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Los nuevos paradigmas de la Cooperación Internacional
Edición Nº 64
Enero - Abril 2002
Indice |
Derecho y ética ambiental y laboral en la era de la
mundialización
Francisco Iturraspe1
Profesor de la Universidad Central de Venezuela (UCV).
"Probablemente la transformación cultural
más importante para el logro de la sustentabilidad en el siglo XXI sea el surgimiento de
un modelo de acción humana que armonice los aspectos éticos, económicos y ecológicos,
centrándolos en una vocación de solidaridad comunitaria"
Daly y Cobb, 1994
"El desarrollo de una ética ambiental puede ser deseable, pero difícilmente
cambiará la naturaleza humana básica. En vez de intenciones, la correcta administración
de los recursos depende de cómo buenas instituciones sociales controlan el interés
personal a través de incentivos individuales"
Anderson y Leal, 1991
I. América Latina: mundialización y modelo de desarrollo vs.
naturaleza
La relación del hombre con la
naturaleza ha variado a través de la historia y de las diferentes culturas. Pero la
sociedad humana, en casi todos los casos, se ha caracterizado por ser depredadora de otras
especies y contaminadora compulsiva (Iturraspe, 1998).
La relación sociedad-naturaleza en muchas de las culturas
americanas anteriores al "descubrimiento" estaba basada en un esquema armónico
(Gligo y Morello, 1989), en el cual la identificación con la tierra era parte fundamental
no solamente de su cosmovisión sino de una ética productiva que, lejos de considerar a
la naturaleza como un "recurso" a "usar y abusar", era generalmente
sacralizada.
Los metales preciosos y las tierras aptas para la producción de
azúcar fueron los dos principales atractivos iniciales de los conquistadores y
colonizadores del nuevo mundo. (Ferrer, 1996). Éstas y otras actividades extractivas y
agrarias dejarían una huella indeleble en muchos ecosistemas.
La primera mundialización (posterior a los
"descubrimientos") trajo consigo, como primera nota a considerar, la
depredación de los "recursos naturales" y la ideología de la reducción de la
naturaleza como "recurso" a explotar.
Pero esta depredación vino acompañada de la degradación de los
"recursos humanos". La minería y las haciendas y plantaciones exigieron el
sometimiento de las poblaciones originarias: los "recursos naturales" requerían
de "recursos humanos". La reducción de los diferentes pueblos indígenas al
trabajo requerido por el nuevo modelo productivo mercantil, fue una de las causas de la
terrible catástrofe demográfica que sufrió el continente con la muerte de decenas de
millones de seres humanos.
Pero la economía extractiva de la primera mundialización en
América requería de creciente cantidad de mano de obra, por lo cual se produjo la
incorporación de grandes masas de esclavos provenientes del Africa. La conquista y
colonización de América introdujeron dos nuevas dimensiones en el tráfico esclavista:
nunca antes se había traficado en escala semejante a la inaugurada con la incorporación
del nuevo mundo al emergente orden mundial, por una parte, ni la esclavitud había estado
asociada con la raza y a una factura profunda entre los niveles culturales de esclavistas
y esclavizados, por otra parte.(Ferrer, 1996).
La segunda nota a considerar, vinculada a la anterior, es la
degradación de los "recursos humanos" y la ideología de la reducción de los
seres humanos a "recursos" a explotar que se pone de manifiesto con las
discusiones teológicas sobre si los indios o los esclavos africanos tenían o no alma, y
continúan hoy en día con la idea de que la fuerza de trabajo es una mercancía que debe
ser simplemente regulada por el "mercado" de trabajo.
Frente a esta situación emergen respuestas de distinto género
en todo el continente, desde las primeras insurrecciones indígenas y la rebeldía de los
esclavos en las "cimarroneras" y "rochelas" hasta los enfrentamientos
al colonialismo español y portugués, con las guerras de la independencia que darán
lugar a la imposición del orden oligárquico y al neocolonialismo anglosajón.
La segunda mundialización, que viene de la mano de la primera
revolución industrial, le permitió a nuestras jóvenes repúblicas oligárquicas
incorporarse al mercado mundial como exportadoras de las materias primas que requería el
proceso de industrialización de Europa y los Estados Unidos. Así se incorporaron al
comercio mundial con las mercancías producidas en los enclaves y en las minas y llanuras
feraces conquistadas a los indígenas y a los criollos mediante una desigual guerra de
exterminio. Nuevamente se requirió de la inmigración que llegó de Europa, y en algunos
casos de Asia, para levantar las cosechas, colaborar en la construcción de ferrocarriles,
etc. Esta segunda etapa siguió los pasos de la primera: por una parte, la biodiversidad y
la vida natural retroceden en la medida que avanza el "progreso", por la otra se
establecen las ideas eurocentristas y racistas por las cuales nuestros pueblos son
incapaces de desarrollarse sin el concurso de los capitales y la "civilización"
europea (Sarmiento, 1845).
