Revista Capítulos N° 61 - La Integración como alternativa de desarrollo social

La integración como alternativa de desarrollo social

El autor del siguiente artículo sostiene que el contenido casi exclusivamente comercial que ha registrado el proceso de integración en nuestra región está amenazando con agotarse, por lo que la consolidación de ese proceso exige su proyección hacia metas de otro orden, como las de carácter político, social y cultural que propicien nuevas interrelaciones e intercambios entre las sociedades de los países involucrados. Sin embargo, agrega, el tratamiento de la cuestión social al interior de los esquemas integracionistas se encuentra en un estado embrionario, por lo que pasa a señalar algunos elementos que podrían ser tomados en consideración al momento de elaborar una “agenda social común”.

Integration as a Social Development Alternative

The author of this article argues that the almost exclusively trade dimension of our integration arrangements will soon wear out. Therefore, in order to consolidate the integration process other cultural, political and social objectives must be sought that may stimulate new types of interrelations and exchanges between our societies. He adds that social issues are yet to be considered in depth by the region’s integration arrangements and points to some elements that could be taken into consideration when drawing a “common social agenda”.

L’intégration en tant qu’alternative du développement social

Le contenu presque exclusivement commercial du processus d’intégration dans notre région risque de se tarir, soutient l’auteur de cet article; pour consolider ce processus il convient de l’orienter vers des objectifs d’un autre ordre, notamment politique, social et culturel, de façon à encourager de nouveaux types d’interrelations et d’échanges entre les sociétés des pays concernés. Le traitement de la question sociale dans le cadre des schémas d’intégration demeure cependant à l’état embryonnaire, ajoute-t-il, signalant ensuite certains éléments qui pourraient être pris en compte pour l’élaboration d’un «agenda social commun».

A integração como alternativa de desenvolvimento social

O autor deste artigo assevera que o conteúdo quase que exclusivamente comercial do processo de integração na nossa região está a ponto de esgotar-se, razão pela qual a consolidação desse processo exige sua projeção em objetivos de outro tipo, como os de caráter político, social e cultural que propiciem novas inter-relações e intercâmbios entre as sociedades dos países envolvidos. No entanto, afirma, o tratamento do problema social dentro dos esquemas integracionistas está num estado embrionário; por tal motivo destaca alguns elementos que poderiam ser levados em conta no momento de elaborar uma “agenda social comum”.

Introducción

Alcanzar una integración con equidad y proyección positiva en las sociedades de los países comprometidos en los distintos procesos integracionistas, particularmente los subregionales –Comunidad Andina, Sistema de la Integración Centroamericana, Comunidad del Caribe y Mercado Común del Sur– pareciera estar convirtiéndose en la última oportunidad de consolidar definitivamente y en forma exitosa la integración como modelo de desarrollo alternativo de los países latinoamericanos y caribeños. No sólo porque la política social se ha venido trasnacionalizando paulatinamente con el proceso de globalización y tiende a convertirse progresivamente en parte integrante de las negociaciones económicas internacionales1, sino también porque la fase comercialista como vía inicial –aunque de éxitos indudables– para el surgimiento de interdependencias reales en los procesos de integración autóctonos amenaza con agotarse, y la consolidación de sus resultados exige proyectar los esfuerzos integracionistas hacia metas de otro orden, como las de carácter político, social y cultural, que propicien nuevas interrelaciones e intercambios entre las sociedades de los países involucrados.

Esta nueva fase de reactivación de los objetivos sociales y culturales de la integración regional, tradicionalmente insertos declarativamente en los acuerdos, ya ha sido iniciada, con mayor o menor énfasis, en los diferentes esquemas subregionales y el tema ha pasado a formar parte de las agendas de los organismos regionales con intensidad cada vez mayor, como es el caso de la CEPAL y el SELA, donde se aúnan esfuerzos para colaborar con las instancias responsables de la conducción de esos procesos en la conformación de la denominada agenda social de la integración. Por otra parte, a la integración se le asigna hoy más que nunca un papel estratégico dentro del conjunto de políticas que adelantan los Estados para tratar de contrarrestar los efectos negativos del proceso de globalización y contribuir con la disminución del déficit social que gravita sobre los países de la región. Son varios los encuentros realizados en los años recientes destinados a la reflexión, discusión y análisis de la dimensión social y su conversión en un objetivo inseparable de los compromisos integracionistas, mediante los cuales se ha venido perfilando una cierta metodología y una caracterización de sus componentes principales que han enriquecido el tratamiento de la dimensión social al interior de los esquemas de integración.

