| Titulo |
Las migraciones
internacionales
en América Latina y el Caribe
Edición Nº 65
Mayo-agosto 2002 |
| Autor |
Secretaría Permanente del SELA
Indíce |
La migración, una de
las pocas exclusiones de la globalización
Otto Boye
Secretario Permanente del Sistema Económico Latinoamericano (SELA).
El tema que hoy nos ocupa es, sin duda, de importancia trascendental para el mundo y para
nuestra región, por cuanto la migración internacional tiene incidencias significativas
en todos los órdenes de la sociedad humana, es decir, económicos, culturales, sociales,
jurídicos y políticos. Se ha convertido, así, en un asunto central, que ya no puede ni
podrá desconocerse en la agenda de negociaciones internacionales del presente y del
futuro. Este es un tema que a todos nos afecta e incumbe.
La actual globalización, con su profunda incidencia en nuestras vidas, no ha logrado
penetrar en el campo de la movilidad de la mano de obra, la cual sigue siendo objeto de
severas restricciones a escala mundial, que lejos de superarse están agravándose con el
correr del tiempo, particularmente en el mundo desarrollado. En efecto, si reconocemos que
las grandes desigualdades en los niveles de desarrollo socio-económico son la causa
fundamental de las migraciones, entonces la globalización real, la que hasta ahora
existe, contribuye notablemente a aumentarlas, provocando una exacerbación de tales
desigualdades entre países ricos y países pobres.
Basta observar las recientes reformas legislativas en algunos países europeos y en los
Estados Unidos de América, para darse cuenta de que este problema se agudiza cada vez
más. No en vano se ha dicho, con mucha razón, que la migración internacional pareciera
estar excluida del actual proceso de globalización, no obstante que en sus anteriores
fases, desde el ultimo tercio del siglo XIX y hasta la Segunda Guerra Mundial, los grandes
desplazamientos humanos constituyeron una gran fuerza motriz del progreso, e incluso, del
despegue industrial y tecnológico de las naciones que hoy son justamente las más
desarrolladas.
En ese contexto, es preocupante observar que la normativa y la legislación internacional
en materia de migraciones actualmente vigentes dejan mucho que desear. Dicho menos
diplomáticamente: evidencian grandes vacíos o fallas. Por un lado, la Convención
Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y
de sus Familiares, aprobada por las Naciones Unidas en 1990, después de más de una
década, aún no ha sido ratificada, a pesar de representar un gran progreso en cuanto a
la preservación de los derechos humanos fundamentales de los trabajadores migrantes, y
constituir un instrumento que favorece la articulación y convergencia de las
legislaciones nacionales actualmente discordantes entre si.
Por otro lado, los compromisos de movilidad temporal de los trabajadores, surgidos de la
Ronda Uruguay y pautados en el "Acuerdo General sobre Comercio y Servicios de la
Organización Mundial del Comercio (OMC)", han resultado ser claramente
insuficientes, sobre todo en cuanto a estimular un mayor uso de mano de obra poco
calificada en los contratos comerciales de servicios. Es de esperar que en las
negociaciones actualmente en curso en el marco de la OMC este objetivo pueda por fin
lograrse.
Por lo tanto, en el plano internacional, inevitablemente se requieren mayores compromi sos
para facilitar la movilidad temporal y permanente de los trabajadores y avanzar en otras
áreas, vinculadas a la migración, como el tránsito fronterizo, la seguridad social,
el reconocimiento de estudios y calificaciones personales, entre otros. Afortunadamente,
pareciera haber consenso en que la solución de muchos de los problemas relacionados con
este fenómeno exige normativas y medidas multilaterales, basadas en una coopera ción
entre Estados que permita formas de gobernabilidad o manejo racional de la migra ción
internacional.
También en el plano nacional, en los países receptores de masivos flujos migratorios, es
necesario crear mecanismos que faciliten la integración de los migrantes y su plena
incorporación a las sociedades de destino, en aspectos tales como la educación, los
servicios de salud y la protección social. Asimismo, se requieren medidas, en esos
países, destinadas a reducir los costos de transferencia de las remesas, que actual mente
representan recursos significativos para numerosos países en desarrollo, en muchos casos
superiores a los ingresos por exportaciones o por turismo.
