En busca del consenso perdido en torno a la integración, desarrollo y globalización
	ANEC-AEALC

1. Las tendencias del comercio internacional contemporáneo

Las tendencias generales del comercio mundial configuran un escenario bastante complejo para la inserción de economías con debilidades estructurales en sus aparatos productivos, en sus perfiles distributivos y en su institucionalidad, características que están presentes en la inmensa mayoría de los países latinoamericanos y caribeños. La elevada concentración del dinamismo del comercio, en un contexto de exacerbada competencia y reglas multilaterales cada vez más complejas, hacen real el peligro de marginación estructural de un gran número de países subdesarrollados respecto del sistema comercial internacional y/o de que incrementos en los grados de apertura externa no se transformen en aumentos en la generación de ingreso.

Así, no es de extrañar que a pesar de todos los esfuerzos realizados por la región en estos últimos veinte años –el área del mundo que más ha avanzado en el proceso de reformas económicas, y en particular en cuanto a liberalización comercial– el crecimiento de los años noventa fue tan sólo de un 3.2% anual, un dinamismo significativamente inferior al registrado durante las tres décadas de industrialización liderizada por el Estado, entre los años cincuenta y setenta (5.5 % por año).1

2. Políticas comerciales e inserción internacional de los países en desarrollo

Una de las relaciones de causalidad que con más frecuencia se apuntan en el discurso y el debate económico contemporáneo es el que identifica la obtención de las ventajas de la globalización a partir de la implementación de políticas de apertura externa radical en el contexto de aparatos estatales “adelgazados” y que promuevan el “óptimo económico” a través de mercados liberados y eficientes agentes privados. Toda experiencia internacional relevante demuestra, sin embargo, que resulta pertinente reforzar el papel del Estado en la creación de las condiciones para el logro de una competitividad sistémica, la que obviamente no puede ser entendida desdeñando objetivos sociales y ambientales.

Hay posiciones que rescatan la idea de que existen dos respuestas igualmente erróneas para la actuación de políticas en el actual contexto globalizado. Por un lado, los intentos de aislamiento o desconexión, que renuncian a priori a los potenciales de eficiencia e innovación creativa que propician los desarrollos de las fuerzas productivas en el mercado global; y por otro, la simplista posición de que una mera inserción pasiva en la economía globalizada es la panacea universal, renunciando a toda política pública relevante.2

Se examinaron los factores o elementos positivos –favorables al desarrollo– que se les atribuyen a la participación activa en los mercados globales, entre éstos: enormes ganancias de eficiencia plasmadas en mejoras de los medios de producción que permiten acceder a mayores niveles de ingreso y de bienestar; el acceso a procesos productivos de tecnologías modernas; las ventajas derivadas de economías de escala y de especialización, etc. De manera similar, se señalaron como importantes “efectos dinámicos de la liberalización comercial”, la potenciación de la innovación, la creatividad, la superación, etc, en contraposición a los efectos adormecedores sobre el tejido productivo de la protección.3

Igualmente, se citaron algunos trabajos empíricos que concluyen que existe una correlación estrecha entre inserción en la economía global y mejoras en los niveles de ingresos per cápita, así como en el importante papel que juega la apertura comercial y la inserción en la economía global como mecanismo efectivo para lograr la convergencia de los países en desarrollo hacia los niveles de los países industrializados. No obstante, primó el criterio de que recientes desarrollos en materia de teorías de crecimiento –en línea con las formulaciones de “crecimiento endógeno”– conducen a conclusiones ambiguas acerca de la relación entre apertura comercial y crecimiento económico.

 En ese sentido, se explicó, además, que análisis de organismos internacionales4 señalan que sólo algunos países se han adaptado con éxito a los cambios y se han beneficiado de la globalización, gracias, en parte, a estrategias de crecimiento basadas en las exportaciones y en la absorción de flujos de inversión extranjera directa (IED). Empero, la misma fuente explica que muchos países en desarrollo no han logrado aumentar en medida importante ni en forma continuada su PIB por habitante en los últimos tres decenios. Aunque esa situación es imputable en parte a factores internos, parece evidente que el entorno internacional no ha sido propicio para los esfuerzos de desarrollo de estos países.

De allí que hubiera consenso respecto a la importancia de diseñar y aplicar políticas comerciales y de competencia “adecuadas”, “coherentes” y “flexibles” para las economías subdesarrolladas, a fin de que las mismas puedan enfrentar los desafíos de la globalización.

En ese sentido, se resaltaron las formulaciones recientes que coinciden en que para alcanzar los efectos netos positivos de la apertura a la globalización, se requieren políticas coherentes de “acompañamiento” que estimulen la inversión productiva y la generación de tasas apropiadas de ahorro doméstico (en gran medida), el mantenimiento de la estabilidad macroeconómica, el desarrollo y consolidación de una institucionalidad que permita la resolución efectiva y justa de conflictos, una adecuada provisión de incentivos económicos y el mantenimiento de la cohesión y equidad social, base de la sostenibilidad económica y política del modelo.

Relevantes reflexiones se formularon también sobre los vínculos entre el libre comercio y sustentabilidad medioambiental, elemento estratégico para la formulación de las políticas comerciales, relacionándolos tanto por los efectos directos e indirectos que pueden tener las disposiciones de política comercial para la equidad intra e intergeneracional, como por los efectos económicos (y comerciales) que el deterioro medioambiental tiene para cualquier economía.

3. La normativa multilateral de comercio y los países en desarrollo

Algunos ponentes analizaron la normativa multilateral actual y los temas que predominan en la agenda internacional, en el ámbito de la Organización Mundial del Comercio (OMC), entre estos, el libre comercio, los derechos de propiedad intelectual, la protección de las inversiones y la liberalización financiera y de la cuenta de capital.

Se emitieron opiniones que apuntan a que la OMC es, hoy día, la primera de las nuevas instancias del “gobierno global” que se constituirá en el presente siglo, y sobre las ventajas o desventajas de la “necesaria” institucionalidad internacional para regular la globalización, con distintos enfoques analíticos. Así, surgieron posiciones en el sentido de que la ausencia de una institucionalidad totalmente configurada hasta el momento, es la responsable del exceso de los “efectos no deseados” de la globalización que se observan. Sin embargo, otras posiciones apuntaron que es precisamente esta institucionalidad diseñada e impuesta por los centros dominantes, la que explica los obstáculos invencibles que pesan sobre ciertas naciones para insertarse favorablemente en la lógica globalizada.

