| Titulo |
Comercio y
desarrollo
Edición Nº 66
Septiembre-diciembre 2002 |
| Editor |
Secretaría Permanente del SELA
Indíce |
La participación
empresarial en la integración de América Latina
Secretaría Permanente del SELA
I. Antecedentes
El Tratado de Montevideo de 1960, por el cual se creó la Asociación Latinoamericana de
Integración (ALADI), destacó la necesidad de la activa participación de los sectores
empresariales en el proceso de la integración. En el año 1965 se formó, en el marco de
la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC), hoy desaparecida, la Comisión
Consultiva de Asuntos Laborales y Empresariales, la cual funcionó en forma anual hasta
1980. Al establecerse la ALADI se trató de dar una mayor base para sustentar la
participación empresarial, al señalar en el Artículo 42 de su tratado constitutivo, que
"se establecerán órganos auxiliares de carácter consultivo integrados por
representantes de los diversos sectores de la actividad económica de cada uno de los
países miembros".
Con la Resolución 2 del Consejo de Ministros de la ALALC, que forma parte del Tratado de
Montevideo de 1980, se estableció que los acuerdos comerciales "tendrán
especialmente en cuenta las recomendaciones del sector empresarial" (artículo sexto,
literal d). Posteriormente, el Consejo de Ministros de la ALADI reiteró en varias
oportunidades la necesidad de promover una mayor participación de los empresarios en el
proceso de integración.1
Desde los comienzos de la ALALC los empresarios tuvieron una activa participación en sus
actividades, la que fue de gran influencia en la época de la negociación de preferencias
por sectores. Esta participación se concretaba mediante las reuniones empresariales sectoriales
originadas en el artículo 1 de la Resolución 55, en la que se recomendaba al Comité
Ejecutivo Permanente la promoción de reuniones de representantes de los sectores de la
producción. La Resolución 34 de dicho Comité, de agosto de 1963, reglamentó esas
reuniones a las que podían asistir representantes de entidades gremiales o empresas.
Por el hecho de llevarse a cabo en concordancia con las reuniones de negociación de los
acuerdos comerciales, siempre tuvieron la característica de ser un ámbito restringido a
los países signatarios de los mismos, no despertando, en consecuencia, el interés de la
totalidad del empresariado de la región.
Durante este período los sectores más activos fueron la industria química, la de
maquinaria eléctrica, la fotográfica, la de máquinas de oficina y la de
electrodomésticos. En todos ellos se notó una fuerte presencia de empresas
multinacionales.
Esta situación de la participación empresarial se extendió durante los primeros años
de la ALADI, como continuación de las reuniones establecidas en la etapa anterior. Desde
1980 hasta comienzos de los años noventa se llevaron a cabo más de ciento treinta
reuniones empresariales que cubrieron veinticuatro sectores industriales, y en las que
participaron más de seis mil empresarios. Seis industrias - la química, la
farmacéutica, la de maquinaria eléctrica, la de material hospitalario, la fotográfica y
la de la alimentación - reunieron a más del 80% de esos empresarios.
Como anteriormente, en estos sectores se notó una fuerte participación de empresas
multinacionales las que, por otra parte, eran las que tenían mayores posibilidades de
desplazar funcionarios a las reuniones. Otros sectores mayormente integrados por medianas
empresas nacionales, como los de confección, máquinas, herramienta, caucho, gráfica o
materiales refractarios, fueron menos activos, tanto en cantidad de reuniones como en
participación de los empresarios.
Los países con mayor presencia en las reuniones fueron Brasil (38%); Argentina (30%),
México (16%) y Uruguay (10%). Esto refleja la participación de los países mayores en
los diferentes acuerdos, tal vez debido al hecho de que la mayoría de esas reuniones se
realizaban en Montevideo.
A partir de comienzos de la década de los noventa la disminución de la importancia de
los aranceles como mecanismos de regulación del comercio, con una tendencia cada vez
mayor a negociar zonas de libre comercio con esquemas automáticos de desgravación,
negociaciones que tradicionalmente eran de preferencias, fueron perdiendo vigencia y a
medida que avanzaba la Ronda Uruguay del GATT se fueron perfilando otros temas como
factores reguladores del comercio (obstáculos técnicos, competencia, propiedad
intelectual, etc.) que motivaron la preocupación de los empresarios. Pero la muy lenta
adaptación de los órganos de la ALADI a esta nueva realidad hizo que los mismos buscaran
otros foros para canalizar y discutir estas inquietudes.
En 1994 los países miembros del MERCOSUR decidieron dar por finalizadas, al 31 de
diciembre de ese año, las preferencias otorgadas a los otros países de la ALADI para
renegociarlas en conjunto, lo cual trajo como consecuencia la pérdida de interés de los
empresarios de los restantes países por participar en reuniones empresariales.
1. El Consejo Asesor Empresarial (CASE)
Este Consejo fue creado formalmente mediante Resolución 97 de diciembre de 1988 y se le
confirió el carácter de órgano auxiliar de consulta y asesoramiento permanente,
determinando que debía estar integrado por representantes de las organizaciones
empresariales nacionales designados por los Gobiernos.
El CASE llevó a cabo sólo cuatro reuniones, la primera en agosto de 1989 y la última en
noviembre de 1992, habiendo sido infructuosos los esfuerzos realizados hasta la fecha para
su revitalización, a pesar de las reiteradas directivas del Consejo de Ministros, máximo
órgano político de la ALADI, para promover la más amplia participación de los sectores
económicos en el proceso de integración.
Las expectativas que se crearon en torno al funcionamiento del CASE, tanto en el sector
empresarial como en el oficial, no pudieron concretarse en la práctica.. Debe destacarse,
sin embargo, que el CASE fue el primer intento de contar con una participación
empresarial en el proceso de integración, extendido al ámbito regional.
Las dificultades experimentadas en su funcionamiento fueron el reflejo de la situación
imperante a comienzos de la década de los noventa, época de grandes cambios en las
relaciones económicas internacionales, rápido avance en las negociaciones de la OMC,
consolidación de los acuerdos subregionales e inicio de la concreción de acuerdos
bilaterales de libre comercio, siendo, en todos los casos, el sector político el
encargado casi exclusivo de llevar adelante la iniciativa.
2. La participación empresarial en el Grupo Andino
Desde los comienzos del Grupo Andino se manifestó la preocupación por la participación
empresarial, la que se concretó mediante la creación del denominado Comité Asesor
Económico Social (CAES) establecido por el Artículo 22 del Acuerdo de Cartagena,
reglamentado por la Decisión 17 de la Comisión.
Este comité tuvo funciones poco relevantes, pues su composición, donde participaban
empresarios y sindicalistas con posiciones encontradas en esa época, no era la más
propicia para lograr consenso. Por otra parte, los representantes obreros tenían serias
dificultades para financiar su traslado, lo que dificultaba su participación en las
reuniones.
