso de democratización más largo, profundo y extenso de  su  historia. A pesar de los diversos grados de desarrollo y calidad que la democracia ha alcanzado, la región es protagonista del avance más importante que las libertades ciudadanas han tenido en toda su historia. El derecho al voto universal y a elecciones libres, regulares y competitivas es hoy una realidad. Las amenazas de golpes de estado prácticamente han desaparecido. Este proceso vino acompañado por logros importantes en materia de pacificación en varios países, así como de un claro mejoramiento de la situación de los derechos civiles y políticos. Nunca antes hubo, en nuestra región, tantos regímenes democráticamente electos ni tantas transiciones democráticas sucesivas de gobiernos. Este es un activo que debemos tener presente y valorar de manera positiva.

 

5. Sin embargo, los avances logrados en la región en materia de democratización no han sido homogéneos. Existen diferencias importantes entre los países. Todos, aunque en grado diverso, enfrentan un importante déficit, y por tanto desafíos, en materia económica y social, cuya persistencia vuelve precaria la vida democrática y amenaza la estabilidad y la gobernabilidad.

 

6. La precariedad de la vida democrática se expresa en algunos datos desalentadores: mientras que el 56% de la población latinoamericana apoya a la democracia, apenas un 27% se siente satisfecha con la manera como ésta funciona[4]. Asistimos así a una creciente desafección frente a los partidos, la actividad política y el funcionamiento del sistema democrático.

 

7. Esta insatisfacción se explica por varios factores: (a) los insuficientes resultados económicos y sociales de los regímenes democráticos; (b) la crisis y el desprestigio del Estado mismo; (c) la carencia de una sólida cultura democrática; (d) el efecto de los casos de corrupción de políticos; (e) las dificultades en la relación entre los partidos políticos y el resto de la sociedad civil; (f) la subordinación de la actividad política a los poderes fácticos de origen nacional y transnacional; (g) el incremento de la violencia política y no política; y (h) en algunos países, las dificultades de las relaciones de las Fuerzas Armadas con la institucionalidad democrática.

 

7.a  El primer factor es el desencanto producido por el incremento de la desigualdad y la pobreza durante la vigencia de gobiernos democráticos[5]. Esta coexistencia de la democracia con la pobreza y la desigualdad no resulta sostenible en el largo plazo. La tensión existente entre la dinámica de la economía global y las necesidades y demandas sociales de inclusión y equidad amenaza con desbordar los marcos institucionales y hace peligrar la gobernabilidad democrática en algunos países.

 

7.b  Como segundo factor debe recordarse que la erosión de la legitimidad de la política y de los partidos políticos, se corresponde con una paralela erosión de la legitimidad del Estado. La actual crisis de representatividad es, en parte, un subproducto del debilitamiento del Estado, que es el escenario natural de la democracia. Históricamente, la expansión de la democracia se produjo en el marco del desarrollo del Estado y de su capacidad para  resolver y ayudar a resolver problemas sociales básicos. Pero en América Latina en las últimas  décadas ha ocurrido todo lo contrario. La imperiosa necesidad de racionalizar  y modernizar el Estado ha venido acompañada de una presión orientada a replegar la responsabilidad del Estado, cuyos efectos pueden ser tan nocivos como los del viejo estatismo.

 

7.c  Un tercer factor se refiere a la insuficiente educación y cultura democráticas, que afecta a extensos sectores sociales, secularmente excluidos de la vida política, así como a sectores dominantes que a menudo impregnan de prácticas autoritarias la vida democrática. Esta insuficiencia también se expresa, con frecuencia, en el funcionamiento de los partidos políticos y de sus liderazgos, así como en algunas prácticas políticas, en las que la confrontación excluye a  la cooperación.

 

Igualmente debilita la cultura democrática el reemplazo que suelen realizar los medios de comunicación del debate y el intercambio de ideas, por el énfasis en los aspectos más superficiales y menos relevantes de la vida democrática, lo que convierte a la política en espectáculo y provoca que los medios se apropien de las funciones propias de los partidos políticos.

 

7.d Un cuarto factor, acaso el más perceptible, es el relacionado con la corrupción. Aun cuando la corrupción ha sido mayor en las dictaduras que en las democracias, la aparición de escándalos sin precedentes en esta materia vulnera la ética pública, afecta la economía y genera una imagen según la cual los políticos solamente se preocupan de sus intereses personales y contribuyen a erosionar el Estado de Derecho.