Desde una perspectiva de historia económica mundial, se explicó que el problema para los países en desarrollo no es tanto la institucionalidad existente, sino que los mismos no han articulado una posición respecto a cuál debe ser la estructura institucional de la globalización que represente mejor sus intereses.5

Al margen de la discusión anterior, se insistió que desde la conclusión de la Ronda Uruguay, y en el marco de la globalización, se generalizó la creencia de que efectivamente se transitaba hacia un sistema de economía mundial que generaba oportunidades de comercio muy positivas, apoyadas en las considerables reducciones arancelarias que se habían logrado –a lo largo de todas las negociaciones comerciales desde el establecimiento del GATT–, el desmantelamiento paulatino del comercio agrícola administrado y la normativa internacional más transparente en otras esferas recién incorporadas a la agenda de política comercial. De hecho, el promedio de los aranceles descendió desde un nivel aproximadamente del 40% a fines de la Segunda Guerra Mundial, a menos del 5% al finalizar la aplicación total de los acuerdos logrados en la Ronda Tokio en 1984.

Algunos ponentes señalaron que la OMC, más que producir beneficios tangibles inmediatos, mejoraba sobre todo el clima de las relaciones económicas internacionales al establecer una base jurídica sólida para el sistema multilateral de comercio. En ese sentido, la libertad que tuvieron anteriormente los países para recurrir a enfoques y medidas unilaterales quedaba reducida, ya que los miembros se comprometieron a garantizar la conformidad de sus leyes, reglamentos y procedimientos administrativos con las obligaciones dimanantes de esos acuerdos regulados por la OMC. También se señaló que un sistema de comercio sin reglas e instituciones podría desatar tendencias proteccionistas y fricciones comerciales internacionales mucho más fuertes que las hoy presentes.

No obstante, hubo consenso en que a partir de la III Conferencia Ministerial de la OMC en Seattle (EUA), cobraron importancia los análisis críticos acerca de esta entidad, sobre todo lo relativo al marcado carácter neoliberal que subyace en sus reglamentaciones –que pueden convertirse en una “tercerca condicionalidad”– al papel que juega esta institución en el reforzamiento de los derechos de las empresas transnacionales, así como los límites que imponen sus propuestas liberalizadoras a la capacidad de acción de los gobiernos nacionales.6

En ese sentido, se mencionó el establecimiento de normas de aplicación general para todos los países sin tener en cuenta las asimetrías, ya que conduce a la perpetuación de dichas asimetrías, y que los elementos de reciprocidad y condicionalidad que están presenten en varias de las disciplinas de la OMC, resultan muy negativos para la mayoría de los países en desarrollo.

Interesante resultó la percepción que entiende a la OMC y al conjunto de acuerdos por ella regulados, como elementos centrales que establecen ahora con carácter jurídico, las condiciones requeridas para garantizar niveles mínimos de confianza para los inversionistas.7

También hubo consenso –incluso entre sus críticos– en que, a largo plazo, esta organización multilateral adquirirá cada vez más importancia y poder en la medida que vaya ampliando su cobertura actual con nuevos temas que se incorporen en negociaciones futuras. Esto último implicará mayores niveles de armonización de las políticas comerciales (y económicas) de los países miembros, y por tanto, retos mayores para avanzar en la senda del desarrollo. Este probable escenario futuro dependerá decisivamente de la efectividad que exhiba esta institución para: a) reducir marcadamente la proliferación de medidas unilaterales en el comercio internacional; b) incorporar las demandas hasta ahora insatisfechas de los países en desarrollo y c) garantizar la credibilidad de que está urgido su sistema de solución de diferencias de la OMC.8

Se constató que para los países en desarrollo, y en particular para los de América Latina y el Caribe, el Acuerdo sobre Agricultura (AsA) y el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS) –ambos regulados por la OMC– son de especial relevancia en el análisis de las posibilidades reales que abre a las economías subdesarrolladas esta nueva normativa y también para la definición de las estrategias de inserción internacional en las actuales condiciones.

4. Las estrategias de inserción y las políticas de apertura comercial

Las estrategias de inserción de los países en desarrollo –y de América Latina y el Caribe– en los flujos de comercio internacional, fueron objeto de interesantes debates, desde las ópticas de los beneficios potenciales, los riesgos y los prerrequisitos estructurales, institucionales y de políticas para poder maximizar o convertir en reales dicha ventajas.

Con relación a las políticas de apertura comercial se alertó sobre los muy variados canales de impactos externos que afectan a todas las economías del mundo, en tanto la capacidad de maniobra y las probabilidades de enfrentar con éxito condiciones externas adversas están altamente correlacionadas con el nivel de desarrollo de cada país.

En este campo, la absolutización de los criterios de eficiencia y competitividad subyacentes en el sistema global de comercio, y la aplicación en general de políticas comerciales y de apertura externa incompletas, ortodoxas y poco realistas, son factores principales en la explicación del fenómeno de ampliación de la brecha entre las naciones pobres y las industrializadas que se ha observado en los últimos tiempos.

En línea general, hubo acuerdo en cuanto a que la configuración de políticas comerciales es un proceso complejo que debe formar parte de la estrategia de desarrollo de cada país, y que resulta poco creíble esperar las ventajas potenciales de la globalización sólo a partir de una flexible definición de política comercial externa. Por otro lado, ésta última tiene que estar coherentemente encadenada con equilibrios macroeconómicos, estrategias activas de desarrollo productivo, un adecuado y creciente desarrollo institucional y políticas sociales inclusivas que garanticen los niveles de cohesión que legitimen al modelo de desarrollo.

II.    La problemática monetario-financiera

1. Las tendencias en la esfera monetario-financiera

El sistema monetario y financiero internacional actual conserva los rasgos esenciales que prevalecieron durante los años de las profundas crisis financieras de la década de los noventa. Entre éstos se señalaron los siguientes: a) persiste la volatilidad de tasas de interés y los tipos de cambio; b) la incertidumbre acerca de la evolución de los mercados financieros; c) la incompetencia de los organismos financieros internacionales para prevenir eventuales crisis; d) la ausencia de mecanismos efectivos para controlar la movilidad extrema de los flujos de capitales; e) las presiones para el pago del servicio de la deuda; y f) la poca efectividad de las políticas económicas nacionales para superar la vulnerabilidad externa y lograr metas de desarrollo económico y social.

2. Implicaciones de la movilidad internacional del capital

El examen de las implicaciones de la movilidad internacional del capital puso en evidencia que la dimensión y especialmente la rapidez de los flujos de los medios de pago hacen que los bancos centrales no puedan poner resistencia a la especulación monetaria e, inclusive, que las reservas de los grandes países resulten ridículas respecto a la masa de liquidez que actualmente se mueve en el mercado mundial.