I. El entorno socio-económico actual

Los informes anuales de los organismos e instituciones internacionales y regionales sobre la evolución de los países latinoamericanos y caribeños coinciden en señalar que si bien estas economías han experimentado progresos significativos en las principales variables macroeconómicas, han reducido los déficit fiscales y la inflación, han aumentado sus exportaciones y consecuentemente los ingresos en divisas, entre otros, sin embargo los resultados en materia de crecimiento del empleo, disminución de la pobreza y logro de una mayor equidad social han sido por lo demás desalentadores2. Se calcula que desde comienzos de los noventa las tasas de desempleo han aumentado constantemente hasta el punto de que la desocupación urbana casi se ha duplicado en ese período, al paso que las remuneraciones han caído dramáticamente en términos reales. La desigualdad y la exclusión social lejos de disminuir se ha agravado y América Latina y el Caribe sigue siendo clasificada como la región con más inequidad en el mundo3 , lo cual es una traba para que los logros del crecimiento económico lleguen a los sectores pobres y marginados de la población.

Esta evolución descansa, por un lado, sobre los seculares desequilibrios estructurales socio-económicos de los países de la región pero, por otro lado, también es, en buena medida, una consecuencia de las profundas reformas económicas y comerciales aplicadas desde mediados de los setenta, basadas en una apertura económica indiscriminada, la desregulación y en la priorización de las fuerzas del mercado en la asignación de recursos, sin prever mecanismos de propagación del crecimiento y de redistribución del ingreso, ni el desarrollo de programas sociales permanentes destinados a compensar los efectos de las políticas de ajuste macroeconómico sobre los grupos más desfavorecidos de la población. Pero, al mismo tiempo4, esta situación se relaciona con algunos efectos contradictorios y negativos del proceso de globalización en las economías de la región5.

Por un lado, la trasnacionalización productiva que ha sido acentuada por la globalización de la producción de bienes no es precisamente creadora de empleo productivo en los países receptores de las inversiones directas que actúan como agentes trasmisores de ese proceso; antes por el contrario y aun tratándose de nuevas inversiones6, a lo sumo son portadoras de una demanda creciente de trabajadores altamente calificados y de una disminución del empleo en aquellas actividades productivas con intensidad de mano de obra, a lo cual se añade la acción típica de las empresas trasnacionales en cuanto a personal gerencial, el cual por lo general es provisto por las casas matrices. Además, “La revolución electrónica y los consecuentes avances en el procesamiento de datos y trasmisión de información han facilitado este proceso de toma de decisiones y organización de la producción de las firmas a escala mundial” (Ferrer, A.1998) Por otra parte, las profundas transformaciones tecnológicas y científicas de las últimas décadas –sobre todo en el campo de la informática y las telecomunicaciones– que son justamente trasnacionalizadas por la globalización, son ahorradoras de mano de obra, en particular porque ellas han transformado sensiblemente la organización y los procedimientos de gestión empresarial, reduciendo a su mínima expresión la incorporación de mano de obra en la elaboración de una unidad de producto. De hecho, las actividades mayormente generadoras de empleo están, por lo general, orientadas a satisfacer la demanda interna y las empresas que las realizan no son justamente las firmas exportadoras sino más bien empresas locales pequeñas o medianas inmersas en toda la cadena productiva nacional7.

En otras palabras, la globalización, que se inició y tomó cuerpo en la mundialización de los mercados y las inversiones extranjeras directas –su expresión más palpable – se manifiesta también en resultados que generan y aumentan la pobreza, la exclusión social y el desempleo. “Desigualdad y exclusión son también rasgos dominantes de la globalización” (PNUD, 1999), expresión que se ha consolidado en el transcurso del tiempo hasta el punto que la conferencia mundial más reciente, la UNCTAD X, en su documento final “Declaración de Bangkok” reconoció que las asimetrías y los desequilibrios, así como la marginación de los países más pobres y de los grupos más vulnerables, se acrecientan en la misma medida en que avanza y se profundiza la globalización.

