| Titulo |
Oportunidades y
riesgos
del ALCA
Edición Nº 62
Mayo - Agosto 2001 |
El
papel de los Parlamentos en el ALCA
Eduardo Mayobre
Director de Relaciones Económicas del SELA
I. Democracia, transparencia y participación
Resulta difícil referirse a ALCA, porque a pesar de todo el espacio que ha ocupado en los
medios de comunicación es muy poco lo que sabemos sobre ella.
La Declaración Ministerial
emitida en Buenos Aires el 7 de abril de este año, promete cambiar esta situación. Ahí
se afirma lo siguiente: "En forma consistente con nuestro compromiso de
transparencia, hemos acordado publicitar el borrador del acuerdo de ALCA en los cuatro
idiomas oficiales, después de la Tercera Cumbre de las Américas".
Este compromiso significa un cambio importante y puede dar lugar al inicio de una
participación real de la sociedad en el proceso de ALCA y de una mejor comprensión de
sus características y consecuencias. Hasta ahora sólo se habían conocido los principios
generales que inspiran al ALCA y algunas modalidades acordadas para su negociación. Pero
la información había sido reducida que sólo se había podido discutir la propuesta
haciendo conjeturas o recurriendo a posiciones abstractas o ideológicas.
Los principios básicos del ALCA han sido desde sus inicios la democracia y el libre
comercio. La democracia, sin embargo, había sido concebida hasta ahora simplemente como
un boleto de entrada de los países a las negociaciones. El conocimiento y el debate de
las diferentes opciones, propios de la democracia, habían estado ausentes. Algunos
mecanismos de alcance limitado, como el Comité de Representantes Gubernamentales sobre
Participación de la Sociedad Civil, habían intentado llenar ese vacío. También se le
había concedido cierto espacio a algunos pocos sectores, como es el caso del Foro
Empresarial de las Américas. Pero los resultados han sido muy escasos porque no ha habido
material concreto para la discusión. Se podía vislumbrar posiciones o actitudes de parte
de los gobiernos participantes en las negociaciones o se podía construir escenarios
teóricos, pero era prácticamente imposible un debate serio sobre algo cuyo contenido y
características eran desconocidos.
Este desconocimiento a su vez generó temores y rechazos preventivos. Pues como dijera el
filósofo Heráclito de Efeso en uno de sus fragmentos: "Los perros ladran a lo que
no conocen". Resulta muy difícil apoyar o estar en desacuerdo con algo que no se
conoce. Y esto trajo el reclamo, por parte de diferentes sectores, de información mas
precisa y abundante sobre algo que, de ponerse en marcha, afectará la vida de los
habitantes de todo el continente.
Este mismo Foro, la Conferencia Parlamentaria de las Américas (COPA) 1. es una expresión del sentimiento y la necesidad de que se diera un tratamiento
más democrático al proyecto del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). Así,
en su declaración de Québec de 1997, la COPA acordó "apoyar y fomentar la
participación activa de la población en las discusiones y en las consultas previas a las
tomas de decisión relativas a la creación de un área de libre comercio
continental" y en la declaración de Puerto Rico de julio del año 2000 se expresa el
deseo de que "el proceso de integración continental se vea fortalecido gracias a la
participación de los parlamentarios de todas las jurisdicciones del continente, a la
transparencia de los debates acerca de la creación del Area de Libre Comercio de las
Américas (ALCA) y a la difusión periódica de los resultados de las negociaciones en
curso por parte de los Jefes de Estado y de Gobierno de las Américas".
Los gobiernos de la región han entendido lo razonable que son tales aspiraciones y han
decido satisfacerlas. Esto hace posible que pueda comenzar a operar el componente
democrático del proceso. También le da más solidez al proyecto. Porque sus perspectivas
de éxito serían muy pocas si no se cuenta con la comprensión y el apoyo de la
población, como suele suceder en los contextos democráticos. El ALCA ha corrido hasta
ahora el riesgo de la incomprensión por la simple razón del desconocimiento. La
Declaración de Buenos Aires indica que los gobiernos han entendido que ese riesgo era
demasiado grande y comprometía la viabilidad del proyecto. Además, hacía precaria la
posible gobernabilidad del mismo porque si las fuerzas de la sociedad no pueden expresarse
durante el proceso de toma de decisiones, con toda seguridad lo harán después de que
éstas hayan sido tomadas. De tal manera que debe dársele la bienvenida a los criterios
de mayor transparencia acordados en Buenos Aires.