Las nuevas respuestas serán las luchas democráticas por la
autonomía regional frente al centralismo y la imposición del orden neocolonial, y las
organizaciones y luchas de los trabajadores de la ciudad y del campo que caracterizan las
etapas iniciales del movimiento sindical latinoamericano en el siglo XIX y comienzos del
XX. En esta fase de respuestas se inscriben la revolución mexicana y centroamericana, las
rebeliones campesinas, la reforma universitaria y la construcción de organizaciones
democráticas de contenido latinoamericanista.
Esta expansión del progreso exportador en América Latina y de
la segunda mundialización tiene su crisis en 1930, época en la que se potencia un nuevo
modelo de desarrollo basado en la industrialización sustitutiva de importaciones. Este
proceso da lugar al crecimiento del Estado, con un papel en la economía y en políticas
sociales que logran expandir la educación, establecer sistemas de seguridad social y
regímenes más democráticos de relaciones laborales con el apoyo a las organizaciones
sindicales y el surgimiento de organizaciones políticas y sociales populares. Estos
procesos sociales disímiles y en diversos tiempos según los países, intentan, por una
parte, ponen fin al orden oligárquico, y por otra, enfrentar la creciente influencia de
los Estados Unidos en la región, dentro de las limitaciones propias de nuestras
sociedades.
El esquema de desarrollo "endógeno" da lugar -en
especial en algunos de nuestros países- a una rápida urbanización, un importante
incremento de la población, el intento de construcción de economías basadas en el
mercado interno y en el proteccionismo que permite una industrialización muchas veces sin
límites ecológicos. Estos factores determinan nuevos desequilibrios ambientales, la
utilización de tierra agrícola sin una planificación de la ocupación del territorio,
el aumento desproporcionado del tamaño de las ciudades con sus cinturones de miseria, la
falta de planificación adecuada de la deposición de los desechos industriales y urbanos
que convierten en cloacas a nuestros ríos, la llamada "revolución verde" que
provoca graves problemas a la biodiversidad, la contaminación del aire, del mar y del
suelo etc. El propio Estado industrializador es incapaz de poner coto a la acción
depredadora, frente a la cual aparecen los primeros movimientos conservacionistas contra
la contaminación y por el medio ambiente.
Este modelo de desarrollo comienza a entrar en crisis y es
reemplazado por un nuevo esquema neoliberal que acompaña a una tercera mundialización
que implica una fuerte expansión del comercio mundial, sobre todo entre los países
desarrollados, una notable concentración del poder de los monopolios trasnacionales y una
aguda dependencia financiera, una nueva y profunda revolución tecnológica, una ruptura
de los espacios nacionales en el plano comunicacional, cultural, jurídico y político y
la imposición de un modelo societal mundial que, sobre todo después de la caída del
muro de Berlín, aparece con la pretensión de "único".
La lógica del mercado se está profundizando en América Latina,
desencadenando profundas transformaciones en sus matrices culturales y políticas. La
mayor parte de los análisis de este proceso han enfocado aspectos macroeconómicos (como
por ejemplo el déficit fiscal o la inflación, la privatización de empresas públicas y
la reducción de las políticas sociales). Sin embargo, esta reorganización economicista
tiene muchos otros efectos, en tanto expresa una forma de concebir a la sociedad y la
naturaleza. Aunque en ningún país se mantiene un modelo neoliberal "puro", y
mientras sus postulados están perdiendo fuerza, igualmente permanece un sesgo o estilo
neoliberal sobre nuestras sociedades. Aunque se habla de justicia social y equidad, hay
evidencias de la permanencia de una impronta que una y otra vez muestra la presencia del
reduccionismo de mercado que plantea análogas formas de concebir las relaciones entre las
personas y las relaciones con la naturaleza, existiendo un alarmante paralelo entre sus
propuestas sociales y ecológicas. (Gudynas,1998)
II. Crisis en la relación sociedad-naturaleza
La ideología del progreso indefinido y sus apoyos
científico-positivistas (y los diversos credos políticos que surgieron bajos estas
ideas) renovaron en América las promesas bíblicas que le ofrecieron al hombre
"dominar la tierra" y ponerla a su servicio.