En este contexto, toman cuerpo las concepciones dirigidas a privilegiar las capacidades de movilización de los recursos internos hacia sectores de la producción, el comercio y los servicios, mediante políticas públicas de desarrollo que contribuyan a crear eslabonamientos productivos generadores de empleo , sin descuidar, al mismo tiempo, las posibilidades de aprovechar las ventajas que pudieran derivarse del proceso de globalización para el crecimiento y el desarrollo, o mejor dicho, sin descartar la posibilidad de “...regular o canalizar la globalización”8. Este proceso dependerá, a su vez, de la calidad de los nuevos ajustes, en efecto “...el impacto de los cambios puede ser positivo o negativo, es decir, que la apertura puede traducirse, por ejemplo, en oportunidades de exportación o inversión, al igual que convertirse en riesgos, como lo demuestra la volatilidad de los flujos de capital, en particular en la experiencia de América Latina y el Caribe. Es la calidad de los ajustes - tanto a nivel nacional como internacional – la que determina la diferencia entre un balance positivo o negativo, entre el aprovechamiento de la oportunidad o el costo del riesgo” 9

Pero al mismo tiempo, se requiere tener en cuenta que la única vía capaz de asegurar el éxito de tales ajustes es un desarrollo integrador que sea portador de equidad social, es decir, que además de garantizar un crecimiento económico sostenible y niveles crecientes de competitividad internacional, contenga políticas específicamente dirigidas a superar el grave déficit social, para lo cual es necesario introducir criterios sociales a la gestión económica de mediano y largo plazo10. A su vez, ese desarrollo integrador exige un nuevo papel del Estado que diseñe y garantice, a mediano y largo plazo, políticas de desarrollo social y equidad, desarrollo institucional, desarrollo sostenible y desarrollo tecnológico11.

En ese marco, la integración surge, entonces, como una de las vías idóneas para potenciar la movilización de recursos propios, basada en la interdependencia de mercados relativamente equiparables entre sí, que si bien privilegia la satisfacción de los mercados internos a una escala ampliada por los mecanismos de los tratados y acuerdos suscritos, también sirva de base para emprender proyectos comunes, acceder en condiciones competitivas a los mercados internacionales y, en general, poder aprovechar las oportunidades que ofrece la globalización y contrarrestar sus efectos negativos.

La integración que adelantan los países de la región en los distintos escenarios en que se presenta, subregional, plurilateral o bilateral, no sólo ha subsistido frente a la fuerza disociadora de la globalización –fuerza que se manifiesta entre otras cosas en la dispersión global de la producción y el comercio–, sino que se ha fortalecido y profundizado en los últimos años, convirtiéndose progresivamente en un valioso instrumento que puede coadyuvar a contrarrestar la vulnerabilidad externa de la región y facilitar el aprovechamiento de las oportunidades de desarrollo e inserción internacional, objetivos éstos de difícil obtención individualmente, con mercados insuficientes y precarios recursos económicos y tecnológicos. Asimismo, los mercados ampliados representan una mayor resistencia ante las consecuencias de fenómenos tales como la recesión, la inflación o los desajustes financieros de las principales potencias mundiales que son propagadas por la globalización.

Sin embargo, los espacios económicos integrados existentes en la región siguen siendo de magnitudes pequeñas y limitadas como para poder cumplir con los objetivos señalados. Incluso, el mayor de ellos, el MERCOSUR, apenas representó el 1% de las exportaciones mundiales en 199612. De ahí surge y se fundamenta la necesidad de la articulación y convergencia de los esquemas subregionales y acuerdos de integración existentes en la región, además de las razones políticas y la necesidad inminente de participar en mejores condiciones en las negociaciones internacionales y hemisféricas en curso y por venir. La convergencia implica, a su vez, consustanciar los compromisos integracionistas con objetivos de efectos solidarios y sociales, es decir traducir esos compromisos en procesos multidimensionales con proyección política, económica, social y cultural que conciten la participación interactiva de todos los sectores de las poblaciones de los países involucrados, tales como los empresarios, parlamentarios, intelectuales, trabajadores y la sociedad civil 13 , entendiendo como tal el conjunto de protagonistas no gubernamentales que desempeñan un papel cada vez más activo en la esfera política y conforman corrientes de opinión.