Pero esto sólo es un comienzo que todavía tiene que hacerse realidad. El proceso
democrático para la aprobación del ALCA no se realiza por la simple difusión de la
información. Es necesario, a partir de ella, generar un debate que se base en análisis
responsables y que tome en cuenta los diversos intereses en juego en las diferentes
sociedades de todo el continente. En este proceso los parlamentarios están llamados a
jugar un papel fundamental. No sólo por la razón formal de que son ellos los que en
definitiva deben aprobar cualquier proyecto de tratado multilateral que pueda resultar de
las negociaciones, sino también porque en su carácter de representantes legítimos de la
ciudadanía tienen el derecho y el deber de recoger los puntos de vista y las aspiraciones
de ella. Además, porque parte de su función consiste en explicar a la población los
alcances, ventajas y desventajas de la acción publica, función que es particularmente
importante cuando se trata de asuntos internacionales.
II. La intervención parlamentaria y la llamada "vía
rápida"
A pesar de que por falta de información no se han dado hasta ahora las condiciones para
un debate genuino, ha habido por lo menos una actuación parlamentaria que ha sido crucial
para el curso de las negociaciones del ALCA. Se trata de la actitud del Congreso de los
Estados Unidos de América frente a la posibilidad de otorgarle autorización al ejecutivo
de ese país para negociar a través de la llamada "vía rápida" (o fast
track). Aunque las negociaciones habrían avanzado, no obstante la ausencia de tal
autorización, es difícil que puedan culminar sin ella.
La ausencia de la vía rápida influyó sobre los resultados de la Segunda Cumbre de las
Américas, celebrada en Santiago de Chile. Debido a falta de apoyo parlamentario, el
Ejecutivo estadounidense desistió, poco ante de esa cumbre, de insistir en su solicitud
de autorización. Esto determinó que en la cita de Santiago, los Jefes de Estado se
limitaran a endosar lo acordado por sus ministros de comercio en su reunión de San José
de Costa Rica como método de negociación y dedicaran su declaración a temas de la
agenda diferentes al ALCA.
Sobre el debate en torno a la vía rápida se pueden destacar dos hechos. Primero, el que
suceda en Estados Unidos. Se trata del país sobre el cual el proceso del ALCA tendría
menos influencia, debido a su tamaño relativo. Sin embargo, es el país en el cual el
debate ha sido más intenso, en el cual el tema ha despertado mayores temores y mayor
participación parlamentaria. Es posible que esto se deba a que la aprobación del tratado
por parte del Congreso sea una condición sine qua non para que el proceso tenga éxito.
También es posible que en Estados Unidos exista una mayor tradición de participación
parlamentaria en los tratados internacionales que en el resto del continente. Una tercera
hipótesis, no excluyente de las anteriores, es que en el proceso del ALCA están en juego
principios generales sobre los cuales se crearían precedentes que afectarían a otras
negociaciones de carácter internacional.
Lo cierto es que no sólo el Parlamento sino también varios sectores importantes de la
opinión pública norteamericana se han movilizado en torno a las posibles
características, ventajas y desventajas del ALCA.
La importancia del asunto no es sólo la "vía rápida" misma como metodología
de negociación, sino que en la autorización posiblemente se defina un marco de
referencia para las posibilidades de negociación del Ejecutivo estadounidense en temas
tan sensibles como los asuntos laborales y ambientales. El tema es importante y de acuerdo
con lo expresado por el representante de Comercio estadounidense tiene una alta prioridad
en la agenda de su Gobierno.
En contraste con lo anterior, en América Latina y el Caribe el debate sobre el ALCA ha
sido escaso. Esto no sólo se observa en el diario acontecer y en la lectura de las
publicaciones, sino que puede apreciarse en la participación en los canales de
comunicación que ha abierto el Comité sobre Participación Civil, en el cual más de la
mitad de las sugerencias y comentarios provienen de Canadá y los Estados Unidos2. Quizá esto se deba a que la incertidumbre sobre la aprobación de la
"vía rápida" le confiera un carácter hipotético a toda discusión. Se
pensaría que si no hay vía rápida, no hay ALCA, y que en consecuencia no habría que
preocuparse demasiado por un proceso cuya condición de posibilidad aún no se ha
cumplido.