En el año 1983 se separaron sus objetivos creándose el Consejo Consultivo Empresarial
Andino, el que tampoco proporcionó a los empresarios una oportunidad para tener una
participación activa en la toma de decisiones, por lo que su accionar fue desdibujándose
con el correr del tiempo.
La modificación del Acuerdo de Cartagena2 realizada en 1988, reconoció específicamente el rango de órgano
auxiliar al Consejo Consultivo Empresarial y amplió las funciones de los Consejos, los
que podían emitir, ante los organismos correspondientes, su opinión sobre los programas
y actividades del proceso de integración.
Con la transformación del Grupo Andino en Comunidad Andina de Naciones y en cumplimiento
de la directriz del Consejo Presidencial Andino que dispuso una mayor participación del
sector empresarial en la construcción del proceso de integración tendiente a conformar
el mercado común, se constituyó el Consejo Consultivo Empresarial Andino (CCEA), como
órgano de consulta del Sistema Andino de Integración, cuyo funcionamiento se rige por la
Decisión 442 de julio de 1998, modificada en mayo de 1999 por la Decisión 464 de la
Comisión de la Comunidad Andina.
El Consejo está integrado por cuatro delegados de cada uno de los Países Miembros, los
que son elegidos entre los directivos del más alto nivel de las organizaciones
empresariales representativas de cada uno de ellos.
3. La participación empresarial en el MERCOSUR
En este esquema de integración la representación del sector privado recae en el Foro
Consultivo Económico y Social (FCES) normado en el artículo 28 del Protocolo de Ouro
Preto del año 1996. El FCES es una institución en la que participan los cuatro países
miembros plenos del MERCOSUR, compuesta por delegados de los empresarios, de los
trabajadores y del así llamado "sector diverso", en cantidad de treinta y seis,
cuatro para los dos primeros sectores y uno para el tercero.
Debe adoptar sus decisiones por consenso, lo cual, en un órgano con treinta y seis
miembros y representando orígenes e intereses dispares, es muy difícil de lograr. Por
otra parte, es un órgano meramente consultivo y por consiguiente los órganos políticos
pueden tomar en cuenta o no sus recomendaciones.
A principios del año 2000, mediante la Resolución Nº 15, el MERCOSUR determinó que el
Foro es el único interlocutor válido para canalizarse las propuestas que surjan del
sector privado. Con esto se pretendió darle un mayor dinamismo a través de una más
activa participación del sector privado.
4. La participación empresarial en el Mercado Común Centroamericano
En los instrumentos jurídicos del MCCA no existía ninguna previsión para promover la
participación del sector privado en el proceso de integración. Recién en la Reunión de
Ministros de Economía y Comercio Exterior de Centroamérica llevada a cabo en San José
en septiembre de 1999, se firmó un acuerdo mediante el cual se decidió propiciar la
consulta permanente con los diferentes representantes del sector privado en los varios
temas de discusión. Esta participación deberá darse en todas las reuniones de
directores, viceministros y ministros de Economía y Comercio, pero la bajo la modalidad
del denominado "cuarto de al lado"
Por fuera del sector oficial, los empresarios de la zona mantienen una vinculación muy
estrecha mediante las diferentes cámaras, tratando de propiciar nuevos acuerdos y
buscando la simplificación de los trámites y facilitar la circulación de las
mercaderías.
II. La participación empresarial en los países
La participación de los empresarios en las negociaciones comerciales, en cada uno de los
países analizados, tuvo características diferentes según el esquema de integración en
que se enmarcaban las mismas, variando a través del tiempo de acuerdo con los cambios en
el enfoque de la economía y el tipo de gobierno imperante en cada momento. La situación
en cada uno de ellos puede resumirse como sigue.
1. Argentina
En este caso, la participación empresarial se remonta a las épocas de la creación de la
ALALC. En ese entonces dicha participación se daba, principalmente, a través de las
distintas cámaras agrupadas en la Unión Industrial Argentina, que se caracterizaba por
su fuerte estructura social y técnica
Entonces eran habituales las reuniones previas en las que los empresarios de los distintos
países se reunían para discutir los aspectos sensibles de la negociación y se buscaba
llegar a un consenso que luego se plasmaba en recomendaciones, las que eran elevadas a
cada representante gubernamental, quien podía adoptarlas o modificarlas. En el caso del
empresariado argentino, el sector privado participaba en las negociaciones mismas en
carácter de asesor.
Con la transformación de la ALALC en ALADI en 1980, el esquema de las reuniones
sectoriales funcionó inicialmente de idéntica manera, pero el interés empresarial fue
decayendo con el correr del tiempo, pues las desgravaciones eran automáticas y no se
discutían otros aspectos fuera de los meramente arancelarios. Por otra parte el sector
oficial comenzó a diferenciarse dado que ya no se permitía que los empresarios
participaran en la misma mesa de negociación, sino que se los mantenía en las salas de
al lado como espectadores del proceso, aunque corresponde destacar que siempre eran
consultados antes de la decisión final.
Los empresarios atribuyeron este cambio de actitud al traspaso de las negociaciones a la
Cancillería, con la cual sus contactos no eran tan fluidos. Además, el gobierno militar
que aún detentaba el poder a comienzos de la década de los ochenta no era proclive a una
mayor participación del sector privado en la toma de decisiones.
A comienzos de la década de los noventa se toma la decisión, de carácter estrictamente
político, de conformar el MERCOSUR, no habiendo sido consultados los sectores
empresariales.
En 1991 se produce una brusca apertura de la economía sin ningún plan previo de
adecuación. Esta también fue una decisión netamente política en la cual no hubo
ningún tipo de consulta previa con los distintos sectores de la producción. Esto produjo
la desaparición de un gran número de empresas que se vieron enfrentadas a una fuerte
competencia por parte de productos extranjeros, que muchas veces era desleal y frente a la
cual no se habían establecido mecanismos adecuados de defensa.
Esto provocó el debilitamiento general de las cámaras industriales sectoriales, a causa
de las restricciones presupuestarias a las que se vieron sometidas como consecuencia de la
reducción en el número de sus asociados. El resultado fue el desmantelamiento, total o
parcial, de muchas de las estructuras técnicas que, en su momento, sirvieron de apoyo a
las negociaciones.
Las otras asociaciones empresariales no experimentaron estos cambios traumáticos. La
Sociedad Rural Argentina fue afianzando su posición a medida que la política económica
volvió a priorizar la exportación de productos primarios, y su principal preocupación
en las negociaciones fue siempre la eliminación de las barreras no arancelarias y de los
subsidios aplicados por otros países a los productos agropecuarios.
