Así es como Colombia y Panamá intentan regular la migración por el Darién

Antes de llegar a Necoclí o Turbo, en el Urabá antioqueño, miles de migrantes de Haití, principalmente, pero también de Cuba, Venezuela o países extracontinentales como Senegal, India, Pakistán, Congo, Bangladés, Burkina Faso, Ghana y Eritrea han viajado miles y miles de kilómetros con redes de tráfico humano que los roban y los dejan abandonados en Ecuador, Chile, Perú, Brasil o Colombia.

Todos irremediablemente deben atravesar territorio colombiano para enfrentarse con un paso obligado: el Tapón del Darién, la peligrosa selva fronteriza de 575.000 hectáreas que une a Colombia con Panamá, una travesía que puede durar entre cinco y once días.

Los que logran salir vivos de la jungla todavía están lejos de su destino final: si pasan los controles migratorios panameños, apenas van por la mitad del recorrido, pues deben aventurarse por Centroamérica para llegar a México, generalmente Tijuana, en donde son blanco fácil de las redes de tráfico de migrantes y los carteles de la droga, para seguir hacia Estados Unidos o Canadá, su destino final. Un informe de Interpol y la Policía Nacional de Colombia señala que el negocio del tráfico de migrantes a través del Darién factura semanalmente cerca de US$1 millón.

Esta ruta de movilidad humana ha sido catalogada por organizaciones humanitarias como la más peligrosa del mundo, pero también la más olvidada, a pesar de que son varios los países que se ven afectados. Un paso invisible que solo salta a las primeras páginas cuando los migrantes se represan en algún pueblo, superando la capacidad de las autoridades locales o cuando ocurre una tragedia.

”Hemos detectado una migración que supera los 32.000 casos hasta ahora, lo que convierte al 2021 en el más fuerte en este tipo de movilidad humana de los últimos quince años; no tengo registro de algo parecido”, le explica a este diario Juan Francisco Espinosa, director de Migración Colombia.

Sin embargo, las cifras que tiene Panamá son mucho más altas: según datos oficiales, en lo que va de este año han cruzado hacia ese país centroamericano al menos 49.000 migrantes, la mayoría haitianos y cubanos.

“De los cerca de 10.000 migrantes que están varados en Necoclí, el 95 % son de origen haitiano, aunque también hay cubanos y de otros países extracontinentales. Pero, al ser un problema que no se origina en Colombia ni es causado por una situación colombiana, la solución debe ser internacional; es decir, con la colaboración de varios países. Es una crisis que se debe internacionalizar, como está haciendo la Cancillería”, agrega Espinosa. “En este momento, Colombia tiene un represamiento muy grande de migrantes en Necoclí, lo que está generando una verdadera crisis sanitaria y humanitaria. Por esta razón, este trabajo binacional entre Colombia y Panamá tenemos que extenderlo a los demás países de nuestro hemisferio, que tienen también que ver con esta migración”, explicó Marta Lucía Ramírez, vicepresidenta y canciller colombiana.

Una crisis, siete países

“En primer lugar, el origen de esta migración, en este momento, es sobre todo Chile, tenemos que trabajar de la mano de las autoridades chilenas; pero también el destino es Estados Unidos y Canadá, por ello, tenemos que involucrarlos”, agregó Ramírez.

Y es justo por eso que Erika Mouynes, canciller de Panamá, convocó una reunión ministerial virtual para este miércoles entre los países afectados. La intención de la funcionaria es “concretar una hoja de ruta que permita afrontar el creciente flujo de migrantes que atraviesan países suramericanos y América Central en su ruta hacia el norte del continente”.

“Estados Unidos, México, Chile, Brasil, Ecuador, Colombia y Costa Rica participarán en la reunión”, confirmó Mouynes, quien relató que su país lleva enfrentando este fenómeno desde hace quince años. Organizaciones como Médicos sin Fronteras (MSF) les han exigido a los gobiernos colombiano y panameño, en particular, solucionar la crisis.

“Somos testigos del enorme flujo de migrantes que arriesga su vida para cruzar a el Tapón del Darién y de las graves consecuencias de la violencia a la que están expuestos. Es inaceptable que la criminalización y la falta de opciones para asegurar una migración ordenada a través de rutas seguras exponga a los migrantes a ataques sistemáticos y agresiones sexuales en el camino. Demandamos a los gobiernos de Colombia y Panamá que busquen alternativas para garantizar el paso entre los dos países y desplieguen los mecanismos de protección necesarios en su territorio para evitar más muertes y sufrimiento en la ruta a través del Darién”, decía MSF en un comunicado.

Un acuerdo histórico

El pasado viernes Panamá le propuso a Colombia un acuerdo como el que ese país firmó en 2018 con Costa Rica, luego de que miles de cubanos quedaran varados en esa frontera: establecieron un flujo controlado, que del lado panameño incluye atención sanitaria, alimenticia y registros biométricos.

