| Titulo |
OMC y ALCA:
prioridades en la agenda comercial de ALC
Edición Nº 63
Septiembre - Diciembre 2001
Indice |
El poder de la integración
Alfredo Eric Calcagno
Consultor internacional
I. Naturaleza del problema
Ya se perfilan los rasgos del orden mundial del siglo XXI. Los hechos parecen indicar que
Estados Unidos conservará el predominio que tiene, pero en el contexto de un escenario
multipolar. Allí gravitarán la Unión Europea, Japón, China, Rusia, India, los países
árabe-musulmanes. Cada uno de ellos hará valer su carácter, sus recursos, su voluntad
política.
¿Cuál será la posición de América Latina y el Caribe?
La solución depende de tres líneas fundamentales. La primera es de carácter histórico.
Aquí entra a jugar el papel de América Latina y el Caribe. No tanto por las definiciones
de tipo "destino manifiesto" y "marcha al oeste" de Estados Unidos,
que lo consolidaron primero como nación y luego como eje de integración en
Norteamérica, sino que nuestra realidad como entidad política latinoamericana y
caribeña futura es más bien la tensión entre dos opciones.
La primera opción tiende a la independencia e integración regional, cuya primera
manifestación fue el Congreso de Panamá convocado por Bolívar en 1826. La otra
posibilidad es aceptar la órbita hegemonizada por Estados Unidos, cuyos intentos remontan
a la Primera Conferencia de la Unión Panamericana de 1889 y se mantienen con persistencia
e intensidad hasta hoy.
La segunda línea fundamental es política. Constituye una disyuntiva ligada a nuestra
independencia nacional, al tipo de países que seremos, frente a la realidad de naciones
subordinadas con sociedades injustas. Así, entre el desafío político y la inacción, no
sabemos si en el futuro de la integración latinoamericana y caribeña prevalecerán los
negocios o la política; en qué grado el eje será el arancel cero o el desarrollo
nacional. Por supuesto, no se trata de alternativas excluyentes; pero en general predomina
uno de los términos.
La política regional puede articular tanto una integración plena con organismos con
potestades y recursos que le permitan ejecutar políticas fuertes, como limitarla al plano
comercial y de los negocios. Esta decisión determinará en gran medida qué pasará con
los desafíos ligados a la integración: regiones atrasadas, proyectos de infraestructura
regional, emprendimientos conjuntos, institucionalización de la integración y, acaso,
generación de soberanía supranacional. Como veremos, existe una base concreta para
avanzar en la integración; pero es un camino recién empezado. Todo queda por hacer: es
un "modelo para armar".
Creo que lo que se decidirá en los próximos años excede a la mayor o menor prosperidad
-o pobreza- que pueda tenerse con la pertenencia a uno u otro esquema de integración. Lo
que estará en juego es si los países latinoamericanos y caribeños subsistirán como
naciones que ejerzan su soberanía. Esta opción se visualiza con claridad en la
alternativa entre Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) o MERCOSUR, Comunidad
Andina, Mercado Común Centroamericano, CARICOM, Asociación de Estados del Caribe, que
supera lo económico y tiene un claro significado político. La primera diferencia que
existe se refiere a las relaciones de poder: es muy diferente una integración entre
iguales o una unión del más poderoso con un débil.
La tercera línea es económica y se refiere a la estructura productiva. Para que una
nación gravite en el contexto internacional y su población acceda a niveles altos de
bienestar, es fundamental que la jerarquía de su sistema productivo sea elevada. No es lo
mismo un país esencialmente agrícola o minero, que vive de la venta de sus materias
primas y su mano de obra barata, que otro que ha llegado a altos niveles de productividad,
con mayor crecimiento, con un mercado interno poderoso y menos vulnerabilidad externa, que
genere empleo calificado y que exporte más valor agregado que materias primas.
Para llegar a este objetivo, se debe consolidar un mercado nacional y regional amplio y
una capacidad de oferta diversificada; en otras palabras, poseer empleos de buena calidad
y llegar a una distribución del ingreso que desarrolle ese mercado, lo cual implica la
provisión nacional y regional de insumos y servicios necesarios para la producción.
Para Argentina y Brasil esta es la única alternativa de desarrollo sustentable. Otros
países pueden especializarse con más éxito en exportaciones de materias primas o en la
maquila, aunque seguirán siendo muy vulnerables a los avatares de los precios de las
materias primas y del nivel de actividad de Estados Unidos. Pero en todos los casos
-repito-, tanto en los países más industrializados de la región como en aquellos que lo
están en un grado menor, es fundamental aumentar la jerarquía de su aparato productivo.