De ser esto cierto, tal actitud resulta preocupante. Porque la combinación de un avance
en las negociaciones intergubernamentales con la posibilidad de que en algún momento se
apruebe la vía rápida pudiera llevar a que súbitamente se apruebe un tratado sin que
haya sido sometido a la debida consideración en el resto de los países del hemisferio y
que, además, dicho tratado esté condicionado por los acuerdos que se puedan lograr en el
Congreso estadounidense, sobre los cuales el resto de los países de la región no
tendrían influencia. En este caso, tales países se encontrarían en la posición de
aceptar el tratado o quedar fuera de éste. De un hecho cumplido, ante el cual sólo
cabría la posibilidad de "tómelo o déjelo". Disyuntiva bastante apremiante
para la mayoría de los países, para los cuales la alternativa de quedarse afuera
probablemente los condenaría a su marginación de la economía internacional.
Esto nos lleva a una posible segunda hipótesis para explicar lo escaso del debate dentro
de América Latina y el Caribe. Existe el convencimiento casi generalizado de que los
términos del tratado serán impuestos por Estados Unidos, de que éste será muy similar
al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y de que el desenlace de
"tómelo o déjelo" es prácticamente una fatalidad. Esta actitud no es del todo
descabellada si se toma en cuenta que el TLCAN representa el 71% del comercio hemisférico
y el 85% de su producto interno bruto. Pero presupone una falta de capacidad de
negociación de parte de los países de América Latina y el Caribe y deja en el aire
varias interrogantes, como por ejemplo el destino de los acuerdos subregionales de
integración existentes.
Quizá la publicación del borrador del Acuerdo del ALCA pueda modificar esa actitud
fatalista en los países latinoamericanos y caribeños. Pero en todo caso, el debate y el
análisis de dicho acuerdo son necesarios para aclarar posiciones y para que el Gobierno y
el propio Congreso de Estados Unidos puedan conocer el sentimiento de las sociedades de
América Latina y el Caribe y no cometan el error de exigir formalmente condiciones poco
realistas.
El otro aspecto interesante de la discusión sobre la vía rápida es que en ella está en
juego el papel que le corresponde jugar a los parlamentos en la negociación de tratados
internacionales. Considerada desde el punto de vista de los países de América Latina y
el Caribe, la situación de "tómelo o déjelo" resulta muy incómoda. O se
aceptan condiciones que pudieran no ser convenientes para el interés nacional y pudieran
limitar la autonomía de acción, o se queda en condiciones de desventaja en los mercados
regionales que son casi necesariamente sus mercados naturales. Pero vista desde la
perspectiva de los parlamentarios norteamericanos y, para el caso de todos los
parlamentarios de la región, la situación tampoco es fácil, pues aceptar que el acuerdo
se aprueba o se rechaza en su conjunto significa la posibilidad de tener que transigir en
posiciones que se pueden considerar importantes (como, por ejemplo, los derechos
laborales) o echar todo el proceso por la borda.
Esto último es particularmente importante en los casos de los tratados internacionales
por el carácter supra nacional que ellos implican. Por eso resultan muy pertinentes los
comentarios que se hacen en el papel sobre la temática de esta sesión referidos a la
limitación de la capacidad de legislar que supone el acuerdo en ciertas áreas tales como
el medio ambiente, los servicios, la agricultura y la diversidad cultural.
Todo acuerdo internacional conlleva cierta limitación en la capacidad para legislar. Por
ello no es de extrañar la reticencia de algunos legisladores norteamericanos con
relación a la autorización de la "vía rápida". El problema consiste en el
alcance, la profundidad y las consecuencias de tales restricciones. Y es esto lo que
determina que sin conocer el contenido y el alcance de los acuerdos no se pueda llevar a
cabo una discusión significativa.
El papel sobre el temario de esta sesión hace algunos supuestos y conjeturas muy sensatos
al respecto, pero tanto desde el punto de vista de los países como desde el punto de
vista de los parlamentos no son suficientes las conjeturas y los supuestos como para
colocarse en una posición de disyuntiva en la cual las únicas respuestas posibles
respecto al conjunto del acuerdo son "sí" o "no". Por ello es
importante analizar los diferentes aspectos involucrados y cuáles áreas y sectores se
verían afectados por el acuerdo.