Por lo que respecta a la dimensión social de ese proceso, tema central de estas ideas, se ha venido superando la visión exclusivamente comercialista de la integración, incorporándole a los nuevos compromisos y a las reformas institucionales realizadas determinados objetivos dirigidos a darle un contenido social a los emprendimientos integracionistas, que acompañen la liberalización de los mercados y contribuyan a superar las insuficiencias de las políticas emprendidas en años anteriores, creando de esa manera un entorno más amigable para la integración que “...refuerce la complementariedad entre transformación productiva y equidad, entre competitividad y cohesión social” (Vacchino 2000:p.100). No obstante, hay que reconocer que el tratamiento de la cuestión social al interior de los esquemas de integración se encuentra todavía en un estado embrionario y se carece de políticas sociales comunitarias. Con todos los avances logrados, los instrumentos e instituciones constituidas a tales efectos siguen siendo de carácter consultivo, apenas pueden cumplir su función representativa y su acción concluye, por lo general, en el nivel propositivo. Asimismo, se carece de recursos financieros y de normativas comunitarias vinculantes para aplicar políticas sociales comunes y, en general, la cuestión político-social sigue estando subordinada a los objetivos económicos, comerciales y financieros de la integración; aunque, políticamente, el tema social siempre ha estado presente a la hora de asumir compromisos integracionistas por parte de los Estados.

A diferencia de los emprendimientos latinoamericanos y caribeños, desde el comienzo, en la integración europea hubo una preocupación central por los aspectos distributivos –distribución de costos y beneficios a medida que se expanda el mercado ampliado– y por la cuestión de las asimetrías, especialmente las laborales. Se asignan permanentemente ingentes recursos fiscales comunitarios para perseguir dos fines cruciales: uno, promover la propagación del crecimiento y de los beneficios de la integración desde las regiones de mayor desarrollo hacia las de menores ingresos o económicamente más atrasadas y, dos, garantizar la cohesión social en la medida en que el proceso se profundiza. Cabe resaltar que ambas políticas forman un conjunto inseparable y tienen como base un elevado grado de supranacionalidad, es decir, son de carácter comunitario, condiciones de las cuales adolecen los procesos de América Latina y el Caribe.

Otra característica del proceso europeo14 es la continuidad y perseverancia de estas políticas –aun con todas las dificultades por las que ha atravesado– las cuales convergieron en la firma del Tratado de Amsterdam en 1997, el cual unifica y da coherencia a la política social comunitaria y contiene novedosos adelantos en materia social y de empleo. Los antecedentes de todo el sistema conocido hoy día como Espacio Social Europeo están en el Tratado de París de 1951 donde se establecieron los primeros compromisos de naturaleza social y se creó el Fondo Social Europeo. Luego, en forma consistente se continuó profundizando y mejorando dichas previsiones, en diversos instrumentos introducidos en el régimen jurídico comunitario, tales como: el primer Programa de Acción Social de 1974; el segundo Programa en 1984; el Acta Única Europea de 1987; el Tratado de la Unión Europea de 1992; el denominado Libro Verde de 1993 sobre el futuro de la política social europea y el Libro Blanco de 1994 sobre crecimiento, competitividad y empleo, poniendo el acento en que la competitividad y el progreso social pueden ir unidos. Posteriormente, se aprobó el tercer Programa de Acción Social 1995-1997, al que sucedió después el del bienio 1998-2000. Por último, son importantes las conclusiones del Consejo Europeo de Lisboa de marzo de 2000 que establecieron como nuevo objetivo estratégico de la Unión reforzar el empleo, la reforma económica y la cohesión social como parte de una economía basada en el conocimiento.