Las artes ensalzaron la conquista de la naturaleza, la
conversión de los bosques en tierras de labranza, "el cultivo", el crecimiento
de las ciudades, la "civilización". El colonialismo primero y el
neocolonialismo después permitieron llevar ese progreso a todos los rincones del planeta
y exterminar o "domesticar" a las culturas que tenían una relación menos
agresiva con la naturaleza. La religión no se quedó atrás y ayudó con ímpetu
misionero a imponer ese modelo.
El derecho, influenciado por esas ideas y por el auge del
progreso económico, toma los conceptos jurídicos romanos, los codifica o los
jurisprudencializa, para que la naturaleza y todos sus reinos (animales, vegetales y
minerales) sean una res (cosa, objeto) y la relación del hombre-propietario con ellos, la
plena in rem potestas, que facilita el ius utendi, et abutendi et fruendi. El sacrosanto
derecho de propiedad permite abusar y degradar la naturaleza como eje de todo el sistema
jurídico articulador de los intereses sociales hegemónicos.
Las propias ideas sociales contestatarias predominantes asumieron
el papel de socialismo "científico" y la bandera de la superación del
capitalismo porque frenaba el desarrollo de las fuerzas productivas de la sociedad. Los
escritos de los padres fundadores ensalzaban el papel de los ingleses en la India y la
destrucción de los modos de producción perimidos por la obra del progreso. El
positivismo divide a la sociedad entre las fuerzas "progresistas" y los
"retrógrados" por oponerse al avance de las fuerzas productivas. Así como la
cuestión social, provocada por las injusticias "internas" del sistema en las
grandes metrópolis, dio lugar a la sociología, la conquista colonial hizo necesario el
estudio de las "formas primitivas" por la antropología.
Las guerras coloniales y mundiales fueron un gran instrumento
para la expansión del progreso y la tecnología y permitieron la difusión de la
ideología de este modelo productivo y de relación sociedad-ambiente.
Durante todo el tiempo hubo voces disidentes y enfrentamiento al
modelo de desarrollo, pero eran arrolladas por la marea creciente del progreso y los
formidables aparatos ideológicos, jurídicos, culturales, científicos, religiosos,
artísticos, económicos etc. de la modernidad. Al comienzo aparecieron unos individuos a
veces exóticos, llamados conservacionistas, que intentaban combatir el mal por sus
efectos y por ende solían ser totalmente funcionales al sistema.
Pero las señales de alarma se multiplicaron. La gente común,
primero en el mundo desarrollado y después en todos los países, empezó a percibir con
claridad los terribles estragos: los peces muertos en los ríos contaminados, la
proliferación de las enfermedades ambientales, la polución atmosférica. Comienza a
desarrollarse la idea de medio ambiente y surge la ecología que pone de manifiesto el
tenebroso impacto sobre los ecosistemas de nuestra civilización.
Un informe del Club de Roma recopiló las profecías del desastre
por parte de grupos de científicos altamente acreditados: nos queda carbón, petróleo,
minerales para muy poco tiempo y el ritmo de utilización de esos "recursos" se
intensifica vertiginosamente; la población aumenta en forma geométrica, la
contaminación de los diversos ecosistemas es cada vez mayor; los bosques, pulmones de
oxígeno, los océanos, grandes fuentes de alimentos, están en grave peligro.
Cuando en los años ochenta los cambios políticos en la ex
Unión Soviética comenzaron a mostrar a través del Glasnost (transparencia) los efectos
en la naturaleza del sistema imperante en los países hasta entonces denominados
socialistas, el mundo no dejó de asombrarse. La destrucción ecológica era algo más que
un subproducto del capitalismo occidental: forma parte de nuestros impulsos vitales, se
alojaba en el tanatos de nuestro inconsciente colectivo, era inseparable de todas las
manifestaciones culturales del mundo del progreso.
Muchos propusieron un cambio agresivo, otros formaron partidos
para tratar de modificar el aparato del Estado y establecer reglas de juego, pero poco o
nada realmente cambió fuera de los llamados países centrales en los que la conciencia de
la población operó una modificación substancial de las conductas sociales sustantivas,
aunque, en muchos casos, superficial.
Los trabajadores y sus organizaciones se vieron bien pronto
frente a una feroz contradicción: las fábricas, los microclimas industriales, las
vecindades urbanas, los campos de labor contaminados por los pesticidas eran su hábitat
natural, pero la imposición de reglas estrictas en beneficio de su vida y su salud se
encontraba frente al permanente chantaje de pérdida de los puestos de trabajo y el
traslado de las fuentes de empleo a zonas o países permisivos, generándose el dumping
ambiental o ecológico.