Colombia aceptó el plan

Según la canciller panameña, la idea es controlar el tránsito de migrantes, estableciendo un paso seguro en donde se haga un registro de las personas que cruzan los dos países. Como la mayoría de los migrantes en tránsito que salen de Colombia lo hacen desde Capurganá, la propuesta panameña busca concertar “un punto específico desde donde se pueda controlar cuántos migrantes están saliendo para llegar a Panamá y es allí donde queremos establecer la cuota en la reunión de este miércoles”, añadió la ministra de Panamá.

La respuesta colombiana va en esa dirección. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia informó que “se va a definir cómo regularizar un contingente, una cantidad diaria de personas que preferiblemente se muevan por un solo sitio, tengan un solo lugar de llegada a Panamá, se muevan ojalá por un transporte que esté totalmente organizado y controlado por parte de las autoridades de Colombia, de tal manera que aquí corramos los menores riesgos desde el punto de vista humanitario. No queremos que estos migrantes tengan el riesgo de ahogarse, ni cosas de ese estilo, tampoco pasar por el Darién, donde sabemos que tienen tantos riesgos, donde sabemos también que hay muchísimos niños y mujeres que, desafortunadamente, pasan unas condiciones muy difíciles”.

El plan colombiano también busca establecer controles fronterizos, según Ramírez, “porque es muy importante separar el tema humanitario del delictivo; la crisis humanitaria tenemos que ver de qué manera podemos evitarla, prevenirla, poniendo también unos controles suficientemente claros en la frontera de cada país; para nosotros, el sur de Colombia es en este momento también una prioridad”.

En efecto, por lo menos 300 migrantes haitianos están varados desde el fin de semana en el Terminal de Transporte de Pasto, a la espera de poder seguir su camino hacia Antioquia o Chocó y continuar la ruta hacia Estados Unidos. Otros funcionarios señalan que son 700, los que han llegado en la última semana, lo que llevó a la Oficina de Migración a prohibir el tránsito de migrantes que no tengan el pasaporte.

”Tendremos también reunión con las autoridades ecuatorianas, para evitar que sigan llegando migrantes indiscriminadamente”, insistió Ramírez, que pide la corresponsabilidad de todos los afectados.

Este miércoles se definirá cómo saldrán los migrantes, la organización del transporte y cuántos migrantes puede asumir Colombia; se busca también implementar controles biométricos y sanitarios. “Lo más importante es que cada país contenga, que cada país prevenga, que cada país evite que se convierta esta migración en algo masivo que nos desborde las capacidades de todos, es una cuestión de corresponsabilidad”.

El horror del Darién

Si el acuerdo es respaldado por los países implicados, el tráfico de migrantes, las violaciones, los robos, el abuso infantil, la esclavitud y otros delitos que marcan la travesía por el Darién se podrían reducir. “Nos quitaron la comida, el dinero. A mí me registraron y me tocaron. Tenía la menstruación y me dejaron en paz. Fue todo muy agresivo, muy sucio. A una jovencita de unos veinte o 25 años la violaron toda la noche”, relata Nadine, una dominicana de cuarenta años a MSF.

Los relatos son aterradores. “Nos asaltaron al segundo día, un grupo de unos siete u ocho hombres, con fusiles y machetes. Te registran y te quitan el dinero, los celulares, la comida, incluso la olla para cocinar. A las mujeres las registran en sus partes íntimas, las amenazan, las separan del grupo y las violan. A algunas, repetidas veces”, cuenta Juan, un venezolano de 19 años que logró llegar a Bajo Chiquito, en Panamá.

Las advertencias no sirven. Desde Estados Unidos y otros países les alertan a los migrantes sobre los riesgos de cruzar el Darién, pero la necesidad es mayor. Juan llegó con los pies destrozados y la piel comida por insectos. “Te lo advierten desde EE. UU.: ‘No lo hagas, es terrible’. Pero la necesidad está y entonces piensas, si él lo ha hecho, ¿por qué no voy a poder hacerlo yo? Pero, de verdad, no lo hagan, es terrible”.

Migración Colombia informa que en 2020 apenas se tuvo registro de 4.000 migrantes, cuando en 2019 fueron casi 20.000. Hoy se está viendo un repunte del fenómeno, pues el impacto del COVID-19 en la economía suramericana es lo que empuja a miles de migrantes a cruzar el Darién. En el pasado mes de junio, fueron 11.000 los migrantes registrados por Panamá llegados desde Colombia tras atravesar la selva.

Óscar, colombiano que vivía en Bolivia, lo resume así: “Es una pesadilla con 1.001 demonios. He visto un niño arrastrado por el río, se soltó de las manos de sus padres. He visto muertos, ahogados; cuatro. He olido cadáveres en descomposición barranco abajo”. Óscar estuvo catorce días perdido en el Darién, siguiendo los rastros de grupos anteriores, “pero es confuso, te desorientas”.