| Titulo |
Las migraciones
internacionales
en América Latina y el Caribe
Edición Nº 65
Mayo-agosto 2002 |
| Autor |
Secretaría Permanente del SELA
Indíce |
Rasgos
sociodemográficos y económicos de la migración internacional en ALC
Miguel Villa y Jorge Martínez Pizarro
Funcionarios del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE),
División de Población de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL).
II. Perfiles y repercusiones de la migración de latinoamericanos y caribeños
Los antecedentes reunidos por el Proyecto de Investigación sobre Migración Internacional
en Latinoamérica (IMILA) muestran que, además de su magnitud creciente, la migración
internacional de latinoamericanos y caribeños -tanto entre los países de la región como
hacia el resto del mundo- experimentó cambios cualitativos, que se reflejan, por ejemplo,
en su composición según sexo y en la participación de personal calificado entre los
migrantes insertos en la fuerza de trabajo.
En buena medida, tales cambios encuentran su explicación en las persistentes tensiones
económicas experimentadas por los países de la región; estas tensiones, profundizadas
por la prolongada crisis de la "década perdida" de 1980 y los efectos
inmediatos de los programas de ajuste estructural, repercutieron sobre el funcionamiento
de los mercados de trabajo. No menos importante fue el impacto de las serias convulsiones
del escenario sociopolítico que, en algunos casos, resultaron en la militarización de
los conflictos y en la ruptura de las normas de convivencia civil.
Las modificaciones en las disposiciones normativas de los países de destino también
pueden haber incidido en los cambios de la composición de los migrantes; la rigurosa
aplicación de normas restrictivas de ingreso y permanencia parece haber dado mayor
visibilidad a los fenómenos de "indocumentación" y a que algunos movimientos
de tipo itinerante y recurrente se convirtiesen en traslados de carácter definitivo
(acarreando consigo un incremento de la práctica de reunificación familiar en los
países de destino). Además de sus rasgos cualitativos, los patrones de migración de
latinoamericanos y caribeños entrañan repercusiones de gran importancia y una de ellas
es la transferencia de un caudal importante de recursos financieros, fenómeno que cobra
vigencia en las remesas.11
1. Especificidades de género y visibilidad de las mujeres
El examen de los índices de masculinidad de los migrantes regionales en todo el
continente americano permite advertir el paso de una situación de predominio femenino en
1970 y 1980 a otra de mayoría masculina en 1990; en cambio, la migración intrarregional
acusa una sostenida "feminización" (gráfico Nº 4).12 Esta aparente paradoja
es imputable al aumento del índice de masculinidad del stock de inmigrantes
latinoamericanos en los Estados Unidos, que refleja básicamente el efecto de las
corrientes más numerosas (especialmente la originada en México), puesto que la mayoría
de los flujos restantes presenta un predominio femenino.13
Un análisis detallado muestra que la composición según género de las diversas
corrientes migratorias es muy heterogénea. Dicha heterogeneidad no guarda una relación
sistemática con el origen o el destino de los migrantes ni con la distancia recorrida,
sino que parece obedecer a otros factores. Uno de ellos es la aparente complementariedad
entre los mercados de trabajo de los países emisores y receptores, puesto que algunos
circuitos migratorios parecen verse afectados por la demanda laboral en determinados
sectores de actividad y ocupación.
Así, en las corrientes de mexicanos a los Estados Unidos y de bolivianos y chilenos a
Argentina se aprecia un predominio masculino, presumiblemente originado en la fuerte
demanda por trabajadores para las tareas agroextractivas de los países de destino;
distinto es el caso de los colombianos en Venezuela y de los paraguayos en Argentina, que
presentan una mayoría femenina, atribuible a su inserción en actividades de servicios,
incluidos los de tipo doméstico.
En lo que se refiere a la migración que tiene lugar dentro de la Comunidad del Caribe,
los datos censales del conjunto de países presentan un ligero predominio femenino, tal
vez asociado con las ocupaciones de la industria turística (Thomas-Hope, 2000). No
obstante, es inapropiado imputar la preeminencia de mujeres en algunos flujos
exclusivamente a su modalidad de incorporación en la fuerza de trabajo de las sociedades
de destino; otros factores, como el papel de las redes y comunidades de migrantes o las
expectativas de reagrupación familiar, afectan también los índices de masculinidad de
la migración.
Son muchas las razones que avalan la importancia de investigar con mayor acuciosidad la
diferente participación de hombres y mujeres en la migración (United Nations, 2000 y
1996). En primer término, es necesario explorar la hipótesis de que la migración de las
mujeres no siempre encuentra su origen en tentativas o racionalidades laborales; con todo,
tampoco es válido sostener que las mujeres se desplazan sólo en virtud de su condición
económicamente dependiente (por ejemplo, al amparo de mecanismos de reunificación
familiar), ya que muchas lo hacen con autonomía y en consonancia con las transformaciones
de los mercados de trabajo, los vaivenes de los esquemas de integración regional y el
ritmo de la apertura externa de las economías.14
En segundo lugar, a pesar de la alta participación laboral que se observa entre las
migrantes hacia los Estados Unidos, existen indicios de que la "feminización"
de las corrientes migratorias suele asociarse a una escasa diversidad de oportunidades
laborales para las migrantes (ilustrada por la preeminencia del servicio doméstico y de
otros rubros del sector terciario, que la construcción cultural del género reserva a las
mujeres); este fenómeno incide tanto en el aprovechamiento de los recursos humanos como
en las expectativas de pleno desarrollo personal que deparan las sociedades de destino.