Los sindicatos, que históricamente fueron las primeras
Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) preocupadas por temas del ambiente laboral
(higiene ocupacional, fatiga y reducción de la jornada, etc.) en muchas ocasiones, por el
dramático tema de la pérdida de puestos de trabajo y por una mentalidad fuertemente
condicionada por el propio modelo de desarrollo, asumieron roles "conservadores"
en materia de protección ambiental frente a las ONGs ecologistas, parte de los nuevos
movimientos sociales.
La mundialización -o globalización como se la denomina en un
anglicismo que muestra las hegemonías culturales del proceso- ha agravado en los últimos
años la crisis ambiental y social debido a tres procesos paralelos e interconectados:
i) el predomino en todo el planeta de un modelo de desarrollo
basado en la explotación irracional de los recursos naturales (y de los recursos humanos
también) y en la generalización de un consumismo desbordado para muchos países y capas
de su población, y contradictoriamente, de pobreza y marginalidad para sectores
crecientes. Ambos polos de este desarrollo desigual tienen graves consecuencias
ambientales. El consumismo, por una parte, transforma las relaciones entre las personas y
el mercado profundiza su hegemonía social (Guattarí,1998). La cosificación de los seres
humanos transforma desde su raíz las sociedades e implica un impresionante despilfarro de
recursos. La publicidad y la oferta crean artificialmente la demanda de productos cada vez
más sofisticados. Los automóviles y artefactos de todo tipo consumen una cantidad de
energía impresionante creando una cultura de competitividad y despilfarro. Por otra
parte, el incremento de la marginalidad y la pobreza también tienen repercusiones
ecológicas preocupantes, como la tala de árboles y bosques para leña, prácticas
contaminantes, la desaparición de especies y ecosistemas por la presión de la expansión
demográfica.
ii) el crecimiento demográfico, la aparición de megalópolis, la
invasión y destrucción incesante de ecosistemas enteros y de tierras cultivables. Cada
8.23 segundos se pierde una hectárea productiva.(IDRC)
iii) el desarrollo tecnológico desenfrenado que le ha permitido
al hombre obtener energía del átomo (y crear armas infernalmente poderosas capaces de
hacer volar el planeta en mil pedazos), materiales del gas y del petróleo, de los
minerales, biotecnología, generalizar el transporte y las telecomunicaciones, lograr
estándares de confort insospechados hasta hace muy pocos años - en general altamente
consumidores de energía - y sobre todo acumular medios bélicos cuya utilización en una
pequeñísima fracción ha traído consecuencias impresionantes, como las enfermedades
degenerativas de soldados norteamericanos de la guerra del Golfo o la leucemia que padecen
los soldados italianos que permanecieron en Kosovo, según la prensa internacional (El
Mostrador, Santiago, 19 de diciembre de 2000).
III. Problemas sociales y ambientales desde el mercado: las deudas ambientales
La perspectiva neoliberal, además de ser un modelo económico,
es también una visión amplia de la vida en sociedad. Postula al mercado como el
escenario social perfecto. Su funcionamiento se basaría en la aceptación voluntaria de
los individuos, a partir de sus intereses particulares, sin atender a los fines
colectivos. Las interacciones sociales quedan reducidas a relaciones de mercado. El centro
se pone en el individuo, y la sociedad deja de ser una categoría con características
propias, reflejando en cambio un mero agregado de personas distintas, cada una atendiendo
sus propios fines. Los derechos personales son reducidos a derechos del mercado, y la
libertad es presentada negativamente, como ausencia de coerción, y en especial
restringida a la libertad de comprar y vender. Es en el mercado donde se realiza la
libertad personal. Para asegurar su correcto funcionamiento debe estar protegido de
intervencionismos, y en especial, de los provenientes del Estado. Un breve vistazo a
algunas medidas que se han tomado en los terrenos social y ecológico, servirán de
ejemplo. Las políticas sociales -en particular los servicios de seguridad social- y la
educación, así como las políticas ecológicas de conservación de la naturaleza, quedan
subordinadas a criterios de mercado (Gudynas (1995, 1998) Coraggio (1993), de Sierra
(1994), Stahl(1994) etc.
Según esta concepción, la mejor defensa del ambiente y la
naturaleza es su privatización. Lo estatal, identificado con lo público, es como res
nulius. No tiene dolientes, nadie lo defiende. Es necesaria una política que haga privado
el aire, el agua, el mar. Ya en muchos de nuestros países esto ocurre y se han dividido
el mar territorial a través del sistema de concesiones, por ejemplo. Igualmente ocurre
con lo social. Algo eminentemente público y solidario como la seguridad social, es
privatizada y sus fondos dependen del mercado y las prestaciones de los futuros jubilados
y pensionados de su esfuerzo y capacidad individual.
