Era Trump: Amenazas y oportunidades para América Latina
17 de enero de 2017
Fuente:
http://informeindustrial.com.ar/
El doctor Marcelo Halperin, investigador y docente del Instituto de Integración Latinoamericana de la Universidad Nacional de la Plata (Argentina) y de reconocida trayectoria como consultor de organismos de integración y cooperación regional, aborda en esta nota, a partir del análisis de las declaraciones que ha venido formulando el presidente electo Donald Trump,el posicionamiento del nuevo gobierno estadounidense en materia de comercio exterior y sus cuestionamientos a tratados de Libre Comercio vigentes y en gestación, entre ellos varios en los que están comprometidas las economías de países de la región.
Con referencia a los países miembros del MERCOSUR sostiene que aumentarán su vulnerabilidad externa frente a la política que planteará la administración Trump y subraya la necesidad de definir prioridades nacionales y estar preparados para una nueva etapa en el relacionamiento comercial con los Estados Unidos.
El acceso de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos de América (EUA) ha dado motivo a evaluaciones preocupantes desde distintas usinas formadoras de opinión en el cono sur. En tal sentido, se agita la caricatura que este líder advenedizo ha sabido construir de manera temeraria para suponer que el país del Norte iniciará una etapa signada por la autosuficiencia económica, al estilo de la figura conocida en las periferias como “sustitución de importaciones”. Simultáneamente se difunden imágenes amenazantes hacia los países latinoamericanos, en especial con motivo del cuestionamiento al Acuerdo Transpacífico (TPP)–en cuyas tratativas participaron Chile, México y Perú (1)- y sobre una posible renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN),vigente desde 1994, que afectaría los intereses de México.
El mismo discurso proselitista de Trump abonó estos augurios cuando interpeló repetidamente a distintas audiencias de trabajadores desplazados por las oleadas tecnológicas y la relocalización de plantas industriales fuera del territorio norteamericano. Pero nadie debería llamarse a engaño. EUA seguirá siendo el nudo principal de las estrategias corporativas para expandir los mercados y simultáneamente concentrar la propiedad y el control de los medios de producción a escala mundial, es decir, la tan mentada “globalización”. Estos procesos -expansivos en un aspecto y contractivos en otro- al acelerarse mediante la superposición de innovaciones tecnológicas producen un cuadro de adversidades económicas y sociales que a su vez deben digerirse políticamente. El fenómeno “Trump” es indicativo tanto del cuadro de adversidades como de su digestión política y, como consecuencia, conduce ya no a la interrupción sino, por el contrario, a la realimentación de los procesos que definen a la globalización.
Lejos de renunciar a su papel de liderazgo en el sistema económico prevaleciente a escala mundial, las autoridades prontas a asumir han estado llamando la atención sobre renovadas exigencias con respecto a los compromisos internacionales. Así, el reclamo de viva voz por una mayor “justicia” para los norteamericanos indica que no deben esperarse mínimos gestos de magnanimidad en las futuras negociaciones y renegociaciones. O sea: profundización del bilateralismo y, en general, de los instrumentos de concertación económica y comercial basados en la reciprocidad (típicamente, los denominados “tratados de libre comercio”-TLC). Ello implica seguir desatendiendo al multilateralismo nominalmente no discriminatorio y sus caritativas excepciones a título de trato especial y diferenciado al mundo en desarrollo. En particular, habrá que habituarse a las ya conocidas exigencias para el previo alineamiento de las legislaciones nacionales de los países latinoamericanos a los regímenes impuestos por países centrales en la regulación de los temas más sensibles a la hora de fijar términos de reciprocidad: propiedad intelectual, comercio de servicios, compras gubernamentales, inversiones directas y actividad financiera. Los casos que vistos a la distancia parecían curiosidades académicas (el vía crucis atravesado por Costa Rica para ingresar en el CAFTA.DR (2) , o los más recientes reclamos de la Unión Europea al Ecuador señalando los asuntos “irritantes” antes de formalizar una negociación supuestamente perfeccionada), pasarán a ser moneda corriente.