 

7.e  Un quinto factor tiene relación con el distanciamiento y las frecuentes fricciones entre los partidos políticos y otras instancias de la sociedad civil.  Este distanciamiento expresa la crisis de representatividad de los partidos políticos y se agrava cuando se desarrollan visiones antipartidarias que sugieren que las instancias no partidarias deben competir con los partidos políticos o sustituirlos. Estas fricciones se agudizan cuando la voluntad de una mayor participación es bloqueada por concepciones que reducen el ejercicio democrático a la emisión periódica del voto y restringen la participación social dinámica en la vida democrática, provocando el aislamiento y el anquilosamiento de los partidos políticos.

 

7.f En sexto lugar, se registra una creciente subordinación de la actividad política a los grandes intereses privados. Como lo señala la Carta Democrática Interamericana, estamos ante una "problemática derivada de los altos costos de las campañas electorales", los que se elevan cada día por la creciente mediatización de la actividad política. De esta manera, la subordinación política a los intereses económicos tiende a sustituir los escenarios electorales en que se ofrecen propuestas para convencer a "electores-ciudadanos", por mercados mediáticos en que se ofrecen mensajes publicitarios para seducir a "electores-consumidores".

 

7. g-h   Los dos últimos factores que cabe destacar en esta lista no exhaustiva son, por un lado, la creciente inseguridad y la ineficiencia gubernamental frente al incremento de la violencia política y no política; y por otro lado, las dificultades existentes en algunos países para una plena subordinación de las Fuerzas Armadas a la institucionalidad democrática.

 

8. Constatamos, en suma, que la opinión pública latinoamericana piensa mayoritariamente que no hay democracia sin partidos pero también expresa que el funcionamiento actual de la democracia y de los partidos genera enorme insatisfacción. No hay democracia sin partidos y no hay partidos sin democracia.

 

II. Propuestas

 

9. Las siguientes propuestas parten de considerar que la democracia necesita instituciones fuertes, estables, enraizadas en la sociedad y dotadas de amplia legitimidad, y que los partidos políticos ocupan lugar central en el entramado institucional democrático, en cuanto a ellos les compete la función de agregación de intereses, indispensable para la construcción del bien común. A diferencia de las organizaciones propias de sectores sociales, a los partidos en su conjunto les corresponde representar políticamente a la sociedad, así como ofrecer soluciones y definir políticas de alcance general por encima de los intereses grupales o sectoriales.

 

10. Para asegurar la gobernabilidad y fortalecer a los partidos políticos se requiere, en primer lugar, promover espacios y mecanismos para el desarrollo de consensos entre los partidos y entre éstos y el conjunto de la sociedad civil, destinados a asegurar el desarrollo de políticas de Estado a largo plazo[6]. Esto implica crear y fortalecer mecanismos de intermediación, de canalización de demandas, de vigilancia social y de imbricación eficaz entre los partidos políticos y otras instancias de la sociedad civil (gremios de trabajadores y empresarios, entidades sociales y religiosas, entre otras).[7]

 

11. En segundo lugar, como el espacio privilegiado de la representación que ejercen los partidos es el parlamento, resulta necesario fortalecer y tecnificar la labor parlamentaria y lograr que los congresos se adecuen a la nueva dinámica política y social, vinculándose con las necesidades de la gente y con los modos de participación que en esta época tienen los ciudadanos.

 

12. En tercer lugar, es necesaria la renovación de los partidos y de sus estrategias para responder a la nueva realidad política y social y para favorecer la consolidación de partidos- representativos y de sistemas de partidos sólidos, plurales y estables, a través de legislaciones partidarias y electorales que establezcan, entre otros, los siguientes elementos:

 

i. Normas que aseguren el compromiso de los partidos con la  institucionalidad democrática, eviten la fragmentación excesiva, así como el anquilosamiento de los partidos, y que incentiven la participación electoral.

 

ii. Autonomía de los partidos políticos respecto "a los intereses económicos nacionales y trasnacionales, mediante normas que promuevan la equidad en las contiendas electorales, a través de la financiación pública de la actividad política, la regulación del financiamiento privado y el acceso equitativo a los medios de comunicación.[8]

 

iii. Transparencia financiera de los partidos (rendición de cuentas, difusión de sus fuentes nominales de financiamiento y auditorías obligatorias de oficio, así como mecanismos de control, sanciones e incentivos), condición fundamental de la ética pública y de la lucha contra la corrupción.[9]

 

iv. Desarrollo de sistemas políticos inclusivos y no excluyentes, mediante la  disminución de los costos de la acción política, lo cual abarca los costos de la competencia electoral y, en algunas circunstancias, los costos que implica votar.

 

v. Democracia interna en la selección de dirigentes y candidatos a puestos de elección popular, así como en todos los ámbitos de la vida partidaria.[10]

 

vi. Promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y superación de toda forma de discriminación.