Por otra parte, los requerimientos crecientes de entrada de capitales de los países en desarrollo le obliga a trabajar bajo las condiciones impuestas por el capital financiero internacional, tales como liberalización económica, estabilidad monetaria, disciplina fiscal, altas tasas de interés y acelerados procesos de privatización, como requisito para asegurar los niveles de rentabilidad del capital.

En ese sentido, la entrada de capitales ha terminado por aumentar los problemas de las economías que los reciben, ya que al canalizarse los capitales principalmente a los mercados de valores, se afecta la canalización de recursos al sector productivo. Así, el ingreso de dichos capitales termina apreciando las monedas nacionales y disminuyendo la competitividad de los productos domésticos. De tal forma, el contexto de la liberalización económica, conjuntamente con las políticas de disciplina fiscal, apreciación cambiaria y altas tasas de interés, terminan deteriorando la dinámica de acumulación del país y fomentando el endeudamiento externo.

También se generalizó la idea de que los países en desarrollo deben oponerse a la homologación de las políticas económicas contraccionistas de estabilización monetaria, que los distancian de la atención de los problemas productivos. En esas circunstancias, al relegar y acentuar tales políticas, los problemas estructurales generan crisis, lo que evidencia el carácter temporal de la reducción de la inflación.

En opinión de algunos participantes, para dejar de establecer políticas contraccionistas y de apreciación cambiaria a favor de la entrada de capitales, y poder establecer una política a favor de lo nacional, resulta necesario eliminar la dependencia de la entrada de capitales, lo cual exige revisar la liberalización comercial y financiera. En ese contexto, replantearse la inserción de los países en la globalización permitiría recuperar la capacidad de diseñar y manejar la política fiscal y monetaria en función de los objetivos del crecimiento económico y dinamismo del aparato productivo.9

3. El impacto de las estampidas especulativas

De igual forma, resaltó el tema de la circulación de los flujos de información financiera, que asume una relevancia crucial en el enfrentamiento del impacto negativo de las estampidas especulativas en los mercados financieros. Al respecto, primó el criterio, desde el punto de vista económico, de que se debe identificar la información como un bien público, ya que la asimetría informativa provoca ineficiencia en la asignación de los recursos y riesgo moral. Así, se defendió la tesis sobre la necesidad de una intervención estatal, antepuesta a una reglamentación, que garantice una equitativa y eficiente distribución de los recursos informativos, mediante una identificación preliminar de las noticias de cierta relevancia para el mercado y una definición concreta de las modalidades de difusión.10

Por otro lado, se defendió la idea de generalizar en los países mecanismos que contrarresten la volatilidad de los flujos financieros de corto plazo y que estimulen las inversiones productivas con un mayor impacto en el bienestar. Al respecto, se analizó la viabilidad de implementar el impuesto Tobin como uno de estos mecanismos, destacándose la necesidad de destinar los recursos recaudados a fines humanitarios y proyectos vinculados con la reducción de la pobreza.11

Como ejemplos se citaron los datos recientemente publicados por el FMI, que establecen que los movimientos diarios de operaciones cambiarias mundiales en la actualidad se sitúan en el orden de 1,9 billones de dólares. En ese caso, de imponerse un tributo de sólo el 0,01%, se lograría una recaudación estimada de 190 millones de dólares, cifra nada despreciable para hacerle frente a las perentorias necesidades de los países en desarrollo.

No obstante, se llegó a la conclusión de que los inconvenientes de la globalización financiera para los países en vías de desarrollo no se explican solamente por la volatilidad de los capitales privados en el mundo, la insuficiente profundidad y diversidad instrumental de sus mercados financieros o por la pérdida de las funciones del tipo de cambio como ancla nominal de la economía. Simultáneamente actúan otras variantes, entre ellas, los desequilibrios estructurales de estas economías, es decir, el grado de apertura externa, la movilidad y precios de los factores productivos; flexibilidad de los mercados laborales, la estructura exportadora y dinámica de sus precios en los mercados internacionales; forma de inserción internacional, el bajo nivel tecnológico y manejo inadecuado de la política económica.

4. Los arreglos cambiarios y la dolarización en América Latina y el Caribe

Varios participantes examinaron las limitaciones de la variable tipo de cambio en un entorno globalizado, como facilitador de flexibilidad para la gestión monetaria y fiscal, así como instrumento estratégico para alcanzar el equilibrio económico, señalando que este aspecto ha motivado nuevos debates sobre los arreglos cambiarios en busca de que cada país cuente con una moneda de la mayor calidad posible. Un número importante de los participantes consideró que las tendencias futuras derivarán en una marcada reducción del número de monedas existente en la economía mundial, o por lo menos en una cantidad limitada de políticas monetarias independientes.

Visto desde otro ángulo, al parecer ningún país puede aspirar a arreglos cambiarios individuales que le brinden estabilidad frente al resto de las monedas, por lo que para algunos la opción más viable podría ser limitar el ámbito de la inestabilidad atándose a una moneda fuerte o incorporándose a una zona monetaria integrada por los principales socios comerciales.

Se argumentó que, en la última década, un número creciente de países en desarrollo, particularmente en América Latina, ha buscado respuestas a la marcada debilidad mostrada por sus monedas en lo que se podía definir como la “extranjerización” de su sistema monetario, es decir, el proceso de sustitución parcial o total de las funciones de la moneda doméstica por una moneda extranjera, en el entendido de que ésta última es una moneda sana, estable y de adecuada convertibilidad, capaz de enfrentar los retos de la globalización.

En el debate se indicó que ante las recurrentes crisis financieras internacionales que impactan severamente los mercados cambiarios y de valores de las economías latinoamericanas, independientemente de la estabilidad de sus agregados macroeconómicos y la ejecución de severos programas de ajuste, se ha extendido la idea de que dolarizar las economías domésticas puede ser la fórmula que ponga al continente definitivamente en la ruta del crecimiento económico sostenido.

No obstante, hubo consenso en que, con independencia de la forma de dolarización implementada, su alcance y profundidad, así como el cumplimiento o no de requisitos previos, se hace necesario valorar las ventajas y las consecuencias adversas de tal política, con el objeto de precisar la factibilidad y viabilidad de un proceso tan complejo y problemático, no sólo para conocer la relación costo-beneficio, sino para juzgar, igualmente, cuán sostenible es un esquema tan radical en economías con serios desequilibrios estructurales.