En este marco coercitivo la Presidencia Trump augura efectivamente que los vínculos bilaterales de EUA con los países latinoamericanos serán recalculados. Pero aquí cabe considerar dos situaciones distintas. Por un lado, afloran los desafíos que deberán afrontar gobiernos de países latinoamericanos cuyas economías ya están articuladas con la de EUA a través de diferentes TLC. Por otro lado, pasan a primer plano las tareas pendientes para los gobiernos de los cuatro países del cono sur fundadores del Mercosur y también de Bolivia y Ecuador (no contando a Venezuela, por ahora borrado de las agendas de negociación), que hasta aquí vinieron rechazando cualquier opción normativa que pudiera asemejarse a un TLC y en cambio –desde que abortó la iniciativa del ALCA- negocian con EUA “punto por punto” cuando se ven urgidos a ello. Con respecto a los países cuyas economías están articuladas con la de EUA mediante codificaciones basadas en el criterio de reciprocidad: Panamá (con un TLC bilateral desde 2012); los otros cinco países centroamericanos y República Dominicana (unidos a EUA por el CAFTA. DR); México (cuyo TLCAN con EUA involucra también a Canadá); y los países de la Alianza del Pacífico - Chile, Perú y Colombia, con TLC vigentes desde 2004,2009 y 2012 respectivamente-, todos tienen ante sí un desafío inédito. Empezando por México, son demasiado conocidos los términos desfavorables de la negociación del primer tratado bilateral suscrito entre el país azteca y EUA, cuando la delegación mexicana suscribió condiciones de apertura gradual que entre otras cosas terminaron por afectar gravemente la producción agrícola de su país. A lo largo de los años fueron tan reiteradas como inútiles las pretensiones de México para renegociar el TLCAN en términos más equitativos. Por el contrario, hemos llegado a una instancia en que las amenazas imputadas a la inmigración de origen mexicano y centroamericano han inspirado y ahora refuerzan la política disuasiva basada en la erección de muros y barreras físicas y electrónicas en frontera.
Aquí cabría preguntarse si para EUA no sería conveniente inhibir el ingreso de mexicanos y de centroamericanos de manera más inteligente, utilizando a esos efectos la renegociación de sus TLC (el propio TLCAN y el CAFTA. DR). En efecto, a esta altura de la economía global y teniendo a la vista tantas tragedias motivadas por emigraciones desbordadas y masivas, ¿los líderes estadounidenses podrían sensatamente suponer que la inducción a emigrar desde los países centroamericanos y México hacia EUA podría disuadirse sólo a través de los controles fronterizos y con el refuerzo de “ayuda” bajo los parámetros de la cooperación internacional? Sin embargo, analizando las políticas aplicadas en la presidencia de Obama se concluye que esa misma suposición ha sido la predominante.
En tal sentido, propongo revisar una doble cadena de frustraciones. En principio, si algo concreto se puede rescatar del “Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte” (Guatemala, Honduras y El Salvador) es el reconocimiento de los padecimientos económicos y sociales y, a continuación, la mera exposición de los “objetivos” de la cooperación norteamericana, expuestos en sus “lineamientos”: “dinamizar al sector productivo para crear oportunidades económicas” (…) “desarrollar oportunidades para (el) capital humano…” Sin embargo, es conocida la escasa repercusión de las iniciativas amparadas por este Plan. Entretanto, la firma del TPP había puesto en estado de alerta a los países centroamericanos y República Dominicana, hasta el punto que tuvo mucho eco la comparecencia en Washington, frente a legisladores y funcionarios de la Oficina del Representante de Comercio estadounidense, de una comitiva empresarial centroamericana vinculada a la industria textil y de la confección, el 12 de abril de 2016. Entonces los empresarios advirtieron “…las preocupaciones de la región respecto del impacto que podría tener la entrada en vigencia del TPP, en caso de que persistan algunas de las actuales condiciones, especialmente en países como Vietnam. Particularmente (el Ministro de Economía de El Salvador, allí presente) se ha referido a temas como la manipulación del tipo de cambio, la ausencia de regulaciones ambientales y laborales en las empresas vietnamitas, el otorgamiento de subsidios a la producción y a la exportación en empresas públicas que, entre otras cosas, dejarían a la industria centroamericana compitiendo en situación de desventaja” (3).