Dice Gudynas en su trabajo que el ambientalismo neoliberal puede
alcanzar posiciones ridículas. En su búsqueda obsesiva de optimizar los mercados se ha
llegado al extremo de plantear que el principio de contaminador-pagador se aplicaría a
aquellos afectados por la contaminación, quienes deberían pagar esos impuestos (y no el
contaminador), de manera de inhibir a las personas de escoger lugares de residencia
próximos a industrias contaminantes (Baumol y Oates, 1988).
Las empresas consideran los costos ambientales como
"externalidades", parte de un pasivo indeseable, y los Estados que establecen
reglas y las hacen cumplir son considerados enemigos de la competitividad y poco fiables
para las inversiones.
Crece, por ende, un pasivo ambiental en varios aspectos:
i) Los efluentes industriales, las substancias contaminantes que muchas
veces son subproducto de algunos procesos cuyas tecnologías fueron desarrolladas con
absoluta prescindencia de los posibles impactos ambientales, como los desechos radiactivos
de las plantas de generación de energía atómica, las plantas petroquímicas de cloro
soda que desechan toneladas de mercurio al medio ambiente, la generación de energía por
la quema de combustibles fósiles y su comprobada contribución a la lluvia ácida y al
efecto invernadero etc.
ii) La utilización irracional de energía e insumos y un permanente
"saqueo" de las materias primas compradas a precios manipulados en el mercado
mundial, rebajados por lo que la CEPAL denominó el deterioro de los términos del
intercambio.
iii) La contaminación de los lugares de trabajo y las vecindades
industriales. Una encíclica ponía de manifiesto hace muchos años que la materia sale
ennoblecida del taller y el hombre degradado. Miles de productos son utilizados por las
industrias sin un estudio previo de su incidencia en la salud de los trabajadores (ni de
los consumidores, ni de los habitantes de las vecindades). Cuando la presión pone en
peligro las actividades contaminantes esos procesos son trasladados a otros países con
menor o sin protección ambiental.
iv) La fabricación de productos innecesarios y contaminantes que
generan su propio mercado merced a la manipulación consumista a que aludíamos y un
esquema individualista exacerbado, como por ejemplo, la cultura del automóvil, altamente
ineficiente y contaminante como medio de transporte o la fabricación de armamento cada
vez más aterradoramente sofisticado.
v) La intensificación del comercio mundial aumenta la posibilidad de
desastres provocados por el traslado de materias primas y productos manufacturados,
derrames petroleros, escape de productos químicos, de desechos industriales etc.
vi) La desaparición de ecosistemas enteros o su degradación y la
extinción de gran cantidad de especies, por la tala, las emisiones contaminantes etc.,
así como la pérdida de la biodiversidad.
vii) Los gravísimos cambios climáticos en los cuales parece tener una
responsabilidad muy grande los desequilibrios provocados por la continua expansión de la
tecnoesfera y una de cuyas expresiones más difundidas es el agujero de la capa de ozono
que producen los derivados del carbono que se combinan con esa forma alotrópica de
oxígeno y priva a la atmósfera de la defensa natural contra los rayos solares dañinos
para la vida humana, vegetal y animal.
viii) El uso de herbicidas, pesticidas, alimentos para animales,
métodos agrarios altamente peligrosos para la salud de los trabajadores rurales y los
consumidores.
ix) La propagación de enfermedades ocasionadas o agravadas por los
problemas ambientales, que constituyen un grave peso para la salud pública de nuestros
países.
Esta situación produce una grave y múltiple agresión que
sufren la naturaleza y los propios seres humanos: como productores, en un ambiente
agresivo, insalubre y contaminado; como consumidores, objeto de manipulación y graves
peligros por el uso de diferentes substancias no catalogadas pero muy probablemente
dañinas; como pobladores de las altamente marginalizadas ciudades, producto del proceso
de "calcutización" de nuestras metrópolis; como desempleados, por la
incorporación de la robótica y demás tecnologías desplazadoras de mano de obra, y como
subempleado o trabajador precario, por las nuevas formas de contratación
"flexibilizadas"; como ciudadano de un país y como habitante de un planeta
amenazado por la destrucción de los ecosistemas y como padres de las nuevas generaciones
que recibirán problemas ambientales y ecológicos agravados por la irresponsabilidad de
las generaciones anteriores.
IV. El papel del Estado, el derecho laboral y el derecho ambiental y sus
limitaciones en América Latina y el Caribe
Sin menoscabar la importancia de los antecedentes de la temprana
preocupación por el ambiente, por ejemplo de Simón Bolívar (los decretos
conservacionistas de El Libertador), las primeras regulaciones ambientales las encontramos
como parte de la protección de los microclimas industriales, tanto en el incipiente
Derecho del Trabajo - en especial el referido al trabajo en las minas - como en las
regulaciones de nivel municipal, local, que derivaban las competencias de ordenación
edilicia, higiene y aspectos conexos. Pero bien pronto la magnitud del problema comienza a
hacer insuficientes esas previsiones y aparecen normas específicas de derecho público.