En el contexto del debate acerca del provecho del proceso de dolarización en América Latina, sus defensores argumentaron que se lograría un importante dinamismo de las economías del continente, ya que al sustituir las inestables monedas domésticas por el dólar norteamericano, sus tasas de interés se reducirían sustancialmente, se eliminaría el riesgo cambiario con efectos positivos en los flujos comerciales y de inversión extranjera, mientras el nivel de inflación tendería al de los Estados Unidos, entre otros argumentos.

Sin embargo, como contrapartida, se presentaron variadas tesis relacionadas con los costos de la dolarización, que destacaban, entre otros, los siguientes aspectos negativos: a) la pérdida de la soberanía monetaria al quedar subordinado a las decisiones de la Reserva Federal; b) la anulación de la política monetaria y fiscal como instrumentos de política económica; c) la eliminación del Banco Central como rector del sistema bancario doméstico y prestamista de última instancia; d) la atomización de las reservas internacionales del país; y e) la pérdida de los ingresos por señoreaje, entre otros.

5. Reestructuración de los sistemas bancarios y financieros

Entre las variantes para enfrentar las situaciones existentes se trató sobre la necesidad de retomar el control sobre los bancos centrales y la regulación del sistema bancario en su conjunto, para que éstos respondan a la demanda crediticia y de relocalización del crédito a favor de la producción, estableciendo altas tasas de interés (o altos impuestos) al crédito que se dirige hacia la actividad especulativa o simplemente su prohibición.

Para algunos participantes, dada la importancia de las pequeñas y medianas empresas (PYMEs) en las economías del continente y del mundo subdesarrollado en general, se debatió largamente sobre cómo la segmentación del crédito excluye a las PYMEs del acceso a las corrientes principales de fondos, en tanto que los elevados márgenes de intermediación bancaria se traducen en bajas tasas de interés pasivas y elevadas tasas de interés activas para las actividades productivas.

Igualmente, se destacó que la presencia de vacíos e imperfecciones del mercado en el ámbito financiero doméstico hace necesario la intervención del Estado y un papel activo de los bancos de desarrollo en la promoción de la inversión, la modernización tecnológica y la provisión de servicios no financieros, dirigidos a los sectores de alta prioridad económica y social, que de otra manera permanecerían marginados de los mercados financieros.

Sin embargo, hubo consenso en rechazar el concepto de banca de desarrollo, que erróneamente se identificó en otras épocas, como el otorgamiento de créditos a costos inferiores a los del mercado, por vía del subsidio a las tasas de interés. En ese sentido, se estableció que la actividad de fomento no debe poner énfasis en el uso del crédito barato, sino concebirla con un alcance sistémico, donde además de financiamiento se acceda a recursos de capital de riesgo, impulso a la adopción de nuevas tecnologías de producción y gestión, incentivo para la conquista de nuevos mercados, apoyo a la internacionalización de las empresas, conservación del medio ambiente, etc.

Sobre la temática del apoyo de los bancos de desarrollo y fomento, se reiteró el criterio de que no se puede concebir indiscriminadamente, para todo tipo de proyectos y clientes, sino para apoyar, selectivamente, a la rentabilidad social y privada de los proyectos. En el debate se profundizó en el hecho de que los bancos de desarrollo operan en el marco de economías de mercado con el fin de llenar vacíos que éste deja, pero tienen que preservar su solidez financiera, en el propósito mayor de buscar los caminos del progreso económico y social de nuestros países entre las promesas y amenazas de un mundo globalizado.12

6. Dependencia del financiamiento externo

En ocasión de analizar el financiamiento externo de los países emergentes, y en particular de la región latinoamericana y caribeña, se evidenció una elevada dependencia respecto del financiamiento vía emisión de bonos en los mercados internacionales. Por ello, predominó como objetivo principal, a largo plazo, la reducción de esa fuente de vulnerabilidad, tomando en cuenta la evolución reciente, que indica que la percepción del riesgo país en esos mercados acentúan los fenómenos de contagio y agrava el deterioro de los fundamentos macroeconómicos. Además, se expresó que el financiamiento vía euro –obligaciones está gobernado por una lógica de racionamiento feroz que, aunada a los problemas de coordinación que caracterizan a los mercados de bonos en caso de crisis, tienden a perpetuar y a acentuar la volatilidad del crecimiento.

En lo que respecta a los flujos de inversión extranjera directa recibidos en la última década, se destacó que los mismos no deberían distraer a los países de la región del objetivo de reducir la dependencia respecto del financiamiento externo. Varios participantes alertaron sobre la eventualidad de que los niveles de los flujos de inversión –concentrados en un número muy reducido de países– no se mantengan tan elevados en los próximos años. Por otra parte, los montos extremadamente altos recibidos en los últimos años están generando pagos netos de dividendos cada vez más elevados.

Así, se fundamentó que los países de la región deberían proponerse el desarrollo de los mercados domésticos de capitales, junto con los esfuerzos para promover el ahorro interno. El desarrollo de un mercado local de la deuda pública de largo plazo, que caracteriza a la mayor parte de los países desarrollados, debe figurar en uno de los lugares más destacados de la agenda financiera regional.12

7. La deuda externa

Sin lugar a dudas, uno de los temas más debatidos fue el de la deuda externa de los países en desarrollo, y en particular la de los latinoamericanos, la cual ha sido un excelente negocio para la banca acreedora. En 1990, el mundo subdesarrollado debía alrededor de US$ 1,4 millones de millones y ya para 1999 esa cifra era de US$ 2,5 millones de millones. Sólo por concepto de servicio de la deuda, se pagó entre 1990 y 1998 casi US$ 2 millones de millones, es decir, una cifra superior al incremento de la deuda en ese período que fue de US$ 1,1 millones de millones.

Sobre ese particular se constató la incoherencia e inefectividad de la estrategia acreedora frente al endeudamiento, dentro de la cual se inscribe la iniciativa para la reducción de la deuda de los países más pobres altamente afectados por este fenómeno. Igualmente, se presentaron datos sobre la propuesta, que demuestra que se trata de lograr un nivel sostenible de la deuda, pero se obvia la incapacidad de estos países para lograr una sostenibilidad de la deuda a largo plazo, precisamente por el elevado peso que tienen los factores externos sobre la evolución futura de la deuda (comportamiento de las tasas de interés, tipos de cambio, variación en la relación de términos de intercambio, y la propensión de los países industrializados a mantener medidas proteccionistas, por sólo citar algunos).