Pues bien, por el lado de las exportaciones sudamericanas, el 55,4% de las manufacturas
"nuevas" de origen industrial (las de mayor complejidad tecnológica, como
bienes de capital, material de transporte y productos farmacéuticos) se exportan a la
misma Sudamérica, el 20,6% a Estados Unidos y el 11,6% a la Unión Europea.
El 75% de las exportaciones a Estados Unidos consisten en materias primas, manufacturas de
origen agropecuario e insumos básicos; ese porcentaje se eleva al 85% en el caso de la
Unión Europea. Con respecto a las importaciones desde Estados Unidos, el 67% son
manufacturas; ese porcentaje es del 72% para la Unión Europea. Repetimos así el esquema
colonial clásico.
Queda demostrado lo obvio: nuestros intercambios con los países centrales se realizan
entre sectores económicos (por ejemplo, Sudamérica exporta productos primarios e importa
manufacturas), mientras que entre los países de nuestra región el comercio es entre
ramas de los mismos sectores.
Argentina vende oleaginosas, carne y cereales a Europa, y Venezuela petróleo a Estados
Unidos; desde los países desarrollados, ambos importan manufacturas. Pero Argentina y
Brasil, por ejemplo, tienen un comercio recíproco de autopartes y vehículos terminados,
que les permite desarrollar una capacidad de exportación hacia fuera del propio MERCOSUR.
Es otra situación en términos de valor agregado y de manejo de tecnología.
El problema no son sólo las exportaciones sino también las importaciones: con el arancel
cero del ALCA, las manufacturas estadounidenses barrerán del mercado sudamericano a los
productos nacionales. Se terminarán así nuestras veleidades industrializadoras y
volveremos al redil de los productores de materias primas y mano de obra barata, a
excepción de las actividades que las empresas transnacionales consideren que cuesta menos
desarrollarlas en América Latina y el Caribe.
Creo que este es un punto fundamental y deberá ser materia de discusión entre los
países latinoamericanos y caribeños. Hace medio siglo, cuando era una herejía
económica sostener que los países pobres debían industrializarse, la CEPAL fundamentó
de modo irrefutable esta tesis.
Ahora se replantea el tema, ya que puede existir una diferencia de intereses según el
grado de industrialización al que haya llegado cada país. Para los menos
industrializados, lo importante es el acceso que tengan al mercado de Estados Unidos sus
exportaciones con poco valor agregado; piénsese cómo cambia el panorama de un país con
producciones primarias o con poco procesamiento, si puede entrar al mercado de Estados
Unidos.
Pero también está el interés legítimo de los países más desarrollados de la región,
para los cuales pasa a primer plano el desarrollo de su industria, cuya expansión está
vinculada al mercado regional, pero que no aguanta el arancel cero con Estados Unidos. En
la negociación deberán resguardarse ambos intereses, de tal modo que los países más
avanzados expandan su industrialización y los menos desarrollados accedan a ella.
II. La agenda de la discusión
La discusión sobre el ALCA está abierta y existen varias agendas. La primera es la que
propone Estados Unidos, que es elemental y lógica en la defensa de su interés nacional.
El primer punto se refiere a la eliminación de las tarifas comerciales; los productos de
procedencia de Estados Unidos deberán tener libre acceso y estar a salvo de restricciones
arancelarias y no arancelarias, como las que imponen a terceros países los esquemas de
integración regional.
El segundo requerimiento atañe al acceso irrestricto a las licitaciones y contratos de
abastecimiento del sector público, con lo cual se abre un importante mercado para los
productos estadounidenses.
La tercera restricción concierne al control de la propiedad intelectual; en particular, a
la vigencia y exclusividad de las patentes de empresas transnacionales; un ejemplo típico
de este punto es la presión constante del gobierno de Estados Unidos para que se otorgue
exclusividad a las patentes de sus empresas, lo cual es importante sobre todo en la
industria farmacéutica. Otra reivindicación es la remoción de cualquier restricción a
la entrada de sus empresas al sector de servicios (inclusive financieros).
Este es el tratamiento que propone Estados Unidos; pero su conducta al respecto no se
ajusta a su posición teórica y contradice lo que solicita a los demás.
En primer lugar, restringe la transferencia de tecnologías de punta. Sea porque se trate
de emprendimientos militares, porque quiera tenerse el monopolio de las innovaciones o
porque se pretende mantener la rentabilidad de tecnologías ya superadas, Estados Unidos
sólo transfiere la tecnología que le interesa desde el punto de vista comercial. De tal
modo, esas transferencias, que podrían ser fundamentales para el desarrollo económico y
tecnológico de los países, están sujetas a las mayores restricciones.