Lo cierto es que el rezago económico y social de los países en desarrollo y su
estancamiento tecnológico, que se han agravado en la última década, han incrementado
significativamente la propensión de sus ciudadanos a migrar a los países desarrollados,
lo cual ha provocado cambios profundos en las legislaciones de éstos, en particular en
Estados Unidos de América y en algunos países europeos, que ahora son, por lo general,
mucho más restrictivas que en el pasado y se orientan fuertemente al control de la
inmigración ilegal, fenómeno éste que, junto al problema del empleo de trabajadores
indocumentados, se ha convertido en el tema más álgido de las políticas inmigratorias
de esos países. En general, no cabe duda de que, a escala mundial, han sido reforzados
los controles aplicables al ingreso, tránsito, residencia y empleo de extranjeros.
Por lo que respecta al ámbito regional, los latinoamericanos y caribeños representamos,
hoy en día, una de las corrientes migratorias más importante del mundo, con un 10% del
total, y la más importante en los Estados Unidos de América, con un 46% del total, en
contraste con lo ocurrido en ese país en el pasado, cuando casi el 90% de los inmigran
tes que recibía eran de origen europeo.
Las corrientes migratorias más fuertes son de trabajadores con una calificación profe
sional relativamente baja, interesados en desplazarse de Sur a Norte al sufrir el desem
pleo y los bajos salarios en sus países de origen. La migración intrarregional, a su
vez, ha perdido intensidad, aun cuando ha sido uno de los factores más importantes del
desarrollo de nuestros países y de los procesos de integración. En los años más
recientes, sin embargo, las crisis económicas recurrentes en países tradicionalmente
receptores de inmigrantes, han desmotivado las corrientes migratorias de las que, en el
pasado, puede decirse que disfrutaban.
Los países de la región participan en los dos foros intergubernamentales sobre
migración existentes en nuestro entorno: la Conferencia Regional sobre Migración
(América del Norte y América Central) y la Conferencia Sudamericana sobre Migraciones.
Ambas, sin duda alguna, representan la base fundamental para constituir una agenda
regional sobre migración e integración que conduzca a la gobernabilidad de las
migraciones a escala regional. Para ello es necesario desarrollar entre ambas conferencias
el intercambio de experiencias y de información, con la finalidad de impulsar acciones
para atender problemas comunes y desarrollar la cooperación solidaria entre países
receptores, de tránsito y emisarios de migraciones.
Esa gobernabilidad podrá afianzarse en los avances que se perciben al interior de los
esquemas de integración vigentes en la región en materia de convergencia de políticas
sociales, en el marco de la conformación de mercados comunes y realidades que vayan aún
más allá de eso. En realidad, los acuerdos subregionales ofrecen oportunidades para la
recepción de migraciones dentro de espacios económico-sociales ampliados bajo
condiciones de gobernabilidad compartida y solidaria, que, con el tiempo, podrían
garantizar la plena libertad migratoria comunitaria, sobre la base del reconocimiento y de
la garantía de derechos laborales y socioeconómicos relativos a salud, educación,
protección social y libre tránsito. En particular, se registran avances importantes en
MERCOSUR y la Comunidad Andina, en el tratamiento comunitario a las migraciones y en
materia de garantías a los intereses socioeconómicos y sociolaborales de los
trabajadores migrantes, aún cuando se trate todavía de políticas incipientes.
Por último, las negociaciones del ALCA también representan una oportunidad para incluir
compromisos explícitos sobre migraciones, con base en la cooperación hemisférica para
tratar la problemática de manera integral, propiciando una mayor movilidad de los
trabajadores dentro la esperada expansión del mercado y garantizando la protección de
los derechos humanos y socioeconómicos de los migrantes. Esos compromisos deberían
incluir, entre otros, aspectos de mutuo interés, como el tránsito fronterizo, la
circulación de trabajadores, la seguridad social y el reconocimiento de estudios y
calificaciones profesionales.
Todos estos elementos, internacionales, hemisféricos y regionales, deberían pasar a
formar parte de la agenda regional sobre la migración internacional y la integración,
cuyo desarrollo requerirá, sin duda, de una visión de conjunto y de una acción también
compartida, que pudiera ser desplegada por un foro regional que aproveche los esfuerzos
que actualmente realizan la conferencia regional y la conferencia suramericana, y dé
cabida a los países del Caribe, que no forman parte de ellas. El SELA, con su amplia
composición de 28 Estados Miembros de América Latina y el Caribe, ofrece desde ya todo
el apoyo que pudiera requerírsele para una empresa de esta naturaleza.
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