Sobre la base de dichas frustraciones y el recrudecimiento de la preocupación norteamericana para disuadir a los migrantes a través de los obstáculos físicos y electrónicos en frontera, sería de toda sensatez que los gobiernos de México y de los países centroamericanos advirtieran la conveniencia de nuevas y mayores concesiones económicas y comerciales destinadas a garantizar el arraigo territorial de sus respectivas poblaciones. En el caso centroamericano, curiosamente la repulsa de Trump al TPP constituye un primer alivio para las incipientes actividades textiles y de indumentaria cuyos productos habían sido beneficiados por las concesiones comerciales y el régimen de origen pactado en el CAFTA.DR y que, como se indicó más arriba, podrían haber sido licuadas ante las concesiones previstas por el TPP en favor de productos similares de origen asiático.
Cuestiones parecidas deberían plantearse los gobiernos de Colombia, Perú y Chile, cuyos logros esforzadamente obtenidos a través de TLC bilaterales con EUA seguramente resultarían erosionados a medida que esos vínculos tendieran a pluri-lateralizarse, como sucedería respecto de los dos últimos nombrados si el TPP entrara en vigencia.
Es entonces oportuno recordar que urgidos por la estrategia global del gobierno demócrata en EUA, tanto Chile como Perú y México aceptaron participar en las resbaladizas tratativas del TPP, exponiendo beneficios arduamente conseguidos a través de sus respectivos TLC con el país del Norte. Muchos analistas estimaron que esta vuelta de tuerca podía permitir a EUA absorber los costos internos de la economía global en ebullición y de ese modo contrarrestar la competitividad de la economía china. De ahí que la voluminosa bibliografía generada alrededor del TPP presumiera su puesta en vigor (4). Pero el “cambio de planes” en la presidencia de Trump parece indicar otra cosa: los costos internos de la globalización son más pesados que lo previsto y, por lo tanto, el objetivo de la pluralización y convergencia progresiva de los TLC, afín a la más acelerada expansión de los mercados y correlativa concentración del control y la propiedad de factores y recursos productivos, es ¿todavía? una apuesta prematura.
Esta misma experiencia de negociaciones transcontinentales, plurilaterales y convergentes (“mega-acuerdos”) por ahora estancadas, debería haber servido a los países latinoamericanos que componen la Alianza del Pacífico para advertir cuales son los aspectos más vulnerables de las concesiones obtenidas y de las regulaciones acordadas con EUA en aquellos marcos bilaterales preexistentes. Si así fuera, entonces habría llegado el momento propicio para plantearle al Presidente Trump la conveniencia de introducir enmiendas destinadas a resguardar a los países de la Alianza del Pacífico de los efectos ocasionados por eventuales concesiones y regulaciones que las actuales o futuras autoridades estadounidenses pudieran concertar con terceros países.
Por último, los gobiernos de los países del MERCOSUR, además de los de Bolivia y Ecuador, aumentarán su vulnerabilidad externa frente a la política que planteará la Presidencia Trump. Además del enrarecimiento de los mercados financieros, en materia comercial y económica es evidente que la opción de sortear los compromisos bilaterales y en cambio negociar “punto por punto” será cada vez más costosa. De modo que deberán poner las barbas en remojo y emprender las acciones internas que les permitan definir prioridades nacionales y en consecuencia preparar equipos técnicos y de negociación con suficientes aptitudes como para poder afrontar tratativas sistemáticas bajo los parámetros de la reciprocidad.
Dr. Marcelo Halperin.
Referencias.
(1) El denominado “Acuerdo Transpacífico” fue suscripto luego de arduas negociaciones el 3 de febrero de 2016 por doce países: EUA; Canadá; Australia; Nueva Zelanda; Japón; Vietnam; Malasia; Singapur; Brunei; Chile; Perú; México.