En tercer término, la migración internacional involucra cambios en las estructuras
familiares, como sucede cuando las personas que migran son jefes de hogar y dejan tras de
sí a sus parientes más directos; en particular, las relaciones que se establecen entre
las mujeres migrantes y sus familias en los lugares de origen afectan decisivamente el
funcionamiento de las redes migratorias, que operan como mecanismos retroalimentadores de
la migración.
En cuarto lugar, las evidencias de la creciente trata internacional de mujeres y niñas
ponen de manifiesto una situación compleja -indisolublemente ligada a la vulnerabilidad
de las migrantes-, que debilita el supuesto de que la migración constituye un factor de
potenciación de la mujer o un mecanismo coadyuvante de la equidad de género (Lim, 1998).
No menos importante que el estudio de la migración de las mujeres es el de la condición
de las que no migran, especialmente cuando la emigración de sus cónyuges las lleva a
asumir el liderazgo de sus hogares y la administración de las remesas que muchas veces
perciben.
Fuente: Proyecto IMILA del CELADE
2. Participación de personal calificado
De acuerdo con los datos reunidos por IMILA, el número total de técnicos, profesionales
y afines que integran el stock de migrantes regionales en el continente se duplicó entre
1970 y 1980, involucrando 220 mil personas; en el decenio siguiente la magnitud absoluta
del aumento fue algo menor, pues su total llegó a poco más de 300 mil efectivos en 1990,
dos tercios de los cuales se encontraban en los Estados Unidos.15 Como resultado, la proporción de
personal calificado entre los migrantes económicamente activos a escala continental
disminuyó de 8% en 1970 a 6% en 1990; esta declinación fue aun más marcada entre los
latinoamericanos censados en los Estados Unidos. Distinta fue la situación en el patrón
migratorio intrarregional, puesto que la participación de profesionales, técnicos y
afines aumentó de 6% a 8% de los migrantes económicamente activos entre 1970 y 1990 (en
valores absolutos, el número de estas personas se triplicó en esos veinte años)
(gráfico Nº 5).
Fuente: Proyecto IMILA del CELADE.
Es probable que el carácter
masivo que adquirió la emigración a los Estados Unidos durante el decenio de 1980 haya
repercutido en la declinación relativa del personal calificado; con todo, cabe anotar dos
observaciones: a) en este país siempre han existido dificultades para una inserción
laboral de los latinoamericanos y caribeños acorde con el grado de calificación; y b) la
magnitud absoluta del personal calificado regional es muy importante para las
disponibilidades nacionales en varios países (Pellegrino y Martínez, 2001). A su vez, el
hecho de que el personal calificado sea una fracción creciente de las personas que migran
entre los países de la región latinoamericana es importante, puesto que contribuye a
valorizar este patrón migratorio y pone en entredicho la percepción de que tales
migrantes carecen de suficiente capacitación; además, esta tendencia es un estímulo
poderoso para diseñar esfuerzos de cooperación en el empleo compartido de los recursos
humanos, particularmente en el marco de los esquemas de integración subregional.
Como ocurre con la dimensión de género, la composición de las corrientes migratorias
específicas se distingue por una gran heterogeneidad. Así, entre los inmigrantes
latinoamericanos en los Estados Unidos, los porcentajes de profesionales, técnicos y
afines entre las personas procedentes de América del Sur duplican los que registran las
corrientes provenientes de México y algunos países caribeños y centroamericanos. Un
distingo similar se aprecia en Argentina y Venezuela cuando se contrasta la proporción
relativamente baja de personal calificado en las corrientes voluminosas procedentes de las
naciones limítrofes (salvo Uruguay) con la que se advierte en las corrientes originadas
en el resto de América Latina. En general, se observa que la participación relativa de
profesionales, técnicos y afines tiende a ser menor en los países de elevada
emigración, con excepción de Cuba y Uruguay; por el contrario, los emigrantes de las
naciones latinoamericanas de alta inmigración (Argentina y Venezuela) se distinguen por
un elevado grado de selectividad (en favor del personal calificado).