El derecho laboral aporta tempranamente normas internacionales
como la prohibición del uso de la cerusa en la pintura y normas nacionales de higiene y
seguridad de las fábricas y otros lugares de trabajo. El derecho civil regula los daños
producidos por prácticas depredadoras del ambiente dentro de los cánones tradicionales
de la responsabilidad civil y surgen incluso normas penales.
Así como el derecho laboral es producto de los graves
desequilibrios sociales producidos en la Revolución Industrial, el derecho ambiental nace
como una reacción frente a la grave situación de los crecientes desequilibrios
ecológicos, y tiene desde sus inicios una vocación internacional: es reconocido que, en
general, los problemas ambientales afectan más allá de las fronteras nacionales.
La primera oleada de regulación tanto ambiental como laboral es
claramente intervencionista: el Estado, por una parte, y por otra la comunidad
internacional, asumen un papel fundamental.
Algunos países desarrollan importantes instituciones para el
control ambiental y sanciones más severas para los contaminadores. A nivel internacional
se crean importantes instituciones especializadas como el Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente (PNUMA) y se multiplican las conferencias mundiales que constituyen
grandes hitos en el desarrollo de una conciencia ambiental como las de Estocolmo y Río de
Janeiro. Aparece la idea de la tierra como hábitat de la humanidad: "una sola
tierra".
Los organismos financieros internacionales condicionan su
asistencia crediticia al cumplimiento de ciertas normas ambientales. El Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN) adopta reglas especiales para evitar el dumping
ecológico, y dentro del aspecto laboral, establece mecanismos específicos para vigilar
las violaciones de los países contratantes de las normas relativas al ambiente y la
higiene y seguridad laborales o medio ambiente de trabajo.
En esta segunda ola de regulación los sindicatos -siempre
atrapados en este campo por la contradicción entre la defensa del empleo y la protección
ambiental- utilizan una doble estrategia: por una parte intentan, a través de la
negociación colectiva y otros mecanismos, establecer reglas que permitan mejorar las
condiciones ambientales sin detrimento del empleo; y por otra, demandan al Estado
reglamentaciones, compensaciones y subsidios para poder enfrentar el problema.
Paralelamente se amplía la conciencia ambiental en sectores cada
vez más importantes de la población y comienzan a agruparse, a nivel nacional e
internacional, ONGs con agendas cada vez más precisas. Las prácticas depredadoras y
contaminadoras de las empresas y de los individuos comienzan a ser éticamente
consideradas como "políticamente incorrectas" no solamente en los países
desarrollados sino en importantes sectores de América Latina.
Los derechos ambientales -como derechos felicitarios (Tinoco,
1988), como derechos de tercera generación o derechos de solidaridad (Uribe Vargas,
1983)- comienzan a constitucionalizarse. Esta tendencia es tan notable que incluso
constituciones como la chilena de la dictadura, que proponían fundar jurídicamente un
orden neoconservador o neolibral, contienen normas importantes de derecho ambiental.
Es precisamente ese esquema político neoconservador o neoliberal
que como parte de la (contra) revolución tatcheriana-reaganista comienza a erosionar al
aparato jurídico institucional de defensa del ambiente en general y del ambiente de
trabajo en particular. Los delitos ecológicos, sobre todo los cometidos con frío y
calculador dolo y propósito de enriquecimiento desmedido por las grandes corporaciones
industriales, extractivas, energéticas y de transporte son habitualmente delitos de
cuello blanco que entran dentro del amplio campo de las ilegalidades privilegiadas
(Acosta, 1988).
El poder del Estado se debilita frente a las empresas
trasnacionales y al mercado. La posibilidad concreta no solamente de imponer sanciones
sino de inspeccionar y controlar se vuelven en muchos casos ilusorias. Los organismos
reguladores carecen de autonomía real y de estructuras técnicas frente al poder de los
monopolios.
El poder de los sindicatos sufre en esta etapa un fuerte
retroceso y con él la posibilidad de órganos independientes de control en el seno de las
empresas y por ramas de producción. En muchos casos, nuevos actores sociales
ambientalistas, vecinalistas etc. toman un lugar fundamental en la organización de la
población para enfrentar los graves problemas ecológicos.