Antes de hacerlo, conviene destacar una diferencia entre la disyuntiva que enfrentan los
Parlamentos de América Latina y la que enfrenta el de los Estados Unidos. La diferencia
consiste en que si el Congreso estadounidense se pronuncia por el rechazo, el acuerdo deja
de existir; mientras que si cualquier otro país lo rechaza, el acuerdo puede subsistir.
Esto, a pesar de los principios de consenso y de compromiso único (single undertaking) ya
acordados. Principios que, dicho sea de paso, rigen para las negociaciones pero no para
las ratificaciones. En la práctica un país mediano o pequeño no tiene poder de veto
sobre el proceso del ALCA, como lo muestra la posibilidad de que se constituya el ALCA
mediante la ampliación paulatina del TLCAN.
Las consideraciones anteriores reafirman la necesidad de analizar y debatir los contenidos
y efectos concretos de un acuerdo. En principio, hay asuntos generales que no pueden dejar
de considerarse como, por ejemplo, la diferencia de niveles de desarrollo y el futuro de
los proyectos de integración de América Latina y el Caribe.
1. Diferencias de
niveles de desarrollo
Una de las características distintivas del ALCA es que agruparía sociedades y economías
con grados de desarrollo muy diversos. Por un lado, Estados Unidos y Canadá, que son
economías plenamente desarrolladas; y por otro, el resto de los países de América
Latina y el Caribe que son economías en desarrollo, que a su vez muestran diferencias
entre sí. Esta disparidad se añade a la de diferencia de tamaño económico de los
países participantes. Para dar solamente un ejemplo, Estados Unidos representa el 76% del
PIB de todo el hemisferio.
La teoría y la práctica de la integración económica hasta hace pocos años se
circunscribían a países de desarrollo relativamente similar. El TLCAN constituyó el
primer caso de una zona de libre comercio entre un país en desarrollo y países
desarrollados. Sin entrar a juzgar sus costos y beneficios, ha mostrado que ese tipo de
acuerdos es posible, que es capaz de subsistir. En el caso de la Unión Europea, donde las
diferencias en niveles de desarrollo son relativamente menores, se han establecido
políticas explícitas destinadas no sólo a tomar en cuenta tales diferencias sino
incluso a disminuirlas, tales como el Fondo de Cohesión. En América Latina también se
tomaron en cuenta los diferentes grados de desarrollo en el diseño de los esquemas
subregionales de integración y se llegó a establecer categorías de países que
obtendrían un tratamiento diferenciado. La principal caracterización es la de la ALADI
que diferencia entre las mayores economías (Argentina, Brasil y México), los países
intermedios o de mercado insuficiente (Colombia, Chile, Perú, Venezuela) y los de menor
desarrollo relativo. A estas categorías habría que añadir lo que en el lenguaje del
ALCA se conoce como economías más pequeñas, que incluye, entre otros, a las islas del
Caribe.
En la Declaración de Buenos Aires se reafirma el "compromiso de tomar en cuenta las
diferencias de desarrollo y tamaño de las economías de nuestro hemisferio". Este
"tomar en cuenta", sin embargo, tiene un objetivo, que es "crear
oportunidades para la plena participación de las economías más pequeñas y aumentar su
nivel de desarrollo". De tal manera que para las economías de tamaño y desarrollo
intermedio, que son la mayoría, no se contempla, hasta donde sabemos, un tratamiento
especial, salvo en una frase muy general en la cual se afirma que las diferentes
economías recibirán "el trato que estas requieren".
Esta ambigüedad respecto a los diferentes niveles de desarrollo ha estado presente a lo
largo de todo el proceso del ALCA y ha dado origen a muchas de las resistencias que ha
provocado la iniciativa. La ambigüedad no es casual. Se origina en el propio concepto de
libre comercio, que es uno de los principios básicos del ALCA. El libre comercio supone
que éste se da entre agentes iguales que compiten entre sí. Pero como evidentemente este
no es el caso en el continente americano, se produce una incongruencia que hasta ahora no
se ha podido resolver.