Este último rasgo también se aprecia en el caso de la migración entre los países de la
Comunidad del Caribe, donde destaca la corriente recibida por Jamaica, en la que algo más
de la mitad de los inmigrantes son profesionales y técnicos (Mills, 1997). En promedio,
el nivel de educación de los migrantes intracaribeños de habla inglesa supera el de las
poblaciones de origen y destino; por ejemplo, en Antigua, Bahamas y las Islas Vírgenes
Británicas la proporción de inmigrantes del resto de la Comunidad que cuentan con
estudios universitarios supera en más de dos veces aquella de la población nacional, y
en Barbados esa relación es de más de siete veces (Thomas-Hope, 2000).
Si bien el nivel educativo de los emigrantes latinoamericanos a los Estados Unidos es
inferior al de la población nativa de este país, Pellegrino (2000) advierte -con arreglo
a un esquema de Sassen (1988)- que su perfil de calificación se polariza en dos extremos:
un conjunto de personas, que se distingue por un alto grado de calificación, se inserta
en ocupaciones gerenciales y de ciencia y tecnología, pero el grupo más numeroso se
concentra en los subsectores económicos de baja productividad (donde quedan incluidos
individuos que pudieran estar sobrecalificados para el cumplimiento de determinadas
funciones).
Esta polarización permite advertir que si bien los menos calificados predominan en el
stock de inmigrantes de la región en los Estados Unidos -condición que puede verse
exagerada por el tipo de ocupación declarada-, el número de aquellos que poseen un grado
relativamente alto de calificación es considerablemente elevado en relación con la
disponibilidad de tales recursos humanos en los países de origen; así lo pone en
evidencia el hecho de que los profesionales y técnicos constituyen más del 15% de los
migrantes procedentes de Argentina, Venezuela y Chile.
También el stock de inmigrantes caribeños en los Estados Unidos se distingue por una
participación de profesionales superior a la que se registra en los países de origen;
ello es interpretado como un rasgo de selectividad que puede ocasionar un impacto negativo
en las frágiles economías de estos países, puesto que la emigración los despoja de
muchos de sus trabajadores más calificados. Tal efecto se ve acrecentado por el hecho de
que estos emigrantes son, en general, adultos jóvenes, parte de los cuales retorna a sus
naciones de origen cuando tienen más de 50 años de edad (Thomas-Hope, 2000).
Como indica Alba (2000), en el último cuarto del siglo XX los flujos migratorios de
México a los Estados Unidos, junto con reflejar una mayor difusión geográfica en cuanto
a su origen, se hicieron menos cíclicos o circulares y más de carácter permanente. Esta
masificación de la migración (el promedio anual de emigrantes "permanentes" se
decuplicó entre los decenios de 1970 y 1990) fue concomitante con la profunda
reestructuración experimentada por la economía mexicana en virtud de su integración
más intensa a la de los Estados Unidos y entre sus efectos se destaca una gran
transformación de la dinámica de la demanda laboral, que se expresó de manera
diferenciada entre los sectores, categorías de ocupación y niveles de calificación.
Por ende, la menor selectividad de los migrantes según su perfil de calificación parece
explicarse por la masificación de la emigración a los Estados Unidos. En lo que se
refiere a Centroamérica, el mismo autor (Alba, 2000) apunta que en apenas un par de
décadas se consolidó un sistema emigratorio de proporciones masivas a los Estados
Unidos; las crisis económicas, las convulsiones sociopolíticas y los desastres naturales
contribuyeron a este proceso, otorgando un carácter más "definitivo" y
extendido a desplazamientos que antes fueron principalmente temporales y a corta
distancia.
Los mercados laborales domésticos, afectados tanto por el estancamiento de las economías
nacionales como por su inserción internacional en calidad de productores primarios,
fueron incapaces de absorber una oferta de mano de obra, brecha que se vio ensanchada por
los efectos del proceso de transición demográfica (Castillo y Palma, 1999;
CEPAL/CELADE/OIM, 1999). Así, las fuerzas que contribuyeron a la gran expansión
emigratoria de México y Centroamérica (principalmente de El Salvador, Guatemala y
Nicaragua) a los Estados Unidos se encuentran detrás de la disminución que se observa en
la proporción de personal calificado en el stock inmigratorio regional registrado en este
último país hacia 1990. Con todo, la emigración de personal calificado sigue
representando una erosión importante de las masas críticas nacionales; ello permite
indicar que el problema del brain drain sigue estando presente en todos los países de la
región (Pellegrino y Martínez, 2001).
3. Otras repercusiones de la emigración y el caso
de las remesas
Las repercusiones de la migración internacional son múltiples y se hacen sentir en los
diversos planos de la realidad social, económica y cultural. Así, en varios países de
América Latina y el Caribe este fenómeno parece haber contribuido a aliviar el impacto
de las tensiones entre las tendencias demográficas y la generación de empleo, de las
originadas en conflictos sociopolíticos, étnicos y religiosos, y de las asociadas con
formas agudas de degradación ambiental; a escala individual, la emigración constituye
una opción para la búsqueda de oportunidades laborales y de formación personal no
disponibles en los países de origen.