Para la Cámara de Importadores lo más importante era lograr la liberación total del
comercio, acelerando los programas de desgravación, estando su participación en las
negociaciones restringida al logro de este objetivo. La Cámara de Exportadores, por su
parte, centraba su interés no sólo en la reducción arancelaria, sino en la eliminación
de los demás obstáculos a las exportaciones, incluyendo la simplificación de los
trámites, en especial los aduaneros.
Resulta evidente que la participación empresarial en las negociaciones, que fue muy
intensa en las épocas de la ALALC y principios de la ALADI, ha ido deteriorándose
paulatinamente, sobre todo a causa de las cambiantes políticas económicas que han
imperado en las últimas décadas y que tuvieron un fuerte impacto, tanto en las
estructuras gubernamentales como en las privadas.
Por otra parte, en la Argentina no existe un mecanismo formal que sirva para canalizar la
participación del sector privado en las negociaciones comerciales internacionales la que,
de una u otra manera, ha quedado a la iniciativa de la autoridad de turno.
Sin embargo, los empresarios destacan que esa participación se ha dado a través de
mecanismos informales y que siempre que concurrieron a presentar sus planteamientos
tuvieron una adecuada recepción. Pese a ello, consideran que los sistemas de información
sobre el avance de las negociaciones no fueron los más adecuados y que las empresas de
mayor tamaño fueron tradicionalmente privilegiadas al momento de la toma de decisiones.
2. Chile
El proceso de participación de los empresarios chilenos en las negociaciones comerciales
se inició, al igual que en otros países latinoamericanos, hacia 1960, en ocasión de la
conformación de la ALALC.
En los comienzos del proceso de integración la participación de los empresarios fue muy
activa, tanto en las etapas previas como en la negociación en sí misma. La relación
entre el sector industrial y el gobierno era muy estrecha, y prueba de ello es el hecho de
que el presidente de la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA) formaba parte de la comitiva
que acompañaba al presidente de la República en sus giras al exterior.
El interés del país se centró, en ese entonces, en negociar acuerdos con los sectores
de la industria química, petroquímica y farmoquímica, negociaciones que fueron
consideradas exitosas pues como consecuencia de ellas se dieron las bases para el
desarrollo de algunas de las más importantes industrias del país.
Durante la negociación del Grupo Andino, a fines de los años sesenta, la participación
del sector privado no fue tan intensa, si bien se le consultaba, en las discusiones de los
programas sectoriales de desarrollo industrial primaban consideraciones de estrategia de
desarrollo en las asignaciones por productos.
En el año 1973, con la llegada al poder del gobierno militar, la situación cambia
radicalmente. Las decisiones se toman unilateralmente sin consulta previa con el sector
empresarial, y así se da la apertura irrestricta de la economía, con una drástica
reducción de los aranceles a la importación. Dentro de ese esquema la integración, y
por consecuencia las negociaciones, no tenían cabida. Chile se retira del Grupo Andino y
congela su participación en la ALALC.
En el año 1980 se dicta una nueva Constitución que otorga al Presidente poderes amplios
en distintos aspectos que tienen que ver con las relaciones internacionales. El Presidente
pasó a ser el responsable de definir la política comercial y su vinculación con los
acuerdos internacionales, y poco o ningún campo de participación quedaba para los
empresarios, quienes, mediante mecanismos informales, planteaban sus puntos de vista a los
funcionarios responsables.
A comienzos de los ochenta se interrumpe el proceso de apertura como consecuencia de la
severa crisis económica que éste había provocado, y al mismo tiempo se inicia, en el
marco de la ALADI, la renegociación de los compromisos adquiridos en la ALALC, ocasión
en la cual el sector empresarial participa en las instancias previas de consulta.
A partir de 1990, como consecuencia de la vuelta de la democracia y la reinserción de
Chile en la comunidad internacional, el gobierno busca crear con los empresarios
mecanismos de consulta y participación más formales. Hay que tener en cuenta que, aún
manteniendo la filosofía de la apertura, las nuevas autoridades reconocieron que ésta
por sí sola no conseguía automáticamente el acceso a los mercados, por lo cual las
autoridades toman la iniciativa para reiniciar negociaciones bilaterales con otros países
de Latinoamérica en el marco de la ALADI tendientes a establecer tratados de libre
comercio, así como para encarar otras con países fuera de la región, a través de una
ambiciosa agenda que incluyó la Unión Europea, Canadá, Costa Rica y Corea.
El Gobierno decide, entonces, establecer un amplio proceso de consultas. Esta fue una
iniciativa propia que no surgió de ninguna disposición legal sino de la necesidad
política y técnica de asegurar el apoyo de los sectores económicos involucrados para
lograr éxito en las negociaciones. Este proceso buscaba, por un lado lograr la
coordinación entre las distintas entidades del Estado, y por otro, la coordinación entre
los sectores público y privado.
Para lograr estos objetivos se crearon el Comité Interministerial de Relaciones
Económicas Internacionales, encargado de fijar las líneas generales a seguir en las
negociaciones internacionales, y el Comité de Participación Público Privado,
responsable de informar y discutir junto al sector privado los distintos aspectos y temas
a encarar en las negociaciones.
Si bien existe, con este esquema, una estructura formal de consulta y discusión durante
el proceso de negociación, tanto dentro del sector público como entre éste y el
privado, su funcionamiento no ha sido uniforme en los distintos casos y por lo tanto
tampoco lo fue su efectividad. El marco de este proceso de consulta se ha ido rediseñando
a través del tiempo y ha sufrido varias modificaciones hasta alcanzar su estructura
actual. Si bien brinda un foro de participación para el sector privado, los empresarios
opinan que existe cierta falta de transparencia en las negociaciones y que podría
mejorarse si hubiera un acceso adecuado a la información en tiempo y forma. A este
respecto son especialmente críticos los pequeños y medianos empresarios industriales,
que consideran que no fueron tenidos en cuenta durante muchos años y que recién a partir
de fines de la década pasada tomaron en cuenta sus opiniones.
3. Colombia
Las negociaciones desarrolladas hacia fines de los años cincuenta para la conformación
de la ALALC no contaron con una activa participación del empresariado colombiano, lo cual
se debió principalmente a que Colombia no manifestó interés en los acuerdos de
complementación industrial.
Hacia fines de los años sesenta comenzaron las negociaciones para la conformación del
Grupo Andino y se creó el Instituto Colombiano de Comercio Exterior (INCOMEX), entidad
dependiente inicialmente del Ministerio de Desarrollo. A partir de entonces se inicia la
participación de los empresarios en las decisiones de comercio exterior.
El Grupo Andino basaba sus planes de desarrollo en la programación industrial, que
consistía en la asignación, a cada país miembro, de determinados productos que eran los
únicos que podían beneficiarse de la liberación comercial. Dentro de esta
programación, la que mayor interés despertó fue la de la industria metalmecánica, que
incluía una importante cantidad de bienes de capital, cuya producción era considerada
como base para el desarrollo.