En segundo lugar, Estados Unidos protege su agricultura. Antes el eje eran los pagos para
que los agricultores se abstuvieran de producir; ahora son los subsidios. Para que se
advierta su magnitud y progresión, basta con señalar que los subsidios agrícolas se
triplicaron en 10 años, de 9.300 millones en 1990 a 32.000 millones de dólares en 2000.
De tal modo, más de la mitad de la renta líquida de los agricultores tiene origen en
subsidios del gobierno.1 Ello configura una práctica desleal desde el punto de vista del
libre comercio y no sólo afecta la entrada de productos agrícolas al mercado
estadounidense, sino que significa una competencia desleal en terceros mercados.
Así llegamos a las negociaciones del ALCA. América Latina y el Caribe ya están
acostumbrados: en cualquier negociación gana el más fuerte, que es Estados Unidos. Tal
es la experiencia histórica. Sin embargo, el caso del ALCA es atípico. Estados Unidos
podrá ejercer toda su influencia y alinear a su lado a casi todos los países de la
región; pero si Brasil y Venezuela no entran, no hay ALCA. Entre los dos totalizan el 42%
del producto interno bruto de América Latina y el Caribe y si se suma la Argentina, se
llega al 56% 2. ¿Qué área de libre comercio puede hacerse con el resto de los
países, que no llegan a sumar la mitad del producto regional?
De tal modo, Brasil y Venezuela (y acaso Argentina) tienen un poder implícito de veto.
Repito: sin ellos, no hay ALCA. Por eso, se puede negociar fuerte. Este hecho fue
señalado por el canciller de Brasil Celso Lafer, quien afirmó que "el poder en el
ámbito del comercio es el tamaño del mercado propio. En ese contexto, tenemos recursos
de poder. Una acción conjunta es siempre mejor, pero no le temo al aislamiento, si eso es
necesario para defender los intereses nacionales".3
En toda negociación, lo primero es decidir quiénes y cómo intervienen; lo segundo, qué
se discute.
Es fundamental que todos los países de América Latina y el Caribe participen en bloque.
Además, al mismo tiempo que se negocia con Estados Unidos también deberían discutirse
temas análogos con la Unión Europea.
En cuanto a la agenda, deben plantearse la difusión de tecnologías de punta y las
medidas antidumping, en especial la supresión de los subsidios que otorga Estados Unidos
a sus agricultores. Un tema fundamental es la defensa de la industria latinoamericana, en
especial la de mayor complejidad, que de otro modo desaparecería.
No puede olvidarse que la industria latinoamericana está sometida a problemas que no
tienen las de los países desarrollados, como es el escaso acceso al crédito (que es
además caro), la menor protección contra el contrabando y los presuntos dumpings, la
menor disposición de un mercado interno fuerte y con menos altibajos, gracias a la
redistribución del ingreso y al gasto público mucho más elevado en los países
desarrollados.
Es decir, no se trata de pedir protección sin ningún compromiso de las empresas en
términos de desempeño, inversión y empleo, sino hacer posible que éstas sobrevivan y
se desarrollen, pese a contar con un marco mucho más desfavorable que el de sus
competidoras del norte.
Este temario choca con el de Estados Unidos: eliminación de tarifas comerciales, acceso a
contratos del sector público, patentes y libre entrada al sector de servicios. Aquí es
donde los países de América Latina y el Caribe deben hacer valer su poder de veto
implícito.
III. Futuros posibles
Veamos cuál será el panorama internacional probable y qué función podrían tener
América Latina y el Caribe. Si no ocurriera una alteración sustancial de la actual
situación, en el siglo XXI podrían existir dos formas de distribución del poder
mundial.
La primera consiste en la hegemonía única de Estados Unidos, con todos los demás
países subordinados (en diferente grado según su importancia relativa).
La segunda hipótesis es la de multipolaridad; en este caso, si bien es probable que
Estados Unidos continúe siendo la mayor potencia, habrá otras que -como señalé al
principio- participarán de un sistema mundial más complejo: la Unión Europea, China,
Rusia, India, Japón, países musulmanes, cada uno enraizado en su estilo de
civilización. En ambos casos es importante la constitución de una América Latina y el
Caribe integrados, sea para negociar mejor con la potencia hegemónica o para convertirse
en uno de los grandes bloques mundiales. Esta última alternativa nos daría un margen de
acción mucho más amplio.