Sin embargo, en el otro platillo de la balanza, la hipótesis de la "válvula de
escape" se confronta con la erosión de recursos humanos, que puede tener
consecuencias adversas para el desarrollo económico y social de los países de origen. A
ello se añaden los problemas de la indocumentación, resultantes de la aplicación de las
normas legales nacionales que rigen el ingreso y permanencia de las personas, y que pueden
enrarecer las relaciones entre los países de origen y destino de los migrantes.
Además, en el plano individual, la emigración puede ser fuente de vulnerabilidad,
frustración y trato discriminatorio. Asimismo, es sabido que en algunos países
receptores cobran fuerza las percepciones negativas frente a los costos de la utilización
que hacen los inmigrantes de servicios sociales subsidiados (salud, educación, salud,
seguridad social) o respecto de la competencia "desleal" por puestos de trabajo;
con todo, tales países derivan beneficios de la inmigración, como la oferta continua de
mano de obra barata o el aprovechamiento de personal altamente calificado, sin que ello
implique asumir los costos de su capacitación.16
Otra repercusión de la migración es la conformación de redes y comunidades migratorias.
Aunque la existencia de organizaciones de migrantes no es algo nuevo en los países
receptores -pues se sabe que las asociaciones acompañaron la llegada de los flujos de
inmigrantes de ultramar-, en los últimos años adquirieron notoria visibilidad entre los
latinoamericanos y caribeños presentes en los Estados Unidos. Varios estudios destacan el
carácter transnacional de las comunidades y las conciben como nuevas formas de identidad
que viabilizan el relacionamiento continuo y sostenido de los migrantes con sus áreas de
origen, facilitan la acumulación de capital social (Portes, 1997) y generan impulsos
retroalimentadores de los flujos migratorios.
La condición transnacional de las comunidades se reafirma por el hecho de que su
operación traspasa las fronteras políticas y culturales (Canales y Zlolniski, 2000),
definiendo una geografía reticulada de interacciones. Estas comunidades configuran, en
buena medida, el ámbito de la reproducción social de los migrantes, ya que en ellas se
materializan expresiones solidarias de diverso tipo y se produce una intensa difusión
cultural que comprende danzas, formas plásticas, artesanías, gastronomía y festividades
latinoamericanas y caribeñas. Su papel es bastante complejo, ya que potencian la
transferencia de remesas colectivas y cumplen un papel central en la acción afirmativa de
los propios migrantes frente a las prácticas de rechazo social que les afectan en las
sociedades de destino (CEPAL, 2002).
Las observaciones precedentes sirven de marco de referencia para comprender el papel de
las remesas. La emigración -además de abrir la posibilidad para establecer vínculos
favorables a la incorporación de tecnología y la inversión productiva en los países de
procedencia- aporta también una fuente de divisas para los países, comunidades y
familias de origen.
Una estimación de la CEPAL, basada en las series de la balanza de pagos de los países,
ubica el monto total de las remesas transferidas por los emigrantes a América Latina y el
Caribe en unos US$ 18 000 millones en 2000 (más de un tercio se dirigieron a México).
Como muestra de su importancia, la tasa media anual de crecimiento de dichos ingresos
durante los años noventa fue mayor al 13%, superando el 20% en Ecuador, Honduras,
Nicaragua y Perú (CEPAL, 2002).17 Con relación al impacto macroeconómico de las remesas, puede señalarse que en
las economías de El Salvador, Nicaragua, República Dominicana, Ecuador y Jamaica
representan entre el 8% y el 14% del PIB (y equivalen al 48% del valor de las
exportaciones salvadoreñas) (CEPAL, 2002).
Samuel (2000) sostiene que las remesas pueden concebirse como parte de un arreglo
contractual diferido en el tiempo, que confiere beneficios al migrante y al hogar en el
país de origen. Tal arreglo involucra la inversión que la familia efectúa en uno de sus
miembros -cuando afronta los costos de su educación- con la expectativa de que su
migración permitirá obtener una compensación mediante las remesas; se trata de una
inversión de riesgo, cuya incertidumbre disminuirá en la medida en que ese miembro
migre.
Los estudios de la CEPAL (2000b) en Centroamérica revelan que la mayor parte de las
remesas se destina al consumo de las familias, aunque también al mejoramiento de la
vivienda y la compra de tierras y capital de trabajo; por ende, las remesas juegan un
papel importante en el sostenimiento de las familias. Dado este fuerte énfasis en el
consumo, muchas veces se desestima el impacto económico y social que estas transferencias
tienen más allá del ámbito familiar (Torres, 2000).
Sin duda que si este consumo fuese únicamente superfluo, el aporte al desarrollo sería
escaso, pudiendo propiciar la dependencia de los hogares (y las comunidades locales)
respecto de una fuente de ahorro externo, cuya estabilidad (regularidad en los montos y
continuidad temporal de los flujos) no está garantizada. En cambio, si estos recursos se
emplearan para costear una educación de mayor calidad, mejorar la salud o elevar el nivel
de vida y de la productividad, la contribución de las remesas al desarrollo sería
significativa.