 

vii. Garantías para todos los partidos, incluyendo los de oposición, en materia de derechos de información, derecho de réplica y uso de los medios oficiales de comunicación.

 

13. En cuarto lugar, urge establecer y fomentar programas de formación política, particularmente para mujeres, jóvenes, grupos étnicos y población marginada. Estos programas deben inscribirse en el marco de un impulso de la educación democrática en todos los niveles de la vida social, a partir de la escuela.[11]

 

14. En quinto lugar, para contribuir al fortalecimiento de la democracia, los partidos y movimientos políticos deben recuperar su capacidad de elaborar estrategias de desarrollo económico y social. Para este efecto, debe promoverse la reflexión sustentada en elaboraciones teóricas y análisis empíricos, en los que podrían colaborar las organizaciones internacionales pertinentes.

 

15. Conviene, por último, promover instancias de cooperación permanente entre los partidos políticos de la región. Sería muy conveniente que el Parlamento Latinoamericano y los parlamentos subregionales, con la colaboración de la OEA y de IDEA Internacional, e invitando a las organizaciones partidarias internacionales, organicen reuniones con los partidos políticos, a fin de discutir medidas destinadas al fortalecimiento de los mismos.

 

III. Reflexión final 

 

16. La consolidación de la gobernabilidad y de la legitimidad democrática requiere, ante todo, que el Estado asuma con eficiencia y transparencia sus responsabilidades básicas en cuanto a desarrollo humano sostenible, formación de capital social y la creación de un ambiente propicio para la inversión y el crecimiento. Para que el Estado asuma y cumpla con eficacia estos propósitos es necesario, por un lado, aumentar y fortalecer su capacidad tributaria, y por otro, que haya una plena consolidación del Estado de Derecho, a fin de evitar los fenómenos de corrupción, padrinazgo y clientelismo que tanto daño hacen a la gestión del Estado y a la credibilidad y prestigio de la política y de los partidos.

 

Relación de expertos participantes en la consulta

 

Alberto Adrianzén (Perú)

Antonio Araníbar (ex Canciller de Bolivia)

Brian Dean (IRI, Estados Unidos)

Elena Flores (Fundación Pablo Iglesias, España)

Steven Griner (OEA, Estados Unidos)

Pablo Guerrero (Banco Mundial, Chile)

Edmundo Jarquín (BID, Nicaragua)

Diputado José Eduardo Martins Cardozo (Brasil)

Myriam Méndez-Montalvo (PNUD, Colombia)

Luis Nunes (NDI, Venezuela)

Simón Pachano (Ecuador)

Diputada Beatriz Paredes (ex Presidenta del Parlatino, México)

Santiago Pedraglio (Perú)

Augusto Ramírez Ocampo (ex Canciller de Colombia)

Juan Rial (IDEA, Uruguay)

Rafael Roncagliolo (IDEA, Perú)

Fernando Sánchez Albavera (CEPAL, Perú)

Carlos Santiso (Reino Unido)

Ana Elena Townsend (Parlatino, Perú)

Daniel Zovatto (IDEA, Argentina)

 

 

Anexo 1

Desafección hacia la democracia y los partidos políticos

 

Cuadro I:  Nivel de satisfacción con la democracia (%)

 

1996

1997

1998

1999/2000

2001

Promedio
1996-2001

Uruguay

51

65

68

70

55

62

Costa Rica

51

68

54

61

51

57

 Venezuela

30

36

35

55

41

39

Argentina

34

42

49

46

21

38

Honduras

19

49

-

44

32

36

Panamá

28

39

34

47

21

34

Guatemala

17

40

57

36

16

33

Chile

28

37

32

35

25

31

El Salvador

26

48

-

27

20

31

Nicaragua

24

51

 

16

24

29

México

12

45

21

37

27

28

Ecuador

33

31

34

23

15

27

Bolivia

25

33

24

22

19

27

Colombia

16

36

24

27

9

22

Brasil

21

23

25

19

21

22

Perú

28

21

18

24

16

21

Paraguay

21

15

24

12

10

17

Promedio total

27

40

36

35

25

32

 

Fuente: Datos del Latinobarómetro, citados en el libro: “Democracies in Development” (IDEA-BID), año 2002.

 

 

Cuadro II: Confianza en las instituciones en América Latina (%)

 

1996

1997

1998

1999/
2000

2001

1996/

2001

Iglesia

76

75

79

77

72

76

Televisión

51

46

46

42

49

47

Fuerzas Armadas

45

47

42

45

39

44

Presidencia

28

39

38

39

35

36

Poder Judicial

33

37

32

34

32

34

Administración Pública

30

-

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