La iniciativa de reducción de la deuda a los países más pobres fue debatida a partir de sus limitaciones, la principal de ellas es que se inserta en la estrategia tradicional del FMI de ajustarse primero para poder acceder al financiamiento después. Además, bajo las condiciones actuales, la carga del servicio de la deuda no incluida en la iniciativa (vía nuevos préstamos, reestructuraciones, acumulación de atrasos, etc.) sigue alimentando el círculo vicioso del endeudamiento externo frenando aún más las posibilidades de desarrollo de estos países. De hecho, hubo consenso en señalar que dicha iniciativa no constituye una solución de largo plazo para la crisis social que azota a estos países, sino que más bien es utilizada para mantener el control e interferir sobre las políticas nacionales de desarrollo de los países más pobres y endeudados como vía de asegurar la inserción de éstos en la economía global bajo patrones neoliberales.

No obstante, se reconoció el hecho de que cada vez se abre más paso la idea de la condonación de la deuda, pero no debe perderse de vista que la condonación por sí sola no resuelve el problema medular del fenómeno del endeudamiento. Aunque constituye un respiro muy necesario para los deudores, si la misma no va acompañada de mecanismos que garanticen un flujo de recursos sostenido en condiciones concesionales y una verdadera inserción en una economía mundial cada vez más global, el problema tiende a multiplicarse en el tiempo.14

Durante el análisis de esta problemática de la deuda externa se defendió la idea de crear un club de deudores, para poder lograr adoptar posiciones de grupo y romper definitivamente el tradicional tratamiento de caso por caso. En esta misma dirección se consideró la posibilidad de conformar un foro latinoamericano de la deuda externa con la intención de difundir, en cada uno de los países, los antecedentes históricos, económicos y políticos de la misma, para movilizar a la opinión pública en torno a su anulación.

III.   La integración económica de América Latina y el Caribe en el contexto de la globalización

En cuanto al tema de la integración económica, se destacó el carácter multifacético del fenómeno y las diferencias existentes entre los acuerdos que se han consolidado en regiones industrializadas y los procesos en marcha entre países en desarrollo. También se analizaron profundamente los obstáculos que enfrentan estos últimos debido a las acciones desintegradoras de los organismos financieros internacionales y de algunas naciones desarrolladas.

1. Integración entre países con diferentes niveles de desarrollo

Los problemas derivados de la integración entre socios desiguales y los riesgos de los Acuerdos entre países del Norte y del Sur ocuparon espacios relevantes en los debates, así como las experiencias particulares de algunos procesos, especialmente el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) y la Comunidad Andina de Naciones (CAN), unido a un balance del último período de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI).

El aspecto monetario dentro de los procesos de integración económica y la comparación entre el tratamiento a dicho asunto en la Unión Europea (UE) y en América Latina, también fue objeto de interesantes polémicas, así como los nefastos efectos, por proteccionista, derivados de la Política Agrícola Común (PAC) de la UE para los países en desarrollo.

Pero el centro de las discusiones giró alrededor de la relación entre la integración y el desarrollo económico, especialmente en el caso de América Latina y el Caribe. Interesantes ponencias e intervenciones aportaron elementos sobre los impactos de los procesos latinoamericanos y caribeños sobre el desarrollo de la región, los desafíos a que se enfrentarán en los próximos años, y los requisitos que deben cumplimentar para satisfacer las expectativas que en ellos se han depositado.

Se argumentó que la integración entre socios desiguales debería ser provechosa para cada uno de los países o regiones, pero se requiere esclarecer las condiciones que propicien beneficios para los más débiles. Entre las sugerencias aportadas merecen resaltarse la atracción de inversiones que propicien la elevación de la competitividad estructural de dichos países, en el marco de políticas industriales cuyo objetivo sea la elevación de la productividad de los factores, la calidad de los productos, velocidad de ajuste a los mercados, mejora de los servicios de post venta, confiabilidad comercial y financiera, etc. Para ello resulta esencial una acertada política de inversiones tecnológicas y de recursos humanos.

Para hacer efectivas esas recomendaciones se discutió sobre la necesidad de contar, entre otros elementos esenciales, con el financiamiento requerido, una acertada estrategia nacional de largo plazo, y un entorno doméstico dinámico, con estabilidad macroeconómica y adecuado régimen cambiario. La integración regional aportaría los efectos multiplicadores y de escala, debido a la ampliación del mercado, la elevación de la confiabilidad o credibilidad si hay concertación efectiva entre los miembros, los resultados de la especialización intrasectorial, del surgimiento de nuevas empresas, creación de empleos adicionales y otros beneficios.

Hubo consenso sobre la reflexión de que los países más débiles no pueden buscar sus ventajas en los procesos de integración a base de comprimir los salarios, cargas fiscales y gastos sociales, ni tampoco basar su especialización en el uso intensivo de recursos naturales y mano de obra barata, debido a los efectos perversos que generan y a que esas estrategias no aseguran el crecimiento y el bienestar a largo plazo.15

Contrastando con el razonamiento antes expuesto, se presentó la experiencia de México y su adhesión a un tratado de libre comercio con países altamente desarrollados, como Canadá y Estados Unidos. Ello ha posibilitado eliminar las barreras para la circulación de flujos financieros, bienes y servicios hacia el sur, convirtiendo mayormente ese acuerdo en un instrumento al servicio de las empresas transnacionales, a las que se les asegura los mercados que tienen fuerte potencial de crecimiento y mano de obra barata, así como la estabilidad necesaria para sus actividades productivas, comerciales y financieras.

Independientemente de los efectos positivos de estos acuerdos desde una óptica macroeconómica, para algunos participantes las consecuencias sociales que ellos generan son claras: crecimiento del desempleo, disminución del poder de compra, aumento de las desigualdades sociales y regionales e incremento de la pobreza en el país menos desarrollado.16

2. Los Acuerdos de la Unión Europea con América Latina y el Caribe

En los debates se abordó la temática de las relaciones entre la Unión Europea y América Latina desde una perspectiva más general, y se analizaron los proyectos de libre comercio con México, Chile, el MERCOSUR, Centroamérica y la Comunidad Andina. En el ámbito económico, se destacó que muchos miembros de la UE poseen fuertes negocios en algunos países de América Latina, especialmente España, que ha desplazado a Estados Unidos como primer inversor externo, pero también Alemania, Francia, Italia y Gran Bretaña. Para Europa no escapa que la región latinoamericana y caribeña tiene grandes potencialidades como mercado importador, si logra mejorar su dinámica de crecimiento, pues un segmento de su población se ubica entre los ingresos medios y altos, con posibilidades de ampliar sus demandas de mercancías e inversiones europeas.