La información sobre el uso de las remesas familiares no es sistemática y presenta
ambivalencias; con todo, los más recientes estudios realizados en México (1999) y
República Dominicana (1997) muestran que la proporción destinada a inversión varía
entre 15% y 23% del total de los recursos enviados por los emigrantes a sus familias de
origen. Si la última cifra se toma como referencia para los cinco países antes
individualizados, se obtiene una estimación del monto global de la inversión de casi US$
1 400 millones en 1999, magnitud similar a la que los fondos de inversión social
asignaron ese año en infraestructura social (Torres, 2000).
Dada la gran cuantía de recursos movilizados por las remesas familiares, en algunos
estados de México se crearon instrumentos de inversión local, que se emplean para
financiar obras de infraestructura y proyectos productivos dirigidos a retener población
en zonas de fuerte emigración; dichos instrumentos son mecanismos de financiación
compartida, pues se nutren de aportes de las agencias de intermediación financiera (con
cargo a una parte de las utilidades que obtienen en el envío de las remesas), de los
mismos estados y de los propios emigrantes.
En República Dominicana se han establecido programas orientados al fomento de obras
comunitarias y microempresas con la participación de las familias receptoras de remesas.
Además de las remesas familiares, hay otras de naturaleza colectiva, habitualmente
reunidas por las asociaciones de emigrantes con el objeto de financiar obras comunitarias
en los lugares de origen; para potenciar el efecto de estas inversiones, en México se
creó un mecanismo de financiación en el que participan tanto los emigrantes como los
niveles central, estadual y municipal del sector público (CEPAL, 2000b y 2002).
Más allá de las iniciativas orientadas a facilitar el envío de remesas y fomentar su
utilización en inversiones productivas, un tema complejo de estas transferencias es su
incidencia sobre los patrones de distribución de ingreso. Como afirma Samuel (2000), si
el supuesto teórico de que las remesas son mayores para los hogares pobres fuese
efectivo, una consecuencia lógica de su flujo sería una mejora en la distribución del
ingreso. No obstante, los antecedentes disponibles -si bien insuficientes- no permiten
validar tal supuesto. Dado que la propensión migratoria parece más alta entre los grupos
no pobres, y que el monto de las remesas guarda relación estrecha con la posición en la
ocupación en la sociedad de destino, es probable que estas transferencias no contribuyan
a un mayor grado de equidad socioeconómica en los países de origen; esta apreciación
parece encontrar su corroboración en el hecho de que, durante los años noventa, la
desigualdad en la distribución del ingreso y la pobreza aumentaron en varios países que
recibieron importantes flujos de remesas y que registran los menores índices de gasto
social per cápita.
En suma, es claro que el debate acerca de los efectos de las remesas -y, en general, de la
migración- sobre la distribución del ingreso, la pobreza y el bienestar todavía está
lejos de cerrarse. No menos claro es que las iniciativas dirigidas a propiciar un uso
productivo de las remesas se deben entender como complementarias de los esfuerzos de
desarrollo de los países; además, tales iniciativas deben resguardar el pleno respeto de
las decisiones de las personas involucradas (CEPAL, 2002).
III. Una nota acerca del futuro de la migración internacional
y de su gobernabilidad
El panorama que se ha expuesto se basa en los antecedentes empíricos más generales
disponibles sobre la situación migratoria en América Latina y el Caribe hasta el decenio
de 1990. Como la información se refiere a desplazamientos de personas que han cambiado de
país de residencia habitual (migrantes propiamente tales), este panorama no es
suficientemente nítido respecto del efecto de otras formas de movilidad internacional de
la población que pudieran haber surgido o incrementado su importancia relativa en los
últimos años.
Es probable que la creciente apertura de las economías nacionales, aunada a los cambios
en la tecnología de los transportes y comunicaciones -con la consiguiente reducción de
las fricciones impuestas por la distancia física y cultural-, facilitara los movimientos
de tipo temporal, cíclico o circulatorio, que no implican traslados de residencia, y que
llevan a una transnacionalización de la migración contemporánea. Así, la situación
actual de la movilidad internacional abarca situaciones muy diversas, que tal vez se
superponen de modo muy complejo a los tres grandes patrones identificados.
Es decir, la falta de información apropiada limita el horizonte de estudio de la
migración internacional; esto es particularmente cierto en lo que se refiere a la
evaluación de los eventuales efectos de los procesos de integración regional impulsados
durante los años noventa. No obstante lo dicho, las restricciones de naturaleza factual
no impiden reflexionar (si bien de manera un tanto especulativa) acerca de las
incertidumbres que rodean las tendencias futuras y de las posibilidades que se abren para
que los países puedan avanzar por un camino que conduzca a una gobernabilidad de la
migración.
1. Migración y globalización
Aun cuando es difícil predecir los efectos futuros de las reformas económicas
liberalizadoras -incluso en subregiones insertas en esquemas de integración-, es
verosímil suponer que si se mantienen las grandes desigualdades en el grado de desarrollo
relativo de los países, la propensión migratoria se incrementará, por lo menos a corto
y mediano plazo (CEPAL, 2002; Tuirán, 1998).
