Quito. Con una afectación al 49% del sector productivo y con pérdidas por al menos $ 860 millones, según datos del Ministerio de Industrias y Productividad, los efectos del terremoto del pasado 16 de abril aún son latentes en las economías de Manabí y Esmeraldas.

El comercio, la agricultura y la pesca, la principal industria de las zonas afectadas; manufacturas y turismo son las actividades cuyas infraestructuras productivas se vieron devastadas, parcialmente destruidas o mermadas tras el sismo de 7,8. Y con ello vino no solo un decrecimiento en la economía, que la Senplades estima en un 0,7%, sino un efecto en el empleo, que ya venía siendo golpeado producto de la crisis del país.

La pérdida de plazas de trabajo se ha visto reflejada en el aumento de solicitudes del seguro de desempleo del IESS. Hasta antes del terremoto apenas 37 personas habían pedido el beneficio. Desde el 16 de abril la cifra se elevó a 1.522: 1.230 en Manabí (donde se registran 203.610 afiliados) y 292 en Esmeraldas (con 63.572).

Si no tiene garantías pero quieres emprender un proyecto, podemos financiarlo; seguro vas a comprar maquinaria y eso podrá ser pignorado, una prenda industrial o comercial, que podrá ser considerada una garantía.

María Soledad Barrera, presidenta del directorio de la CFN

Jesús Loor, director del IESS en Manabí, dice que a causa del terremoto en la provincia las afiliaciones disminuyeron un 8,5% en el sector privado, pero crecieron 1,6% en el público, comparado con el año pasado.

Otro indicador son las empresas. El Ministerio de Trabajo emitió, mediante decreto, una serie de medidas para conservar el empleo, como el teletrabajo, la reducción de la jornada y la suspensión de la relación laboral por hasta tres meses. Pese a la difusión de las medidas, en Esmeraldas no se recibió ninguna solicitud; en Manabí, 34 empresas se acogieron a la suspensión temporal de la relación patronal y cuatro solicitaron modificar la jornada.

Del sector productivo, el comercio fue el más afectado con el desastre, con pérdidas por $ 428 millones, refiere el ministro de Industrias y Productividad, Santiago León; en agricultura y pesca la afectación fue de $ 220 millones; en manufactura, de $ 164 millones.

Paola Pérez, directora ejecutiva de la Cámara de Industrias de Manta, señala que aún no ven los estímulos ofrecidos por el Gobierno. Y critica que en la denominada Ley Solidaria se dejó exento de los dos puntos más de IVA a Manabí, pero no se consideró que las empresas tienen proveedores de Guayaquil, Quito y Cuenca. “Al final, terminamos pagando el 14% y no el 12% del IVA, y además debemos asumir ese desfase ante nuestros clientes”, expresa.

Alba González, presidenta de la Cámara de Comercio de Portoviejo, considera que en la provincia la empresa privada no ha superado el golpe económico y que falta inyectar liquidez.

La reactivación tiene dos caras en Manabí y Esmeraldas: los que lo hicieron por cuenta propia y los que accedieron a un crédito en la banca. En este primer grupo están Luis Gusqui, un riobambeño dueño del almacén Barcelona, y Fabricio Valdiviezo, propietario de El Gran Baratillo, en Portoviejo. Con la mercadería que salvaron tras ver destruidos sus negocios y sin recurrir a financiamiento abrieron nuevos locales.