Se ha reconocido la diferencia en el caso de las economías más pequeñas con claras
desventajas geográficas. Pero aun respecto a ellas no se ha tenido una actitud decidida.
Por ejemplo, inicialmente se creo un Grupo de Trabajo sobre economías más pequeñas que
posteriormente fue transformado en Grupo Consultivo.
Como el ALCA aspira a ser solamente una Zona de Libre Comercio (ZLC), y no más que eso,
no se ha planteado en su seno la existencia de mecanismos compensatorios como los que
existen en la Unión Europea. Se ha tendido mas bien a enfocar el problema de los
diferentes niveles de desarrollo en términos de asegurar la "plena
participación" de aquellas economías para las cuales el mero proceso de
negociación e incorporación le resulta muy costoso. En este sentido se ha brindado
cooperación para que tales países refuercen sus equipos negociadores.
Otra manera de enfocar el problema de las diferencias de grado de desarrollo, o
asimetrías, ha sido el de pensar, como en el caso de la Ronda Uruguay o el TLCAN, en dar
plazos más largos de "adaptación" para la plena vigencia de los mecanismos de
la ZLC. Este enfoque parte del supuesto de que en unos pocos años, y si se adoptan las
medidas adecuadas, todos los países estarán en condiciones de competir en pie de
igualdad. Dadas las diferencias abismales de grado de desarrollo que existen en el
continente americano, tal enfoque parece poco realista. Cuando estamos hablando de
naciones cuyo producto per cápita puede ser diez o más veces inferior al de la principal
economía de la región, para lograr condiciones de igualdad competitiva habría que
pensar en lapsos de adaptación tan largos que el propio concepto de libre comercio se
desdibujaría.
Una posible objeción a lo anterior sería que el propio libre comercio, la entrada en
vigencia del ALCA, el acceso seguro al mercado norteamericano y la movilidad de capitales
que generaría contribuiría a fortalecer a las economías relativamente menos
desarrolladas. Al respecto, recuerdo que cuando se estaba discutiendo el TLCAN, un
profesor de la Universidad de Cambridge comentó que considerar esa posibilidad era tan
disparatado como la idea de que un hombre cualquiera se subiera a un ring de boxeo en el
que estuviera Mohamed Ali con el objeto de fortalecer su musculatura. Debe reconocerse que
México lo hizo y quizás haya fortalecido su musculatura. Pero también debe tenerse en
cuenta que México es, dentro de América Latina, una de las economías más fuertes y que
sus vínculos económicos con los Estados Unidos estaban mucho más definidos, por razones
históricas y geográficas, antes del establecimiento del TLCAN, de lo que lo están en el
caso de la mayoría de las otras naciones de la región.
El problema de la ZLC y las asimetrías va más allá de la capacidad de competir y las
ventajas y desventajas económicas del esquema, pues incide en la capacidad de los países
para determinar sus posibilidades y alternativas de desarrollo. Una ZLC lleva implícita
un modelo económico de libre mercado. Pero los modelos de libre mercado pueden ser
muchos. De modo que de acuerdo a las flexibilidades y rigideces que tenga el esquema de
libre comercio se tendrán más o menos opciones para el desarrollo.
El modelo estadounidense de desarrollo, que casi instintivamente Estados Unidos tiende a
querer imponer en el ALCA, ha dado muy buenos resultados en ese país. Pero no es
necesariamente el que mejor acomoda a todos y cada uno de los países de la región.
América Latina y el Caribe es una región de muchos y diversos problemas, de muchas
carencias, que no se presentan, al menos con igual profundidad, en Estados Unidos. La
pobreza, la inequidad, la falta de infraestructura, la fragilidad institucional, por citar
solamente los que están más de moda, son problemas que requieren encararse directamente
y que difícilmente pueden resolverse por la acción espontánea del mercado.
Si el acuerdo de libre comercio limita las posibilidades de hacer frente a esos asuntos
sería más un problema que una solución. No es descartable la posibilidad de que esto
suceda. En la medida en que el ALCA va a ser un acuerdo que va más allá de los
compromisos adquiridos en la Organización Mundial del Comercio (OMC plus), que constituye
su piso, existe la tendencia a que se refiera a una serie de temas paracomerciales tales
como propiedad intelectual, políticas de competencia, inversiones, servicios, medio
ambiente y normas laborales que regulen, y en consecuencia limiten, la capacidad de
maniobra de los diferentes países respecto a asuntos que no se presentan en las naciones
desarrolladas o para los cuales estas cuentan con instrumentos que no disponen los países
en desarrollo (la posibilidad de financiar subsidios, por ejemplo).