Visto desde otro ángulo, se resaltaron los intereses de los países latinoamericanos respecto a la Unión Europea. Se evidenció que la respuesta no es uniforme, porque las relaciones y prioridades varían de unos a otros actores. Pero, estratégicamente, a Latinoamérica y el Caribe le resulta conveniente diversificar sus relaciones externas y reducir la concentración geográfica que históricamente han tenido algunos países en sus vínculos comerciales y financieros con Estados Unidos. En esa dirección, la Unión Europea ocupa un lugar preponderante para América Latina, por constituir el bloque de mayor importancia económica en la actualidad, con un tercio de la población mundial y elevada capacidad adquisitiva.

Pero, sin lugar a dudas, el mayor obstáculo en la profundización y ampliación de las relaciones entre la Unión Europea y América Latina está en el gran desequilibrio comercial existente, y que se expresa en la estructura de los intercambios y en el creciente déficit, así como en la diferente importancia relativa de cada región respecto a la otra dentro del total del intercambio. Durante la década de los noventa la participación de Europa en el total de las exportaciones latinoamericanas ha descendido de 24% a menos de 14%. Los productos tradicionales y de bajo valor agregado representan 2/5 de las ventas hacia la UE. No obstante, el comercio interregional ha crecido debido al aumento de las importaciones latinoamericanas procedentes de Europa.

Se enfatizó que las asimetrías de las relaciones comerciales UE/ALC se agudizan por la Política Agrícola Común europea, porque sus defensores han sido muy reticentes a reducir los subsidios a sus producciones agrícolas, lo que afecta especialmente a Latinoamérica y al Caribe, cuyos ingresos externos dependen, en gran medida, de esos productos. Adicionalmente, se imponen restricciones no arancelarias a la entrada de algunas mercancías procedentes de la región, que obstaculizan la ampliación del comercio, tales como derechos antidumping, normas fitosanitarias, normas medioambientales y otras.

Hubo consenso en que no será fácil lograr, en el corto plazo, mejorar el acceso de los productos agropecuarios de la región a los mercados europeos, por lo que la misma se debe preparar vigorosamente para conformar una agenda de negociaciones que le permita satisfacer otras expectativas realistas en los ámbitos financiero, tecnológico, educativo, cultural, de cooperación al desarrollo, seguridad y de apoyo a la conservación medioambiental, con el objetivo de seguir avanzando hacia unas relaciones menos desequilibradas con la Unión Europea.

Una dimensión diferente de esta vinculación UE/ALC es la referida al carácter abierto del regionalismo latinoamericano. En este sentido, el debate oscila en torno a la conveniencia de mayor apertura, conducente a la diversificación de las relaciones externas de cada subregión, tendiendo a un mayor equilibrio entre sus vínculos con terceros, o si puede resultar nociva esa apertura en detrimento de la consolidación de los nexos regionales propiciadores de mayores y más efectivos poderes de negociación.

3. El fortalecimiento de la integración regional y la integración hemisférica

Se enunciaron y fundamentaron los múltiples desafíos e incertidumbres de la integración regional frente al ALCA, uno de los dilemas conceptual y práctico de mayor inmediatez a resolver por los cientistas sociales y políticos de nuestro continente. Hubo consenso en que el proceso de integración latinoamericano y caribeño se encuentra en la encrucijada de transformar los logros subregionales en avances regionales, que resultan esenciales al entablar negociaciones a niveles hemisférico y multilateral, o diluirse en limitadas concertaciones.

En lo que respecta a los procesos subregionales se realizaron diversas referencias al MERCOSUR. Se destacaron sus avances, entre ellos, el perfeccionamiento de la unión aduanera, la consolidación de una organización institucional permanente, los acuerdos del grupo con terceros, la simplificación de los trámites en las fronteras para el tránsito de personas y mercancías, la armonización de normas y reglamentos técnicos y la voluntad de iniciar una coordinación macroeconómica. En sentido negativo, se hizo referencia a las diferencias institucionales entre Brasil y Argentina, particularmente en lo que se refiere al tratamiento de las importaciones, así como el carácter inacabado del establecimiento de la tarifa exterior común y del programa de liberalización comercial.17 No obstante, se reconoció que constituye el proceso que mayores expectativas positivas provoca en nuestra región.

El proceso de integración andino fue debatido a partir de sus limitaciones y posibilidades, considerándose ambiciosa la meta de conformar un mercado común para el 2005, si se tiene en cuenta que a treinta años de su funcionamiento constituye aún una unión aduanera imperfecta con tres de sus miembros, porque Perú y Bolivia no han contraído iguales obligaciones. La movilidad de personas es otro gran desafío para la subregión. En cuanto a los servicios, todos los países han impulsado los procesos de liberalización y privatización. Respecto al movimiento de capitales han avanzado en la coordinación sobre los sistemas de supervisión y en cierta convergencia de las normativas nacionales. Pero es aún necesario definir una posición común que reduzca la posibilidad de acciones unilaterales de los socios frente a la Inversión Extranjera Directa.18

Se reconoció que para profundizar los procesos de integración subregionales resulta necesario continuar fortaleciendo la cooperación financiera, la armonización macroeconómica, la política exterior común, el sistema de solución de controversias, y la mayor participación ciudadana.19 Se le otorgó mayor importancia al perfeccionamiento de lo normativo e institucional que a los aspectos comerciales.

En contraste con los avances de los procesos subregionales se lamentó el estancamiento de la integración a nivel regional, al tiempo que se concretan acuerdos con terceros países y bloques del mundo desarrollado. Si no finalizan en un breve plazo las negociaciones pendientes en el marco de la ALADI, las mismas probablemente se inscriban en un ámbito más amplio, como el del ALCA, dado que este proceso continúa acelerándose. Quedó sin respuesta la interrogante sobre la disposición de los países de la ALADI, a dar un paso decisivo para transformar los logros subregionales en regionales.20

Otro problema que acaparó atención fue el relativo a la soberanía de la moneda y la estabilidad cambiaria, exponiéndose la tesis de que se debe crear una organización supranacional a la que se le confiera capacidad para actuar en casos de crisis financieras, debido a las amenazas que éstas significan para la economía productiva. La experiencia del euro y su balance entre efectos positivos-negativos para los integrantes de la unión monetaria se contrastó con las diferentes políticas monetarias a lo interno de los procesos subregionales de la región, sin que haya faltado el debate en torno a la alternativa de una moneda única latinoamericana y los requisitos que se deben cumplir antes de su implantación, así como los riesgos de pérdida de la soberanía monetaria.