La creciente intensidad de las interacciones económicas entre los países y la cada vez
mayor densidad de comunicaciones a escala global contribuirán a que esas desigualdades se
hagan más visibles a los ojos de la población, estimulando sus aspiraciones a migrar;
además, es posible que las redes sociales establecidas por los migrantes coadyuven a
incentivar y materializar tales expectativas (Alba, 1998). A más largo plazo, si las
brechas de desarrollo se atenúan, es probable que la propensión migración se haga menos
intensa; el supuesto forzoso que subyace a esta apreciación es que la convergencia
económica socioeconómica (y cultural) terminará por desestimular la migración.
Con todo, algunos especialistas sostienen que ello sólo podría ocurrir en un horizonte
lejano, pues a corto y mediano plazo los esquemas de integración de mercados pueden
incentivar la migración, ya que las oportunidades laborales que conllevan contribuirán a
que las personas dispongan de medios para financiar su traslado18; más aun, si la operación de esos esquemas de integración se
tradujera en una desarticulación de las unidades de producción intensivas en mano de
obra, el efecto neto resultante será un impulso de las propensiones migratorias (Working
Group on International Migration, 1998).
Como en la actual globalización no existen condiciones que favorezcan una genuina
disminución de las grandes desigualdades en el grado de desarrollo relativo de los
países -y las redes y comunidades de migrantes muestran un gran vigor en su accio-nar-,
todo hace prever que un eventual aumento de las oportunidades laborales (incluidas las
mejoras de salarios) en un mundo más informado e intercomunicado servirá de acicate a
las propensiones migratorias. Así, bajo el influjo de la inversión externa directa, el
crecimiento económico de los países tradicionalmente emisores de fuerza de trabajo puede
generar un ambiente propicio para la emigración (Alba, 1998; Rowlands y Weston, 1996;
Tuirán, 1998; Working Group on International Migration, 1998).
En este sentido, la cadena lógica que enlaza mayor desarrollo con más migración, y que
más tarde podría desembocar en un descenso de las propensiones migratorias, fue descrita
hace tiempo mediante la metáfora de la "joroba migratoria" (migration hump),
que alude a un proceso transicional de la migración asociado a las estrategias de
crecimiento económico con incorporación del cambio tecnológico y superación de las
condiciones de bajos salarios y desempleo (Ghosh, 1997; Stalker, 2000). Un corolario de lo
dicho es que, a largo plazo y sólo en la medida en que se atenúen las brechas de
desarrollo, la migración podrá mermar en intensidad. Esta hipótesis parece tener mayor
relevancia para la corriente hacia el exterior de la región (un típico caso de
migración sur-norte) que para el patrón intrarregional, cuyas tendencias futuras
dependerán más de la forma en que se desarrollen los grandes espacios de integración
subregional.
Las observaciones precedentes sugieren que, por lo menos a corto plazo, la migración
tenderá a seguir aumentando. En estas condiciones resulta particularmente notoria la
inconsistencia que hoy se registra entre la creciente liberalización de la circulación
de bienes y servicios y el rigor de las restricciones administrativas que se imponen al
desplazamiento de las personas; dicho rigor se ve impulsado -y probablemente reforzado en
la actual coyuntura internacional- por la existencia de un ambiente social negativo
respecto de la inmigración en los países de mayor grado de desarrollo.19
Frente a los procesos económicos contemporáneos, las políticas migratorias unilaterales
tradicionales basadas en controles parecen perder legitimidad y eficacia (Escobar, 1998;
Moulier-Boutang y Papademetriou, 1994; Pellegrino, 1995). Tapinos y Delaunay (2000), tras
examinar la evolución de los stocks, flujos y sistemas migratorios en el mundo
contemporáneo, concluyen que la persistencia de restricciones (explícitas o implícitas)
a la movilidad se contrapone a la operación de las fuerzas del mercado (que propician la
migración) y resulta en la ausencia de una globalización migratoria.
Ello es particularmente visible en el caso de la migración de recursos humanos de alto
grado de calificación que, no obstante estar en mejor pie para participar en la movilidad
contemporánea,20 se estrella con
la férrea defensa de los intereses de poderosos grupos gremiales, lo que redunda en una
aplicación extrema de la "regla de prioridad" e impide el efectivo
aprovechamiento del potencial involucrado (CEPAL, 2002; Iredale, 1998); éstos, y otros
factores, imponen una nota de cautela sobre la formación de un mercado global de recursos
humanos calificados (CEPAL, 2002; Pellegrino y Martínez, 2001).21
La inquietud y aparente resistencia que despierta la migración, especialmente en las
naciones desarrolladas, puede inhibir las potencialidades de la liberalización de los
mercados para promover un desarrollo más equitativo a escala global. Esta misma inquietud
parece explicar la casi sistemática omisión del tema de la migración en las
negociaciones conducentes a la suscripción de acuerdos multinacionales de comercio y
aranceles, lo que implica hacer abstracción de una realidad -el intercambio de recursos
humanos- cuyas manifestaciones entrañan problemas que podrían abordarse mediante
esfuerzos conjuntos, como los relativos a la mejora de las condiciones laborales y la
genuina vigencia de los derechos de las personas migrantes. Por ello es que Tapinos y
Delaunay (2000) afirman que la migración, a diferencia de lo que ocurrió en el pasado
-cuando cumplió un papel fundamental en la articulación económica y social entre las
naciones-, está excluida de la globalización contemporánea.