En este sentido la preocupación sobre la limitación de la capacidad para legislar que
pudiera introducir el acuerdo del ALCA es genuina y debe tenerse en cuenta. Pero el
problema va aún más lejos, pues afecta a la viabilidad misma del ALCA. Si problemas como
el de la pobreza y la inequidad no comienzan a resolverse en un lapso relativamente corto,
o si se agudizan, generarán una reacción social y política que exigirá otras
políticas y otros enfoques. Si el acuerdo del ALCA es rígido al respecto e impide
ensayar nuevos caminos, el cumplimiento de sus disposiciones e incluso la pertenencia a
él pueden verse en peligro.
En América Latina tenemos una larga y variada experiencia sobre integración económica.
Sabemos que los esquemas de integración en sus inicios son muy exitosos y muestran
beneficios. Pero también sabemos que tienden a desgastarse cuando las condiciones
económicas o políticas, externas o domésticas, se deterioran. Pues en situaciones de
crisis tienden a predominar las consideraciones domésticas.
Es por estas razones, entre otras, que dejar abiertas las posibilidades de políticas de
desarrollo autónomas, tomar en cuenta las diferencias en niveles de desarrollo y tamaño
de las economías del continente es una condición necesaria no sólo para resolver los
problemas de crecimiento y pobreza que enfrentan la mayoría de ellos, sino también para
asegurar la viabilidad del ALCA y la gobernabilidad de las naciones que pertenezcan a
ella.
Siempre cabe la posibilidad y el argumento de que por tener dentro del ALCA a un socio tan
poderoso como Estados Unidos, se mantenga y se pueda imponer una disciplina difícil de
lograr en acuerdos entre países mas iguales entre sí. Pero no creo que ni siquiera
Estados Unidos esté interesado en convertirse en "policía" del hemisferio. Es
en este sentido que es importante el tan invocado sentido de pertenencia (ownership) que
deben tener las sociedades del continente respecto al ALCA. Y para que lo tengan resulta
indispensable que sus diferencias en cuanto a niveles de desarrollo no sean negadas.
2. El futuro de los procesos de integración de América Latina y el Caribe
El otro tema al que voy a referirme es la de la coexistencia del ALCA y los acuerdos
subregionales de integración. Como ya dije, en América Latina tenemos una larga
experiencia con este tipo de acuerdos, de casi medio siglo. Entre éxitos, retrocesos y
fracasos se ha logrado crear una suerte de mapa de la integración que lo conforman
principalmente MERCOSUR y la Comunidad Andina en Suramérica, el Mercado Común
Centroamericano y la Comunidad del Caribe (CARICOM). Durante la década de los noventa la
creación del MERCOSUR y la revitalización de los otros grupos, así como la
proliferación de acuerdos bilaterales y trilaterales, permitió mostrar logros concretos
y avanzar hacia uniones aduaneras, aún imperfectas y frágiles. En el año 2000 la Cumbre
Suramericana propuso la formación de una ZLC en el subcontinente, que representaría la
culminación de las negociaciones entre MERCOSUR y la Comunidad Andina, y algo más.
Todos estos grupos se basan en afinidades geográficas, históricas y culturales y aspiran
a ser algo más que una simple zona de libre comercio. En forma explicita o implícita el
objetivo es lograr una unión económica, o incluso política, similar a la que se busca
mediante la Unión Europea. El objetivo más amplio sería la integración de América
Latina y el Caribe mediante la articulación y convergencia de los grupos existentes. Esto
tiene antecedentes: en forma explícita, los Presidentes de América Latina, con la
presencia y el respaldo del presidente estadounidense Lyndon Johnson, acordaron en 1967
crear un Mercado Común, a más tardar en 1985. Evidentemente ese propósito no se logró.