4. El papel de la integración en el desarrollo regional

Especialmente polémica fue la interrelación “integración-desarrollo” en la región. Se escuchó a dirigentes de los procesos de integración de América Latina la tesis de que es imposible el desarrollo de la región sin una estructuración coherente del proceso de integración regional. En ese sentido, se reiteró que no se puede contemplar el futuro de América Latina divorciada de la integración regional, fundamentándose los riesgos de no consolidar esos esfuerzos en un plazo breve, alertando sobre la eventualidad de que el proceso globalizador impida posteriormente dicha vertebración.

Entre los argumentos utilizados para fundamentar que los procesos de integración ejercen una influencia positiva sobre el desarrollo en América Latina se señalaron el mayor dinamismo del comercio intraregional respecto a los flujos con el resto del mundo, el peso del intercambio intraindustrial, y el aumento de los productos de alto valor agregado en el comercio recíproco.

Esos planteamientos encontraron amplio respaldo, pero se alertó que en las agendas de los diferentes procesos concretos de integración, latinoamericanos y caribeños, no se ofrece suficiente prioridad a algunos problemas cuya solución realmente contribuiría a crear condiciones para avanzar por la senda del desarrollo, tales como el progreso científico-técnico y la calificación de los recursos humanos para acceder a una mayor competitividad limpia y no espuria, basada en reducciones de costos laborales y devaluaciones monetarias.

Por tanto, el tema de la nueva economía es una prioridad del proceso de integración europeo, la introducción de las tecnologías de punta y el avance en los procesos de informatización, no está en el centro de la atención de los procesos de integración en nuestra región. El problema de los diferentes niveles de desarrollo entre países y los requerimientos de recursos adicionales para las regiones más atrasadas, o los programas para reducir la pobreza, tampoco se han jerarquizado debidamente. Cuando se oye discutir en torno a convergencia, generalmente se alude a los indicadores que reflejan comportamientos técnicos de nivel macro, y no se analiza ésta en términos reales.

Pero la convergencia suscita muchas inquietudes en sí misma. Esta se ha venido logrando a partir de los rasgos comunes del modelo neoliberal aplicado en la mayoría de los países de la región (apertura, desregulación, privatización, reducción del papel del Estado en la conducción de la economía y asignación de mayores atribuciones al mercado, etc.). Sin embargo, las políticas y los instrumentos que se han diseñado y aplicado no necesariamente han sido coincidentes, y ello ha generado no pocas controversias, como las derivadas de la devaluación última del real brasileño, debido a sus negativas consecuencias para Argentina. Se refuerza cada vez más la preocupación acerca de las posibilidades de continuar avanzando en la integración sin una determinada convergencia a lo interno de cada subgrupo y entre los diferentes procesos regionales.

Ese conflicto no se pudo desvincular del tema de la supranacionalidad, que es otro desafío para algunos esquemas subregionales, especialmente en el seno del MERCOSUR, cuya solución no parece sencilla ante las alternativas de que los países miembros cedan parte de su autonomía y capacidad decisoria a favor de órganos supranacionales, a cambio de acelerar el avance del proceso integracionista, o se conserven los niveles de independencia históricos y se retarde la instrumentación de acuerdos conjuntos, se incumplan decisiones o se resuelvan lentamente los diferendos generados entre miembros. El sí o no a la supranacionalidad, en qué dosis y en cuáles órganos, son interrogantes cuyas respuestas no han logrado consenso, pero la mayoría de las opiniones apunta hacia la necesidad de mejorar los mecanismos institucionales de la integración regional de modo que resulten funcionales a los retos de la globalización y garanticen los intereses esenciales de los países miembros.

También se consideró que sin renunciar a la lucha por recuperar la soberanía interna se puede intentar crearla desde un ámbito superior, vinculada con el fortalecimiento de la integración regional, entre iguales, que puede ofrecer la oportunidad de jerarquizar el sistema productivo mediante una reindustrialización. En este contexto se alertó que si los actuales procesos subregionales de integración se diluyen en el proyecto del ALCA se consolidará la subordinación de la soberanía a los intereses de Norteamérica y las industrias de cierta complejidad latinoamericana serán barridas por la mayor competitividad de las de Estados Unidos y Canadá.

Se propuso crear entidades nuevas de los países integrados, un nuevo ámbito de acción pública, basado en emprendimientos supranacionales, para gestionar determinados proyectos asignados por el conjunto de los países. Algo similar a lo que hiciera la Comunidad Económica Europea con el carbón y el acero, o la investigación nuclear a inicios de la década de los cincuenta, cuando los países renunciaron a una parte de su soberanía para poner esa actividad al servicio de todos, administrada como una propiedad común, debido a su importancia estratégica para la economía del grupo.

Para América Latina y el Caribe se sugirieron proyectos vinculados al desarrollo tecnológico, las investigaciones nucleares, la interconexión de centrales eléctricas de varios países, la creación de flotas aéreas y navieras comunes, y otros similares. Se ofrece así una nueva dimensión a la integración, que trasciende lo comercial y traslada el combate de la soberanía también al ámbito subregional y regional, ampliando la capacidad negociadora internacional. En síntesis, se planteó la tesis de recuperar la soberanía nacional compartiéndola, a través de la integración, con lo cual se puede conceder una nueva perspectiva para que Latinoamérica amplíe su autodeterminación en torno a problemas tales como el tamaño del mercado interno, la deuda externa, el sistema fiscal, los perfiles industriales, entre otros.21

La alternativa sugerida para la región por algunos ponentes al discurso neoliberal cuestiona el papel de las empresas trasnacionales como sujetos positivos para el desarrollo, y realza a las comunidades, lo local y lo regional como los principales agentes de cambio.22 En modo alguno se sugiere la desconexión de la región respecto al mercado mundial, sino que reitera la concepción de un proyecto regional de desarrollo amparado en políticas públicas que reafirmen su independencia e influyan como actor importante en la construcción de un nuevo orden internacional.23

No faltó en los debates la reflexión acerca de los aspectos positivos que se derivan para los procesos de integración de su apertura a la economía mundial, especialmente por los retos que para sus economías y sus industrias significa el estar sometidos a la competencia, que impulsa la búsqueda de la máxima competitividad. Al respecto se destacó que la amplia proliferación de nuevos acuerdos firmados a partir de los noventa no se han concebido como agrupaciones protegidas o cerradas.24

5. Globalización y regionalización

De esa polémica se derivó la discusión sobre la relación entre globalización y regionalización, encontrándose criterios que defendieron el carácter complementario de ambos procesos, mientras otros los identificaron como contrapuestos, sin que se haya llegado a un consenso al respecto.