2. Migración e integración en el marco de la globalización
En virtud de las expectativas e incertidumbres que despiertan las iniciativas en favor de
la integración económica de los países americanos, de la experiencia acumulada en
materia de acuerdos subregionales y del reconocimiento del marco de creciente apertura de
la región al resto del mundo, cobran fuerza las propuestas en favor de un regionalismo
abierto.22 Tales
propuestas concitan la aceptación generalizada de los gobiernos y actores civiles de las
sociedades de la región y abren la posibilidad de abordar, de manera explícita, los
problemas y potencialidades de la migración; dicha posibilidad se verá acrecentada si
los esquemas de integración, en lugar de circunscribirse a "una concepción
mercadista", se encaminan a utilizar "todas las oportunidades económicas,
culturales y políticas" involucradas (Di Filippo, 1998).
Además de beneficiarse de las grandes ventajas de la vecindad -geográfica, económica,
cultural y política- y de reforzar los regímenes democráticos, el regionalismo abierto
puede alentar la articulación de intereses comunes frente a otras regiones, garantizando
el resguardo de los derechos humanos de los migrantes y propiciando la reducción de las
formas de indocumentación, el combate a la trata de personas, el establecimiento de
sistemas comunes de información, la armonización de las políticas migratorias, la
suscripción de acuerdos en áreas como la protección laboral y la transferencia (y
empleo compartido) de recursos humanos calificados, y, en general, la aplicación de
convenios sobre el tratamiento de los migrantes.
El diseño de políticas en materia de movilidad de la población es una tarea pendiente,
y su prioridad se evidencia en la dificultad para reconocer y enfrentar realidades que
comprometen a la comunidad internacional. Tal tarea exige la cooperación y el esfuerzo
mancomunado de los países para conducir adecuadamente los procesos migratorios en un
contexto amplio de equidad social.23
Dentro del ámbito de los esfuerzos de integración subregional, esta labor puede
complementarse fortaleciendo mecanismos institucionales que propicien la armonización de
las políticas nacionales de migración. Una señal de avance en esta dirección es la
Conferencia Regional sobre Migración (establecida en Puebla, México, en 1996), instancia
de consulta y comunicación en que participan los países de América del Norte y
Centroamérica; una iniciativa similar de los países de América del Sur está en vías
de consolidación.
Si se acepta, como un principio básico, que el derecho de cada Estado a controlar el
ingreso de extranjeros es sólo un aspecto de la migración internacional, y que ese
derecho no se contrapone de manera absoluta con criterios de admisión comunes a los
países de la región, es posible examinar la factibilidad de acuerdos sobre otros campos
de la migración, como los relacionados con el mundo del trabajo, las prestaciones
sociales y la reagrupación familiar (CEPAL/CELADE, 1995).
El tratamiento de los numerosos asuntos de la migración internacional obliga a superar
las visiones normativas oficiales y unilaterales, de carácter esencialmente restrictivo
-que se extienden a parte importante de la opinión pública y alimentan los prejuicios
sobre el fenómeno. Como sostiene Sassen (2001), lo dicho implica asumir el reto de
examinar la naturaleza del control que ejerce el Estado; también implica impulsar una
progresiva flexibilidad que contribuya decisivamente a un tipo de gestión migratoria que
facilite los movimientos migratorios y proteja a las poblaciones involucradas (CEPAL,
2002).
Así, por ejemplo, las políticas dirigidas a favorecer las transferencias internacionales
de recursos humanos podrán convertirse en un medio útil para fomentar la difusión e
internalización del cambio tecnológico como parte de un mercado común en materia de
ciencia y tecnología, que auspiciado por la cooperación internacional abre posibilidades
para la participación de agentes públicos y privados (OIM, 1993; Pellegrino, 2000).
Es decir, los esfuerzos conjuntos pueden contribuir a hacer más coherentes las normas
nacionales con las orientaciones económicas y políticas del contexto internacional
contemporáneo y a lograr un mejor aprovechamiento de los aportes de la migración al
crecimiento económico y al desarrollo socialmente sustentable. Por tanto, más allá de
su dominio administrativo específico, las políticas en materia de migración deben
propender a un estilo de gobernabilidad de la movilidad de la población que se inscriba
de lleno en el contexto de las estrategias de desarrollo (Mármora, 1997), estilo que los
países de América Latina y el Caribe deberán preservar firmemente frente a cualquier
amenaza.