Esto trajo como consecuencia una mayor presencia de los gremios de la industria, como la
Asociación Nacional de Industriales (ANDI) y en especial la Federación de Empresarios
Metalmecánicos (FEDEMETAL), cuyas opiniones pesaban fuertemente en las decisiones de los
gobiernos, a lo cual contribuyó el hecho de que los presidentes de estos gremios tenían
dedicación exclusiva y, en general, un importante peso político.
Los empresarios no participaban directamente en las negociaciones, pero sí en las
discusiones previas, en lo que se dio por llamar "la sala o cuarto de al lado",
aludiendo al hecho de que aguardaban en un salón contiguo a aquel donde se realizaban las
reuniones, a la espera de que los representantes del país solicitaran su asesoramiento.
Decisiones de suma importancia como fueron las asignaciones en los Programas Sectoriales
de Desarrollo Industrial, quedaron casi exclusivamente en manos de los gobiernos.
A comienzos de los noventa, con la transformación de ALALC en ALADI, se inició el
proceso de renegociación de los compromisos en el cual tampoco existió una
participación activa del empresariado debido al escaso interés que, en ese momento,
existía por los otros mercados latinoamericanos fuera del Grupo Andino.
Por otra parte, como ya se indicó, Colombia no había participado en ningún acuerdo de
complementación industrial, los que constituyeron una parte importante de la que se
denominó renegociación del patrimonio histórico y los restantes acuerdos no habían
generado un comercio importante.
En el año 1990, en una reunión de los presidentes de Colombia, México y Venezuela, se
decidió establecer un mecanismo de concertación, que se denominó Grupo de los Tres
(G3), que dio como resultado la firma de un acuerdo, basado en los principios del Tratado
de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que se apartó de lo que había sido
habitual en los de complementación económica suscritos anteriormente en el marco de la
ALADI, pues abarcó otros temas tales como los obstáculos técnicos, la propiedad
intelectual, las compras estatales y la liberación de los servicios.
Los empresarios no participaron activamente en las discusiones, aunque se los mantenía
informados de las mismas. Sin embargo, para el control de su cumplimiento fue prevista la
actuación de una Comisión Administradora con la participación de los empresarios.
A lo largo de la década pasada los distintos gobiernos llevaron una política clara para
profundizar y mejorar los acuerdos existentes y concretar otros nuevos. Es así que se
amplía el acuerdo firmado con Chile en el marco de la ALADI, a fin de transformarlo en
uno de libre comercio donde la participación empresarial quedó establecida para la etapa
de control, a través de la comisión administradora del mismo.
Para subsanar las debilidades de los gremios empresariales que no conocían en profundidad
todos los temas de la negociación y para promover su mayor participación en las mismas,
en el año 2000 se creó el Comité Inter Gremial de Comercio Exterior (CICEX), al que se
integran los gremios económicos interesados en participar en las negociaciones.
Actualmente forman parte de éste una importante cantidad de gremios, incluyendo muchos
que antes estaban al margen de las mismas. Pero llama la atención que el principal
representante de los industriales, la ANDI, no participe del mismo.
El 11 de febrero de 2002, mediante el Decreto 246, se creó el "equipo para las
negociaciones comerciales de Colombia", con el fin de contribuir a fijar la posición
de Colombia al interior de la Comunidad Andina, el Área de Libre Comercio de las
Américas (ALCA) y la Organización Mundial del Comercio (OMC). Aunque no se le menciona
se supone que será lo mismo paras las negociaciones en otros foros.
Dos aspectos más son importantes de destacar. La creación del Consejo Asesor
Empresarial, conformado por hasta veinte empresarios representantes de los diferentes
sectores de la producción y designados por el ministro de Comercio Exterior, quienes
deberán aportar su visión integral sobre el enfoque, necesidades y resultados de las
negociaciones con el objeto de definir una posición estratégica que beneficie a la
comunidad en general.
Por otra parte se establece que el equipo negociador contará con la participación del
Consejo Asesor Empresarial, representantes del sector público, del sector privado que
serán designados por los gremios de la producción y de la Academia y centros de
investigación que servirán de apoyo técnico.
Mediante este decreto se formaliza por primera vez la inclusión del sector privado, y
también del académico, en la definición de la posición negociadora del país, aunque
no en la negociación misma.
4. Costa Rica
La participación del sector empresarial en las negociaciones tuvo características
diferentes con el transcurso del tiempo. Al comienzo de las negociaciones del Mercado
Común Centroamericano, fue reducida. En ese entonces las reuniones de discusión no eran
estrictamente formales, mucho se avanzaba mediante el intercambio de notas entre los
gobiernos, lo que no daba mucho margen para esa participación. Los empresarios se
sentían respaldados en la defensa de sus intereses sectoriales a través de los
ministerios de Economía, Industria y Comercio y de Agricultura.
Con el cambio de la política de desarrollo que pasa de la sustitución de importaciones a
la promoción de exportaciones no tradicionales, creándose el ministerio de Comercio
Exterior, la situación se modifica y los empresarios buscaron una mayor participación en
el proceso negociador. Dentro de este contexto el gobierno decide iniciar, a mediados de
la década de los noventa, la negociación de un tratado de libre comercio con México,
que fue firmado finalmente en el año 1994. En este caso se tomó la decisión de realizar
amplias consultas con los empresarios en todas las etapas, permitiéndose que se sentaran
a la misma mesa de negociación.
La firma del acuerdo con México, considerada un éxito por las autoridades, motivó al
Gobierno para iniciar tratativas con otros países del área, siguiendo en ese orden las
conversaciones con la República Dominicana. En este caso se siguió igual criterio, que
los empresarios participaran en la misma mesa de negociación, y aunque ésta se complicó
desde el comienzo, el acuerdo fue finalmente aprobado pero su puesta en práctica ha sido
dificultosa. A partir de allí las autoridades iniciaron lo que muchos empresarios
califican como "fiebre de acuerdos", iniciándose negociaciones con Chile,
Canadá y posteriormente con Panamá y Trinidad y Tobago. Como consecuencia de las
dificultades experimentadas en la negociación con la República Dominicana, las
autoridades deciden una nueva estrategia de participación con los empresarios, que de
allí en más participaron como asesores bajo la modalidad del "cuarto de al
lado".
Al iniciarse una nueva negociación se hace circular el texto que se lleva como propuesta
y se establece un amplio proceso de consulta previa para definir la posición nacional,
invitándose a participar a las cámaras y a empresas. Durante el proceso negociador se
van notificando los cambios que se proponen, así como los puntos de disenso y se abre una
consulta sobre la marcha en la cual sólo intervienen las empresas y asociaciones que
acudieron a la consulta previa. El texto final no es divulgado antes de la firma del
acuerdo, aunque sí su desarrollo temático.