La reacción sindical no se hace esperar y el tema del ambiente
aparece en la agenda de los congresos laborales internacionales y en la literatura
teórica del sindicalismo. Esta preocupación, en general, no llega a la práctica
sindical concreta en época de crisis del empleo, de reestructuración productiva y del
aparato del Estado y de fuerte ofensiva antisindical. Por el contrario, la cotidianidad de
la lucha laboral se torna fuertemente "defensiva" y "economicista".
V. La tercera oleada de regulación y la tercera generación de derechos
Con el debilitamiento de los controles estatales y sindicales la
responsabilidad empresarial aparece en primer plano y el propio Estado se despoja de sus
facultades de control y adopta un nuevo modelo basado en la autoregulación (por las
propias empresas) y de controles ex post facto que ocupan el lugar de la detallada
regulación de la etapa anterior.
Dada la satanización del Estado y de lo público, en esta
concepción son las propias empresas las que deberán cuidar del cumplimiento de la
normativa sobre ambiente laboral y sobre protección ecológica. En compensación a este
"desguace" del Estado se le otorgan a los trabajadores -en general como derecho
individual, no colectivo- responsabilidades en el control. Pero las nuevas condiciones
políticas y culturales -con la preeminencia de los criterios individualistas-consumistas
y no solidarios- producen un agudo desequilibrio de fuerzas entre los actores de las
relaciones de trabajo, lo cual hace aún más ilusorio este control incluso en los países
desarrollados (Tucker, 1999).
En realidad, esto es parte de un esquema ideológico que rechaza
las intromisiones del Estado o de cualquier otro agente en el mercado, porque serían
ataques a la libertad personal. Según esta concepción, nadie posee toda la información
como para planificar y manejar adecuadamente la marcha de la sociedad, en tanto el
conocimiento está diseminado y fragmentado, y será en el mercado donde esas piezas de
información se integren. En atención a ello niegan que el Estado o cualquier otra
organización pueda planificar o encauzar la marcha de la sociedad, confiando entonces en
un orden espontáneo que deriva de las relaciones en un mercado competitivo (Hayek, 1994).
Tanto para el Derecho de las condiciones y medio ambiente de
trabajo como para el Derecho Ambiental (como conjuntos de normas jurídicas) se pretende -
en esta tercera oleada de regulación - pasar a una simple ética de seguridad o ética
ambiental (mediante normas no coercitivas).
En el caso de la gestión ambiental, tanto en el ambiente en
general como en el medio ambiente de trabajo en particular, lo que busca la propuesta
neoconservadora o neoliberal hegemónica es, por una parte, la externalización de los
riesgos y por la otra, la privatización de los recursos naturales, en particular
otorgando derechos de propiedad y patentes sobre variedades de plantas y animales, y
transfiriendo la gestión ambiental a organismos por fuera del Estado y del control
social. Gudynas (1998) nos trae el caso más extremo en nuestro continente que es la
constitución del Instituto Nacional de Biodiversidad (INBio) de Costa Rica, bajo
personería jurídica de asociación civil sin fines de lucro, pero a la que se le han
cedido las potestades de la nación para la conservación y manejo de los recursos
biológicos de ese país centroamericano.
El sesgo mercantil -nos dice Gudynas (2000)- avanza sobre todo en
la cotidianidad. Allí se observa una avalancha de conceptos y términos mercantiles. Pero
no menos relevante es el hecho de cómo esos cambios están pasando inadvertidos o son
tomados con toda naturalidad. Hasta se llega a generar un "marketing ecológico"
para atender a los ambientalistas
Este sesgo mercantil se nutre de una serie de preceptos que
encarnan claramente la corriente neoliberal. Para ellos el mercado es el único medio para
la asignación más eficiente de los recursos. Allí se genera un orden espontáneo, donde
la competencia es el mecanismo básico de acción entre los individuos. De hecho, según
Hayek (1968), son los individuos persiguiendo sus propios intereses y beneficios los que
determinan la marcha de la sociedad.
Allí no hay lugar para la razón ni para una ética de
solidaridad o altruismo. Hayek (1990) sostiene que "la competencia no es otra cosa
que un ininterrumpido proceso de descubrimiento, presente en toda evolución, que nos
lleva a responder inconscientemente a nuevas situaciones. Es la renovada competencia, y no
el consenso, lo que aumenta cada vez más nuestra eficacia".