En el inicio de todo proceso histórico se vislumbra una realidad futura. Imaginemos la
hipótesis "independentista", de aquí a veinte años. En lo político, América
Latina y el Caribe sería uno de los bloques que participarían en la elaboración de las
decisiones mundiales. Formaría parte del G-7 ampliado y tendría su asiento en el Consejo
de Seguridad de las Naciones Unidas. Sus Estados nacionales ejercerían una soberanía
compartida sobre emprendimientos regionales (tecnología, infraestructura, transporte,
comunicaciones, energía).
En lo económico, existiría un mercado común con elevado grado de industrialización
obtenido sobre la base del abastecimiento a los mercados internos de los países
latinoamericanos y del Caribe (lo cual a su vez permitiría un aumento extraordinario de
las exportaciones). En lo tecnológico y cultural, la vinculación y el trabajo en común
entre los países haría posible acceder a otro nivel de excelencia.
En el extremo opuesto, ¿qué podría ocurrir con el modelo neoliberal y la integración
con Estados Unidos? Dentro de veinte años, se mantendría el esquema básico de
funcionamiento de la economía y la sociedad. Los resultados ya los conocemos.
Seguiríamos siendo exportadores de productos básicos y procesadores de manufacturas
elementales o de maquila. La generación de empleos seguirá siendo insuficiente en
cantidad y calidad y se acentuará la estratificación social.
Sin embargo, lo importante para los acreedores externos estaría a salvo: los intereses de
la deuda se seguirían cobrando. Las excepciones serían las implantaciones de empresas
transnacionales que produzcan con alta tecnología y poca ocupación de mano de obra.
IV. Lo fundamental: fortalecer los procesos de integración de América Latina y
el Caribe
No parece correcto ni pertinente poner a la integración latinoamericana y caribeña
frente a un antagonismo del estilo "política o negocios". No se trata de eso.
Cualquier proyecto de integración regional comprende una dimensión política, que fija
sus alcances, objetivos y límites, así como una fuerte dimensión económica, donde
encontramos la coordinación de políticas, la esfera industrial y los flujos comerciales
y financieros. Esta faz económica es la dimensión operativa del proyecto político.
En las actuales circunstancias y en esta etapa de las tratativas del ALCA, a mi juicio, es
indispensable la ampliación y consolidación del proceso de integración latinoamericano
y del Caribe. Es la mejor forma de crear poder para encarar las negociaciones.
En primer lugar, es necesario que se fortalezcan los esquemas de integración subregional
y que exista un proceso de convergencia entre ellos. Si América Latina y el Caribe habla
con una sola voz, será más escuchada.
La segunda expansión es la de la industria. Con el mercado subregional extendido, existe
la posibilidad de lanzarse a varios tipos de industrialización: de alta tecnología,
pesada y sustitutiva de importaciones. Sólo la industria puede llevar a los países a
altos grados de desarrollo. Es cierto que los países desarrollados tienen un sector
importantísimo de servicios; pero antes tuvieron industria, la conservan, defienden y
amplían. Además, son servicios de alta productividad, mientras que los nuestros suelen
ser desocupación disfrazada.
La tercera ampliación es la de las políticas comunes. Existe un extenso campo de
acción, en todos los ámbitos. No sólo incluye el ámbito comercial, sino también los
posibles acuerdos sobre infraestructura, industria, comunicaciones, tecnología, cultura,
educación. Debería impulsarse el cumplimiento de la agenda convenida en la reunión de
Presidentes de Brasilia de agosto de 2000.
La cuarta acción común debe ser la coordinación de la defensa sudamericana. El Plan
Colombia y la guerra contra el terrorismo, ponen de manifiesto la necesidad de preservar
la independencia nacional de los países. De hecho, es coherente la defensa de industrias
y mercados junto con los territorios y el orden legítimo, la viabiliza y le otorga una
dinámica eficiente.
La irrupción en el plano internacional de un grupo latinoamericano y del Caribe coherente
le otorgaría un poder de negociación ahora inexistente. Sobre todo, restituiría a cada
país su independencia en un haz común: América Latina y el Caribe. Esta tesis no es
original, remonta a los primeros interrogantes que tuvieron nuestros ancestros en el
momento de optar por la libertad hace ya casi dos siglos.
1.
Véase Marcos Sawaya Jank, "EUA ampliam subsídio a agricultura", en Gazeta
Mercantil, Río de Janeiro, 5 de marzo de 2001.
2. Las participaciones en el PIB regional
están calculadas sobre la base de dólares constantes de 1995. Fuente: CEPAL, División
de Estadísticas y Proyecciones Económicas.
3. Entrevista al canciller de Brasil Celso
Lafer, en Valor Económico, San Pablo, 20 de enero de 2001.
anterior siguiente
arriba |