Esto último provoca cierto malestar por parte de los sectores industrial y agrícola, los
cuales, en muchos casos, consideran que el proceso es falto de transparencia, en especial
al no participar en la mesa de negociaciones y porque, según afirman, se les retacea la
información. Las autoridades, por su parte, consideran que el proceso de consulta es el
adecuado, dado que es imposible sentar a la mesa más de cuarenta cámaras que representan
a los sectores involucrados y menos aún a las empresas que participan en la consulta
previa las que, por ejemplo, en el caso de la negociación con Canadá, fueron más de
ochocientas.
Otro aspecto importante a tener en cuenta es que en muchos de los temas no arancelarios
incluidos en estos acuerdos, por la especificidad de los mismos, la participación amplia
de todos los sectores empresariales no daría los resultados esperados.
En otros aspectos las críticas del sector empresarial también fueron fuertes sobre todo
en los referente al análisis previo a la definición de con quien se debe negociar. En
este sentido piensan que no son tenidos en cuenta, consideran importante una discusión
previa para identificar quién puede ser un socio adecuado y cuáles pueden ser las
debilidades para no afectar los sectores sensibles, que por otra parte son una cantidad
pequeña concentrada mayormente en el área agrícola.
Si bien parecería que la actuación del ministerio de Comercio Exterior ha sido adecuada
a las distintas circunstancias, los sectores económicos poco satisfechos con la forma de
llevar adelante las negociaciones promovieron la aprobación, en diciembre del año 2000,
de la ya mencionada Ley 8.056 para las Negociaciones Comerciales y la Administración de
los Tratados de Libre Comercio, Acuerdos e Instrumentos de Comercio Exterior que modifica
la creación del COMEX. Esta nueva ley incluye algunos aspectos importantes, entre los
cuales se establecen las funciones y composiciones del Consejo Consultivo de Comercio
Exterior que debe asesorar al Poder Ejecutivo en materia de comercio exterior.
Este Consejo, que ya había sido establecido en la Ley de creación del COMEX de 1996, vio
sensiblemente incrementada la participación del sector empresarial a través de distintas
cámaras sectoriales y de la de los pequeños y medianos productores, además de la
incorporación de los consumidores, satisfaciendo así el deseo de una mayor
participación de los sectores económicos y sociales.
También se amplían las anteriores atribuciones del Consejo, el cual no sólo deberá
asesorar en las políticas de inversiones y comercio exterior, sino que también debe
velar por el cumplimiento de las mismas, así como promover los mecanismos de
coordinación entre el sector público y el privado para la ejecución de las
negociaciones en la materia.
Con todos los elementos incluidos en esta Ley 8.056 se pretendió formalizar la
participación del sector privado y dar solución a las críticas presentadas por los
empresarios con relación a la falta de información, buscando lograr una mayor
participación en los procesos de negociaciones comerciales, otorgándole un papel más
significativo.
Hasta dónde podrá lograrse dependerá de cada uno de los actores. Los sectores
importadores no tuvieron objeciones a los acuerdos de libre comercio, pues son los que van
a recibir sus beneficios, estando más interesados en la correcta aplicación de sus
mecanismos que en la negociación misma. Lo contrario sucede con el sector manufacturero,
que teme verse enfrentado a la competencia y, por consiguiente, busca tener una fuerte
presencia tanto en las etapas previas a la negociación, como en las mismas negociaciones
y en la administración de los acuerdos.
5. México
Tal vez sea en este país donde la participación empresarial ha pasado por más
alternativas y donde, en la actualidad, más se hace notar su presencia en las
negociaciones comerciales y donde los empresarios han logrado constituir las estructuras
más sólidas para ser partícipes en el proceso negociador
México ha participado en la integración latinoamericana desde sus comienzos como miembro
de la ALALC y posteriormente de la ALADI, y en el marco de este último firmó una serie
de acuerdos comerciales con otros países latinoamericanos.
Hacia comienzos de la década de 1990 dio un vuelco decisivo en su política comercial, al
iniciar las negociaciones con Estados Unidos y Canadá, que dieron origen al TLCAN.
Al comienzo de las negociaciones para la conformación de la ALALC, México estaba
empeñado en un proceso de industrialización basado en la sustitución de importaciones y
en el desarrollo de sectores considerados estratégicos. Por esta razón se interesó en
concretar acuerdos de complementación industrial, los que en realidad eran simplemente
acuerdos comerciales, en los sectores de maquinaria para la generación y transmisión de
energía eléctrica, máquinas de oficina, electrónica y comunicaciones, fonográfica,
química, petroquímica, equipo hospitalario y del vidrio.
En todos estos casos los empresarios mexicanos fueron muy activos en las rondas de
prenegociaciones de las cuales salían propuestas al gobierno, el que las aceptaba o
modificaba según su criterio antes de someterlas a consideración en las negociaciones.
Estas se llevaban a cabo con la presencia del sector empresarial en la misma mesa de
discusión, aunque en carácter de asesores. Sin embargo, la misma estaba limitada a los
sectores que se negociaban en los que se hacía sentir el mayor peso de las empresas
trasnacionales que eran las que, además, en razón de su capacidad estaban en condiciones
de enviar sus funcionarios a participar en las negociaciones, la presencia de otras
empresas era, en todo caso, secundaria.
En opinión de negociadores de entonces, la presión que ejercían los representantes de
las empresas durante las rondas eran de mucha intensidad, lo que hacía difícil encontrar
posiciones de consenso, sobre todo si se trataba de tener en cuenta los intereses de las
empresas que no participaban. En todo caso puede afirmarse que, si bien restringida a
algunos sectores, durante esa época la participación empresarial en las negociaciones
comerciales fue de gran importancia y con fuerte presencia.
En 1975, en un momento de distanciamiento con las autoridades nacionales, el sector
privado formó el Consejo de Coordinación Empresarial (CCE), organización que pretendía
unificar las posiciones del sector privado frente al gobierno y que esperaba convertirse
en el interlocutor lógico frente a las autoridades en el diseño de las políticas
públicas en los diversos campos económicos.
En ese entonces comienza la renegociación de las preferencias pactadas en el marco de la
ALALC en la cual la participación de los empresarios mexicanos fue muy importante. Como
anteriormente negociaban los representantes oficiales asistidos por los empresarios, que
se sentaban a la misma mesa, los que por el carácter sectorial de las reuniones
representaban más a empresas que a asociaciones.
Hacia mediados de la década de los ochenta hubo un profundo cambio en la política
económica de México que pasó a orientarse hacia un mayor liberalismo y a buscar un
nuevo modelo de desarrollo basado en la promoción de exportaciones. Para llevar adelante
este proceso el gobierno, a través de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial
(SECOFI), convoca a las cámaras representativas de los distintos sectores a reuniones
para discutir y evaluar la situación del sector industrial mexicano, sus necesidades y
potencial exportador.