(2) El CAFTA.DR se firmó en dos oportunidades. La segunda, en Washington D.C. el 5 de agosto de 2004, proporcionó el texto único para las ulteriores aprobaciones legislativas y depósitos de los instrumentos de ratificación que permitieron poner en vigor el Tratado entre EUA-El Salvador (2006); EUA-Honduras (2006); EUA-Nicaragua (2006); EUA-Guatemala (2006); EUA-República Dominicana (2007); EUA-Costa Rica (2009).
(3) Extraído de: www.minec.gob.sv.
(4) El autor expuso esta corriente de opinión en la nota titulada: " Acuerdo Transpacífico: certezas e interrogantes”, publicada en la revista “Informe Industrial” edición Nº 245, octubre 2015.
El mismo discurso proselitista de Trump abonó estos augurios cuando interpeló repetidamente a distintas audiencias de trabajadores desplazados por las oleadas tecnológicas y la relocalización de plantas industriales fuera del territorio norteamericano. Pero nadie debería llamarse a engaño. EUA seguirá siendo el nudo principal de las estrategias corporativas para expandir los mercados y simultáneamente concentrar la propiedad y el control de los medios de producción a escala mundial, es decir, la tan mentada “globalización”. Estos procesos -expansivos en un aspecto y contractivos en otro- al acelerarse mediante la superposición de innovaciones tecnológicas producen un cuadro de adversidades económicas y sociales que a su vez deben digerirse políticamente. El fenómeno “Trump” es indicativo tanto del cuadro de adversidades como de su digestión política y, como consecuencia, conduce ya no a la interrupción sino, por el contrario, a la realimentación de los procesos que definen a la globalización.
Lejos de renunciar a su papel de liderazgo en el sistema económico prevaleciente a escala mundial, las autoridades prontas a asumir han estado llamando la atención sobre renovadas exigencias con respecto a los compromisos internacionales. Así, el reclamo de viva voz por una mayor “justicia” para los norteamericanos indica que no deben esperarse mínimos gestos de magnanimidad en las futuras negociaciones y renegociaciones. O sea: profundización del bilateralismo y, en general, de los instrumentos de concertación económica y comercial basados en la reciprocidad (típicamente, los denominados “tratados de libre comercio”-TLC). Ello implica seguir desatendiendo al multilateralismo nominalmente no discriminatorio y sus caritativas excepciones a título de trato especial y diferenciado al mundo en desarrollo. En particular, habrá que habituarse a las ya conocidas exigencias para el previo alineamiento de las legislaciones nacionales de los países latinoamericanos a los regímenes impuestos por países centrales en la regulación de los temas más sensibles a la hora de fijar términos de reciprocidad: propiedad intelectual, comercio de servicios, compras gubernamentales, inversiones directas y actividad financiera. Los casos que vistos a la distancia parecían curiosidades académicas (el vía crucis atravesado por Costa Rica para ingresar en el CAFTA.DR (2) , o los más recientes reclamos de la Unión Europea al Ecuador señalando los asuntos “irritantes” antes de formalizar una negociación supuestamente perfeccionada), pasarán a ser moneda corriente.