Otro aspecto interesante es la manera cómo participan en la Europa social el sector privado, la sociedad civil y las instituciones públicas, posibilitando y favoreciendo su gobernabilidad. La participación institucionalizada se ejerce a través de las organizaciones sociales y económicas que canalizan sus opiniones y demandas a través de foros y organismos creados por la Unión Europea a tal efecto, siendo el más relevante el Comité Económico y Social, donde se encuentran representados los más distintos sectores de la vida económica y social. En segundo lugar, el Comité del Fondo Social Europeo, el Comité Permanente del Empleo y el Diálogo Social, así como otros comités y foros donde participan el sector privado y las organizaciones de la sociedad civil. Es importante destacar, al respecto, que el Tratado de la Unión Europea exige que se consulte a los empresarios y a los trabajadores y que se soliciten dictámenes o recomendaciones de ambas partes antes de presentar propuestas al Consejo.

Por lo que se refiere a la participación no institucionalizada, hay sectores como las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) que redactan informes, memoranda, realizan congresos y reuniones, etc., sobre aspectos concretos que les parece necesario destacar, para influir de alguna manera en las decisiones y orientaciones generales de las políticas. Una tercera forma de participación de las organizaciones de la sociedad civil, son la cofinanciación y cogestión de programas y proyectos de carácter público, existiendo unas líneas de financiación para tal fin. Estas organizaciones participan también en la cofinanciación y gestión de políticas comunitarias como las estructurales, en especial en colaboración con el Fondo Social Europeo, en la lucha contra el desempleo de larga duración, ayuda a la inserción profesional de personas expuestas a la exclusión del mercado laboral y la promoción de la igualdad de oportunidades para el hombre y la mujer.

Los estudios y análisis de reciente data sobre el tema15, coinciden en señalar que para avanzar hacia una efectiva participación e interacción de los actores sociales involucrados en la integración se requeriría tomar en cuenta tres aspectos fundamentales. En primer lugar, asuntos relacionados con la salud, la educación, la cultura, la circulación de personas, las migraciones, la formación de recursos humanos calificados para enfrentar el nuevo paradigma productivo y la progresiva adecuación de las condiciones laborales a las cada vez más exigentes condiciones del espacio ampliado, todos los cuales son elementos necesarios para que la integración se transforme en realizaciones y se consolide institucionalmente en la medida en que se profundiza la liberalización del mercado, de las inversiones y de los espacios geográficos comprometidos. En segundo lugar, modalidades de acción para enfrentar y atenuar las consecuencias del avance de la integración económica en las sociedades de los diferentes países participantes, particularmente en sectores específicos intensivos en mano de obra, zonas fronterizas especialmente afectadas y determinados grupos sociales que pudieran verse marginados durante el proceso. En tercer lugar, aquellos aspectos que garanticen la participación e interacción de la sociedad civil como destinatario final de las transformaciones que trae consigo la integración16.

Por tal motivo, sería conveniente concentrar los esfuerzos en aspectos muy puntuales para avanzar, progresivamente, hacia una agenda social común de la integración que comprenda, por lo menos, los siguientes elementos: (i) cooperación entre organismos y países para enfrentar problemas relacionados con la circulación de personas, reconocimiento de estudios y títulos, derechos laborales, migración, y normas sobre protección y seguridad social (salud, jubilaciones, entre otros); y (ii) medidas y políticas que atenúen los efectos sociales negativos de la integración, tales como cooperación económica para el desarrollo de proyectos de reconversión industrial y laboral, capacitación y entrenamiento de recursos humanos para la modernización productiva, apoyo a zonas fronterizas, apoyo a sectores productivos claves, entre otros.

Otra clasificación17 discrimina entre (i) los aspectos estrechamente vinculados a los procesos económicos como los que tienen que ver con la circulación de los trabajadores –legislación laboral, seguridad social, reconocimiento de títulos, reconversión laboral, etc.–; (ii) programas sociales en áreas tales como salud, higiene y salubridad, derivados en buena parte de la cooperación internacional de la OMS, OPS, entre otras; (iii) los llamados procesos societales que se originan al interior de cada sociedad de los países en proceso de integración, como por ejemplo intercambio de estudiantes y científicos, el turismo, e intercambios culturales; y (iv) las áreas vinculadas al desarrollo de un sujeto comunitario –andino, centroamericano, mercosureño, etc.–.