Al principio, el sector privado tomó estas invitaciones con cierta cautela, pero al ver
la decisión del gobierno de llevar adelante las reformas consideró imprescindible
fortalecer sus estructuras y decidió crear el Consejo Coordinador de Asociaciones de
Comercio Exterior (COECE), a partir de representantes provenientes de organizaciones
privadas tales como la Asociación de Importadores y Exportadores (ANIERM), el Consejo
Empresarial Mexicano para Asuntos Internacionales (CEMAI) y el Consejo Nacional de
Comercio Exterior (CONACEX).
Si bien el COECE no tiene una forma jurídica propia ni calendario de reuniones pre
establecido, a partir de 1990 se constituyó en el principal referente empresarial frente
al gobierno en todo lo relacionado con las negociaciones internacionales.
Hacia fines de la década de los ochenta el gobierno definió su intención de negociar un
tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, tomando conciencia de que por la
envergadura de las negociaciones era necesario contar con el apoyo y participación del
sector privado. Por este motivo propone al Senado organizar un proceso de consulta
pública sobre las relaciones comerciales internacionales, el cual se lleva a cabo a
mediados de 1990. Esto marcó un cambio fundamental en las relaciones entre el gobierno y
los empresarios pues puso en marcha un mecanismo de consulta no existente hasta el
momento.
En septiembre de 1990, y a partir de las recomendaciones del Senado, el gobierno decidió
crear un Consejo Asesor del Tratado de Libre Comercio, compuesto por representantes del
gobierno, de los distintos sectores de la actividad privada, de la agricultura, del sector
académico y del laboral. La representación del sector privado recayó en los directivos
de las principales asociaciones empresariales, así como de las más importantes firmas en
regiones y sectores industriales claves. Una de las características de este mecanismo que
se estableció fue que se desarrolló en las etapas previas a la negociación, durante la
misma, en el resultado final y durante el proceso de ratificación parlamentario.
Ya desde las etapas previas se puso de manifiesto que las negociaciones que se iban a
realizar eran de carácter totalmente diferente a las que estaba habituado el empresariado
mexicano en las épocas de ALALC y ALADI. Anteriormente se negociaban sectores
separadamente y sólo aspectos relacionados con aranceles y preferencias. Ahora se
negociaba todo el universo arancelario y se incluían nuevos temas que hacían a la
administración del comercio, obstáculos técnicos, propiedad intelectual, compras del
estado, etc., aunque también se negociaban sectores sensibles como el automotor, textil y
agrícola.
Frente a este problema los empresarios decidieron formar un equipo asesor del sector
privado para cada grupo negociador en cada tema. Este equipo asesor debía consultar a
cada uno de los grupos sectoriales dentro del COECE para conocer su opinión con relación
al tema tratado en el grupo negociador y plantear sus posiciones. Surgió entonces el
problema de cómo consultar durante las negociaciones. Nuevamente se hacía evidente la
diferencia con las anteriores negociaciones sectoriales de ALALC-ALADI, donde los
empresarios de cada sector acompañaban a los funcionarios gubernamentales en la misma
mesa de negociación.
Ahora eso ya no era posible pues en cada grupo negociador se requería la presencia de
empresarios de diferentes sectores, lo cual sería imposible de manejar. Además hay que
tener en cuenta que si bien ellos conocían la situación económica y productiva de su
sector, en la mayoría de los casos no estaban en condiciones de encarar la problemática
de los temas generales que se discutían.
Para obviar esta situación y mantener un estrecho e inmediato contacto con los
empresarios cada vez que se requiriera, surgió la idea de lo que luego se conocería como
el "cuarto de al lado", operatividad que se generalizó posteriormente a otros
acuerdos. Antes de cada reunión de negociaciones las autoridades se reunían en una sala
aparte con los representantes de los grupos del COECE para discutir la agenda y revisar la
posición del país. Al finalizar cada reunión de negociación volvían a reunirse y los
representantes de los empresarios eran informados de los resultados de las conversaciones
y expresaban sus opiniones. Este sistema se aplicó durante todo el período de las
negociaciones, que concluyeron en diciembre de 1992, y permitió que los empresarios, a
través de las estructuras del COECE, tuvieran un amplio campo de participación en las
negociaciones y jugaran un papel de gran importancia en la formulación de las estrategias
que guiaron las mismas.
Pese a que el esquema de participación empresarial adoptado ha mostrado ser bastante
eficaz para establecer una estrecha relación con las autoridades durante el proceso de
negociación, no han faltado las críticas pues muchos consideran que el COECE, por su
composición, tiende más a representar a las grandes empresas, incluyendo los bancos, en
detrimento de las medianas y pequeñas. En opinión de las autoridades esto ocurrió por
las características de estas últimas, que muchas veces no participan en cámaras o
asociaciones, y que no tienen ni tiempo ni recursos para asistir a las reuniones. Además
de encontrarse en sectores muy afectados por la apertura económica, su cantidad y
dispersión a escala nacional hace que sea difícil organizar su representación y, por
otra, parte sus principales preocupaciones, por ejemplo, acceso al financiamiento, no
encajaban en un proceso de negociación de libre comercio en su sentido más amplio. A
pesar de estas críticas se consiguió articular una muy buena interrelación entre el
gobierno y el sector empresarial, logrando este último organizarse de manera tal que se
constituyó en un interlocutor válido en las negociaciones.
Como consecuencia de los resultados satisfactorios que se tuvieron con la activa
participación de los empresarios en las negociaciones, y para dar una mayor solidez a
esta participación, estos últimos deciden conformar en 1999 el Consejo Mexicano de
Comercio Exterior (COMCE), que resulta de la fusión del Consejo Empresarial Mexicano para
Asuntos Internacionales (CEMAI) y el Consejo Nacional de Comercio Exterior (CANADEX). Su
objetivo es promover el desarrollo del comercio exterior e inversiones y actuar como
órgano de consulta y relacionamiento entre empresarios nacionales y extranjeros, así
como ser el canal de comunicación entre éstos y el sector público.
Las autoridades nacionales impulsaron fuertemente la formación de este organismo
pretendiendo así tener un solo interlocutor que representara al sector empresarial. Sin
embargo, no se logró la participación de la Asociación Nacional de Importadores y
Exportadores (ANIERM) que es la asociación más antigua dentro del área de comercio
exterior, con la mayor cantidad de asociados y que nuclea en su mayoría a pequeños y
medianos empresarios, pues éstos siguen teniendo dudas de la forma en la cual este tipo
de organismo de cúpula, con gran influencia de las grandes empresas, pueda defender sus
intereses.