En este marco coercitivo la Presidencia Trump augura efectivamente que los vínculos bilaterales de EUA con los países latinoamericanos serán recalculados. Pero aquí cabe considerar dos situaciones distintas. Por un lado, afloran los desafíos que deberán afrontar gobiernos de países latinoamericanos cuyas economías ya están articuladas con la de EUA a través de diferentes TLC. Por otro lado, pasan a primer plano las tareas pendientes para los gobiernos de los cuatro países del cono sur fundadores del Mercosur y también de Bolivia y Ecuador (no contando a Venezuela, por ahora borrado de las agendas de negociación), que hasta aquí vinieron rechazando cualquier opción normativa que pudiera asemejarse a un TLC y en cambio –desde que abortó la iniciativa del ALCA- negocian con EUA “punto por punto” cuando se ven urgidos a ello. Con respecto a los países cuyas economías están articuladas con la de EUA mediante codificaciones basadas en el criterio de reciprocidad: Panamá (con un TLC bilateral desde 2012); los otros cinco países centroamericanos y República Dominicana (unidos a EUA por el CAFTA. DR); México (cuyo TLCAN con EUA involucra también a Canadá); y los países de la Alianza del Pacífico - Chile, Perú y Colombia, con TLC vigentes desde 2004,2009 y 2012 respectivamente-, todos tienen ante sí un desafío inédito. Empezando por México, son demasiado conocidos los términos desfavorables de la negociación del primer tratado bilateral suscrito entre el país azteca y EUA, cuando la delegación mexicana suscribió condiciones de apertura gradual que entre otras cosas terminaron por afectar gravemente la producción agrícola de su país. A lo largo de los años fueron tan reiteradas como inútiles las pretensiones de México para renegociar el TLCAN en términos más equitativos. Por el contrario, hemos llegado a una instancia en que las amenazas imputadas a la inmigración de origen mexicano y centroamericano han inspirado y ahora refuerzan la política disuasiva basada en la erección de muros y barreras físicas y electrónicas en frontera.
Aquí cabría preguntarse si para EUA no sería conveniente inhibir el ingreso de mexicanos y de centroamericanos de manera más inteligente, utilizando a esos efectos la renegociación de sus TLC (el propio TLCAN y el CAFTA. DR). En efecto, a esta altura de la economía global y teniendo a la vista tantas tragedias motivadas por emigraciones desbordadas y masivas, ¿los líderes estadounidenses podrían sensatamente suponer que la inducción a emigrar desde los países centroamericanos y México hacia EUA podría disuadirse sólo a través de los controles fronterizos y con el refuerzo de “ayuda” bajo los parámetros de la cooperación internacional? Sin embargo, analizando las políticas aplicadas en la presidencia de Obama se concluye que esa misma suposición ha sido la predominante.
En tal sentido, propongo revisar una doble cadena de frustraciones. En principio, si algo concreto se puede rescatar del “Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte” (Guatemala, Honduras y El Salvador) es el reconocimiento de los padecimientos económicos y sociales y, a continuación, la mera exposición de los “objetivos” de la cooperación norteamericana, expuestos en sus “lineamientos”: “dinamizar al sector productivo para crear oportunidades económicas” (…) “desarrollar oportunidades para (el) capital humano…” Sin embargo, es conocida la escasa repercusión de las iniciativas amparadas por este Plan. Entretanto, la firma del TPP había puesto en estado de alerta a los países centroamericanos y República Dominicana, hasta el punto que tuvo mucho eco la comparecencia en Washington, frente a legisladores y funcionarios de la Oficina del Representante de Comercio estadounidense, de una comitiva empresarial centroamericana vinculada a la industria textil y de la confección, el 12 de abril de 2016. Entonces los empresarios advirtieron “…las preocupaciones de la región respecto del impacto que podría tener la entrada en vigencia del TPP, en caso de que persistan algunas de las actuales condiciones, especialmente en países como Vietnam. Particularmente (el Ministro de Economía de El Salvador, allí presente) se ha referido a temas como la manipulación del tipo de cambio, la ausencia de regulaciones ambientales y laborales en las empresas vietnamitas, el otorgamiento de subsidios a la producción y a la exportación en empresas públicas que, entre otras cosas, dejarían a la industria centroamericana compitiendo en situación de desventaja” (3).
Sobre la base de dichas frustraciones y el recrudecimiento de la preocupación norteamericana para disuadir a los migrantes a través de los obstáculos físicos y electrónicos en frontera, sería de toda sensatez que los gobiernos de México y de los países centroamericanos advirtieran la conveniencia de nuevas y mayores concesiones económicas y comerciales destinadas a garantizar el arraigo territorial de sus respectivas poblaciones. En el caso centroamericano, curiosamente la repulsa de Trump al TPP constituye un primer alivio para las incipientes actividades textiles y de indumentaria cuyos productos habían sido beneficiados por las concesiones comerciales y el régimen de origen pactado en el CAFTA.DR y que, como se indicó más arriba, podrían haber sido licuadas ante las concesiones previstas por el TPP en favor de productos similares de origen asiático.