Como contribución concreta al desarrollo de las economías pequeñas y vulnerables se presentó una propuesta para viabilizar su inserción en la economía mundial, utilizando las ventajas de la cooperación regional. Se fundamentaron las dificultades que enfrentan dichos países en su comercio internacional debido a sus reducidos mercados locales, la escasa diversificación de sus exportaciones, volatilidad de sus ingresos, débiles vías de comunicación y transporte, escasez de recursos humanos calificados y limitaciones institucionales. Estos obstáculos se potencian ante el predominio del poderío de las empresas transnacionales y de los principales países desarrollados que distorsionan la competencia. En ese sentido, se sugirió evaluar la conveniencia de una política y ley de competencia como parte de la estrategia de desarrollo de esas economías.

Teniendo en cuenta la complejidad de los aspectos involucrados en un régimen de competencia, su elevado costo y el tiempo requerido para su adopción, se recomendó la adopción de políticas subregionales y regionales de competencia, que permitan ampliar los mercados internos y faciliten el logro de economías de escala, lo que incrementa la capacidad de negociación, además de que una instancia regional que contribuiría a reforzar la cooperación y coordinación entre los miembros de una misma área. Se comentaron experiencias positivas de CARICOM y la Comunidad Andina al respecto.25

Después de muchas horas de fructíferos debates se llegó al consenso de que la integración regional puede revestir formas que contribuyan a reforzar la fortaleza del capital trasnacional, pero también esos procesos, entre países en desarrollo, podrían constituir una vía para enfrentarse a las amenazas de las tendencias globalizadoras (especialmente las vinculadas a los shocks externos y sus nefastos efectos sobre los mercados laborales) así como aprovechar en mejores condiciones las oportunidades que de ella se deriven, como la ampliación de los mercados para las exportaciones, la adquisición de las importaciones en condiciones más competitivas, la facilitación del acceso al financiamiento externo, a las tecnologías de punta, los nuevos conocimientos e ideas, etc.

El diseño de esos procesos decide si pueden contribuir o no al progreso de sus participantes. Su influencia sobre el desarrollo de los países miembros dependerá, en buena medida, de los objetivos que se propongan, los actores que los conduzcan, el carácter de sus instituciones, los mecanismos de negociación que se adopten, los ámbitos de éstas y otros factores.

Se debe favorecer la mayor integración económica entre los países en desarrollo, siempre que ésta contrarreste la marginación creciente de esas regiones de los mercados mundiales, facilite el acceso a las corrientes más dinámicas de flujos financieros en mejores condiciones, y contribuya a que puedan ocupar posiciones más ventajosas en las cadenas globales productivas y de servicios, para que no se les limite a las actividades menos remunerativas, como ocurre hoy.

La integración regional es un fenómeno que se consolida con celeridad en la economía mundial contemporánea. Resulta difícil concebir el futuro de los países en desarrollo sin fuertes nexos económicos y sociales entre ellos, consolidables en plazos breves, antes de que otros pujantes procesos con pretensiones hegemónicas dificulten dicha vertebración. Ello resulta esencial para América Latina y el Caribe, región urgida de una más dinámica inserción externa, y del empleo de esos procesos para potenciar los factores que estimulan el crecimiento económico. Constituye, por ende, una condición importante, aunque no suficiente para el desarrollo.26

Notas

1. “La globalización y la agenda del desarrollo”, José Antonio Ocampo, Conferencia Magistral presentada en el III Encuentro Internacional de Economistas “Globalización y Problemas del Desarrollo”, La Habana, 29 de enero – 2 de febrero de 2001.

2. Ponencia “Inserción de los países en desarrollo en la economía global”, Tugores Ques, J.

3. Ibid, idam.

4. UNCTAD (2000). Plan de acción. TD/386, Bangkok, febrero, 47 pp.

5. Ponencia “Los desafíos institucionales de la globalización y la inserción de los países en desarrollo”, Andrés Solimano.

6. Informe de Relatoría. III Encuentro.

7. Ponencia. Gould, E. – Dobbin, M.

8. Resumen de la Comisión sobre Comercio Internacional del III Encuentro. Antonio Romero. G.

9. Ponencia “Políticas macroeconómicas alternativas frente a la inestabilidad económica y para el crecimiento sostenido”. Arturo Huerta G.

10. Ponencia: “Formas de reglamentación y control de los flujos financieros internacionales”. Giambatista Negretti.

11. Ponencia: “O imposto de Tobin  (IT): Viavilidade Técnica e utilizacao como suporte ao financiamento do novo processo de cooperacao internacional. Leonardo Fernando Cruz.

12. Ponencia: “Banca de desarrollo latinoamericana en un mundo global”. Rommel Acevedo.

13. Ponencia: “Financiamiento externo y crecimiento en América Latina: evolución reciente y perspectiva”. Luis Miotti y Carlos Quenan.

14.  Ponencia: “La iniciativa HIPC’s para reducción de la deuda : ¿solución o distracción?.  Marlén Sánchez.

15. Ponencia. “Los retos de una asociación entre socios desiguales”. Paul Lowenthal.

16. Ponencia. “Globalización, Integración y Neoliberalismo.  Perspectivas para América Latina”.   Arturo Perales y Francisco Dávila y “Los riesgos para los países en desarrollo de adherirse a un Acuerdo de Libre Comercio Norte-Sur.  El caso de México”.  Odile Cartel.

17. Ponencia. “Las políticas de estabilización e integración”. Celia Himerfarb.

18. Ponencia. “Límites y posibilidades del proceso de integración andino”. Alan Ferlie.

19. Presentación del Sr. Jorge Vega, a nombre del Secretario de la Comunidad Andina de Naciones.

20. “La encrucijada de la integración”. Presentación del Secretario de la ALADI, Sr. Juan F. Rojas Penso.

21. Ponencia. “Generar soberanía. El crecimiento de las soberanías nacionales”. Alfredo Calcagno y Eric Calcagno.

22. Ponencia. “Integración regional y Globalización Económica. Un discurso problemático para América Latina y el Caribe”.  Maribel Aponte.

23. Ponencia “La dependencia latinoamericana”. Carlos Eduardo Martins.

24. Ponencia “The challenges of Globalization and Regional Economic Integration for Developing Countries.  S Bakhtiari

25. Ponencia “La inserción de las economías pequeñas y vulnerables en la economía mundial. Ventajas de la cooperación regional en el comercio y la competencia”. Ana María Alvarez

26. Ponencia “Crecimiento con equidad versus neoliberalismo”   Ricardo Ffrench-Davis.

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