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Oportunidades
y riesgos
del ALCA
Edición Nº 62
Mayo - Agosto 2001
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Acta de Machu Picchu
Los Presidentes de los países miembros de la Comunidad Andina, en presencia de los
presidentes de Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Panamá, Paraguay, República
Dominicana, Uruguay, el Príncipe de Asturias y el Secretario General de la Comunidad
Andina, reunidos con motivo de la toma de posesión del presidente del Perú, Dr.
Alejandro Toledo, hemos adoptado, la siguiente:
Declaración de Machu Picchu sobre la Democracia, los Derechos de los Pueblos Indígenas y
la Lucha contra la Pobreza
TENIENDO EN CUENTA que nuestros sistemas políticos se sustentan en la democracia, el
respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales;
TENIENDO PRESENTE la interrelación y mutua implicación que existen entre los conceptos
de democracia, derechos humanos, paz, desarrollo social y lucha contra la pobreza;
CONSIDERANDO que la naturaleza multicultural y pluriétnica de nuestras naciones ha
constituido un factor esencial en la formación de las nacionalidades y la identidad
histórica de nuestros países; y que, hoy como en el pasado, continúa siendo una
característica esencial de la riqueza humana y social de nuestras sociedades.
CONSCIENTES de la situación de pobreza y extrema pobreza que afecta mayoritariamente a
las poblaciones indígenas, así como la necesidad de garantizar y promover sus derechos,
incluido el derecho a la diversidad.
CONSIDERANDO la voluntad de nuestros gobiernos para concentrar los recursos en las tareas
de desarrollo social y económico, particularmente en la lucha contra la pobreza, la
extrema pobreza y la generación de empleo productivo y decente.
CONSIDERANDO que todos los esfuerzos de la integración latinoamericana coinciden en la
voluntad común de establecer mecanismos de cooperación política, luchar contra la
pobreza y liberalizar el comercio
DECIDIMOS
Avanzar en la defensa de la democracia y el respeto a los derechos humanos
1. Expresar nuestro firme convencimiento que la democracia, el desarrollo y el
respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales son interdependientes y se
refuerzan mutuamente. En ese sentido, reiteramos nuestra convicción de fortalecer la
democracia como un sistema de gobierno y como un elemento insustituible de nuestra
identidad política, de promover sus valores como forma de vida y de defender la
institucionalidad democrática y el Estado de derecho en América Latina y el Caribe.
Reiteramos, asimismo, que el ejercicio efectivo de la democracia requiere fortalecer su
carácter participativo.
2. Reiterar nuestra decisión de adoptar una Carta Democrática Interamericana
durante la Asamblea General Extraordinaria de la OEA, a realizarse en Lima, en septiembre
próximo, como un instrumento destinado a contribuir a la promoción, estabilidad,
preservación y defensa de la institucionalidad democrática.
3. Renovar el compromiso de nuestros gobiernos con la vigencia y respeto de los
derechos humanos, así como nuestra voluntad para fortalecer el Sistema Interamericano de
Derechos Humanos, incluyendo la posibilidad del progresivo funcionamiento permanente de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, así como propiciar la universalidad del sistema interamericano de protección a
los derechos humanos.
4. Los Presidentes de los Países Andinos, en aplicación del Acta de Carabobo,
adoptada con ocasión del XIII Consejo Presidencial Andino, instruimos a los ministros de
Relaciones Exteriores para que elaboren el texto de la Carta Andina de Derechos Humanos
para su presentación en la próxima reunión del Consejo Presidencial Andino, la misma
que deberá contener los principios y ejes temáticos sobre una política comunitaria en
esta materia, incluyendo los temas referidos a los derechos de la mujer y de los pueblos
indígenas.
5. Los presidentes andinos decidimos encargar a los ministros de Relaciones
Exteriores la preparación de una propuesta destinada a fortalecer programas para la
promoción de la democracia, la participación ciudadana en todas sus formas, elaborar,
proponer y ejecutar acciones para la educación en la democracia, intercambiar
experiencias entre los partidos políticos de la subregión y desarrollar políticas de
promoción y difusión de los valores democráticos, en concordancia con las políticas
nacionales existentes.
6. Consideramos que la diversidad cultural y étnica que caracteriza a nuestras
naciones es una fuente de gran riqueza y unión entre nuestras sociedades. El ejercicio
democrático en nuestros pueblos exige el respeto y la promoción de su diversidad.
Expresamos, en ese sentido, nuestra decisión de continuar desarrollando estrategias y
políticas dirigidas a revalorizar la pluralidad étnica y la multiculturalidad de
nuestras naciones, con el fin de promover la plena participación de los pueblos
indígenas y las minorías étnicas
Los derechos de los pueblos indígenas
7. En ese sentido, apoyamos firmemente todos los esfuerzos encaminados a la
promoción y protección de los derechos y libertades fundamentales de los pueblos
indígenas, entre ellos: el derecho a su identidad y tradiciones en lo espiritual
cultural, lingüístico; social, político, cultural y económico; individual y colectiva;
a no ser desplazados, como pueblos, de su patrimonio cultural histórico; a sus sistemas,
conocimientos y prácticas de medicina tradicional, incluido el derecho a la protección
de sus lugares rituales y sagrados; a la educación en la diversidad; a ser elegidos y
desempeñar cargos públicos. Expresamos nuestra voluntad de resguardar estos derechos
dentro del orden público y en cumplimiento de nuestras disposiciones constitucionales y
legales vigentes.