Cuestiones parecidas deberían plantearse los gobiernos de Colombia, Perú y Chile, cuyos logros esforzadamente obtenidos a través de TLC bilaterales con EUA seguramente resultarían erosionados a medida que esos vínculos tendieran a pluri-lateralizarse, como sucedería respecto de los dos últimos nombrados si el TPP entrara en vigencia.
Es entonces oportuno recordar que urgidos por la estrategia global del gobierno demócrata en EUA, tanto Chile como Perú y México aceptaron participar en las resbaladizas tratativas del TPP, exponiendo beneficios arduamente conseguidos a través de sus respectivos TLC con el país del Norte. Muchos analistas estimaron que esta vuelta de tuerca podía permitir a EUA absorber los costos internos de la economía global en ebullición y de ese modo contrarrestar la competitividad de la economía china. De ahí que la voluminosa bibliografía generada alrededor del TPP presumiera su puesta en vigor (4). Pero el “cambio de planes” en la presidencia de Trump parece indicar otra cosa: los costos internos de la globalización son más pesados que lo previsto y, por lo tanto, el objetivo de la pluralización y convergencia progresiva de los TLC, afín a la más acelerada expansión de los mercados y correlativa concentración del control y la propiedad de factores y recursos productivos, es ¿todavía? una apuesta prematura.
Esta misma experiencia de negociaciones transcontinentales, plurilaterales y convergentes (“mega-acuerdos”) por ahora estancadas, debería haber servido a los países latinoamericanos que componen la Alianza del Pacífico para advertir cuales son los aspectos más vulnerables de las concesiones obtenidas y de las regulaciones acordadas con EUA en aquellos marcos bilaterales preexistentes. Si así fuera, entonces habría llegado el momento propicio para plantearle al Presidente Trump la conveniencia de introducir enmiendas destinadas a resguardar a los países de la Alianza del Pacífico de los efectos ocasionados por eventuales concesiones y regulaciones que las actuales o futuras autoridades estadounidenses pudieran concertar con terceros países.
Por último, los gobiernos de los países del MERCOSUR, además de los de Bolivia y Ecuador, aumentarán su vulnerabilidad externa frente a la política que planteará la Presidencia Trump. Además del enrarecimiento de los mercados financieros, en materia comercial y económica es evidente que la opción de sortear los compromisos bilaterales y en cambio negociar “punto por punto” será cada vez más costosa. De modo que deberán poner las barbas en remojo y emprender las acciones internas que les permitan definir prioridades nacionales y en consecuencia preparar equipos técnicos y de negociación con suficientes aptitudes como para poder afrontar tratativas sistemáticas bajo los parámetros de la reciprocidad.
Dr. Marcelo Halperin.
Referencias.
(1) El denominado “Acuerdo Transpacífico” fue suscripto luego de arduas negociaciones el 3 de febrero de 2016 por doce países: EUA; Canadá; Australia; Nueva Zelanda; Japón; Vietnam; Malasia; Singapur; Brunei; Chile; Perú; México.
(2) El CAFTA.DR se firmó en dos oportunidades. La segunda, en Washington D.C. el 5 de agosto de 2004, proporcionó el texto único para las ulteriores aprobaciones legislativas y depósitos de los instrumentos de ratificación que permitieron poner en vigor el Tratado entre EUA-El Salvador (2006); EUA-Honduras (2006); EUA-Nicaragua (2006); EUA-Guatemala (2006); EUA-República Dominicana (2007); EUA-Costa Rica (2009).
(3) Extraído de: www.minec.gob.sv.
(4) El autor expuso esta corriente de opinión en la nota titulada: " Acuerdo Transpacífico: certezas e interrogantes”, publicada en la revista “Informe Industrial” edición Nº 245, octubre 2015.