La pregunta es si la creación del ALCA hará imposibles o irrelevantes los acuerdos
subregionales y la integración de América Latina y el Caribe. La pregunta tiene sentido
porque la integración latinoamericana es una aspiración, un sueño, de la mayoría de la
población latinoamericana. Aunque no se ha tenido la disciplina suficiente para avanzar
decididamente hacia la integración regional, existe la convicción generalizada de que la
unión entre las repúblicas de América Latina y el Caribe es la única manera de tener
una presencia significativa en el mundo y de que las naciones individuales no caigan en la
marginalidad. Tanto así, que casi todas las retóricas oficiales se declaran partidarias
de esa integración.
La respuesta oficial a la pregunta recién formulada es la reiteración que se hace en la
Declaración de Buenos Aires de que "el ALCA puede coexistir con acuerdos bilaterales
y subregionales, en la medida que los derechos y obligaciones no estén cubiertos o
excedan los derechos y obligaciones del ALCA". Esto significaría un nuevo piso para
los acuerdos subregionales. Piso uno: OMC. Piso dos: ALCA. Volvemos entonces a la
necesidad de saber en concreto cuáles áreas cubriría el ALCA. Porque temas como las
inversiones, los servicios, la competencia y la propiedad intelectual (por no hablar de
las normas laborales y el medio ambiente) no han sido aún resueltos a nivel subregional y
aparentemente el ALCA aspira a crear normativas al respecto.
Si tales temas los resuelve el ALCA antes de que los latinoamericanos y caribeños se
pongan de acuerdo entre sí, su sentido de dirección quedará predeterminado y será poco
lo que puedan hacer los latinoamericanos para cambiar el sentido de dirección que se
acuerde.
Lo que está suficientemente claro es que si los acuerdos de integración subregionales no
están por lo menos "un paso adelante" de los compromisos adquiridos en el ALCA
serán absorbido por el ALCA y resultará sumamente difícil dotarlos nuevamente de vida
propia. Por ello es importante, si se le toma serio, el compromiso asumido por los
Presidentes de América del Sur de acordar una ZLC Suramericana durante el presente año.
Importante, pero difícil. Lamentablemente no conozco cuánto hayan avanzado las
negociaciones al respecto o si, como en una premonición, la atención demandada por las
negociaciones de ALCA las hayan opacado.
Lo que parece claro es que la responsabilidad de avanzar en los acuerdos subregionales y
en la integración latinoamericana y caribeña le corresponde exclusivamente a los
latinoamericanos y caribeños. No podemos en ella recurrir al viejo pasatiempo de culpar a
los estadounidenses. Y sería irresponsable cultivar una vaga ilusión de que los
estadounidenses no se pongan de acuerdo entre sí y posterguen la entrada en vigor del
ALCA como forma para ganar tiempo en la toma de decisiones que sólo corresponden a los
latinoamericanos y caribeños. En este sentido, hay una urgencia para la toma de
decisiones. Si los latinoamericanos o los grupos subregionales no son capaces de tomarlas
entre sí, alguien la tomará por ellos, llámese los Estados Unidos, la OMC o el mercado.
Ese es el desafío que enfrentan los latinoamericanos y caribeños a nivel de gobiernos,
de parlamentos y de pueblos para poder mantener sus aspiraciones de integración. El ALCA
es importante, pero no hay que sobredimensionarlo al respecto. Una conciencia
latinoamericana suficientemente clara permitiría convivir con ella e incluso sacarle
beneficios. En contraste, la indecisión nos llevaría a atenernos a un ALCA en el cual en
lugar de la posición activa tendríamos una posición pasiva en la que por simples
razones de tamaño económico la gravitación de los países desarrollados del acuerdo
sería determinante.
Estos son algunos de las asuntos que están en juego en el proceso de negociaciones que se
realiza para la creación del ALCA y sobre los cuales los parlamentarios y las sociedades
del continente deben pronunciarse, después de analizarlos y debatirlos, de manera que
resulte un acuerdo equilibrado y beneficioso para quienes participen o se vean afectados
por él.
1.
Texto de la presentación preparada para la Conferencia Parlamentaria de las Américas
(COPA), expuesto el 19 de Abril de 2001 en la Reunión Extraordinaria del Comité
Ejecutivo de la Conferencia, realizado en Québec, Canadá.
2. SELA. La Sociedad Civil ante la integración regional y
hemisférica. SP/CL/XXVI.O/Di Nº 1. 2000.
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