En ese sentido, si bien en su etapa inicial los esquemas y acuerdos de integración soslayaron la dimensión social y concentraron sus esfuerzos en objetivos comerciales, a medida que se profundiza la interdependencia económica y comercial entre los países miembros se hace más evidente la necesidad de abordar el tema social y crece la preocupación política por el mismo, dada la necesidad de convertir la integración en un instrumento de desarrollo que contribuya, cada vez más, a superar los preocupantes niveles de desempleo, pobreza y exclusión social de los países participantes. Todos los procesos han avanzado en forma lenta pero progresiva hacia esa percepción y no en vano han constituido nuevos e importantes mecanismos de acción18 dirigidos a cumplir determinadas metas para atender la dimensión social y garantizar la activa participación de los actores sociales en el proceso, incluyendo a la sociedad civil, tanto en la formulación de políticas como en la ejecución de programas y proyectos19. Ha ganado terreno el convencimiento de que todo proceso económico viene acompañado de consecuencias sociales que a la larga pueden significar su propia sustentabilidad20, máxime si se supone que por tratarse en el fondo de una política pública, la política de integración del Estado no debería aplicarse en forma aislada y separada de las otras políticas públicas, tales como la laboral, de salud, de educación, capacitación, ambiental, entre otras, sino que, por el contrario, debe pasar a formar parte de la política de desarrollo integrador portador de equidad social.

Sin embargo, si bien las máximas instancias de los esquemas de integración han reafirmado el objetivo estratégico de convertirla en un proyecto de comunidad económica, social y política, las iniciativas en asuntos sociales y de participación de la ciudadanía, de los empresarios y trabajadores, hasta ahora han dado pocos resultados concretos, tal vez porque los esquemas siguen careciendo de mayores elementos vinculantes y supranacionales, así como de asignación de recursos que garanticen su materialización.

En el más reciente encuentro de expertos en esta materia21, organizado por el SELA con el concurso de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) surgieron algunas recomendaciones que pueden ser de utilidad para avanzar en el tratamiento de la cuestión social de la integración y se llegó, además, a ciertas conclusiones sobre los aspectos metodológicos del tema y a determinados denominadores comunes de los distintos procesos analizados.

Por lo que a los aspectos metodológicos se refiere, se consideró necesario concentrar el tratamiento de la dimensión social en dos aspectos centrales: las políticas sociales comunitarias que se originan como consecuencia de la evolución de la integración y la participación de la sociedad civil, destinatarios finales de los cambios provocados por el proceso. A tales fines, se consideró necesario precisar que la agenda social debe convertirse en un instrumento flexible y adaptable, sujeto a revisiones periódicas, que tenga un carácter general con adaptaciones específicas a nivel local (ejemplo de las fronteras y las Mercociudades) o a nivel sectorial (si se consideran algunas organizaciones).

En cuanto a la participación de la sociedad civil en la construcción de la agenda social comunitaria, la importancia de la misma debe ser acrecentada mediante la conformación de redes de intercambio y propuestas ante temas comunes (caso Mercociudades, temas subregionales, nuevos mecanismos participativos). En tal sentido, se puso de relieve que el universo de actores participantes en los procesos de integración ha crecido significativamente, tanto a nivel de sectores involucrados (empresarios, trabajadores, colegios profesionales, ONGs, actores culturales, organismos de defensa del consumidor entre otros), como de instancias espaciales de referencia (entidades locales, subnacionales y subregionales además de las nacionales y regionales). En especial, se resaltó la importante participación de los parlamentos tanto en el plano nacional como subregional y regional, cuyas redes y vínculos con los actores de la sociedad civil están conformando novedosas perspectivas en la construcción de los procesos regionales.