El COMCE se ha convertido en un organismo deliberativo permanente que busca relacionarse
con los sectores público y privado de otros países para explorar las posibilidades de
tratados comerciales. Para este fin ha formado una estructura basada en comités por zonas
geográficas que serían los nexos con las organizaciones más representativas del sector
privado de cada país.
Puede afirmarse que la participación empresarial en las negociaciones ha sido amplia a
partir de fines de la década de los ochenta, aunque no ha podido lograrse que ésta sea
plena en el caso de las PYME, tal vez no por falta de voluntad sino por las
características propias de este sector.
6. Uruguay
Uruguay tiene larga tradición en la realización de acuerdos comerciales con países de
Latinoamérica que se inició con la formación de la ALALC, que constituyó su sede en la
capital del país, Montevideo, y se continuó posteriormente con la ALADI.
La participación empresarial en la negociación de estos acuerdos tuvo características
similares a la de otros países de la región. En un comienzo los representantes
empresariales apoyaban técnicamente a los negociadores oficiales. Su papel más
importante en esta etapa era aportar una información detallada de los productos que
integraban las listas nacionales de preferencias, la negociación era por producto y cada
parte hacía concesiones en aquello que no producía.
Posteriormente se pasó a una etapa de negociación sectorial, en la cual el sector
privado uruguayo tuvo una muy activa participación, favorecida por la circunstancia de
que la mayoría de las negociaciones se desarrollaban en la sede de la Asociación, lo que
favorecía esa participación masiva por la facilidad que tenían las empresas y las
cámaras para movilizar a sus funcionarios sin desatender sus actividades normales. Esta
ha sido una característica desde los inicios de la ALALC hasta nuestros días, la
permanente participación e interés del empresariado uruguayo en mantener su presencia
activa en todas las reuniones de la integración. Durante las negociaciones mismas el
sector privado participaba sentado en la misma mesa al lado del negociador oficial, pero
con el carácter de asesor y quedando siempre la decisión final en manos del
representante gubernamental.
A partir de 1975 las negociaciones oficiales se paralizaron hasta 1980 con la
constitución de la ALADI. El período que siguió fue el denominado de renegociación del
patrimonio histórico, donde el protagonismo del sector empresarial fue disminuyendo. Hay
que tener en cuenta que era la época de un gobierno militar con poca predisposición a la
participación de la ciudadanía.
Esta marginación finalizó con la vuelta de la democracia. En 1987 los empresarios
uruguayos participaron activamente en la discusión de las listas de productos del Acuerdo
Regional para la Recuperación y Expansión del Comercio (PREC), que fue el último de los
tradicionales acuerdos producto a producto y que, lamentablemente, nunca entró en
vigencia.
Durante todo este tiempo la participación de los empresarios y de las cámaras
industriales tenía dos objetivos. Por un lado, abrir nuevos mercados dada la estrechez
del doméstico. Pero por otro lado buscaban defender ese mercado que les daba una base
inicial. Hubo una actividad muy intensa por parte de los medianos empresarios en todas
estas negociaciones.
Los sectores industriales fueron los que adoptaron una posición más favorable hacia la
integración y los que más bregaron para que se abrieran espacios de participación
durante las negociaciones para conformar el MERCOSUR. Los plazos especiales otorgados a
Uruguay para llevar sus aranceles a cero y las listas de excepciones (de adecuación)
presentadas por los negociadores oficiales fueron posición del empresariado local. En
esta etapa los industriales participaban en las negociaciones bajo la modalidad del
"cuarto de al lado" pero con un menor protagonismo.
Para tener un foro de participación, el Gobierno creó en octubre de 1991, poco después
de la firma del tratado de Asunción, la Comisión Sectorial del MERCOSUR (COMISEC), con
el carácter de órgano asesor integrada por representantes de la Presidencia de la
República y delegados de los gremios empresariales, los trabajadores y las cooperativas.
Tuvo un papel muy activo en los primeros años pero con el tiempo ha ido perdiendo su
dinamismo inicial, criticando los empresarios que se ha convertido en un mecanismo
puramente informativo. Su principal logro fue la puesta en marcha de una red de
información para los empresarios con cobertura nacional.
En las negociaciones por fuera del ámbito latinoamericano la situación fue distinta,
como en el caso de las de la OMC, donde la participación empresarial fue prácticamente
nula. A este respecto hay que tener en cuenta que muchos de los temas objeto de la
negociación no eran del conocimiento de los empresarios, con excepción de todo lo
relacionado con los subsidios agrícolas.
En septiembre de 1999, con motivo de la reunión de la OMC en Seattle, el Gobierno creó
una comisión interministerial para fijar una posición nacional frente a las
negociaciones multilaterales, determinando que debía establecer formas de comunicación y
cooperación con sectores de la sociedad interesados. En opinión de los empresarios ésta
fue una experiencia muy positiva que se prolongó más allá de la reunión. Sin embargo,
las posteriores reuniones donde debían discutirse aspectos de estrategia y de
negociación fueron espaciándose cada vez más y finalmente dejaron de realizarse. Esta
experiencia puso en evidencia que existe una participación potencial importante por parte
del sector privado en las negociaciones multilaterales, pero se presentaron diversos
obstáculos, aparentemente insuperables, que no permitieron seguir avanzando.
Ante todo lo dicho, puede afirmarse que en Uruguay no existe un sistema formal de consulta
con el empresariado, sino que sólo se han hecho intentos puntuales que por una u otra
razón fueron diluyéndose en el tiempo.
III. Comentarios generales
Como resumen puede decirse que al inicio de los procesos de integración y por muchos
años, en los países analizados no hubo estructuras formales que propiciaran la
participación activa de los empresarios en las negociaciones comerciales de integración
Recién a partir de mediados de la década de los noventa algunos de ellos pusieron en
marcha, mediante diversos dispositivos legales, estas estructuras. Esto se ha dado en los
países del norte del continente y parecería que ha gravitado en estas decisiones la
preocupación de los empresarios por las negociaciones emprendidas en el marco del ALCA y
la presión ejercida por los mismos.
Esto no quiere significar, en modo alguno, que los empresarios no hayan participado
activamente en los acuerdos de integración. Esta participación se dio fundamentalmente
de dos maneras diferentes. En los comienzos de los procesos integradores las negociaciones
eran sectoriales y por producto, lo que favorecía la participación selectiva de los
empresarios que en la mayoría de los casos se sentaban a la mesa de negociación, pero
con carácter de asesores.
A medida que se iba avanzando en la integración y se tendía a la firma de acuerdos que
cubrieran todo el universo arancelario, o acuerdos de libre comercio, donde se incluían
otros temas que no fueran los meramente arancelarios, la participación empresarial se
hacía más difícil con la modalidad anterior y entonces surge la llamada del
"cuarto de al lado", donde son fundamentalmente las cámaras empresariales las
que participan en calidad de asesores, a disposición de los negociadores en el momento en
que se decidiera consultarlos.