Esto explica varias de las posturas sostenidas en el campo de las
políticas sociales. La fuente de los principios no está en el análisis ético sino en
las relaciones de mercado. "En un verdadero sistema de libre empresa, los derechos de
los individuos y su propiedad son sagrados y no pierden su valor debido a conceptos
filosóficos, como el bien público, o el interés público o el bien común" (Block,
1992). En el mismo sentido, el ambientalismo del libre mercado reniega de discusiones
éticas tales como las que consideran si los animales y plantas pueden ser sujeto de
derechos, y en cambio afirma que esta postura va de la mano con la que privilegia el
individualismo frente a las acciones colectivas, que consecuentemente se debilitan. Los
seres humanos no tienen fines últimos compartidos. La minimización de la política y el
Estado se reflejan en la propuesta de Hayek de un orden distinto a la democracia, y que
llama demarquía. Para Hayek no puede existir algo como una justicia social porque el
orden emergente del mercado es espontáneo y está basado en individuos que buscan su
propio beneficio. (Gudynas, 2000).
De esta forma, la regulación se presenta como una
"autolimitación" que se imponen las propias empresas que adoptan un
"discurso" y un marketing ambiental: incluso es importante el mercado de los
productos "no contaminantes" que basan su propaganda en que, por ejemplo, no
contienen compuestos de flúor carbono que deterioran la capa de ozono, o automóviles
supuestamente ecológicos que contaminan un poco menos porque tienen un convertidor
catalítico.
Aun cuando en muchas empresas encontramos la adopción de
estándares regulatorios provenientes de las casas matrices, es común escuchar denuncias
que algunas de estas firmas se radican en países latinoamericanos buscando evadir las
regulaciones ambientales y los mecanismos de control de los países de origen. En materia
de las normas de medio ambiente del trabajo la situación suele ser similar.
En muchos países de América Latina la situación se torna aún
más crítica con el proceso de privatización de la seguridad social, y con la adopción
de esquemas de economía abierta que tratan de salir de la industrialización sustitutiva
por medio de modelos de desarrollo exógeno que, en muchos casos, privilegian las
exportaciones con ventajas comparativas de recursos naturales, con el consecuente
deterioro de los mismos y del medio ambiente (Universidad de Chile, 2000).
Las exigencias de la "competitividad" para participar
de un comercio internacional cada vez más influenciado por el dumping social y el dumping
ambiental y para atraer capitales, hacen de las regulaciones ambientales y laborales -en
el pensamiento de muchos de nuestros formadores de políticas- graves "obstáculos al
desarrollo".
Pero es precisamente en los graves problemas que generan esas
prácticas, como lo son la creciente polarización social e internacional y el evidente
deterioro de los ecosistemas globales, donde surge una conciencia crítica que sustenta
nuevos esquemas de regulación.
Estamos frente a dos aspectos positivos que puede traernos el
actual proceso de mundialización: el surgimiento de un modelo de acción humana que
armonice los aspectos éticos, económicos y ecológicos centrándose en una vocación de
solidaridad comunitaria, y el creciente papel del derecho internacional y la ampliación
de los derechos de la tercera generación.
Los derechos de tercera generación exigen de una acción de la
comunidad internacional, ya que no puede haber desarrollo, ni protección del medio
ambiente, ni paz, ni reconocimiento del patrimonio común de la humanidad, ni
consiguientemente vigencia efectiva de esos derechos, sin una acción internacional que
viene manifestándose en instrumentos como la Declaración de Estocolmo (Declaración de
las Naciones Unidas sobre el Medio Humano" de 1972), la Declaración de Río
(Declaración sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992), el Convenio sobre la
Diversidad Biológica y el Protocolo de Cartagena sobre la Materia, el Convenio de Basilea
de 1989 sobre control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su
eliminación, así como las normas contenidas en los tratados de integración, de libre
comercio y los tratados bilaterales.
En todos nuestros países son crecientes los intentos de
aplicación de esta normativa internacional, así como la toma de conciencia paulatina de
sectores sociales críticos cada vez más importantes que asumen lo que Guattari (1989)
llamaba "luchas del deseo", y que exigen el cumplimiento de las normas y la
adopción de políticas ambientales y sociales contrapuestas a los esquemas ideológicos
hegemónicos (Anderson y Leal, 1991) y a la concentración del poder financiero,
tecnológico y político (Chonchol, 2000).
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1. Esta ponencia fue realizada sobre la base
de un artículo del autor Ciudadanía Productiva, Responsabilidad Empresarial, Ambiente y
Condiciones de Trabajo (1998) y del texto de Eduardo Gudynas
Globalizacion, Politicas Sociales y Medio Ambiente, (1998) a los que se incorporaron
valiosos aportes de Nicolo Giglio, Roberto Guimaraes, María Isabel Romaggi, Rayen Quiroga
Martínez, Francisco Brzovic, Osvaldo Sunkel, Jacques Chonchol, Fernando Dougnac y de mis
colegas del doctorado en el estudio de las sociedades latinoamericanas. Como suele decirse
en estos casos, la responsabilidad por las opiniones y los posibles errores debe de
atribuirse exclusivamente al autor.
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