Por otra parte, fueron identificados determinados denominadores comunes de los distintos procesos vinculados con los aspectos sociales. En primer lugar, la circunstancia de que algunos temas estén planteados en un contexto mundial y que, además, estén incluidos en las agendas internacionales como es el caso de la vinculación de la cláusula social con el comercio en la Organización Mundial del Comercio y en las agendas continentales como el Área de Libre Comercio de las Américas. En segundo lugar, el hecho de que la dimensión social haya pasado a formar parte de las agendas nacionales y locales de desarrollo, generalizándose la inclusión del tema en las agendas de integración. En tercer lugar, la circunstancia de que la especificidad de la sociedad civil y su relativa autonomía respecto de las instancias de negociación gubernamentales le confieren independencia a sus actuaciones, lo cual ha conducido a una cierta continuidad en sus iniciativas al interior de los esquemas, pese a las crisis que se presentan.

En cuarto lugar, las evidencias de desarrollos específicos de integración social en determinadas áreas y sectores en particular, como es el caso de las fronteras y de las redes regionales, mediante la conexión de asuntos, la especificidad de los mismos y los efectos en cascada (por ejemplo la identidad trasfronteriza, el comercio minoritario, la contaminación ambiental, el transporte, la circulación de personas en el caso de las fronteras). En quinto lugar, diversas iniciativas que apuntan a conformar un sujeto comunitario regional, en particular ciertas actuaciones en el campo cultural (facilitación del intercambio de bienes culturales, creación de redes culturales, entre otros), así como la facilitación de la circulación, un pasaporte común o, en algunos casos, un documento regional específico, y algunas iniciativas para definir y fomentar un turismo regional. Por último, el hecho de que exista una opinión generalizada en los distintos procesos de integración regional en el sentido de que es necesario contar con instrumentos más claros y efectivos para abordar la dimensión social.

Partiendo de esos denominadores comunes y de las experiencias acumuladas en los distintos esquemas, en cuanto al tratamiento de la dimensión social, se hicieron algunas recomendaciones específicas para el trabajo inmediato, tales como: (i) analizar y profundizar la agenda social, determinando objetivos estratégicos que permitan concentrar esfuerzos hacia su consecución, a través de diversos instrumentos (intercambio de experiencias, diálogos y concertación entre actores sociales, entre otros), que posibiliten, además, visualizar en los distintos procesos de integración los niveles de aproximación y convergencia; (ii) formular instancias y definir instrumentos que posibiliten la conformación de vasos comunicantes en materia de participación de actores de la sociedad civil en procesos de integración; (iii) identificar las fronteras que los diferentes procesos de integración visualizan en tanto experiencias locales específicas de integración activa, a los efectos de gestar experiencias comparadas que posibiliten aprendizajes comunes; (iv) extraer un mapa de las distintas iniciativas vinculadas a la construcción de un sujeto comunitario que atañen a las identidades subregionales en sus distintas manifestaciones (libre circulación, turismo, documento común entre otros) a los efectos de intercambiar experiencias y fomentar campos de cooperación regionales.

Notas

1. Fue en la Cumbre Mundial para el Desarrollo Social de Copenhague, de marzo de 1995, donde se internacionalizó la consideración de temas tales como reducción de la pobreza y articulación de políticas económicas y sociales.

2. Véase CEPAL, Equidad, Desarrollo y Ciudadanía, 2000 y Panorama Social de América Latina 1998, 1998, Santiago de Chile; y PNUD, Informe de Desarrollo Humano 1999, Nueva York, 1999

3. Véase Klein, E. y Tokman, V., “La estratificación social bajo tensión en la era de la globalización”, Revista de la CEPAL 72, Santiago de Chile, diciembre 2000, p. 27.

4. “Como resultado de estos cambios en materia de políticas públicas, el crecimiento económico en los países de América Latina y el Caribe ha pasado a depender del grado, la intensidad y la calidad de su integración en una economía que se ha vuelto tanto globalizada como regionalizada”, CEPAL, texto preparado para la X UNCTAD, febrero 2000.