En la actualidad, dicha modalidad del "cuarto de al lado" es el elemento común
a la participación empresarial, en todos los países que fueron analizados. En cualquiera
de los casos puede decirse que, en general, los empresarios fueron consultados en las
etapas previas a las negociaciones, pero en muchos casos la decisión de formalizar
determinados acuerdos fue enteramente política y el sector empresarial tuvo solamente
participación con posterioridad a la misma.
La intensidad de esa participación dependió, en la mayoría de los casos, de la
predisposición de los funcionarios responsables de las negociaciones. En ese sentido
parece ser que cuando estos pertenecen a los ministerios de Comercio esa participación es
mayor que cuando son de Relaciones Exteriores. Esto es bastante razonable si se piensa
que, tradicionalmente, los empresarios tienen mucho más contacto con las autoridades de
comercio, aunque aunque no sea más que desde el punto de vista administrativo.
Un aspecto que llama la atención es la queja generalizada, en todos los países, de las
pequeñas y medianas empresas por la falta de participación en los procesos de consulta,
tal vez debida a la excesiva fragmentación del sector. Por otra parte estas empresas, en
general, muestran carencias técnicas que no le permiten su participación efectiva en las
negociaciones.
Los empresarios conocen muy bien la problemática de sus productos y de su sector, saben
de sus fortalezas y debilidades frente a la competencia, tanto desde países de la región
como de fuera de ellos, por eso su participación directa en las negociaciones producto a
producto era significativa. En la actualidad con las negociaciones de libre comercio donde
se incluyen otros temas, además de los arancelarios, aparecen deficiencias no sólo de
las empresas sino también de cámaras para participar en la discusión de estos temas.
La excepción la constituyen las grandes empresas, muchas de ellas trasnacionales, que
poseen importantes elencos de profesionales en distintas disciplinas y temas, lo cual les
permite una mayor participación en este tipo de negociaciones. Por esta razón es que la
opinión de este sector está teniendo más peso en las discusiones, lo que provoca
desconfianza en las otras empresas.
Para lograr una mayor participación empresarial los gobiernos deberían tomar
determinadas medidas, en primer lugar institucionalizando dicha participación a través
de los instrumentos legales que consideren, y en segundo término definiendo las
características de dicha participación. Hay que considerar que los grupos con
participación multitudinaria de distintas organizaciones no han dado los resultados
esperados.
Los diferentes sectores empresariales no tienen iguales metas. Así, los puntos de vista y
objetivos de los importadores difieren de los de los industriales o de los exportadores.
El tratar de hacerlos participar conjuntamente en las negociaciones puede dar lugar a su
estancamiento o cuando menos a dilatarlas. La prueba más evidente de ello,en el ámbito
regional, ha sido el completo fracaso del Consejo Asesor Empresarial (CASE), que fue
pensado para acelerar las negociaciones en el seno de la ALADI y que no tuvo el efecto
deseado.
Si además se tiene en cuenta que las futuras negociaciones van a reducir el tema
arancelario a listas de excepciones y a programas de desgravación, más o menos definidos
políticamente, puede visualizarse un horizonte de negociaciones sobre una serie de temas
que son los que en el futuro servirán como instrumentos para el manejo del comercio.
Para que la participación empresarial fuera más efectiva, se debería mejorar su
capacidad para intervenir en las negociaciones. Como se mencionó, los empresarios se
formaron en las negociaciones por producto donde tenían inclusive la ventaja, sobre los
negociadores oficiales, del profundo conocimiento de su sector. Esto es más válido aún
en el caso de los industriales, pero no tienen el mismo conocimiento en todo a lo
referente a los nuevos aspectos y mecanismos contemplados en la OMC.
Muchos organismos regionales han llevado a cabo seminarios para la capacitación de
negociadores, pero siempre enfocados al sector oficial. Sería el momento que se pensara
en hacer lo mismo, pero en este caso orientados a la capacitación empresarial, en
especial las PYME, para que tengan una visión más amplia de lo que significan las
negociaciones comerciales dentro del actual contexto internacional, con sus posibilidades
y sus riesgos.
Además de estas acciones que deberían tomar los gobiernos dentro de cada uno de los
países para lograr una plena participación de los empresarios en las negociaciones
comerciales, debería buscarse la forma para que estos participaran, en conjunto, más
activamente en los distintos ámbitos regionales de integración.
Hasta ahora los intentos por lograrlo han tenido poco éxito. Al absoluto fracaso del
CASE de la ALADI, hay que sumar un escepticismo que se está comenzando a
manifestar entre los empresarios en relación con el funcionamiento del Consejo Consultivo
Empresarial en la CAN y del Foro Consultivo Económico Social del MERCOSUR.
La solución podría pasar por la creación de consejos sectoriales, como fue propuesto
por los propios empresarios en el Foro Empresarial para el Desarrollo del Proceso de
Integración Regional realizado en 1995 en Santa Cruz de la Sierra.
Este tipo de consejos tendría la ventaja de su homogeneidad y además sería más fluida
la discusión de los temas de interés común para las empresas de cada sector. Por otra
parte, podrían ser fácilmente estructurados a partir de instituciones empresariales
regionales ya existentes como es el caso de, por ejemplo, la Federación Panamericana de
Lechería (FEPALE), la Asociación de Industriales Latinoamericanos (AILA), la Asociación
Latinoamericana de la Industria Farmacéutica (ALIFAR), el Instituto Latinoamericano del
Fierro y el Acero (ILAFA), o la Asociación Latinoamericana de la Industria Eléctrica y
Electrónica (ALAINEE).
Independientemente de este mecanismo, orientado básicamente a analizar los problemas
específicos de cada sector, debería existir un ámbito en el cual se analicen los
problemas comunes que puedan afectar a todos o a la mayoría de los sectores. Estos
derivan de los cambios surgidos durante la última década en la economía mundial:
globalización, desregulación y apertura, la utilización cada vez mayor de mecanismos
para-arancelarios de protección y de la normativa de la OMC. Por otra parte, deberían
establecerse mecanismos eficaces, tanto a escala nacional como regional, para lograr
la participación activa de las PYMEs en todo el proceso.
La estructuración de un esquema de participación empresarial a través de foros o
consejos y su inter relacionamiento con las máximas autoridades de los países es un tema
complejo que debería ser desarrollado por alguno de los organismos de integración
regional para elevar sus conclusiones a la consideración de los gobiernos.
Notas
1
Resoluciones19/90; 22/90; 26/90; 30/91; 42/94 y 50/98.
2 El Acuerdo de Cartagena, firmado en 1969, es el instrumento jurídico
que dio origen al Grupo Andino.
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