8. Nuestros Estados tienen el deber de cautelar y garantizar la aplicación de
las disposiciones de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del hombre, la
Convención Americana sobre Derechos Humanos y los demás instrumentos existentes en los
ámbitos regional y universal, con la finalidad de asegurar el ejercicio pleno de los
derechos humanos de las poblaciones indígenas, conforme al principio de no
discriminación. Impulsaremos, en ese sentido, la elaboración y aprobación de la
Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
9. La consolidación de la vida democrática y el Estado de derecho en nuestros
países demanda políticas que aseguren la participación activa de las poblaciones
indígenas en todos los ámbitos de la vida nacional. A ese efecto, los cancilleres
propondrán la creación de una mesa de trabaja sobre los derechos de los pueblos
indígenas en el marco institucional de la Comunidad Andina de Naciones, con la
participación de las organizaciones indígenas, organizaciones de derechos humanos, de la
sociedad civil y representantes de cada uno de los estados miembros, con el propósito de
integrar plenamente a los pueblos indígenas a la vida económica, social y política de
nuestros países, respetando y promoviendo al mismo tiempo su diversidad cultural. La mesa
realizará su primera reunión, a la brevedad posible, en la ciudad del Cuzco.
Una alianza para la lucha contra la pobreza
10. Conscientes de que una auténtica y plena democracia es la base para una efectiva
lucha contra la pobreza, los Jefes de Estado reiteramos nuestra decisión de emprender
acciones para reducir la misma en un 50 por ciento hasta el año 2015.
11. La justicia social es un elemento constitutivo de la democracia y es una condición
indispensable para garantizar la estabilidad política y la legitimidad de nuestros
gobiernos. Por ello nos comprometemos a alcanzar un crecimiento económico con equidad
social que permita superar las desigualdades, la pobreza y los desafíos que enfrentan
nuestras sociedades.
12. Expresamos nuestra voluntad de fortalecer la cooperación política en el proceso de
integración subregional, otorgando una prioridad sustantiva a la agenda social.
13. Creemos que el buen gobierno y la administración eficiente y transparente, con
mecanismos de participación ciudadana, constituyen factores esenciales en la utilización
adecuada de recursos para superar la desigualdad social.
14. Conscientes que la corrupción atenta contra la estabilidad democrática y afecta a la
lucha contra la pobreza, reiteramos la necesidad de incrementar las acciones encaminadas a
la lucha contra la corrupción y cooperar en todas las acciones conjuntas que sean
necesarias conforme al derecho internacional y a los acuerdos regionales en esta materia.
15. Recibimos con expectativa los acuerdos obtenidos por el Grupo de los Ocho, en Génova,
e instamos a que puedan concretarse de manera efectiva, especialmente con relación al
alivio de la deuda externa y a la lucha contra la pobreza y la extrema pobreza.
16. Expresamos, en ese sentido, la conveniencia de lograr acuerdos especialmente en el
aumento de la cooperación no reembolsable en las políticas de los organismos financieros
internacionales y de los gobiernos de los países industrializados, así como el aumento
del financiamiento de proyectos en las áreas críticas de la lucha contra la pobreza.
Otorgamos especial prioridad al intercambio de deuda por proyectos de desarrollo a favor
de los sectores más vulnerables de la sociedad.
17. Expresamos nuestra decidida voluntad política para aprobar un nuevo arancel común
antes del próximo Consejo Presidencial Andino, lo cual unido a la ejecución de los
compromisos en materia de circulación de personas, pasaporte andino e integración y
desarrollo fronterizo, asegurará el establecimiento del Mercado Común Andino en el año
2005.
18. En aplicación de los acuerdos obtenidos en la Cumbre de Carabobo y con la finalidad
de impulsar la agenda social y movilizar a todos los sectores de la sociedad en la lucha
contra la pobreza y la generación de empleo, los presidentes de la Comunidad Andina
encargamos a los ministros de Relaciones Exteriores la elaboración de una propuesta para
el establecimiento de una mesa de concertación social, en el marco del foro andino
aprobado en la Cumbre de Carabobo, que amplíe la participación ciudadana plena en los
procesos de integración. La mesa aportará sus reflexiones para el diseño de un
"Plan Integrado de Desarrollo Social Andino".
Los presidentes de los países de la Comunidad Andina felicitamos al doctor Alejandro
Toledo por su elección como Presidente Constitucional de la República del Perú, así
como por el liderazgo que asumió, desde la sociedad civil, para la
reinstitucionalización de la democracia en el Perú. Expresamos asimismo, nuestro
reconocimiento al presidente Valentín Paniagua y a su Gobierno por la realización de
elecciones libres y justas y su destacado papel en la consolidación democrática del
Perú, así como por el restablecimiento de la vigencia de los derechos humanos y las
libertades fundamentales.
Lima-Machu Picchu, 28-29 de julio de 2001
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