5. Para una categorización analítica de las consecuencias políticas, económicas y sociales de la globalización en América Latina y el Caribe, véanse: Ferrer, Aldo, “Hechos y ficciones de la globalización” y otros trabajos publicados por el SELA en Capítulos Nº 53 de junio de 1998; así como: Mayobre, E., “Realidad y mito de la gobalización”, SELA, SP/Di Nº 7-2000; Vacchino, J.M., “Globalización, inserción, integración: tres grandes desafíos para la región” SELA, SP/Di/Nº8-2000” y “Retos en el nuevo siglo: inserción internacional e integración regional en un escenario de globalización”, Capítulos Nº 60, diciembre de 2000; SELA, “La inserción de América Latina y el Caribe en el proceso de globalización de la economía mundial”, SP/CL/XXVI.O/DT Nº8-2000; y CEPAL, “Globalización y regionalización, una visión desde América Latina y el Caribe”, documento preparado por la Secretaría de la CEPAL para la X UNCTAD.

6. Buena parte de las inversiones extranjeras directas derivadas de operaciones de privatización han sido adquisiciones de empresas preexistentes con poca incidencia en el aumento de la producción y en el empleo.

7. Para una descripción detallada de estos procesos y sus consecuencias, véase: Di Filippo, A. y Franco, R. “Integración Regional, Desarrollo y Equidad”, Siglo XXI Editores y CEPAL, enero de 2000, pp. 31-57.

8. Expresión utilizada por el Embajador Otto Boye Soto, Secretario Permanente del SELA, en su ponencia ”Integración Latinoamericana y Caribeña: Ahora o nunca” , presentada en el III Encuentro Internacional de Economistas sobre Globalización y Problemas del Desarrollo efectuado en La Habana, Cuba, del 29 de enero al 2 de febrero de 2001.

9. Véase SELA, “Estrategia de desarrollo para una economía globalizada”, Capítulos Nº 45, enero-marzo 1996, p. 30

10. La noción de mediano y largo plazo se refiere a la provisión permanente de servicios de salud, educación y seguridad social por parte del Estado más allá de sus políticas asistencialistas y dadivosas coyunturales.

11. SELA, ídem, p. 35.

12. Cifra citada por Laredo, Iris M., en “Hacia una integración multidimensional de América Latina como herramienta frente a la globalización” en Escenarios de la Integración de las Américas, compilación de la Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela, 1999, p. 81.

13. El SELA ha venido estudiando el tema de la participación de la sociedad civil en los procesos de negociación comercial y de integración regional y hemisférica. Véase VanGrasstek, C., “La sociedad civil y el compromiso político de los Estados Unidos para la liberalización comercial: implicaciones para las negociaciones comerciales”, El Laberinto Económico, SELA-AECI, Ediciones Corregidor, 1999 y Gil, J.C., “La sociedad civil ante la integración regional y hemisférica”, SELA SP/REASIALC/Di Nº 3-2000.

14. Una relación detallada y actualizada de la evolución de la política social comunitaria de la Unión Europea puede apreciarse en: García- Baltasar, José L.,”El proceso de integración europeo y la gobernabilidad de la Europa social”, SELA, SP/REASIALC/Di Nº 5-2000.

15. Se han avanzado estudios, reuniones y seminarios principalmente en CEPAL, desde donde se impulsó el modelo de transformación productiva con equidad, en CLAD, BID, CEFIR, en las propias secretarías de integración y en el SELA. Por su parte, la UNCTAD ha incorporado algunos aspectos sociales en sus trabajos sobre la dimensión del desarrollo en las negociaciones comerciales internacionales.

16. Un análisis de cuáles podrían ser estos mecanismos aparece en: Gil, J.C., “La sociedad civil ante la integración regional y hemisférica”, SELA, anteriormente citado.

17. Dicha clasificación ha sido desarrollada por el experto peruano Podestá, Bruno en “La integración regional y las posibilidades de una agenda social”, SELA, SP/REASIALC/ Di Nº 4-2000.

18. Véase el Anexo de este trabajo.

19. Un análisis al respecto puede apreciarse en Bizzozero, L., “La construcción de la dimensión social en los nuevos regionalismos. El caso del MERCOSUR”, SELA, SP/REASIALC/Di Nº 2-2000 y Gil, J.C. (2000)

20. Podestá, Bruno, ídem, p. 1.

21. Véase al respecto: SELA, Informe final de la reunión de expertos sobre aspectos sociales de la integración de América Latina y el Caribe, REASIALC/DF, noviembre de 2000.