Antes de encapuchar la pluma, es bueno reiterar la oportunidad que significan los acuerdos
de integración subregional para avanzar en estas materias, asumiendo el carácter
multisectorial de los asuntos relativos a la migración internacional y adoptando
políticas guiadas por principios de convergencia. Esto establece principios comunes para
abordar negociaciones en la escala continental.
Notas
11. Tales repercusiones varían, entre otros factores, según
las características de los emigrantes (grado de calificación, tipo de inserción
laboral, condición jurídica de la residencia), los vínculos con sus hogares y
comunidades de origen, la participación en asociaciones de migrantes en los países de
acogida y el tiempo de permanencia en el exterior.
12. En la emigración extrarregional las evidencias
disponibles indican una mayoría femenina en los casos de Australia, Italia y España.
13. Esta situación aparece confirmada por los datos de la
Encuesta Continua de Población de 2000 de los Estados Unidos (Schmidley, 2001).
14. Que la inmigración latinoamericana se escriba
en femenino en países como España, no da recibo tampoco para sustentar la hipótesis de
que se trate de proyectos definitivos, como apunta Izquierdo (2001) respecto de los
estudios llevados a cabo en comunidades de inmigrantes de la región.
15. Aunque los datos no son estrictamente comparables, la
Encuesta Continua de Población de los Estados Unidos de 2000 arroja una cifra del orden
de 1 millón de profesionales y técnicos latinoamericanos y caribeños, un 12% de la
fuerza de trabajo inmigrante de ese origen (Schmidley, 2001, p. 41).
16. En los Estados Unidos, la inmigración de latinoamericanos
y caribeños indocumentados parece haber propiciado la flexibilización laboral requerida
para afianzar la competitividad de su economía (Escobar, 1998); el carácter sostenido de
la demanda por mano de obra barata, incluso en épocas recesivas, es interpretado como una
muestra de la funcionalidad de aquella inmigración (Bustamante, 1994).
17. En 1999, el valor per cápita de las remesas se elevó a
US$ 218 en El Salvador y a US$ 179 en República Dominicana (Torres, 2000).
18. Varios autores sostienen incluso que el desarrollo
de los países tradicionalmente emisores de fuerza de trabajo estimulará, a corto plazo,
la emigración, y que aun si el intercambio comercial ayudara a generar empleos, esta
estrategia no será suficiente -por sí sola- para retener la población en sus
lugares de origen (Rowlands y Weston, 1996).
19. Señales palmarias de este ambiente social adverso son el
debate sobre migración sostenido en la última reunión de la Unión Europea (celebrada
en junio de 2002 en Sevilla) y la aprobación de una nueva Ley de Inmigración en Italia
(julio de 2002), cuyas severas exigencias para las condiciones de entrada y permanencia y
las sanciones para quienes violen las normas la coloca en una posición de singular
endurecimiento (así, por ejemplo, el derecho a la reunificación familiar se restringe
sólo a los hijos menores o a los que son minusválidos (sic) (www.elmundo.es).
20. Muchos países desarrollados cuentan con disposiciones
francamente agresivas para favorecer la "importación de capital humano";
además, el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS) contempla el
desplazamiento temporal de personas naturales que satisfacen algunos requisitos de
calificación (CEPAL, 2002).
21. Con todo, la "migración calificada" no muestra
atisbos de reducción y ello impone retos a los países de origen. Frente a las
iniciativas tradicionales dirigidas a retener a los potenciales participantes del
brain drain - y que, amén de poner en riesgo los derechos de las personas,
tuvieron escaso impacto en la región- parece más realista reconocer la conveniencia de
estimular la circulación y el intercambio de tal tipo de personal (brain
circulation y brain exchange) con el propósito de convertir a los migrantes en nexos
entre las redes locales y globales de desarrollo científico y tecnológico, y en agentes
de transferencia de conocimiento y tecnología (CEPAL, 2002; Pellegrino, 2000; Pellegrino
y Martínez, 2001).
22. El regionalismo abierto se concibe como "un proceso
de creciente interdependencia económica a nivel regional, impulsado tanto por acuerdos
preferenciales de integración como por otras políticas en un contexto de apertura y
desreglamentación, con el objeto de aumentar la competitividad de los países de la
región" (CEPAL, 1994, p.8).
23. Entre los desafíos que la migración impone a los países
cabe mencionar: la evaluación de sus determinaciones económicas (factores
desencadenantes) y socioculturales (factores de perpetuación); la identificación de sus
externalidades (transferencia de recursos humanos calificados, indocumentación,
reagrupación familiar y flujos de remesas); el examen de sus distintas formas
(tradicionales y novedosas); el análisis de las diversas opciones de intervención
(fomento al arraigo, canalización de los flujos, segmentación temporal de los
movimientos); la convergencia, en sentido amplio, de las políticas sociales, que
incidirá directamente en la situación de las personas migrantes.
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